La presencia de caballos sueltos en varias zonas de la ciudad, particularmente en Avenida de las Américas, es cotidiana. Un rápido recorrido por las páginas de EL TELEGRAFO en los últimos años confirman que hay lugares que se han vuelto “calientes” por la ocurrencia de siniestros de tránsito graves, con el protagonismo de animales que mueren en el lugar y sus propietarios nunca aparecen.
La gravedad de las lesiones transforman la vida de los involucrados porque las discapacidades, transitorias o permanentes, detienen una dinámica familiar que obliga a repensar todo de nuevo. Es así que el trato ético hacia los animales, la convivencia y tolerancia entre personas resulta –nuevamente– interpelada.
Es que las lesiones graves o incluso la muerte de conductores luego de un accidente de tránsito quedan impunes. Porque el caballo no tiene identificación alguna ni marca y esto se ha vuelto costumbre para evitar sanciones económicas o legales.
El 26 de julio de 2022 se reglamentó la normativa que habilita la incautación de animales sueltos en la vía pública, a través del Decreto presidencial 233/022.
La Ley de Urgente Consideración (LUC) –Ley 19.889 del año 2020– aprobó un artículo que autoriza al Poder Ejecutivo al decomiso, venta, donación o faena de bovinos, ovinos, porcinos o equinos que se encuentren en la vía pública y no sean reclamados en 72 horas.
También desde estas páginas se ha escrito profusamente sobre la normativa vigente, pero poco difundida. El decreto establece que la División de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca está habilitada al decomiso definitivo de los animales de producción, de dueños conocidos o desconocidos, que se encuentren retenidos en dependencias del Ministerio del Interior.
Luego del decomiso, el Ministerio de Ganadería deberá definir el traslado de los animales y se hará cargo de los gastos correspondientes al pastoreo y sanidad. Resolverá, además, sobre su comercialización o denuncia ante el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), en el caso de un deterioro físico o sanitario.
Sin embargo, en julio del año pasado, el secretario general de la Intendencia Fermín Farinha había manifestado su malestar en el Congreso de Intendentes porque en Paysandú no se cumplía –hasta entonces– con el mencionado decreto.
El jerarca municipal expuso allí sobre el problema que abarca aspectos de “seguridad vial, sanitario, de tenencia responsable y de bienestar animal” y comprometió apoyo institucional en la tarea. “Somos los primeros interesados en terminar con el problema de los animales sueltos, pero no tenemos la necesaria competencia. Sí tenemos la mayor buena voluntad”, dijo Farinha.
Este año, los equinos requisados en la vía pública son trasladados a un campo, donde la Intendencia de Paysandú contrató los servicios de un privado con el fin de cumplir con dicho decreto y aporta dos arrieros, una camioneta con tráiler, enmarcado en acciones conjuntas con el Ministerio del Interior.
El contrato con el privado está a cargo de la Intendencia y continuará hasta que las autoridades ministeriales obtengan otro espacio de similares características.
Sin embargo, faltan campañas de concientización e información sobre los alcances de la normativa que, como puede leerse, no tiene mayores consecuencias ulteriores.
Al igual que las mordeduras de perros y particularmente cuando la reincidencia confirma la irresponsabilidad de sus dueños. El INBA hizo un llamado a la responsabilidad, contención y precauciones en el hogar, ante posibles ataques. En promedio recibe 62 denuncias mensuales, pero claramente se trata de un subregistro.
Según el instituto, el Ministerio de Salud Pública reportó entre 2.500 y 3.500 personas mordidas al año en la última década y exhorta a denunciar ante el Ministerio del Interior, en tanto las lesiones pueden implicar consecuencias penales para el propietario.
Es que, en ocasiones, el dueño del perro no está a la vista y cuando esto ocurre, no existe un reproche penal que se aplique con severidad, con la salvedad de alguna advertencia o decomiso de animales. Eso ocurrió en Rocha, donde un adulto mayor resultó con severas lesiones provocadas por un pitbull, cuyo dueño es reincidente. Y reincidente reciente, porque el último hecho lo tuvo como protagonista en 2022 y ha sido objeto de múltiples denuncias previas. A esta persona le retiraron tres perros hace dos años y en enero de 2023, los vecinos de Antoniópolis alertaron sobre nuevos ataques en el barrio. Hasta el nuevo hecho ocurrido hace pocos días. Es decir, ignora las advertencias una tras otra.
La Dirección de Bienestar Animal de la Intendencia de Rocha reclama sanciones económicas y la prohibición definitiva de tenencia de animales a este propietario porque ya ha demostrado su irrresponsabilidad. En la actualidad, la fiscalía de Rocha resolvió que los perros permanezcan bajo custodia de la citada dirección, mientras avanza el proceso judicial.
Pero no son hechos aislados y eso significa que aún no se comprende la gravedad del problema porque no hay consecuencias efectivas para los propietarios irresponsables. De lo contrario, hay una peligrosa sensación de impunidad, porque los caballos sin marcas provocan accidentes graves o los perros atacan a las personas en la vía pública y no pasa mucho más que lo ya informado.
Las pruebas para las sanciones estaban a la vista. Tanto en el adulto mayor lesionado, como en los vecinos que también resultaron mordidos al tratar de ayudarlo.
La directora ejecutiva de INBA, Marcela Delgado, señaló que en la gran mayoría de los casos de mordeduras y ataques, la ciudadanía espera la incautación de los animales. Sin embargo, la solución implica la responsabilidad del infractor, establecer la sanción correspondiente y en el caso de resultar reincidente, agregar los antecedentes al expediente, que puede ser penal si configuró un delito.
Pero algo pasó en el medio para que este propietario sea reincidente. Y algo ocurrre con los caballos sueltos en la vía pública y casi siempre en las mismas zonas.
Porque los decretos son claros y no admiten dobles lecturas.
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