Día: 9 de julio de 2024

Los tiempos electorales no son el período ideal para dilucidar situaciones que se encuentra en proceso y eventualmente buscar soluciones que contemplen a las partes en conflicto y menos aún con acuerdos interpartidarios, por cuanto todos los temas se decodifican en modo político – electoral, y lejos de la serenidad para con sentido común procurar la mejor salida en cada problemática.
Así, cuando no se llegó en el plazo indicado al número de firmas para el plebiscito “por una deuda justa”, los propios organizadores han decidido eventualmente plantea la iniciativa en otra oportunidad, aunque es cuestionable el intento de incorporar el tema a la Constitución, y es por lo tanto preciso que se generen soluciones o mejores alternativas por la vía legal, mediante acuerdos lo más amplios posibles en el Parlamento.
“Por una deuda justa” era el título de la campaña de recolección de firmas que iniciara el partido Cabildo Abierto en procura de lograr la adhesión de la ciudadanía para derogar un decreto del año 2007 –gobierno nacional del Frente Amplio– que autoriza intereses de hasta el 150 por ciento para préstamos, además de modificar el artículo 52 de la República, que declara ilegal la usura, pero que en la práctica, con estos intereses respecto a la inflación, cualquier persona convendrá que efectivamente, estamos ante una usura autorizada.
Pero claro, el instrumento de la reforma constitucional debe dejarse para temas constitucionales precisamente, y lo que se requiere es incorporar una normativa legal que sí atienda una problemática que es real, que existe desde hace mucho tiempo y a la que se ha estado lejos de dar respuestas acordes.
Debe tenerse presente que ante sucesivos fracasos en su intento de que dentro de la coalición de gobierno se aprobara su proyecto de ley sobre deudores y la usura, Cabildo Abierto dio inicio al trámite para llevar a plebiscito el proyecto de deudores, a través de una reforma de la Constitución, habida cuenta de que no ha logrado el respaldo parlamentario a la iniciativa.
En general, en el propio sistema político hubo reconocimiento a que estamos ante un problema real que es de larga data y para el cual no han habido respuestas, pero no ha existido voluntad política y/o pragmatismo para deponer diferencias y generar apoyos para culminar con una norma que atienda el problema en su vasta complejidad; sin embargo sí hay opinión generalizada de que una reforma de la Carta Magna no es el camino.
Más recientemente, una investigación publicada en mayo pasado encarada por Lucía Bertoletti, Fernando Borraz, Graciela Sanromán (investigadores de la Universidad de la República, UdelaR), bajo el título de “Deuda por consumo y pobreza: la brecha de riesgo de impago”, aporta datos sobre este escenario, ahondando en el impacto que han tenido “los préstamos al consumo sobre las personas, en particular la interacción entre su importancia y el costo, a menudo oculto, asociado a las tasas de interés para las personas pobres”, y en esa medida, analizaron “las posibles tramas de la deuda con tasas de interés elevadas y sus efectos perjudiciales sobre el bienestar personal la movilidad económica”.
Los datos para este relevamiento fueron recogidos desde el Banco Central del Uruguay, más precisamente desde su Central de Riesgos, que contiene los datos sobre préstamos, y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que tiene datos de los hogares vulnerables.
Del estudio, que apuntaba a investigar las causas más significativas para que unos 800.000 uruguayos estén sobrecargados de deudas respecto a su capacidad de pago, a través de un análisis académico, se desprende que se trata en un enorme porcentaje, de los sectores más vulnerables de la sociedad que incurren en el impago de sus dudas y que entre otras causas, es generado por las altas tasas de interés que tienen los créditos al consumo que otorgan las casas de créditos rápidos.
Las fuentes de crédito al consumo por lo general tienen dos orígenes: los bancos, que atienden principalmente a personas de ingresos medios y altos, con los que hay que cumplir una serie de requisitos y exigencias para recibir la aprobación de un crédito. Pero a su vez también existen en el mercado –y es aquí donde está el mayor problema– las empresas administradoras de créditos rápidos, cuyos clientes son particularmente de ingresos medios, bajos o muy bajos.
En el trabajo académico se da cuenta de que muchos de los endeudados son beneficiarios del Mides que han ido a estos financieras, que otorgan créditos rápidos y con pocas exigencias, pero con la contrapartida de muy elevadas tasas de interés –que multiplica entre diez a veinte veces la inflación–, lo que lleva a que los montos a pagar por los préstamos crezcan a un nivel que hace harto difícil el pago por los usuarios de este sistema.
En un análisis del tema en artículo del semanario La Mañana, se expresa que “el endeudamiento de un enorme sector de nuestra sociedad se ha visto propiciado por la altas tasas de interés que permitió la ley del exministro de Economía y Finanzas Danilo Astori del 2007, que no pone límite a la usura”.
Por cierto, es ridículo –abusivo, mejor dicho– que con una inflación que ronda el 5 por ciento, estas casas de crédito –que generalmente son empresas subsidiarias de las instituciones bancarias de plaza, las que trabajan para otros clientes con tasas de interés mucho menores– cobren regularmente intereses de entre el 100 y el 150 por ciento, haciendo que de por sí sean impagables cuando los atrasos generan intereses de mora que multiplican aún más la deuda.
Una de las conclusiones del estudio académico precisa que “el acceso al crédito suele tener un costo, que se manifiesta en forma de tasas de interés. Si bien las prácticas de préstamos responsables y las decisiones de endeudamiento informadas pueden conducir a resultados positivos, las tasas de interés pueden atrapar a personas en un ciclo de endeudamiento, erosionando su seguridad financiera y exacerbando potencialmente las desigualdades sociales”.
Se destaca especialmente que las personas vulnerables presentan un riesgo de impacto significativamente mayor que la población no vulnerable y que “los tipos de interés son cruciales, ya que explican aproximadamente el 30 por ciento de la brecha de impago de los individuos vulnerables y el 40 por ciento de la de los individuos altamente vulnerables”.
Es un tema pendiente que se ha dado en todos los gobiernos, y sobre todo, se agravó en los de izquierda, cuando la supuesta “sensibilidad social” dejó sin tocar y peor aún, acentuó en este período desde el punto de vista legal la aplicación de las altas tasas de interés.
Tema complejo y delicado, de difícil solución, que precisamente por esta causa se ha soslayado sistemáticamente en todos los gobiernos, y consecuentemente sin que nadie le haya puesto el cascabel al gato.
Y los simples mortales que quedan al margen del sistema por deudas impagables, son la fiebre, los síntomas de una enfermedad que refiere a distorsiones que no se han logrado solucionar pese al paso de los años,
Tampoco es fácil establecer reglas de juego que resulten justas en una enorme diversidad de situaciones, pero no es menos cierto que es preciso traer al ruedo herramientas legales que permitan una adecuación a la realidad en beneficio de todos, aún de quienes no están inmersos directamente en la problemática, porque los desmedidos intereses llevan a que se hayan multiplicado los créditos incobrables, y este factor de riesgo es asumido por los prestamistas a través de un encarecimiento del crédito, en perjuicio entonces de los que sí cumplen con los compromisos. Y en esta rueda de entuertos perdemos todos, y sobre todo pierde el país. → Leer más