Día: 20 de septiembre de 2024

Es difícil sostener argumentos para contrastar la cruzada global contra el cambio climático, o mejor dicho, contra las medidas que se están instrumentando en procura de reducir la afectación medioambiental, solo que hay un conflicto de intereses y factores geopolíticos que hacen que no todos los países se incorporen con el mismo grado de compromiso, y menos aún que estén dispuestos a financiar las acciones propuestas sin pedir algo a cambio, ya sea directamente o en forma velada.
Es por eso que las respectivas convocatorias y las posteriores evaluaciones en los foros mundiales resulten contradictorias respecto a logros o grado de compromiso, y así se van sucediendo las instancias acordadas en su momento, en las que predominan los enunciados y las buenas intenciones por sobre pasos valederos en la buena dirección.
En grandes líneas, están ahora sobre el tapete negociaciones sobre el financiamiento del combate climático, los alcances de la discordia en las negociaciones de la COP29, cuando la idea central es promover desarrollo económico bajo en carbono y el uso de autos eléctricos, transición ecológica, y reforestación, entre otros objetivos.
Yendo por partes, tenemos que las negociaciones climáticas de la ONU se centran este año en cómo lograr el compromiso mundial de recaudar miles de millones de dólares para que los países en desarrollo enfrenten eficazmente la crisis climática, con la interrogante de cuánto dinero se comprometerán a aportar los países desarrollados para ayudar a los países vulnerables a enfrentar un clima extremo.
Respecto a la financiación climática precisamente no existe una definición consensuada. En términos generales, la “financiación climática” se refiere a cualquier dinero gastado, ya sea público o privado, para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de “hacer compatibles los flujos financieros con (…) un desarrollo de bajas emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al cambio climático”.
Ello incluye todos los fondos (públicos o privados) que promueven un desarrollo económico bajo en carbono y la adaptación: energía eólica, solar, nuclear, hidrógeno limpio; autos eléctricos; transición ecológica en la agricultura; reforestación; aislamiento térmico de viviendas; acceso seguro al agua; saneamiento; sistemas de salud capaces de gestionar olas de calor e inundaciones; diques para enfrentar el aumento del nivel del mar, etcétera, como los principales ítems.
Solo que según los técnicos, no hay en principio una norma universal estricta sobre la financiación “verde”, y a veces la frontera es borrosa entre la ayuda al desarrollo y la financiación climática, a la vez que faltan definiciones sobre cuando dinero se necesita y las áreas comprendidas desde el punto de vista práctico en esta categoría para resultar beneficiario con la financiación.
En el ámbito de la ONU o los medios, la “financiación climática” se refiere más bien a las dificultades de los países en desarrollo para obtener a nivel internacional el dinero necesario para una “transición justa” ecológica y para enfrentar las catástrofes climáticas, y sus necesidades (excluyendo a China) han sido evaluadas en 2,4 mil millones de dólares anuales para 2030 por expertos designados por la ONU.
En este conflicto de intereses habría quienes pagan y quienes reciben para contribuir entre todos a la preservación del ecosistema, y en este aspecto es pertinente traer a colación que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CNUCC), adoptada en Rio en 1992, enumeró los países obligados a proporcionar ayuda financiera al resto del mundo debido a su responsabilidad histórica.
Estos países –Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Reino Unido, Canadá, Suiza, Turquía, Noruega, Islandia, Nueva Zelanda y Australia– se comprometieron en 2009 a proporcionar 100.000 millones de dólares anuales en ayuda climática hasta 2020 y hasta 2025.
Sin embargo, no lograron alcanzar ese objetivo hasta 2023, lo que provocó una brecha diplomática entre el Norte y el Sur.
En la COP29, en noviembre venidero, los países firmantes del Acuerdo de París deben acordar un nuevo objetivo financiero más allá de 2025.
India, por su lado, ha propuesto 1 billón de dólares anuales, una cifra que los países ricos consideran una provocación, argumentando que solo representan el 30% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero.
Esos países exigen que China y los países del Golfo también contribuyan. Actualmente, la mayor parte de esta ayuda se canaliza a través de bancos de desarrollo o fondos gestionados conjuntamente con los países afectados, como el Fondo Verde para el Clima (12.800 millones de dólares prometidos por los países donantes para 2024-2027) o el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (5.000 millones de dólares para 2022-2026).
Reorientar los subsidios de las energías fósiles hacia energías limpias o cancelar la deuda de los países pobres a cambio de inversiones climáticas también son vías posibles.
Esta conferencia mundial sobre el clima COP29 en Bakú, es un momento clave para que los líderes avancen en sus compromisos climáticos. Debe tenerse presente que la Conferencia de las Partes (COP) es el grupo de naciones que han firmado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992. En ella se comprometen a actuar conjuntamente para estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero “a un nivel que impida interferencias antropógenas (inducidas por el hombre) peligrosas en el sistema climático”. Desde entonces, las Partes, o naciones, se han reunido casi anualmente.
La última COP, la COP28, se celebró el año pasado en Dubái y fue la COP sobre el clima con mayor asistencia de la historia y esta conferencia hizo hincapié en la necesidad de una acción decidida para avanzar en energías renovables, una transición justa y más.
En los últimos años, los mercados de carbono se han convertido en un punto álgido de la política climática internacional, en gran medida por sus resultados desiguales. Por un lado, han demostrado su potencial como vía libre de deuda para canalizar la financiación de los grandes emisores hacia prometedores proyectos limpios o verdes. Por otro lado, la falta de rigor ha hecho que, a menudo, los mercados de carbono no impulsen reducciones reales de emisiones, sino que destinen fondos a lugares innecesarios o no verificables y permitan el denominado “lavado verde” (una estrategia de mercado que utilizan algunas empresas para aparentar ser más respetuosas con el medio ambiente de lo que en realidad son), según la definición más compartida.
Lograr un resultado sólido en la COP29 es fundamental para enviar una fuerte señal de progreso. La COP29 puede sentar un precedente para la acción climática global si se cierra la brecha financiera, se persiguen estrategias de adaptación sólidas y se fomentan soluciones innovadoras e inclusivas.
Aquello del que contamina pague tiene por lo tanto sus bemoles, porque las naciones desarrolladas, las grandes contaminantes, así como países como China, que entra en esta categoría, tienen un grado de compromiso que va de la mano con sus intereses económicos y geopolíticos, y a la hora de las decisiones y de cumplir sus compromisos, suele borrarse con el codo lo que se escribe con la mano, y así se van sucediendo los foros, los COP, y lamentablemente, los logros van y vienen, la negociaciones también, y los foros se parecen más a un perro persiguiendo su cola, que a planteos serios entre partes que se respetan y que deberían centrarse en el compromiso común, en lugar de reafirmar recelos y diferencias.

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