El acceso a la información y la participación pública y justicia en asuntos ambientales se han convertido en pilares fundamentales para el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. También son insoslayables para garantizar que las personas puedan ejercer su derecho a un medio ambiente sano y a un desarrollo sostenible.
En el contexto mundial estos temas constituyen asuntos esenciales para enfrentar desafíos ambientales globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. En América Latina, estos derechos son particularmente relevantes debido a su riqueza natural, la diversidad biológica de la región y los desafíos ambientales y sociales que enfrenta. También resultan cruciales para empoderar a las comunidades al permitir el acceso de los ciudadanos a acceder a información relevante sobre el medio ambiente y asegurar que las decisiones que afectan su entorno sean transparentes y participativas y buscar justicia en casos de daños ambientales.
Nuestro país, por su parte, acaba de anunciar la aprobación de una hoja de ruta para la implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe en Uruguay (Acuerdo de Escazú). En este marco, fueron aprobados los objetivos y acciones prioritarias que conforman el Plan Nacional de Implementación de los Derechos de Acceso en asuntos ambientales.
Este plan nacional plantea una serie de objetivos y propone una serie de acciones consideradas prioritarias, con un horizonte hacia 2030, para la implementación de los derechos de acceso en asuntos ambientales.
Algunos de los objetivos que conforman el Plan Nacional de Implementación en relación al acceso a la información tienen que ver con profundizar en la información activa en asuntos ambientales, anticipándose a requerimientos; fortalecer la capacidad para dar cumplimiento de las solicitudes recibidas; implementar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, el agua, el suelo y el subsuelo, así como de materiales y desechos bajo la jurisdicción nacional.
Respecto al acceso a la justicia en asuntos ambientales, se pretende incorporar instrumentos jurídicos para mejorar los procesos colectivos ambientales, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Escazú, a la vez que se apuesta a mejorar las posibilidades de sanción, reparación y recomposición en los casos de daño al ambiente; entre otros.
Otras líneas de abordaje contenidas en la hoja de ruta están vinculadas a: la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales; la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales en el ámbito del Acuerdo de Escazú; y la cooperación con otros Estados Partes.
El Acuerdo de Escazú, un tratado internacional adoptado en 2018 en Escazú (Costa Rica), fue adoptado por 24 países de América Latina y el Caribe y es el primer tratado ambiental que reconoce explícitamente estos derechos y busca asegurar su implementación en la región. Ha sido un hito importante, ya que proporciona un marco legal y político para fortalecer la protección ambiental y los derechos humanos en la región. Su principal objetivo es garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
A la fecha, ha sido ratificado por 17 países (Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Uruguay, y Venezuela) en tanto que otros países que han firmado el acuerdo pero aún no lo han ratificado. En algunos, como Uruguay, han comenzado a desarrollar e implementar planes nacionales para asegurar el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales.
En grandes líneas, se podría decir que busca proteger los derechos de las personas a vivir en un medio ambiente sano y promover el desarrollo sostenible. Se trata de un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos. Sus principales beneficiarios son la población latinoamericana, pero fundamentalmente los grupos y comunidades más vulnerables ya que pretende garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. En ese sentido, se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y, lo que es más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a efecto.
Desde su entrada en vigor el 22 de abril de 2021, el Acuerdo de Escazú ha avanzado en la región y se han implementado diversas iniciativas y programas para fortalecer la capacidad institucional y la cooperación entre los países firmantes.
Uruguay, que ha demostrado hasta ahora un compromiso sólido con esta iniciativa, ha sido un país muy activo en el proceso de negociación y ha presidido la Conferencia de las Partes del Acuerdo, está desarrollando las acciones antes mencionadas y las perspectivas futuras deberían encaminarse al fortalecimiento de las capacidades institucionales, el aumento de la participación pública y la mejora de la transparencia en la gestión ambiental.
Se trata de una excelente oportunidad para seguir los pasos de experiencias similares exitosas, como el Convenio de Aarhus, que garantiza los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en Europa. Es en ese sentido, un referente global que ha mostrado resultados positivos en la mejora de la gobernanza ambiental.
Este tratado internacional desarrollado bajo el marco de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (Unece), ha inspirado iniciativas similares en otras regiones del mundo por sus avanzados aportes en materia de regulación de derechos de acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Aunque en nuestra región aún queda mucho por hacer para alcanzar los estándares europeos, los países latinoamericanos podrían aprender de los avances logrados en Europa y adaptarlos a sus contextos específicos. La protección de los derechos de acceso a la información y la justicia ambiental es crucial para enfrentar los desafíos ambientales y promover un desarrollo sostenible y equitativo. Por eso, la implementación del Acuerdo de Escazú en nuestro país representa un paso en la dirección correcta.
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República Ganadera SRL comunicó oficialmente su acogida a un proceso de concurso voluntario. La noticia, confirmada en la víspera mediante un comunicado de la empresa, responde a dificultades económicas acumuladas en los últimos años, destacando especialmente el impacto de la sequía de 2022-2023. Este paso, según el doctor Carlos Esponda, quien ya había anticipado esta posibilidad, “no es una buena salida para ninguna de las partes”, pero se ha concretado como una medida necesaria para reestructurar la compañía.
Uno de los pumas llegados a nuestro país desde de la ciudad de Balcarce, Argentina, fue atrapado luego de permanecer varias horas fugado desde el recinto en que se encontraba dentro de la Estación de Cría y Fauna Autóctona —ECFA— del cerro Pan de Azúcar, en Maldonado. Este puma fue alojado allí hace menos de una semana junto a otros tres ejemplares, mientras que otros dos fueron destinados a M’Bopicuá en Río Negro. El animal no alcanzó a abandonar la Estación y fue capturado empleando una trampa con alimentos poco antes de las 21 horas; fue rescatado en buenas condiciones y será reintegrado junto a sus tres compañeros.
Entre jueves y viernes de la presente semana, Pantalla Uruguay realizará el remate 283, desde el parque tecnológico del LATU en Montevideo, ofertando más de 8.000 vacunos, con la financiación de Banco Itaú. Para esta oportunidad, la firma Bertsch, Correa y San Román cuenta con excelentes lotes de terneros y novillos.
