Día: 16 de febrero de 2025

Hay una realidad que rompe los ojos en todo el país y en nuestra ciudad también: el notorio incremento del número de personas que viven en la calle, ocupando espacios públicos (plazas, parques, veredas, entrada de oficinas públicas, etcétera), donde duermen y hacen sus necesidades a la vista de todos los transeúntes, quienes tienen que caminar esquivando a estos nuevos “dueños de la calle” o a sus heces, según el caso. A esto hay que sumarle a personas teniendo sexo al aire libre, así como peleas y gritos a cualquier hora del día o de la noche, las cuales incluyen botellas rotas y resto de basura dispersos por la vía pública. En muchos casos, esas personas que viven en la calle son adictas a las drogas, fueron liberadas de la cárcel o sufren deterioros de salud mental.

Si bien el problema de las personas que viven en la calle es de larga data, nadie puede negar que, en los últimos cinco años, durante el gobierno nacional y departamental del Partido Nacional, el aumento de esa dolorosa realidad ha crecido notoriamente, incluyendo a nuestra ciudad. En distintos puntos de la ciudad como el Rincón Infantil, algunas plazas y el Parque Guyunusa, aquellos que eufemísticamente son denominados “personas en situación de calle” han tomado el control de todas sus instalaciones, alejando a los vecinos de la zona, que ya han dado por perdidos lugares que deberían ser para el descanso y esparcimiento de todos.

En el año 2018, la entonces ministra de Desarrollo Social (Mides) Marina Arismendi, consultada por el creciente número de personas que vivían en la calle en ese momento dijo que eran más o menos 500. Al año siguiente, cuando el entonces diputado nacionalista Federico Casaretto solicitó información referente a cantidad de personas en situación de calle en todo el país, el Mides contestó en el año 2019 que exclusivamente en el departamento de Montevideo había 2.038 personas en situación de calle, de las cuales 995 se encontraban en centros o refugios, mientras que las restantes 1.043 pernoctaron a la intemperie esa noche (9 de abril de 2019), diferenciando el número de personas que pernoctan a la intemperie y las que lo hacen en centros o refugios. O sea: del año 2018 al año 2019 el número de personas viviendo en la calle aumentó más de un 100%. Como si fuera poco, interrogado sobre cuántas personas tiene registrada esa secretaría de Estado, que subsisten gracias a productos obtenidos de contenedores de basura, el Mides respondió que “no maneja esta información requerida”. Una tomadura de pelo.

Hasta el entonces intendente de Montevideo, Daniel Martínez, en el año 2018 le envió al presidente Tabaré Vázquez una carta expresando su preocupación por la cantidad de personas en situación de calle. Marina Arismendi fue consultada sobre la situación denunciada por Martínez, pero no quiso contestar. Es la misma ministra que culpó a los sillones que la gente abandonaba en la calle junto a los contenedores, porque creaban “miniasentamientos”. A pesar de ese tipo de declaraciones, el premio al ridículo (o al cinismo) se lo llevó la sanducera Fabiana Goyeneche (la misma de los “colibríes”) cuando respondió en el año 2018 que las personas en situación de calle “tienen derecho” a estar ahí. Lo cierto es que, según lo informado por el periódico La Diaria, “la cantidad de personas durmiendo a la intemperie aumentó 88% entre 2016 y 2019 en Montevideo”. Según los datos de Pastoral Social de la Iglesia Católica de Montevideo (ICM), en el año 2024 unas 3.000 personas se encontraban en situación de calle en la capital del país. Según el Montevideo Portal, el párroco de del templo de Punta Carretas, Daniel Kerber “transmite una sensación de mayor gravedad respecto a años anteriores. En ese sentido, asegura que la cantidad de gente que se ve durmiendo en las calles es mucho mayor, y que el cambio del año 2023 a 2024 es significativo”. Por su parte, Fiorella Ciapessoni, docente del Departamento de Sociología y de la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR) y doctora en Política Social y Trabajo Social, destacó en un evento llevado a cabo el año pasado que en el 2023 se registraron más de 5.000 personas sin hogar, en refugios, intemperie y otras respuestas institucionales de mediana, cota o larga estadía, registrándose en los últimos 18 años un aumento de 272 %.

Es importante tener en cuenta que el Mides debe, entre otros objetivos, “promover la inclusión social y el efectivo ejercicio de derechos de personas y colectivos en situaciones de especial vulneración de derechos y exposición a riesgos, mitigando las vulneraciones y promoviendo trayectorias de inclusión social sostenibles. Asimismo, le corresponde “brindar respuestas, sin ningún tipo de discriminación, de género, étnico-racial, diversidad sexual y discapacidad; a las vulnerabilidades de derechos de forma integral y articulada, en la educación, el trabajo, la salud, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y hábitat” y, como si fuera poco, “articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental, municipal y local, así como avanzar en la descentralización política”.

Cuando se contrastan estas lindas palabras con la dura realidad que viven las personas que viven en la calle es claro que las autoridades del Mides, tanto a nivel nacional como departamental han fracasado rotundamente. Antes, los responsables fueron las autoridades del Frente Amplio, pero ahora pertenecen al Partido Nacional pero su incapacidad para solucionar una realidad tan evidente y dolorosa es la misma. Pasan los gobiernos y la gente sigue durmiendo en la calle.

Como siempre, en estos casos, muchas veces las autoridades públicas que tienen responsabilidades sobre este tipo de temas “se pasan la pelota” alegando lagunas en la regulación vigente o falta de recursos humanos para cumplir lo que son sus obligaciones. Y como siempre pasa, se aplican criterios diferentes según quien sea el organismo al cual se le quiere “pasar factura” desde el punto de vista político. A modo de ejemplo, en el mes de abril del año 2024 el Mides acusó a la Intendencia Municipal de Montevideo de no cumplir con su papel de policía territorial, pero esa “diligencia” para acusar a gobiernos departamentales del Frente Amplio no se aplica cuando los gobiernos departamentales pertenecen a correligionarios, en este caso al Partido Nacional.

Esperemos que las nuevas autoridades que asumirán el 1º de marzo no repitan los errores que cometieron anteriormente y que quienes dejarán su responsabilidad ese día contribuyan a lograr acuerdos interpartidarios que permitan solucionar una problemática donde ambos han cometido errores de los cuales hoy se ven las tristes consecuencias.

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Bartimeo es ese ciego –que según la cita bíblica– está sentado al borde del camino. Por eso hago referencia a él. Solamente por eso, sin ningún matiz religioso.
Mi punto de partida, es él, porque refleja, como en un espejo, la situación de marginación en que viven tantas personas y sectores sociales hoy en Paysandú. También países enteros, marcados por la pobreza y la indigencia.
Este mendigo tiene nombre, se sabe cómo se llama; como se sabe también quiénes son los marginados en esta sociedad sanducera: los pobres que están en las puertas de nuestros templos, o un poco más allá revolviendo los contenedores, los que duermen en la calle, los excluidos de los bienes de producción, los que están sin trabajo, los que cargan con deudas impagables, los que sufren una enfermedad que nadie quiso para ellos y que les llegó mezclada con la vida misma, la niñez vulnerada en su máxima expresión, la diversidad sexual perseguida, los que resisten acosos por miedo.

Se sabe también por qué quedaron en esa situación, porque nadie eligió vivir así, condenarse a vivir en la miseria, a ser diezmados por las hambrunas y las enfermedades; como también se sabe quiénes son los desplazados por las guerras, los refugiados sin patria, los “crucificados” de siempre.
Estamos ante una sociedad donde hay tantos ciegos Bartimeos, que no pueden ver el despertar de un amanecer diferente para sus vidas, porque están desesperanzados, porque han sufrido la discriminación, el hambre por desempleo y la soberbia de un gobierno que cortó muchas cintas pero que se olvidó de humanizarse y sensibilizarse frente a las desigualdades.
Un gobierno departamental que como en espejo con el nacional, dio vuelta la cara a la hora de ofrecer igualdad de oportunidades, que prometió trabajo y solo hizo favores políticos-electorales, y que derrochó dineros públicos –entiéndase del pueblo– contratando técnicos de otras latitudes. Que no usó el dinero que el Fideicomiso II destinaba para generar mano de obra sanducera. Un gobierno que tercerizó con una fundación amiga y transó la precarización del trabajo, que descuidó la primera infancia desconociendo la política pública de INAU para evadir impuestos.
Hay tantos ciegos Bartimeos que aún no han despertado por razones culturales y sociales, de la burla de la que fueron víctimas. Otros están despertando, porque se han quedado hasta sin atención en salud, derecho inalienable, con el cerramiento de policlínicas y la falta de medicamentos.
El llamado que hago es que –muchas veces– nosotros mismos, somos Bartimeo, cuando nos quedamos al costado del camino mirando, pero sin actuar, sin integrarnos, sin participar activamente, quejándonos pero sin generar acciones sociales y políticas de cambio, con la realización de un proyecto de vida comunitaria más digno y humano para nuestra comunidad sanducera y para el Uruguay. Para llegar a parecernos a un final feliz de un cuento, de una historia, o por qué no de una fábula: recuerden que a la liebre –tan rápida y soberbia- le ganó a la tortuga. Nada es imposible, si hay voluntad política de cambio.

Hay caminos que se recorren con el espíritu y con el alma, antes que con los pies. Para eso tenemos que ser cada vez menos “los Bartimeos”. Debemos ayudar a despertarlos, pero también nosotros, abrir los ojos y los oídos atentamente para ver y escuchar a los que sufren, a los maltratados, a los que son víctimas del egoísmo humano, a los que están oprimidos por la angustia.
Soñar esta reconstrucción de nuestra comunidad ha sido siempre el gran objetivo de nuestra fuerza política: siendo o no siendo gobierno: la justicia social como bandera. Sentirnos sacudidos por los gritos que nos llegan desde la realidad, es nuestra tarea permanente, desde todo lugar donde haya un frenteamplista.
El 1º de marzo de 2025 –dentro de muy poquitos días– se nos allana el camino que hemos sufrido durante cinco años, en lo nacional.
Mayo está muy cerca. Será tiempo de militar, de estar puerta a puerta, de conversar, de recoger planteos y propuestas de vecinos y vecinas. De caminar y caminar sin más libreto que la honestidad, la lealtad y el respeto a los derechos individuales y colectivos.
Depende de nosotros que en Paysandú, “los Bartimeos” despierten a la esperanza en una vida más digna.
Maestra Mabel De Agostini Pinna, Edil Frente Amplio → Leer más

En la última reunión del Foro Económico Mundial se presentó un dato muy importante: el 92% de todos los datos del mundo occidental se almacenan en servidores propiedad de empresas con sede en Estados Unidos. En el intercambio que siguió a la presentación, algunos expertos advertían que en tanto esos datos siguieran creciendo de forma exponencial y, no olvidando que las organizaciones dependen cada vez más de las plataformas digitales, crece la necesidad de la soberanía digital en todas las naciones.

Soberanía digital es un concepto reciente e importante, que refiere “a la capacidad de tener el control sobre el propio destino digital”, incluyendo “los datos, el hardware y el software” que alguien “crea” y en los que alguien “confía”. Qué es la soberanía digital y cómo conseguir que se aplique en un entorno “cloud”.

Soberanía

Hagamos una aproximación al concepto de soberanía digital. Digamos, pues, que “la soberanía es la autoridad más elevada en la cual reside el poder político y público de un pueblo”, una nación o un Estado sobre su territorio. Pero el significado de este concepto va más allá aún. Soberanía es, además, la independencia que tiene un Estado para crear libremente sus leyes. Legislar, y controlar sus recursos, sin coerción ni otras formas de presión de otros Estados u actores externos.

Del latín…

Soberanía, del latín, del término sober-, que significa encima. Y, el sufijo -anus, procedencia. Así, consolida un concepto: tenencia de poder o autoridad por encima de otros.

Pero soberanía conceptualmente es una sola y que aplica en diferentes ámbitos. Entre otras, soberanía popular (la ejercida por los ciudadanos que hacen vida en un territorio determinado); la soberanía nacional (la autoridad que ejerce una nación y sus ciudadanos ante otras naciones); y al conjunto de ciudadanos nacidos en un mismo territorio, y también al complejo de instituciones que resume y ejerce en representación del pueblo.

Pero hay más: hay soberanía política (la capacidad del Estado para ejercer la autoridad, según la constitución y sus instituciones).

La organización del poder (ejecutivo, legislativo y judicial) y el código civil son expresiones de la soberanía interna de una nación para ejecutar acciones, ordenar leyes o tomar decisiones.

Hay soberanía alimentaria, económica, militar. Y hay también, aunque más recientemente, soberanía digital. Es la que refiere a la capacidad para regular, gestionar y controlar las tecnologías, datos y servicios digitales utilizados en su territorio. La soberanía digital es la más compleja y sofisticada de proteger y sostener. Y no sólo refiere al marco regulatorio presente, sino que tiene su énfasis en la necesidad de supervisión, protección de la información sensible, asegurando un marco legal acorde y en permanente actualización.

Soberanía digital refiere a la capacidad de un Estado para regular, gestionar y controlar las tecnologías, datos y servicios digitales utilizados en su territorio. En otras palabras, es proteger las infraestructuras, garantizar la seguridad de los datos personales, asegurando independencia tecnológica y acceso a las plataformas digitales, con la ciberseguridad como elemento central y estratégico. Es un concepto importante en un contexto de transformación digital. Pero es más: hay una mirada estratégica en términos de sostenibilidad.

Una cuestión central de la soberanía digital es la seguridad para garantizar la sostenibilidad económica, y al mismo tiempo darle dimensión a la sostenibilidad social. Así, el elemento que emerge como fundamental para la soberanía digital tiene que ver con la protección de datos secretos comerciales de una empresa y los de las infraestructuras críticas del país que no puedan ser adquiridos por Estados extranjeros.

Existe amplio consenso (60%) en la inversión en ciberseguridad por empresas independientes, preservándolas de injerencias del exterior. Así, las principales acciones a instrumentar en ciberseguridad y soberanía digital tienen que ver con la importancia de confiar en sistemas y soluciones de ciberseguridad independientes de injerencias estatales extranjeras, como por la necesidad de realizar inversiones en ciberseguridad que favorezcan a los actores nacionales.

Privacidad en la nube

En el actual contexto, al concebir una sólida estrategia de gestión de privacidad exitosa en la nube hay tres pilares: soberanía de datos, soberanía operativa y soberanía de software.

La soberanía de los datos es mantener el control sobre la codificación y el acceso a los datos: así, se garantiza que los datos sensibles no caigan en manos especuladoras. Por la soberanía operativa se entiende dotar de una organización con visibilidad y control sobre las operaciones del proveedor.
Finalmente, por soberanía del software se entiende ejecutar las cargas de trabajo sin depender del software de un proveedor.

Por ello, existe la convicción que las organizaciones que se hacen cargo de su soberanía digital tendrán mayor idoneidad y condiciones para migrar las cargas de trabajo sensibles a la nube”.

Ciberseguridad y ODS

Lo que surge es, ante todo, una centralidad de la soberanía digital en la seguridad para garantizar la sostenibilidad económica, así como para la dimensión de la sostenibilidad social. En esta dirección, el elemento que emerge claramente como el más importante para la soberanía digital es (“Soberanía digital: un elemento estratégico entre la ciberseguridad y la …”) garantizar que los datos de secreto comercial de una empresa y los de las infraestructuras críticas del país no puedan ser adquiridos por estados extranjeros (ODS 8 de la Agenda 2030: Trabajo decente y crecimiento económico).

Entre los objetivos de sostenibilidad en los que la soberanía digital es más importante están las relacionados con las infraestructuras. Por ejemplo, garantizar que los datos de las infraestructuras energéticas sean inaccesibles a los estados extranjeros.

En el ámbito de la ciberseguridad, por tanto, y la soberanía digital, se activan a forma de garantía ciertos procedimientos, independientes, defensivos. Hay una batalla en proceso, creciente, y cada vez más sofisticada. Es la batalla digital y de soberanía digital, que trata de asegurar la coexistencia en la red de internet.

Por ello, se trata de apelar a sistemas y soluciones confiables de ciberseguridad independientes de injerencias estatales extranjeras. También en las inversiones que preserven sistemas y soluciones de ciberseguridad independientes de injerencias estatales extranjeras, como por la necesidad de realizar inversiones en ciberseguridad que favorezcan a los actores nacionales.

Y fin…

Expertos advierten que las acciones de soberanía digital pueden afectar negativamente el funcionamiento de Internet y, más importante aún, la capacidad para hacer uso de Internet, lo que hace más sensible el problema, ya que de interrumpirse este recurso global sobre el que se sustentan las economías y sociedades, el problema podría irse de control.

La discusión más compleja y de fondo tiene que ver con la invisibilización de los mega operadores de Internet, y su localización en la red. Tiene que ver con esa estampida hacia territorios francos, quedar fuera del alcance del poder judicial, de los bancos centrales, fuera del alcance de los estados, de la defensa y protección de los abusos. No hay espacio ni sentido para un espacio sin leyes, una selva inalámbrica de abusos, tóxica. Hay que ordenarla para que sea un trampolín al futuro y no un instrumento de concentración de poder y exclusión. → Leer más