Hace algunas semanas la cadena británica de noticias, la BBC difundió los resultados de un estudio realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) a pedido del Banco Central del Uruguay (BCU). Según el documento mencionado, “con base en datos recopilados por el Banco Mundial, el CED comparó los precios de unos 600 productos en Uruguay y otros 43 países a lo largo del tiempo, y encontró que en promedio eran 27% más caros en nuestro país. Más aún, países desarrollados europeos como Francia, Alemania o Reino Unido mostraron precios menores que los que se pagan en Rivera o Montevideo. Solo nueve –Japón, Finlandia, Israel, Irlanda, Suecia, Dinamarca, Suiza, Noruega e Islandia– eran más caros. Comparado con América Latina, los productos en Uruguay costaban más del doble que en Bolivia, 80% más que en México y 20% más que sus vecinos Brasil y Argentina, socios en el Mercosur y desde donde llega sin aranceles buena parte de las importaciones. En productos de higiene y limpieza, Uruguay es 58% más caro que el promedio de países, según el estudio. En alimentos y bebidas no alcohólicas, 55%. Y en artículos de informática y electrónica, 43%”.
Este fenómeno se da con mayor fuerza en rubros en los que prácticamente no hay producción nacional –o directamente no existe– y se deben importar, le explicó a BBC Mundo Ignacio Umpiérrez, economista e investigador del CED. Y la lista de artículos que no se producen en Uruguay es muy larga. Umpiérrez agregó que los precios más altos que pagan los uruguayos no tienen que ver con una cuestión coyuntural del valor del peso uruguayo frente a otras monedas, sino que es un hecho que ha perdurado a lo largo del tiempo. “Es algo que responde a un efecto país”, afirmó. Por “efecto país” se refiere a algunas condiciones que hacen que el país sea caro. El investigador y un grupo de colegas hallaron que el mercado uruguayo –que es pequeño porque en el país viven 3,5 millones de personas– se concentra en pocas empresas que suman gran parte de esas importaciones. “En mercados concentrados, el poder de fijación de precios de las empresas es mayor”, señaló.
Como consecuencia de esa falta de competencia, los investigadores concluyeron “que la ganancia por producto era casi siempre más de la mitad del precio que paga el consumidor final. Es decir, algo que se importó a 10, el ciudadano de a pie lo paga a más de 20. Umpiérrez calificó esos márgenes como ‘relativamente elevados’, aunque dijo desconocer por cuántos intermediarios pasan los productos entre el importador y el consumidor final. (…) ‘Para poder ingresar un producto a Uruguay, tiene que estar registrado sanitariamente ante el Ministerio de Salud Pública’, explicó Umpiérrez. Pero las grandes empresas ‘básicamente son dueñas de su ficha técnica por temas de exclusividad o por acuerdos comerciales’, agregó. Eso implica que, por ejemplo, si una empresa uruguaya cualquiera quisiera importar esa pasta de dientes comprándola a U$S 1,28 a un supermercado o almacén mayorista brasileño, el Estado uruguayo no se lo permitiría porque la empresa no tiene la ficha técnica del producto. Y no importa que sea exactamente la misma pasta de dientes que ingresa la filial de la multinacional. ‘Si no estamos protegiendo una industria, no estamos protegiendo empleo, ¿acaso estamos protegiendo la renta monopólica de un importador?’, se preguntó el economista Alfonso Capurro, de la consultora local CPA/Ferrere. (…) ‘Lo que nos complica es que somos caros por cosas que no generan bienestar a la población, sino que son rentas que se las quedan unos pocos empresarios y unos pocos trabajadores que están en esos sectores’ de grandes márgenes de ganancia”.
Aún cuando los efectos de estos informes se hacían sentir en el ambiente político y económico de nuestro país, el candidato presidencial por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, anunció un conjunto de propuestas que tienen por objetivo reducir el precio de los productos de la canasta básica en cinco rubros: higiene, alimentos, tecnología, energía eléctrica y combustibles. “Son cambios normativos que favorecen la competencia, la desburocratización, con facilidades para la importación, baja de aranceles de algunos productos, revisión de paramétricas de tarifas públicas, y especial énfasis en la situación de frontera”, dijo Delgado en conferencia de prensa, acompañado de quien sería su ministro de Economía si gana las elecciones, Diego Labat, y de Laura Raffo, economista y ex precandidata del Partido Nacional. Labat aseguró que las medidas propuestas tendrían “un impacto mensual en cada hogar de 2.500 a 3.000 pesos”, y detalló el planteo en cada rubro elegido”. En el caso de los combustibles, por ejemplo, Labat dijo que “se mantiene el planteo de libertad de importación de combustibles”, y propuso crear una “segunda franja” en la frontera con precio diferencia de nafta y gasoil. Hoy la franja de reducción de precios va hasta los 20 kilómetros de la frontera, “y la idea es hacer otra franja de entre los 20 y 60 kilómetros, con la mitad de la exoneración que se da en la franja de 20 kilómetros”, dijo Labat, y puso un ejemplo: “de 77 pesos la nafta pasa a 46 en la primera franja y a 62 pasaría en la segunda”.
Las declaraciones formuladas por Delgado despiertan en cualquier ciudadano “de a pie” algunas reflexiones, puesto que si aún están en el gobierno, saben dónde está el problema y cómo resolverlo, ¿por qué no lo hacen? Supongamos que los economistas que asesoran la coalición por algún motivo desconocían algo que todos sabían pero ellos recién descubren mirando el programa de la BBC; ¡aún están a tiempo de actuar!
¿Por qué dejar pasar tanto tiempo generando una sangría de dinero para las familias uruguayas y para los trabajadores? ¿Por qué se va a seguir beneficiando como se ha hecho históricamente a un pequeño número de empresarios que se enriquecen mediante un “curro” que rompe los ojos?
¿Por qué Delgado no lleva adelante esos cambios? ¿Qué estamos esperando, o mejor dicho, qué está esperando Delgado, Labat, Raffo, el resto del Partido Nacional y el resto de los partidos que componen la coalición de gobierno? ¿No deberían los socios coalicionistas del Partido Nacional exigirle a este último que actúe para terminar con este negociado del cual el mismo LATU y el Estado están prendidos, para bajar los precios en nuestro país de manera inmediata?
Quizás la respuesta está en esta misma pregunta. Comprar una pasta de dientes o un champú en Colón cuesta menos de la tercera parte que en Uruguay; la misma marca, el mismo envase, exactamente lo mismo. Tanto que hasta podría ser un buen negocio comprar el producto al por mayor en cualquier supermercado argentino e importarlo legalmente en Uruguay para revenderlo en el almacén de barrio en nuestro país, y aún así probablemente costaría al público la mitad de lo que cuesta ahora. Pero eso no es posible, porque el propio Estado uruguayo no sólo protege al perverso sistema que enriquece a importadores y representantes nacionales de marcas, sino que es socio en este “curro”.
La propuesta de Delgado es bienvenida, ciertamente. Pero para ser creíble tendría que hacerse ahora, y no esperar años hasta que la burocracia estatal despierte de período electoral y, si y sólo si la ciudadanía decide que sea él quien continúe en la conducción del país, se empiece a mover la maquinaria legislativa y legal para que algún día fructifique.
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