Al hablar en conferencia de prensa tras presentar la Rendición de Cuentas 2023 ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche trajo a colación ante los parlamentarios situaciones adversas que debió enfrentar el gobierno ya al poco tiempo de asumir, y que a su juicio contribuyeron sustancialmente a que se deteriorara el panorama fiscal en el país, como consecuencia del declive de la actividad económica mundial que repercutió en nuestro medio, así como fuertes erogaciones para paliar los efectos de la pandemia.
Precisó que se vivieron “situaciones adversas” como la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, la mayor sequía de los últimos 100 años y la comparación de precios relativos con Argentina, cuando el país vecino estuvo muy barato en dólares y en particular para los uruguayos.
“Implicaron para el país un costo de aproximadamente 4.000 millones de dólares, casi cinco puntos del producto”, sostuvo, y agregó que el empleo es una arista “fundamental”, por estar “relacionado directamente con la calidad de vida de los uruguayos”.
Respecto al déficit fiscal, que según la cartera cerró el año móvil a julio en 4,3%, Arbeleche afirmó que no estaba “pensado” que este “fuera a ser el déficit fiscal en este momento”.
“La inflación baja más rápido de lo que teníamos pensado”, aseguró, y señaló que “tiene un efecto fiscal de menor recaudación”. “Es bueno para todos”, dijo, calificándolo como una “sorpresa positiva”.
“No teníamos pensado que este iba a ser el déficit fiscal en este momento, porque aquí lo que tenemos es una sorpresa en la baja de la inflación. Cuando hace un año que presentamos la Rendición de Cuentas para este año, teníamos una estimación de inflación que resultó” mayor “a lo estimado”, explicó.
“Hay una sorpresa en que la inflación baja más rápido de lo que teníamos pensado. No tenemos dudas que es bueno para todos. Tiene un efecto fiscal de menor recaudación y eso explica que hoy tengamos un déficit al que habíamos programado para este año. Eso no quiere decir que se esté gastando más. El gasto nominal para 2024 es exactamente el mismo que teníamos planeado hace un año, con la salvedad de un gasto adicional por las inundaciones, pero es algo menor”, agregó.
La secretaria de Estado trajo a colación aspectos de primera línea en el marco de la política económica, que no debe medirse solo en el aspecto fiscal –que es muy importante, y base para realmente propiciar programas sustentables– sino en la calidad del gasto, en la relación con los ingresos y la presión fiscal sobre los sectores reales de la economía, que son los que generan la riqueza que se recicla en el tramado socioeconómico.
Es pertinente traer a colación que la Ley de Urgente Consideración (LUC) incluyó artículos que refieren a la regla fiscal, un concepto que es muy importante para el manejo macroeconómico y que por lo tanto, quiérase o no, repercute en la microeconomía y sobre la situación de los sectores más vulnerables de la población, de seguirse otros caminos.
En suma, apunta a generar reglas para evitar la expansión distorsionante del gasto público, que se paga con más impuestos del sector privado, que es el motor de la economía, creador de riqueza y de empleos genuinos.
Al respecto, el economista Jorge Caumont subrayó en su momento en el suplemento Economía y Mercado, del diario El País, acerca de la regla fiscal, que “en nuestro país la evidencia empírica nos muestra que el resultado conjunto negativo de la actuación del gobierno central, de los organismos del artículo 220 de la Constitución –entre otros los de la enseñanza– y del BPS, se ha venido financiando de manera creciente con aumento de impuestos –con alzas de sus alícuotas o con cambios en la fase imponible– para recaudar más”, como característica que se dio con marcado énfasis en gobiernos de la coalición de izquierdas, fundamentalmente.
El punto es que aún con estas acciones, con una política tributaria contractiva de la actividad privada en la última década no ha sido posible equilibrar el resultado fiscal –no se cubre la brecha entre ingresos y egresos– y se recurre el endeudamiento tanto con instituciones financieras y residentes del país como del exterior, a través de préstamos, emisión de títulos en distintas monedas y en otros instrumentos por el estilo, tanto en moneda local como extranjera.
Pero, como es lógico, los déficits de las cuentas de la administración y el financiamiento con impuestos con endeudamiento, comprometen la actividad económica presente y futura, y en particular, a las futuras generaciones que deberán repagar la deuda que cubriera los desequilibrios como el señalado.
Cuando asumió el gobierno de Luis Lacalle Pou, el mandatario y su equipo económico hicieron hincapié en que se apuntaría a reducir el déficit fiscal –que se situaba en casi el 5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI)– desde que se estaba en un nivel preocupante, y por más vueltas que se le dé, el peso de este desequilibrio siempre recae en los sectores productivos, en el empresario, el empleado, los pasivos, porque no hay almuerzos gratis, y el dinero que se reparte sin tenerlo solo puede cubrirse temporalmente “haciendo la bicicleta” o con más impuestos, porque no hay milagros en la economía.
Los sectores que producen bienes y servicios del ámbito privado son los que mueven la economía, y son por lo tanto los que aportan sistemáticamente para sostener el aparato estatal, las inversiones, el pago de salarios, la amortización de la deuda, el funcionamiento de los organismos que están en la primera línea en la contención social.
Y en este caso, la ministra aludió a eventos que dieron por tierra con todo intento –pertinente o no, útil o no– de reducir un déficit fiscal que el último gobierno de la coalición de izquierdas había dejado en el 5 por ciento, porque entre otros aspectos, en la década de bonanza económica por el escenario favorable mundial, que se extendió hasta 2014, se incurrió en gastos que incluso superaron la recaudación adicional de esos años, y peor aún, se incorporaron gastos fijos al Estado como si la bonanza fuera a durar para siempre.
No puede extrañar que ante gastos adicionales de la pandemia para atender a los sectores más vulnerables de la población, caída de actividades, pérdida de empleos –en el ámbito privado, no en el estatal, por supuesto–, seguido a la subida de precios internacionales y de costos de fletes, entre otras consecuencias por la invasión rusa a Ucrania, seguido de una sequía histórica, el déficit fiscal se mantendría a niveles poco tranquilizadores, y de ahí que la ministra mencionara estos elementos como factores negativos para la contención de este déficit que ha trepado al 4,3 por ciento.
El objetivo de la introducción de una Regla Fiscal obedeció a la necesidad de contar con una guía esencialmente técnica alejada de cualquier ideología para evitar el mal uso de la política fiscal y que ella opere de manera contraria a la etapa del ciclo económico que ocurra, es decir, para favorecer políticas contracíclicas.
Pero todo indica que en este período no se ha logrado, por más que se manejan atenuantes como los factores extraordinarios mencionados, lo que pone de relieve no solo inconsistencias del gobierno de turno, sino que reafirma también las vulnerabilidades y dependencias históricas de nuestro país, que hacen que ante un escenario muy acotado, el margen de maniobra sea mínimo y las buenas intenciones y enunciados queden a menudo desmentidos por la porfiada realidad.
Be the first to comment