Día: 17 de mayo de 2024

La reconversión energética en nuestro país ha sido un paso revulsivo respecto a situaciones no muy lejanas, de décadas atrás, en las que incluso hubo períodos, como mediados de la década de 1970, en que debieron aplicarse por UTE cortes de energía zonales programados, porque no había capacidad de generación para hacer frente a la demanda, ni siquiera apelando a todos los generadores térmicos a base de combustibles de petróleo entonces disponibles.
Con la construcción de las represas de Salto Grande y Palmar, hubo avances significativos en disponibilidad de electricidad de procedencia hidráulica, y podría decirse que fue a partir de entonces que comenzó a cambiarse la pisada en el Uruguay y de una u otra forma, hubo continuidad de políticas en aras a la reconversión a fuentes renovables, tanto en lo que refiere a la procedencia de la electricidad como –mucho más cercano en el tiempo– a la impulsión de motores de vehículos en nuestras carreteras.
El vuelco fundamental hacia la reconversión energética en base a las fuentes renovables se justifica sobre todo porque Uruguay tiene sensibles ventajas comparativas. Para ello se han llevado adelante acciones que no han comenzado con este gobierno ni mucho menos, sino que han sido promovidas desde administraciones anteriores, pero con una continuidad muy saludable, por encima de partidos.
Es decir, cada administración le ha dado su impronta al tema, pero manteniendo las grandes líneas de acción y objetivos, aunque no con un proceso lineal sino que ha tenido aspectos erráticos y errores significativos.
La idea central es la reconversión de la matriz energética a partir de la gradual sustitución de los combustibles fósiles y contaminantes del medio ambiente, como es el caso del petróleo, por generadores amigables con el medio ambiente, aunque nunca debe perderse de vista la incidencia de intereses económicos y visiones políticas que implican distorsiones hacia un lado o el otro cuando se trata de acelerar los procesos para la preservación del medio ambiente, que es afectado en forma creciente por el uso y abuso de combustibles que tienen un impacto altamente negativo para el ecosistema.
A nivel internacional, en este contexto, ganan terreno en forma sostenida los nichos de mercado en los que se otorgan preferencias y se pagan mejores precios por los productos que se comercializan con la debida certificación de inocuidad y respeto hacia el medio ambiente, lo que equivale en los hechos a dotar de un valor agregado adicional a todo lo que se venda a países o bloques donde exista una valorización significativa por este tipo de bienes, ya sean de naturaleza primaria como procesados o semiprocesados. En lo que respecta a la generación eléctrica desde estas fuentes, la presidente del Directorio de UTE, Silvia Emaldi, al mencionar las metas principales de su gestión, evaluó que “un primer objetivo es utilizar y aprovechar el 98 por ciento de energía renovable que el país dispone, para que sus usos eléctricos, entre ellos la electromovilidad, sea un factor importante en la reducción de CO2 a la atmósfera”, en tanto destacó que “el foco de descarbonizar es la sustitución en el transporte del uso de los combustibles fósiles, por energía eléctrica”.
Reafirmó que “el país tiene unos tres mil vehículos eléctricos, (autos y camiones) y la cámara del sector automotor estima que se va a triplicar el número este año. El ahorro de un vehículo eléctrico versus uno a combustible es de 8 a 1, es decir cuesta ocho veces menos la carga para los mismos kilómetros”.
A su vez, en lo que tiene que ver con el respaldo de generación por fuentes renovables, la jerarca dijo al diario El País que la decisión del organismo es seguir invirtiendo “e incorporando energías renovables en la medida en que el consumo del país siga aumentando. Para mantenernos en el 98 por ciento de renovables, hay que incorporar –y UTE está haciendo licitaciones para eso– parques solares fotovoltaicos. Hay 1.500 megavatios de energía eólica instalados en el país, y 250 megavatios de solar, por lo que hay que crecer en energía solar para equilibrar con la del viento, que es mayor en la tarde y noche. La tecnología de los parques solares ha bajado sustancialmente los costos, por eso, Uruguay tiene la previsión de que a partir de 2026, lo que más va a incorporar básicamente es energía solar fotovoltaica para mantener la relación de ser 98 por ciento renovable. Las licitaciones que se están haciendo son por los próximos 25 años”.
Argumentó asimismo Emaldi, ante el planteo de que la energía que vende UTE es cara, que ello se debe en gran medida a que “hay que pagar todos esos contratos de energías renovables” correspondientes a la compra a privados, a un valor considerable, lo que a su juicio explica la decisión del cambio a licitaciones para la inversión por la propia UTE en fuentes renovables, como los parques fotovoltaicos.
Es decir, que estamos ante un cambio de orientación en la materia, de un gobierno a otro, aunque la jerarca esgrime un argumento de peso desde el punto de vista económico para justificar el cambio, por lo que podría decirse que la idea de la concesión a privados se debió en su momento a la urgencia de que se encararan inversiones en generación en períodos en que el organismo no estaba en condiciones de hacerlo por su cuenta y se pagó el precio de contratos aún por energía de reserva, pero que no se utiliza.
El punto es que si bien los escenarios nunca son inamovibles, que las circunstancias cambian y que los avances tecnológicos también incorporan nuevos elementos a considerar en la ecuación, se impone que las políticas en la materia trasciendan un período de gobierno, y que se generen políticas de Estado con reglas de juego que aseguren un marco estable para captar también potenciales inversores en fuentes renovables, en el área que sea.
Incluso la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder) planteó oficialmente que a través de una ley, un decreto o un acuerdo multipartidario, nuestro país se encamine decididamente y sin obstáculos, en base a una política de Estado, a impulsar el desarrollo del denominado hidrógeno verde, para lo que nuestro país tiene ventajas comparativas muy significativas.
Precisamente este es el punto, que ya sea a través de una normativa, surgida preferentemente de un acuerdo multipartidario, quede establecido que el impulso a la economía del hidrógeno verde sea una política de continuidad y no solo una decisión de un partido o en un período de gobierno, lo que permitiría al sector privado acceder a mejores condiciones de financiamiento de proyectos de grandes escalas y a largo plazo, así como también diferenciarse del resto de los países de la región con los que Uruguay compite en la economía del hidrógeno. → Leer más