Día: 3 de noviembre de 2024

Apenas transcurridas algunas horas del acto electoral celebrado el domingo pasado, algo volvió a quedar nuevamente en claro: Uruguay celebra sus votaciones en paz, sin muertos, heridos ni acusaciones de fraude, algo que no es común en América Latina. Somos un oasis en el medio de un desierto de libertades, pero eso no es suficiente. Al igual que sucede con los indicadores económicos o en materia de corrupción, somos los mejores de un barrio donde todos los días se vulneran los derechos ciudadanos más elementales y donde el populismo ha hecho y sigue haciendo estragos.

A pesar de nuestro bien ganado prestigio en materia electoral, hay una piedra en el zapato de ese proceso que se repite año a año: la violación de la siempre invocada pero nunca respetada veda electoral. De acuerdo con la Ley 16.019 de 11/09/89, “La realización de actos de propaganda proselitista en la vía pública o que se oigan o perciban desde ella, o que se efectúen en locales públicos o abiertos al público y en los medios de difusión escrita, radial o televisiva, deberá cesar necesariamente cuarenta y ocho horas antes del día en que se celebren los actos comiciales. Lo preceptuado anteriormente alcanza a la realización y difusión por dichos medios de encuestas o consultas, así como de cualquier tipo de manifestaciones o exhortaciones dirigidas a influir en la decisión del Cuerpo Electoral. Esta norma será de aplicación en los actos de elección, plebiscito y referéndum”.
Como lo explicó hace algunos años el entonces ministro de la Corte Electoral, Walter Pesqueira, “la veda tiene como objetivo darle tranquilidad a la población para pensar bien su voto. Tranquilizar el ambiente de las movidas electorales y los partidos. En materia electoral se lo conoce como un espacio de reflexión para la ciudadanía. Se usa en muchos países, aunque en Uruguay es bastante largo. Personalmente creo que está bien porque la ciudadanía está saturada de tanta publicidad”.

Uno de los problemas que tiene esta regulación es que no existen sanciones para los medios de difusión escrita, radial o televisiva que violen la veda y tampoco para los partidos políticos involucrados, lo que deja una sensación de que estos últimos han legislado para su beneficio, “sacando la pata del lazo” y evitándose cualquier sanción porque –al fin y al cabo– desde su equivocada perspectiva, ellos son los que hacen las leyes y como dice el refrán “el que parte y reparte se lleva la mejor parte”. Como sucede en tantos ámbitos del Estado (ambiente, condiciones laborales de trabajo, etcétera.) Uruguay tiene leyes del primer mundo y un número de equipos inspectivos de cuarto mundo, siempre insuficientes, mal capacitados y sin recursos materiales. Como lo reconoció el propio Pesquera, “si bien es la Corte Electoral el organismo que debería tomar alguna medida, no hay herramientas para controlar todo”.

El hecho de que la veda no incluya a las redes sociales constituye otro problema real que se repite en cada acto electoral. En efecto, muchos políticos se llenan la boca pidiendo que cese la publicidad de contenido electoral, pero redoblan la propia en redes sociales e incrementan la presencia en la vía pública llevando la letra de la normativa vigente al límite de la legalidad.

Es importante tener en cuenta que la mencionada ley 16.019 es del año 1989 cuando no existía el uso masivo de Internet ni de los teléfonos celulares, el cual se encontraba restringido para usos militares o de personas de altísimo poder adquisitivo. Tantos y tan profundos han sido los cambios desde entonces que en el día de hoy cualquier adolescente con un smartphone puede subir publicidad electoral a cualquier red, lo cual si bien no está expresamente prohibido viola claramente el espíritu con el cual fue creada la mencionada veda electoral. Todo ello tiene una razón muy clara: de alguna forma las redes sociales han ocupado algunos espacios que antes tuvieron como protagonistas exclusivos a los medios de comunicación tradicionales.

Como si todo ello no fuera suficiente para dar por letra muerta la veda electoral, en la puerta de muchos locales político-partidarios se concentran militantes con música y en una clara actitud proselitista que va más allá de la entrega pasiva de listas a los peatones o conductores de vehículos que pasan por la zona. El pasado jueves una vez iniciada la veda e incluso el viernes cuando también estaba vigente, a escasos metros de nuestro diario era posible observar situaciones que claramente violaban la veda dispuesta por una legislación que se ha convertido en “papel mojado”. Al final de cuentas es triste comprobar que mientras al ciudadano común, que anda a pie tratando de llegar a fin de mes, se le aplican todas las leyes y ante cualquier atraso en BPS, DGI o en el Impuesto a Primaria le “dan con un caño”, existen otros que pueden actuar a sus anchas sin temor a ser sancionados porque se votaron una ley que se les aplica a ellos mismos, pero… ¡que no prevé sanciones en caso de incumplimiento!

Es más: si lo que se busca es que el elector pueda reflexionar libre y tranquilamente también habría que prohibir otros medios sutiles de violentar la veda electoral tales como los mates con distintivos partidarios que los delegados colocan sobre las mesas receptoras a la vista de los votantes o los vehículos que claramente embanderados e identificados se estacionan en el exterior de los locales de votación.

En cualquier caso, es claro que ha llegado la hora de que la vida electoral de nuestro país se sincere y actúe en consecuencia. Queremos ver a los legisladores electos el pasado domingo incluir en la futura ley de presupuesto nuevos recursos para la Corte Electoral, así como un régimen de sanciones y la facultad de ese organismo para recaudar las multas que se originen y poder disponer medidas acordes a tal incumplimiento. Al fin y al cabo, se trata de un ataque de la tranquilidad y la conciencia del ciudadano que, luego de una campaña agotadora para el país y que implica gastos varias veces millonarios en dólares, tiene derecho a reflexionar en paz sobre su voto.
Aprobar y mantener vigentes normas que no se cumplen es una de las peores pero más eficaces formas de desprestigiar la democracia. Si los ciudadanos saben que no existen sanciones para los incumplimientos o que no serán aplicadas ni ejecutadas, se fomenta el incumplimiento tanto de esa norma específica como de las demás, creando una sensación colectiva de que “no pasa nada” si la norma en vigencia es incumplida. Tratándose de la veda electoral, el caso es todavía más grave, ya que quienes deben cumplirla son los propios políticos, una profesión que en Uruguay y en todo el mundo enfrenta enormes desafíos para mantener su popularidad antes la falta de conexión y comunicación real con las personas comunes, las acusaciones de corrupción, el desinterés y descreimiento de la población en la política y el nepotismo, entre tantas otras. Ante esta realidad que ni los propios políticos se animan a negar, sería una buena señal reformar la Ley 16.019 estableciendo nuevas infracciones, previendo sanciones para los incumplimientos que define e incluyendo a las redes sociales en la veda electoral que regula. → Leer más

La historia es conocida, aunque me temo que ha caído en un cono de oscuridad cuando perdió su magia. El arca de Noé es un fragmento de la Biblia, un relato que cuenta la construcción de la embarcación por parte de Noé a mandato del Di-s de Israel, para salvar a todos aquellos que hubieran tomado nota y reaccionado preventivamente frente al alerta de un diluvio universal. Luego de salvar sus vidas, tendrían una tarea titánica: repoblar la tierra con su descendencia.
Se desconoce quién fue el humano redactor de este capítulo del Génesis. Para el cristianismo, la Biblia es la palabra de Dios, por tanto, infalible e inspirada. De modo resumido, se trata de un relato, el del Arca de Noé, sobre una gran lluvia, un diluvio, algo que con el cambio climático no parece ni tan ilógico como inspirador. Después de sobrevivir al diluvio, debería promover la repoblación. Algo así como un recorte para volver a empezar de cero, superando la adversidad.

El ARCA de Milei

Lo cierto es que son frecuentes las invocaciones de Javier Milei a calificar sus acciones de gobierno como la “mayor de la historia”, la “mejor desde que hay estadísticas” o cuestiones similares. Tantas grandilocuencias juntas nunca resultan ciertas, pero ¿quién va a discutir una exageración de un presidente, a todas luces falta de verosimilitud? Nadie en su sano juicio gastaría tiempo en ello.
Con la promulgación del Decreto 953/2024 el gobierno de Javier Milei procedió a la disolución de la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos y creó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, como un nuevo ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Con esta decisión, da otro paso en el proceso de reestructuración del estado argentino, teniendo como norte la optimización de la gestión de los ingresos públicos, así como a dar respuesta más efectiva a las demandas y aspiraciones de la ciudadanía.
El decreto referido fundamenta la decisión en que la AFIP tuvo, durante un largo pasado, un papel destacado en la gestión tributaria y aduanera, pero con el paso del tiempo fue descuidada, sobredimensionada hasta debilitarse y caer en el incumplimiento de sus objetivos fundacionales. Así, viendo afectada su funcionalidad y prestigio, una condición fundamental para una agencia de recaudación tributaria, el gobierno optó por un camino algo radical, a lo que suele presentar como signo de autoridad y decisión política.
Ahora, con la creación de ARCA, la administración aspira a devolver a la gestión de recaudación y control una estructura más simplificada y especializada, más orientada a la calidad de los servicios al contribuyente. Y hacerlo en el más breve plazo posible. Que es otra “seña de identidad”, cierta urgencia en los plazos, aún a costa de repetir errores significativos.
Florencia Lucila Misrahi seguirá como responsable principal de la oficina tributaria. Antes AFIP, hoy como directora ejecutiva de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA. El equipo de alta dirección lo completan Andrés Edgardo Vázquez como director general de la Dirección General Impositiva de ARCA, y José Andrés Velis como director general de la Dirección General de Aduanas de la misma agencia. Estos nombramientos fueron incluidos en el Decreto 954/2024.
Desde el gobierno argentino, se insiste en el propósito de que la creación de ARCA facilitará la puesta en marcha de una administración más efectiva en la gestión de los recursos del estado, así como una mejor fiscalización del sistema impositivo y aduanero, de modo de contribuir a forjar una institución calificada éticamente, de respuesta ágil, algo que hace mucho es un reclamo de los contribuyentes.
Milei ha renovado la confianza en Florencia Lucila Misrahi, a quien le ha encomendado la definición de una propuesta normativa y organizativa, la que deberá ser validada por el gobierno en un plazo de 60 días hábiles a partir de la vigencia del decreto. Adicionalmente, se le asignaron a la Dirección General Impositiva de ARCA las competencias en materia de recursos de la seguridad social.

Así se baila el tango…

El tango canta que “no esperes nunca una ayuda, /ni una mano ni un favor” y seguramente sea lo que inspiró a Milei a impulsar una resolución de gobierno para asegurar la impunidad de las evasores que ahora quieren, en un nuevo intento que todo gobierno argentino ensaya por lo menos una o dos veces por período, asegurarse la efectividad del blanqueo, que éste sea realmente una renuncia a la capacidad punitiva de la administración tributaria, y de la justicia penal.
Hay quienes opinan que aún con condiciones alentadoras, si la gente pensara en que el estado “no le va a manotear los dólares” posiblemente hubiera accedido a depositarlos más decididamente. Dentro del escenario complejo que se instala, hay quienes advierten que en el marco del régimen especial de ingreso de bienes personales no habrán de pagar nada más en el futuro. Incluso, quien ahora tiene dinero bajo el colchón y no tiene destino para ese ahorro, puede “blanquear a costo cero, sin generar obligaciones para el año próximo”.

SANSEACABÓ

Este viernes, el presidente Milei anunció un beneficio adicional y terminante: su gobierno está trabajando en una innovación legislativa mediante la cual se eliminarán los nombres personales de las bases de datos de quienes se beneficiaron de este blanqueo de capitales. Milei fue categórico: “eliminar los registros fiscales para evitar futuros impuestos”.
Y para que quede claro (o ese sería el objetivo, aunque es una descalificación del sistema legal, de la administración tributaria… una renuncia de funciones elementales de los roles esenciales del estado), Milei respondió a un periodista desde su cuenta de X que “después de que hayan blanqueado 280.000 personas, el Gobierno analiza modificar la legislación para borrar las bases de datos de los que blanquearon. Es decir, eliminar los registros fiscales para evitar futuros impuestos”.
Ah! Para que se entere y para que se sepa, en la misma respuesta reposteó a su ministro, Luis Caputo, para que se notifique.
La ARCA, es decir, la ex AFIP, es la balsa tributaria que Milei ha ordenado construir para “eliminar regulaciones” (¡qué sutil!), y dejar al estado y al poder judicial sin memoria, sin antecedentes, para que los desmemoriados puedan decir, libres de responsabilidades, “estamos regularizados”.
Tan afecto a las invocaciones milenarias, sabemos ahora que Di-s y Milei son los únicos que ordenaron construir su ARCA, por motivos diferentes, pero en ambos casos fue para repoblar, uno la tierra y otro la Argentina.
Después de todo, todavía hay gente que busca restos del arca…de Di-s. Y quizás en unos años más, habrá quienes busquen los restos del ARCA de Milei, una tarea recomendada sólo para cazar evasores o simplemente ponerles en evidencia en los libros de historia. → Leer más