Unidad Popular-Frente de los Trabajadores, con las listas 326 y 1326, “demuestra en Paysandú una fuerte capacidad de movilización y preparación de todo tipo de actividades y sobre todo, el nivel de inserción en la sociedad”, señaló el precandidato a la Presidencia, Gonzalo Martínez.
Reconoció que “el tema más sensible y reciente ha sido la seguridad social, donde Unidad Popular obtuvo resultados concretos al juntar miles de firmas. Seguramente hay partidos y candidatos que ponen miles de dólares arriba de la mesa para hacer su propaganda y generar adhesión. La militancia nuestra logra la adhesión en base a las ideas. Eso pasa en Paysandú así como en otros departamentos que recorremos”.
FRONTERA
Martínez señaló que “los departamentos de frontera tienen grandes particularidades y es verdad que deben enfocarse las políticas nacionales como la base y seguridad para toda la población, independientemente de donde se encuentren. En esas particularidades de ser departamentos de frontera, en general deben priorizarse a los gobiernos departamentales. Es más fácil atender las dinámicas desde los gobiernos departamentales en acuerdo con el gobierno nacional, que diseñar políticas específicas nacionales”.
DESEMPLEO
Explicó que “el desempleo es abrumador y la única forma de contener los número es modificar los criterios de medición que son ridículos en Uruguay. La tasa ocupacional y en actividad de los trabajadores tiene un promedio histórico pero lo más preocupante de eso, es el nivel de salario que se persigue. Son unos 500.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos”.
A eso se le suma la informalidad, “que es una gran responsabilidad del Estado en la medida en que no se fortalecen las instituciones que puedan regular y presionar sobre quienes hoy generan sus ganancias a partir de la explotación irregular de los trabajadores. O de la omisión y evasión que también va de la mano. La tasa de informalidad ronda el 30% y lo establece la DGI con el BPS en la medida en que hay empresas que no aportan y se llega a esa cifra”.
De acuerdo al precandidato, “evidencia una precariedad y una política laboral estatal que lleva a esta situación de los trabajadores. A la vez, es una impunidad de la que gozan las empresas. Porque en este contexto las habilita a aquellas que son poco honestas a que puedan manipular a los trabajadores con contratos chatarra y la precariedad laboral que también corresponde a una omisión del Estado”.
