Estamos en una etapa preelectoral que tradicionalmente se manifiesta como el momento propicio para las promesas y el pase de facturas entre los dirigentes políticos, a la vez de una búsqueda del apoyo popular a través de enunciados y eslóganes, a menudo contrastando lo que se propone con la gestión de los adversarios o viceversa, apostando naturalmente a que el ciudadano tiene poca memoria y vive el presente pensando en que el futuro va a ser mejor, aunque se repitan las mismas propuestas ya fracasadas o que han quedado al desnudo por falta de sustentabilidad.
Es decir, hay quienes paradójicamente proponen hacer cosas que tuvieron mucho tiempo para hacer durante quince años de gobierno –el Frente Amplio– y no las hicieron, pero también integrantes de la coalición con propuestas que no pusieron en marcha en estos más de cuatro años de gobierno, lo que indica que en este aspecto no hay ninguno que pueda tirar la primera piedra, más allá de la diferencia en el tiempo en que han estado en el gobierno.
Y decimos que lamentablemente, se habla mucho del qué y no del cómo, porque se confía en esa poca memoria y facilismos en el discurso cuyas propuestas son impracticables a la hora de la verdad; como es por ejemplo el caso del contenido de la reforma constitucional que promueve el Pit Cnt, con el apoyo de sectores radicales de la coalición de izquierdas, ante el silencio de sus precandidatos presidenciales, que saben que resultará nefasto para el país y que seguramente tratarán de evitar su aplicación o dilatarla para quien sabe cuándo, en caso de llegar al gobierno.
Pero, naturalmente decir la verdad de las cosas no paga bien a la hora de buscar los votos, porque no hay logros sin esfuerzo, sin promover la inversión, sin promover fuentes de empleo genuino en lugar de buscar el cobijo del Estado, sin crear la riqueza para luego sí repartirla, porque otra cosa es poner la carreta delante de los bueyes.
Y en campaña política lo que abunda son los cantos de sirena, el ocultar los errores propios y potenciar los ajenos, porque en este tema todos tienen muertos en el ropero, con logros y debes cuando han ejercido el gobierno, en tanto proponen las soluciones mágicas que no pusieron en marcha o fracasaron cuando estaban o están en el poder apostando precisamente a lo que señalábamos como fragilidad de memoria de la gente, y su esperanza natural de que las cosas van a ir mejor si por lo menos se hace realidad una pequeña parte de lo que se promete.
Ergo, al endulzar el oído se soslaya que las decisiones políticas resultan impracticables o son mera ilusión si no se tienen en cuenta las leyes de la economía y principios básicos que vienen desde el fondo de los tiempos, porque se apela a promesas facilistas como si cada uno trajera el cuerno de la abundancia bajo el brazo, y la riqueza, el crecimiento con desarrollo –cuando no se cuenta con grandes recursos naturales “regalados” y prontos para exportar, como el petróleo– no fueran producto de la asociación entre el capital y el trabajo, acompañado y potenciado por condiciones favorables para su mejor desenvolvimiento, como el desarrollo tecnológico y la logística, como parte de la sinergia.
Así, partiendo de estos principios, tenemos que hay temas que en este período son ignorados ex profeso o no son mencionados porque no encajan en las propuestas edulcoradas propias de la campaña para captar votos sin entrar en mayor detalle del cómo. Uno de ellos, aunque tradicionalmente puede sonar como mala palabra y es tema tabú para muchos sindicatos –sobre todo los de los funcionarios públicos– es la productividad laboral, que es un concepto que a grandes rasgos divide a las naciones desarrolladas de las que están más abajo en la escala de su nivel socioeconómico.
Es que tiene que ver no solo con la producción para el mercado interno y la exportación, sino también con las posibilidades que se ofrecen a los ciudadanos para acceder con mayor facilidad a bienes y servicios a través de una mejor relación entre sus ingresos y los costos de aquellos.
En términos de definición, podemos considerar que la productividad laboral es la relación entre los bienes o servicios producidos por un trabajador y los recursos que se han utilizado para obtener dicha producción. Se trata de una medida de eficiencia, que puede referirse tanto a una empresa en concreto como a una economía en su conjunto.
A esto último alude la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al afirmar que la productividad laboral “mide la eficiencia de un país al utilizar la materia prima en una economía para producir bienes y servicios, y ofrece una medida del crecimiento económico, la competitividad y los niveles de vida en un país”.
No es poca cosa, sino un principio básico para desarrollar una economía sana y sostenible. Desde el punto de vista técnico, para medir la productividad laboral se emplea una sencilla fórmula:
Productividad = Productos o servicios producidos / Recursos laborales consumidos, aspecto clave que puede hacer viable o inviable una empresa frente a la competencia, y también a la competitividad de un país a la hora de tratar de acceder al mercado exterior con sus productos, tanto de bienes como de servicios.
El punto es que calcular la productividad laboral es importante para las empresas porque les indica cuanto de eficientes son y les permite conocer mejor su funcionamiento y a sus empleados, así como buscar las causas que explican una baja productividad y ponerles solución, además de comprobar el efecto que sus políticas, prácticas y decisiones tienen en la productividad.
Estos elementos por sí solos explican en gran medida por qué el tema productividad es soslayado sistemáticamente por los gremios en la mesa de discusión, sobre todo por los de los funcionarios públicos, quienes hacen hincapié en sus derechos laborales pero esquivan el hecho de que son servidores públicos y que por lo tanto de su eficiencia, buen trato y disposición depende que efectivamente retorne al ciudadano parte de lo que aporta en los impuestos que les pagan el salario, así como el precio de los productos que comercializa el Estado, como es un caso concreto el cemento que se produce en las plantas de Ancap, la refinería, entre otros.
En el caso de la actividad privada la cosa es distinta, porque no hay monopolios de derecho y en un mercado de competencia deben funcionar aplicando la ecuación de ofrecer salarios decorosos, a tono con la realidad pero también mejorar la ecuación económica, en la relación de costos, pero sin poder desprenderse del denominado costo país, que es un factor condicionante formidable para todo aquel que apuesta a desempeñar una actividad en el Uruguay.
Este es uno de los grandes temas ausentes en la campaña, porque no “paga” en votos, cuando es un principio vital en la economía, en la calidad de vida, y lamentablemente, por lo que se ha visto hasta ahora, seguramente seguirá en este tenor, con “propuestas” de grandes enunciados que suenan simpáticos y escaramuzas verbales entre los “buenos” y los “malos”, con pase de facturas, intercambio de acusaciones y la grandilocuencia hacia la tribuna, pero vacía de las respuestas que se necesitan.
