“En la práctica, las leyes sobre transparencia en Europa chocan con la aplicación arbitraria de límites, la falta de recursos o la escasez de respuesta de las administraciones, cuyos incumplimientos caen en saco roto”. Si ahora le confesara que intencionalmente introduje un error, que donde dice Europa debe leerse Uruguay, lo hubiera aceptado serenamente, pues toda la afirmación refleja nuestra realidad. Tan así, que es aceptada con cierta resignación, aunque al mismo tiempo se libra una batalla silenciosa en la búsqueda de mayor transparencia y accesibilidad de la información.
El texto emulado corresponde a Civio, una organización sin fines de lucro que investiga, denuncia y presiona por la transparencia y la justicia en España. Y en particular, la cita corresponde al encabezado de una nota titulada “España tiene por ley el doble de plazo que Eslovaquia, Polonia o Portugal para responder a las solicitudes de transparencia” (https://civio.es/tu-derecho-a-saber/2023/06/29/transparencia-derecho-acceso-informacion-publica-europa/).
Sin embargo, lo escrito y elevado a norma legal, no siempre se cumple. Como enseña el refrán popular, “del dicho al hecho, hay un trecho”. En efecto, si bien las diferentes normas establecen plazos de cumplimiento bastante reducidos que oscilan entre los 8 días hábiles hasta los “30 días naturales”, en ciertos casos la respuesta ha demorado hasta tres años. Situaciones así se han denunciado en Croacia, España, Portugal y Grecia, según Civio.
El avance ha sido positivo y en general responden a una inspiración aperturista de similar talante, pero todo se empantana cuando toca su aplicación.
Así las cosas, fracasado el propósito de hallar la respuesta que establece la ley, ya sea por la vía de la negativa o de la omisión de la parte obligada, queda la opción, la última y/o única opción de reclamarla vía contencioso-administrativa.
El desestímulo es un arma vil, y a veces hasta sofisticada, para eludir la obligación de aportar la documentación comprometida. La opacidad no será reimpuesta por la vía de los hechos ni como resultado de la lentitud del trámite o el valor de algún timbre (menor) que se deba pagar para cumplir con la obligación. Aunque la ley federal alemana, por ejemplo, establece como plazo máximo para cumplir por parte de la administración un mes, es frecuente que el trámite requiera un tiempo adicional de 90 días. Recién a partir de ese momento estará en condiciones reclamar para forzar la observancia de la norma.
Quizás allí termine la búsqueda de una respuesta. Pero la administración aún tiene otros recursos para no acceder a la solicitud. La inoperancia y la desidia juegan a favor de la opacidad, a favor de que se abandone la solicitud. También juega mal un poder judicial como el actual, severamente cuestionado, deslucido.
Otros obstáculos son el derecho a la privacidad, los intereses económicos y comerciales o la seguridad nacional. El debate está planteado en la “aplicabilidad” de ese derecho frente al interés general. Y hay que recurrir a instancias superiores del poder judicial. No hay resignarse a “cumplimientos a medida” que ponen en entredicho principios básicos de igualdad ante la ley. Quienes deben asegurar ese principio deberán asumir sus responsabilidades.
Aún con estas consideraciones, la sola entrada en vigor de las normas pro transparencia constituyen un avance, un punto de inflexión al momento de rendir cuentas las administraciones públicas. También mejoró la calidad de la información por lo que la sociedad y el debate público se han visto beneficiados.
Apuntes sobre Uy
En noviembre del 2023, la Comisión Uruguaya de Lucha contra la Corrupción, Uruguay Transparente, a través de un comunicado público advirtió en la necesidad “de avanzar en la agenda anticorrupción que planteamos en la ronda de reuniones que mantuvimos en setiembre de 2022 con las máximas autoridades de todos los partidos políticos”.
Punto clave dentro de esa alerta y reclamo, era que el parlamento aprobase “en forma urgente, antes del año electoral, la ley sobre financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales que ofrezcan solución a los vacíos de la presente legislación en materia de evitar y combatir los eventuales conflictos de interés”.
Finalmente, la resolución parlamentaria llegó hace unos días. La Cámara de Diputados aprobó con el voto conforme de 71 legisladores de 73 presentes, mantener el régimen mixto de financiación de los partidos políticos, cuyo origen se remonta a 1928, pero con innovaciones; la principal, un adicional al pago por voto si la lista fuera encabezada por mujeres, una suerte de incentivo en metálico para elevar la real participación femenina en el parlamento.
Se establecieron las condiciones para el registro de los aportes de particulares y empresas, así como máximos y formas de registro. Por último, se establecieron multas por incumplimiento que podrían llegar a unos 46.000 dólares.
Sin embargo, lo más duro de acordar fue la regulación de la publicidad oficial. Se estableció que no podrá haber precios diferenciales, durante los 30 días previos los medios tendrán que ceder 13 minutos gratuitos a cada partido, que se distribuirán en tres mensajes a la ciudadanía.
El acuerdo fue posible, en la dirección correcta, pero con gusto a poco. Una debilidad del nuevo marco es que la Corte Electoral para cumplir la nueva labor necesita de presupuesto, para recursos humanos adicionales, logísticos y materiales.
Y la transparencia
A fin de enero 2024, Transparencia Internacional dio a conocer el ranking 2023 entre 180 países. Se midió la percepción de la corrupción del sector público, índice elaborado en base a evaluaciones de instituciones como el Foro de Davos y el Banco Mundial. Uruguay obtuvo 73 puntos en 100. Dentro de las Américas supone un segundo lugar superado solo por Canadá. Pero aumentó la percepción de que en el país hay corrupción.
Con este dato, Uruguay estaría descendiendo levemente en el ranking, con un deterioro de la imagen país. Uruguay Transparente pone énfasis en la necesidad de fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública, que se respete su independencia “evitando que prevalezca el interés político partidario por encima del interés general, como hasta ahora”.
Los problemas que hemos señalado sobre la opacidad en Europa son los mismos que nos afectan en estas latitudes. Pero que exista falta de transparencia en otras democracias, no nos exime a los uruguayos de mejorar nuestra institucionalidad democrática, y la transparencia del sistema.
Eso es lo que toca ahora. Dar una vuelta de tuerca, y robustecer el compromiso con la transparencia y la ética pública.
Sostener un país sin corrupción estructural supone fortalecer normas de control del sistema bancario, de prevención de lavado de activos y del crimen organizado.
Son ahora los ciudadanos los que tienen que empoderarse, exigir documentadamente garantías para asegurar esa confianza que le piden al votante. Quienes optan por la actividad política tienen la obligación de someterse al escrutinio de la decencia pública. Y hay herramientas para ello. Seguramente, habrá que robustecerlas, y asegurar su cumplimiento. Ya nada puede volver a ser igual que antes. → Leer más
En el próximo mes de julio se realizará la 40ª Edición del Festival Nacional del Tango en La Falda, República Argentina. En este certamen, que es de los más antiguos y reconocidos a nivel mundial, participan representantes de 19 provincias que son preseleccionados en cada una de sus localidades. Invitado por el Ministerio de Turismo de la Provincia de Córdoba, el sanducero Leonardo Cuadro viajará este 27 de junio para integrar el jurado que selecciona a su representante en la sub-sede de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. 
A fines de abril se presentó la publicación “Nuestro Campo” destinada a estudiantes de octavo grado de educación secundaria y UTU, que busca “superar el quiebre entre el campo y la ciudad en nuestro país”, de acuerdo a palabras del ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, en la presentación del libro.