Tal como anunciáramos en la edición anterior, vecinos del Barrio IC5 –algunos de los cuales han recibido órdenes de desalojo y para quienes ya están corriendo los plazos de ejecución– fueron recibidos por autoridades de la Intendencia Departamental, a quienes le habían solicitado una reunión para intentar encontrar soluciones a su situación. Los representantes de las 50 familias, así como el abogado que trabaja en la causa, Dr. Walter Duarte, fueron recibidos por el secretario general de la Intendencia, Fermín Farinha, el director de Paseos Públicos, Carlos Batista, y la escribana Rosina Álvarez.
Consultado por EL TELEGRAFO sobre los resultados de la reunión, Duarte expresó que “lo más importante es que hay consenso en cuanto a que es un tema que tiene una connotación social muy grande que afecta a familias que viven allí hace más de cuarenta años. Si bien sabemos que no es competencia directa del gobierno departamental, tanto el ejecutivo como la junta departamental han sido receptivos a los planteos de los vecinos. La voluntad de todos es llegar a una solución de fondo, que si bien no depende de quienes estábamos sentados en la mesa, está el compromiso de realizar las gestiones frente a las autoridades correspondientes”.
La ocasión fue oportuna para que los vecinos expusieran ante las autoridades, detalladamente, cómo se sucedieron los hechos a través del tiempo, tanto en los aspectos jurídicos como los sociales; se tuvieron en cuenta documentos sobre subsidios que ya han sido otorgados, algunos del 100%, por el ya inexistente Banco Hipotecario. A su vez, se informó que los que quedaron pendientes nunca siguieron su curso. Duarte acotó que “también les explicamos sobre los informes elaborados por los arquitectos del banco en ese momento, pero desconocen si se hicieron informes sociales; pero lo que nos sorprende más es que las resoluciones que en ese momento tomó el banco pareciera que no llegaron a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV)”.
“Las viviendas fueron entregadas de una manera incompleta, con graves vicios de construcción que fueron mejoradas y mantenidas gracias al esfuerzo de cada uno de los vecinos y ahora no se está teniendo en cuenta su verdadero valor, sino que simplemente se está intentando cobrar una deuda calculada por las autoridades de entonces sin tener en cuenta las características de las viviendas ni los aspectos sociales”, narró Duarte.
Agregó que “los desalojos tienen un componente técnico jurídico que iremos encarando uno a uno, ya están corriendo los plazos a dos vecinos para el desapoderamiento en los próximos días, pero estamos en plazo de presentar los escritos correspondientes de acuerdo a la realidad de cada vecino”. El objetivo es lograr una solución de fondo, y no como ha sucedido en varias oportunidades de aplicar soluciones transitorias que terminan generando otros problemas. A partir de ahora se llevarán a cabo las gestiones necesarias a todo nivel con estas y otras autoridades, a la vez que la comuna colaborará en todo lo que le sea posible para llegar al mejor resultado.
