El “Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas” ha obtenido hasta el momento la adhesión de 168.056 personas, anunció esta semana el Banco Central del Uruguay, BCU. Los datos fueron presentados por las instituciones bancarias y administradoras de crédito, en el marco del seguimiento del Programa. Hasta el 3 de setiembre se habían concretado 198.841 cancelaciones y reestructuras de deudas. Muchos deudores tienen obligaciones pendientes con más de una institución, de allí la diferencia de casi 31.000 entre uno y otro número. Y son datos parciales, porque recordemos que quienes tengan interés en regularizar su situación crediticia pueden presentarse hasta el 15 de noviembre de 2024.
Este programa, recordemos, se implementó este año, el trámite se puede iniciar de manera online en el sitio web soluciondeuda.com.uy, o por vía telefónica al 2902 2024, e incluso por WhatsApp, al 092 2024 44. La etapa actual del programa está enfocada en las personas con deuda entre $5.000 y $100.000 por institución; que se encontraban en categoría 5 en la Central Crediticia del BCU en abril de 2022. Hasta la fecha el sistema recibió 422.000 consultas, de las cuales el 95% fueron a través del sitio web. En una primera etapa, se dieron por canceladas las deudas vencidas menores a $5.000, alcanzándose la remisión de 117.690 deudas de 112.236 personas. En la segunda etapa, se habilitó un trámite que permitió la reestructuración de 81.151 deudas correspondientes a 55.820 personas.
Ahora bien, veamos de qué situación partíamos cuando se implementó este programa. El año pasado el Banco Central presentó un informe titulado Endeudamiento de las personas físicas en Uruguay, un estudio firmado por varios expertos, los que, en el resumen planteaban la situación del endeudamiento de las personas físicas en Uruguay. Entre otros enfoques, en el documento “se describen las principales características de los deudores, haciendo foco en aquellos que presentan atrasos en el pago de sus deudas”. Expresaba allí que “dos terceras partes de los deudores del sistema financiero registrados en la Central de Riesgos Crediticios (CRC) mantienen relaciones de crédito saludables”, y esa cifra se estimaba en aproximadamente 1.200.000 personas. Ellos representaban en sus deudas “el 70% del total de montos adeudados por las personas físicas”. Dos tercios parece, así presentado, una buena noticia. Pero no podemos obviar que, de acuerdo a este dato, los deudores calificados como irrecuperables por al menos una institución financiera rondaban las 660.000 personas. Es decir que hay personas en esta categoría que ni siquiera consultaron todavía en la plataforma, más de 200.000 si observamos la diferencia con el número de consultas, aunque habrá quienes consultaron “por las dudas”, sin necesariamente estar comprendidos dentro de las condiciones estipuladas.
A este programa adhirieron numerosas empresas del sistema financiero, tanto bancos como administradoras de crédito e incluso recuperadoras de carteras morosas. La lista es larga y se puede consultar en la misma página.
Durante el encuentro, el presidente del BCU, Washington Ribeiro, destacó que “el Banco Central valora el alcance y desarrollo que viene teniendo este Programa y recuerda a la ciudadanía que la posibilidad de adherir representa una ventana de oportunidad para miles de personas”.
Y vaya oportunidad que es. A veces parece que cuesta dimensionar los beneficios de una salud financiera, es difícil generalizar frente a una cifra tan grande de uruguayos que tienen problemas de este tipo. Vamos, 660.000 personas es más de la quinta parte de la población, y ese es el dato de quienes tienen calificación de irrecuperables, los que no pueden acceder al crédito a través del sistema formal, quienes en caso de necesitar financiamiento deben recurrir al mercado informal, con las condiciones del mercado informal y sus riesgos. Porque no podemos desligar de estas realidades a la aparición de grupos extranjeros que operan prestando dinero en nuestro país, ejerciendo métodos violentos para recuperar su “inversión”. Y muchos uruguayos han comenzado con sus problemas a una edad temprana, muchas veces por desconocimiento sobre cómo funcionan algunos instrumentos. Sin ir más lejos, una tarjeta de crédito. Hoy que la gran mayoría de los trabajadores tiene una cuenta a través de la que cobra su salario, las instituciones les ofrecen en condiciones ventajosas acceder a una tarjeta de crédito, pero sin que a veces se sepa del todo cómo funciona ese instrumento.
En ese sentido este programa es una buena noticia. Sería mejor que no existiesen las deudas, pero seamos realistas, es así como funciona, se asumen compromisos, hay que cumplirlos y en caso contrario se deben afrontar las consecuencias. De hecho siempre hay voces que, cuando aparecen estos mecanismos de “reenganche” –sobre todo refinanciaciones de deudas de tributos municipales– reclaman por consideraciones para los buenos pagadores, que tampoco estarían mal como un incentivo.
Hoy el acceso al crédito, la buena salud financiera, es un activo importante, como tener un gato y una auxiliar con aire siempre en el baúl del auto. De hecho este año el sindicato bancario (AEBU), y el Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU), presentaron un informe al ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) —mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por el que cada Estado Miembro se somete a un análisis de su desempeño en materia de derechos humanos cada cuatro años y medio—. Las organizaciones firmantes del informe plantearon que el endeudamiento excesivo compromete el ejercicio sostenible de los derechos de las personas y esa situación afecta particularmente a las familias más vulnerables. “La falta de recursos para satisfacer necesidades básicas impulsa a las familias a recurrir al crédito, a menudo con tasas exorbitantes y prácticas abusivas, lo que conduce a un ciclo de sobrendeudamiento y exclusión”. El informe propuso una serie de recomendaciones, tanto a corto como a largo plazo, como la necesidad de políticas públicas integrales que promuevan la educación financiera, mejoren la regulación del mercado crediticio y faciliten el acceso equitativo al sistema financiero formal para los sectores más vulnerables. → Leer más