Principio de igualdad para las licencias médicas

Un reciente informe del diario El País indica que desde que comenzó a regir el nuevo reglamento para las certificaciones médicas de los funcionarios públicos, cayó un 30% la cantidad de días que solicitan y también se redujo la cantidad de trabajadores que las piden, en base a lo que revela un estudio comparativo que hizo la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) para los meses de abril de 2023 y 2024.

A partir del 1° de abril del presente año comenzó a regir la normativa para los funcionarios de la Presidencia de la República y en esa oficina las certificaciones pasaron de 1.804 en 2023 a 1.256 en 2024, por lo que cayeron un 30%. También pasaron de 191 a 142 los funcionarios certificados, lo que implica una disminución de 26%.

Ello significa además que el promedio de días de certificación sobre el total de vínculos contractuales pasó de 0,93 a 0,56. “Las certificaciones médicas que se solicitaron y que entraron en consideración se abatieron notoriamente”, dijo a El País Ariel Sánchez, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, a la vez de indicar que la aplicación del nuevo régimen “es progresiva” y que comenzó únicamente en Presidencia. Adelantó que el próximo paso se dará en los ministerios que tengan menos de 1.000 funcionarios, como es el caso de Relaciones Exteriores, el de Industria y el de Turismo.

La idea es “ir subiendo el nivel de complejidad que tiene el contralor de las licencias”, precisó el citado jerarca, a la vez de señalar que “había un convencimiento de que había desvíos en las licencias que se otorgaban, lo que hoy es confirmado por los números”.

Es que hasta ahora, contrariamente a lo que ocurre en el sector privado, a los funcionarios estatales no se les descontaba dinero del salario cuando tenían una certificación médica. A partir del nuevo sistema, tendrán derecho a un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad o accidente al año, los que se podrán solicitar de manera alternada o consecutiva. Desde el décimo día tendrán derecho al subsidio, que podrá ser del 75 al 100%.

Como antecedente más cercano a esta problemática tenemos a partir de la aplicación por la actual administración de la Intendencia Departamental de Rocha del régimen que rige para el sector privado para licencias médicas, la cantidad de funcionarios que faltaron al trabajo aduciendo enfermedad bajó un 50 por ciento, por lo que “se acabaron los enfermos de viernes a lunes y el abuso de los mecanismos”, según afirmó entonces el intendente de ese departamento Alejo Umpiérrez.

El intendente de Rocha había destacado que después de un cambio de régimen, las licencias por enfermedad bajaron a la mitad en su Intendencia, y en su cuenta de Facebook, divulgó un cuadro comparativo y escribió: “Bajaron a la mitad las licencias por enfermedad y los ‘enfermos permanentes’ con nuevo régimen”.

Agregó en su mensaje que “en el artículo 23 del presupuesto departamental aprobamos un nuevo régimen de licencia por enfermedad. Igual al privado. Los primeros tres días no se pagan. Y mágicamente las licencias por enfermedad bajaron de 38.000 a 16.000, más de 50% de caída. Y estos años van a ser aún menos. Se acabaron los enfermos de viernes a lunes y el abuso de los mecanismos. Además, bajamos los funcionarios con licencias médicas permanentes que eran más de 400 a menos de 100 con un seguimiento del equipo de Salud Ocupacional que creamos. Antes no se visitaba a nadie. Con el ahorro generamos un fondo para implementos médicos para atender enfermedades reales: camas articuladas, bastones canadienses, muletas, sillas de rueda, etcétera. Cuidando el dinero de los contribuyentes”.

Según el cuadro publicado por Umpiérrez, en la Intendencia de Rocha se registró en 2019 la cantidad de 37.686 licencias médicas, en 2020 fueron 37.575 y en 2021 llegaron a 30.942, pero en 2022 bajaron a 18.006 los pedidos.

El jerarca reflexionó al respecto que “ahí vimos que, de una plantilla de 1.660 funcionarios, más de 400 estaban con licencia permanente o muy continuada. Creamos el Departamento de Salud Ocupacional y empezamos a hacer seguimiento a los que tenían licencia muy a menudo. En algunos casos logramos jubilaciones, en otros reintegros laborales mediante el seguimiento. Bajamos a 93 personas que al día de hoy están con licencia sin jubilarse, pero en muchos casos en proceso de hacerlo. El otro diagnóstico era la cantidad. Nos faltaban diariamente más de 100 funcionarios a la Intendencia en promedio por licencias médicas por enfermedad y la mayor parte se concentraba los fines de semana. Licencias de tres días”.

Subrayó asimismo que lo que hizo la comuna rochense fue tomar el régimen nacional vigente desde la Ley de Presupuesto Nacional, aunque aún no había sido reglamentado. “Lo comenzamos a aplicar de todas formas en Rocha y arrojó este resultado”.

El régimen aplicado por la Intendencia rochense implica que no se paguen por parte del empleador los primeros tres días en caso de enfermedad y los restantes se abone el 75% del jornal, mientras que en caso de hospitalización, se cubre el 100%; el mismo régimen que se aplica en la actividad privada.

Estos elementos refieren a una problemática que lamentablemente se da en todas las dependencias del Estado, donde se aplican normas que han sido creadas con la finalidad de atender la salud de los funcionarios mediante un régimen muy contemplativo, pero la flexibilidad y la ausencia de controles ha desvirtuado su esencia, al punto que el común denominador son los abusos, con funcionarios que “casualmente” se enferman los lunes para estirar el asueto del fin de semana, que presentan enfermedades muy difíciles de identificar y diagnosticar, pero que les permiten someterse a tratamientos interminables y/o faltas asiduas, porque siempre habrá gente para cubrir sus funciones en la dependencia en la que trabajan y van a recibir el pago a fin de mes como si cumplieran al pie de la letra con sus obligaciones laborales. Pero en estos casos el tema pasa no solo por los funcionarios que han abusado de los privilegios del sistema, sino del hecho de que ello no sería posible si los controles correspondientes se aplicaran como es debido, tanto desde el punto de vista del profesional médico, como de los respectivos jerarcas y funcionarios encargados de la documentación y cumplimiento de los requisitos establecidos para poder acogerse a este sistema de beneficios. Y por supuesto, si los médicos no fuesen tan contemplativos, como ocurre actualmente, cuando en muchos casos –salvo honrosas excepciones– le preguntan al “enfermo” cuántos días de licencia quiere para hacerle la orden; de esta forma quedan como reyes ante los pacientes, y los costos los cubre el Estado.

Ocurre que el Estado, que supuestamente “es de todos los uruguayos” es un feudo donde hacen y deshacen a voluntad los gremios, que se han apropiado de la empresas estatales y de las dependencias públicas, y han asimilado que aquello que les implica beneficios, del tipo que sea, es para beneficio del país –así lo proclaman– cuando la realidad indica precisamente todo lo contrario, de que lo que se trata es de defender exclusivamente su interés particular.

Cuando un funcionario abusa del régimen creado para contemplar situaciones reales, lo que hace es perjudicar a quien lo emplea –en este caso el Estado, que somos todos– y hace recaer el peso sobre otros funcionarios que sí cumplen.

Estos abusos son precisamente los que han llevado ahora a que se promuevan medidas que se asemejan al régimen privado, lo que milagrosamente redujo las enfermedades de los funcionarios. Lo que lleva a pensar que la peor enfermedad en el Estado son los privilegios de los funcionarios, que cuando se pierden, el ambiente se vuelve más saludable.