A mediados de este mes, las gremiales rurales expresaron su malestar por la falta de respuestas del gobierno al pedido de prórroga en el vencimiento del pago del Banco de Previsión Social (BPS). Esto parece indicar un enfriamiento en la relación de las gremiales del sector con el gobierno de Luis Lacalle Pou, ya tensionada por decisiones políticas como el mantenimiento del atraso cambiario y sus consecuencias negativas en la competitividad, un aspecto que afecta a todos los sectores exportadores.
El atraso cambiario es un tema recurrente en las asambleas y ámbitos de discusión de los sectores vinculados al agro. En este sentido, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Patricio Cortabarría, ha solicitado un plan para corregir el atraso cambiario sin reactivar la inflación. Desde el agro, se apunta a implementar un plan a cinco años que consolide la baja inflación y corrija el atraso cambiario.
No se puede ignorar que este enfriamiento en la relación tiene como eje la falta de respuesta del Poder Ejecutivo y del sistema político en general frente a esta situación, que se arrastra desde hace bastante tiempo. A pesar de ello, desde el campo se reconocen algunos logros de la administración actual, pero se considera un “debe” de gran incidencia la situación de atraso cambiario que, según entienden, afecta al país.
En las últimas semanas, sin embargo, el tipo de cambio ha mostrado un incremento, con un valor por encima de los 41 pesos por primera vez en casi dos años. No obstante, las gremiales rurales siguen reclamando por un dólar que, a su juicio, debería superar los 45 pesos, para mejorar la relación de precios al convertir dólares a pesos.
Consideran que este desfasaje es una de las principales razones que explican la baja competitividad de los productos uruguayos en el mercado internacional, afectando directamente la situación económica del sector. A esto se suman los factores climáticos y las cuestiones coyunturales, como la caída de los precios de los commodities, que también han tenido su incidencia.
A pesar de los recientes incrementos en el tipo de cambio, que han llevado la divisa por encima de los 41 pesos, desde el gobierno, el equipo económico y el Banco Central del Uruguay (BCU) se ha señalado que la libre flotación del dólar no se modificará, ni a corto ni a largo plazo, incluso si la coalición gobernante gana las próximas elecciones nacionales.
Por cierto, las ventajas comparativas de la producción agropecuaria han permitido que nuestro país, históricamente, cuente con materias primas y producción primaria competitivas en el ámbito internacional. Durante décadas, esta producción ha sido el principal rubro de exportación y de ingreso de divisas, lo que ha contribuido a reciclar riqueza dentro del país.
Sin embargo, esta ventaja también ha sido un factor que ha obstaculizado el desarrollo de tecnologías e inversiones para agregar valor a los productos primarios. En consecuencia, se ha exportado mayormente materia prima, generando valor agregado fuera del país, en lugar de hacerlo localmente.
Ergo, una relación cambiaria adversa y la primarización son una combinación negativa para obtener mejores precios en el sector, dado que los costos internos de producción no se solventan adecuadamente con lo que se obtiene por exportación. El remedio no pasa solo por “retoques” en el precio del dólar —léase devaluación— debido al impacto que esto tiene en los precios generales y en las expectativas negativas de los operadores del mercado. Un escenario así podría generar una corrida hacia el dólar, creando incertidumbre económica y fuerte alza de la inflación, con efectos socioeconómicos negativos.
Es complicado lograr un equilibrio en la relación cambiaria que contemple toda la cadena que depende de la cotización del dólar, con importadores y exportadores en los extremos. Sin embargo, es aún más difícil corregir los problemas estructurales para reducir la primarización y la falta de valor agregado dentro del país.
El punto es que, más allá de los ciclos de precios favorables para nuestros commodities, seguimos dependiendo de las materias primas. Esto se da a pesar de los altos costos, no solo en el procesamiento primario y la logística, sino especialmente en la adición de valor agregado, lo que limita nuestra capacidad competitiva, tanto para exportar como para enfrentar productos similares de origen importado.
En un análisis publicado por Blasina y Asociados, se alude a este escenario, coincidiendo con reflexiones que ya hemos expuesto en esta página editorial. Se señala que “en Uruguay, una de las expresiones más claras de los problemas de competitividad del agro a lo largo de distintos períodos es la ‘primarización’ de las exportaciones. Accedemos a colocar fuera de fronteras preferentemente aquellos productos que escapan al sobrecosto dentro de fronteras”.
Destaca que “el encarecimiento de los procesos industriales para agregar valor a materias primas agropecuarias está contribuyendo a cambios en la composición de las exportaciones de Uruguay en algunos sectores. Uno de los más evidentes es el arroz, donde la proporción de grano industrializado en las exportaciones se redujo casi a la mitad en los últimos cinco años, del 70% al 40% del total”.
Expone también que “la lana es otro sector en el que caen las exportaciones de productos con mayor valor agregado, como la lana peinada o tops, mientras aumentan las ventas de lana sucia y lavada. Hasta mayo de este año, cayó un 17% el volumen de lana exportada como tops, de 6,8 a 5,7 millones de kilos. En el mismo período, las ventas de lana sucia al exterior aumentaron un 97%, y el volumen de lana lavada embarcada creció un 78%”.
La realidad muestra que Uruguay es un país caro en dólares, y estos costos nos dejan fuera de los mercados a la hora de competir. Esta situación no es nueva —aunque se ha agravado recientemente—, sino que ha sido una constante.
Entre los factores indiscutibles se mencionan el atraso cambiario, el aumento de los costos en pesos, con un fuerte componente de los salarios, y el peso de las tarifas logísticas y públicas. Estos elementos son señalados por todos los sectores como influyentes en el desestímulo a los procesos de industrialización.
La magnitud de los correctivos necesarios ante los problemas estructurales sugiere que las soluciones no se alcanzarán en un solo período de gobierno. Estos no son temas nuevos, sino que han estado presentes desde hace muchas décadas. Ningún partido se ha atrevido a abordarlos de manera decisiva, y solo se han implementado medidas cosméticas con resultados marginales. Como consecuencia, los gobiernos se suceden, pero el problema se mantiene.
Y todo indica que, en el próximo gobierno, sea cual sea el partido que lo asuma, la situación no será muy diferente.
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