Día: 24 de septiembre de 2024

Ferrés, quien también preside la JND, estuvo acompañado por el secretario ejecutivo de Cicad, Adam Namm, y el coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Uruguay, Pablo Ruiz Hiebra. Durante la apertura, Namm, subrayó que, en tanto “afectan la dignidad, la salud y la seguridad de las personas”, los problemas en materia de drogas deben ser abordados con políticas “que integren los derechos humanos”.
“(Deben ser políticas) que protejan y prevengan cualquier daño asociado a las drogas y garanticen la no repetición de violaciones”, anotó Namm, quien añadió que se busca “trabajar directamente con las personas sin juzgarlas, coaccionarlas o discriminarlas”.
En la misma línea se expresó a EFE –tras brindar la conferencia magistral del evento– el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien señaló que a nivel global actualmente hay “una realidad contradictoria”.
“Por un lado, los Estados están reconociendo cada vez más que la política de drogas tiene que caracterizarse por el respeto a los derechos humanos y se están introduciendo reformas de penas alternativas, descriminalización y acceso al tratamiento (…) y, por otro, en muchos países están aumentando las penas de forma desproporcional”, explicó.

En tanto, coincidió con lo expresado en un videomensaje por el relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, Edgardo Estuardo Ralón, en que ha habido un impacto “particularmente fuerte” en un mayor encarcelamiento de mujeres por microtráfico, a lo que Jarab dijo –además– que es difícil pensar en un abordaje unánime que atraviese fronteras.
“Tal vez no vamos a tener unanimidad, porque son grandes las diferencias entre los enfoques de los países, pero sí estamos convencidos de que se necesita desarrollar los menos punitivos. La justicia penal tiene su rol, pero no debería ser el dominante entre las políticas de drogas”, lanzó.
En tanto, Ferrés recordó que Uruguay dirige la Cicad hasta diciembre de 2024 y que ha trabajado en Latinoamérica en la prevención y gestión de riesgos de personas adictas a diferentes sustancias, sobre la base de la contención familiar y sus derechos, incluidas la atención en salud mental y la prevención a través de centros interdisciplinarios. Mencionó la importancia de ayudarlos desde el Estado y la sociedad, sin discriminarlos ni estigmatizarlos.

IMPUTARON NUEVOS DELITOS A PENADÉS

(SUBRAYADO)
La Justicia dio lugar al pedido de Fiscalía de imputar nuevos delitos al exsenador Gustavo Penadés, por la asociación para delinquir que buscaba exculparlo de los casos de abuso sexual. Los delitos son cohecho calificado agravado, dado que es funcionario público en el momento de los hechos, en concurso fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir agravado. En octubre de 2023 Penadés fue imputado por 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, 4 delitos de abuso sexual especialmente agravados, 3 delitos de abuso sexual agravados, un delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor en régimen de reiteración real en calidad de autor. En total, fueron 22 delitos. En la audiencia que se llevó a cabo este lunes, la fiscal del caso, Alicia Ghione, detalló sus argumentos para ampliar la imputación y afirmó que en la “trama”, además de una búsqueda de información en programas por la Policía, realizaban “vigilancias ilegales, control de ruta, para poder identificar” con quiénes salían tanto Jonathan Mastropierro como Romina Papasso, y así enviar la información a Penadés. “Surge de teléfonos continuo flujo de intercambio de información durante muchos meses”, afirmó Ghione. “Las fotos, los nombres de los jóvenes iban y venían entre los celulares de los entonces policías, Federico Rodríguez y Carlos Taroco, y también del celular de Penadés, que llegaban de parte de Cuiñas”, añadió. Además, la Fiscalía aseguró que Penadés financiaba la trama y que Carlos Taroco era “un contratado” del exsenador. El abogado de Penadés, Homero Guerrero, argumentó en contra del pedido fiscal y aseguró que no fue el exlegislador el que inició la asociación para delinquir, sino que fue iniciativa de los funcionarios policiales.
“El solo hecho que hizo la Fiscalía, pormenorizada, de cada uno de los mensajes que supongo que todos han tenido acceso, da cuenta de la participación del señor Penadés en estos delitos. Claramente uno a uno se tomó el trabajo de leerlos, y de todos surgía la participación de Penadés y el plan orquestado para saber quiénes eran los testigos”, dijo la jueza María Noel Odriozola. Ante esto, consideró que la solicitud de Fiscalía encuadra y dio lugar a la imputación de nuevos delitos en la formalización de Penadés.

PROMUEVEN USO SEGURO DEL SISTEMA FINANCIERO

(PRESIDENCIA)
El Banco Central del Uruguay (BCU), junto a entidades bancarias públicas y privadas de todo el país, presentó este lunes la campaña educativa “Que no te defrauden”, iniciativa para guiar a los usuarios sobre cómo hacer un uso seguro del sistema financiero. Información, educación, optimización de los sistemas de monitoreo y de las normas legales son las principales acciones de trabajo. La iniciativa fue presentada en la sede del BCU, con la presencia del titular de la institución, Washington Ribeiro; el vicepresidente, Martín Inthamoussu; el superintendente de Servicios Financieros, Juan Pedro Cantera; la gerenta del Sistema de Pagos; Ana Claudia de los Heros; la responsable de Comunicación Institucional, Isidra Delfino, y el director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Hebert Paguas. Informar y educar son acciones clave para que los ciudadanos cuenten con las herramientas necesarias para actuar ante posibles situaciones de fraude financiero, sostuvo Ribeiro, en rueda de prensa. En ese sentido se creó la campaña educativa “Que no te defrauden”, iniciativa conjunta entre el BCU y las instituciones financieras de todo el país. En una primera etapa será difundida a través de redes sociales, pero también en los medios masivos de comunicación, por parte de las demás instituciones adheridas. Ribeiro reconoció un aumento en las denuncias por delitos y fraudes financieros, pero aseguró que la situación no es alarmante. La cifra de reclamos es baja en comparación a la cantidad de transacciones que se realizan a diario, explicó. Asimismo, agregó que todas las acciones que se realicen para colaborar con los damnificados son válidas y necesarias. La iniciativa cuenta con el apoyo de Agesic, la Unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU).