Mientras el tema de los denominados fondos ganaderos en quiebra sigue salpicando a diversos sectores de actividad, sobre todo considerando la magnitud de las cifras involucradas, estamos a pocos días del traspaso formal de gobierno a las autoridades electas en la última elección nacional. En consecuencia, nos encontramos en un período de transición entre el gobierno saliente y el entrante.
El futuro ministro de Economía y Finanzas, Ec. Gabriel Oddone, quien tendrá a su cargo nada menos que el rumbo del país en esta supercartera, dio pautas sobre algunas de las ideas que maneja en el programa “En Perspectiva”, conducido por Emiliano Cotelo.
Cuando habla el ministro de Economía de cualquier país, se trata de una figura con un rol técnico y político en quien están puestas todas las miradas. Su función implica la administración de los recursos nacionales y, además, cada una de sus palabras envía señales a los actores de la trama socioeconómica, quienes las siguen de cerca para obtener datos clave que les permitan orientar sus expectativas y tomar decisiones estratégicas.
En el marco de esta entrevista, el designado secretario de Estado afirmó que “la preocupación es cómo uno puede poner sobre la mesa un menú de políticas que haga suficientemente atractiva la generación de inversiones extranjeras y domésticas como para permitir generar ese crecimiento”, en referencia a las prioridades de cara al inicio del nuevo gobierno el próximo 1.º de marzo.
Asimismo, Oddone descartó la posibilidad de “hacer grandes inventos” o “cambios drásticos”, aunque subrayó que buscará “apuntar mejor los beneficios e incentivos que tenemos en inversión”. También opinó sobre el cese de actividades de la empresa multinacional Yazaki, señalando que su decisión de trasladar operaciones a otro país de la región obedeció a problemas sindicales y de competitividad, además de menores costos operativos en su nuevo destino.
En relación con este tipo de situaciones, Oddone sostuvo que Uruguay enfrenta un problema de “competitividad cambiaria”. Explicó que “es obvio que estamos teniendo un problema, porque la política monetaria que este gobierno decidió implementar para reducir la inflación tuvo efectos colaterales que generaron problemas de competitividad, algunos de los cuales ya estaban latentes y que este escenario magnificó”.
Sin embargo, la falta de competitividad del país es una problemática más compleja que la mera relación cambiaria —una realidad que Oddone conoce bien— y que trasciende administraciones de distinto signo político. Todos los gobiernos han aplicado la estrategia de controlar la inflación mediante el tipo de cambio, como lo hicieron en su momento el exministro Danilo Astori y también Mario Bergara, quien comparaba la gestión de variables económicas como el tipo de cambio, la inflación, el desempleo y la competitividad con “platitos chinos en un circo” que deben mantenerse en equilibrio para evitar el colapso del sistema.
Esta problemática estructural ha desafiado a todos los ministros de Economía de los sucesivos gobiernos. No puede resolverse con medidas coyunturales “geniales”, sino que hasta ahora solo se han implementado soluciones temporales para evitar que alguna variable colapse por completo. El país ha seguido apagando incendios sin lograr un equilibrio estable, debido precisamente a su estructura económica: Uruguay es un país caro, donde los salarios son elevados en dólares, pero también lo son los costos.
El dilema radica en que es imposible ajustar un parámetro sin afectar otro: una suba del tipo de cambio beneficiaría a los exportadores, pero encarecería los productos de consumo interno, acelerando la inflación y afectando negativamente la actividad económica en general.
Sobre la crisis financiera de los fondos ganaderos y casos derivados, como el del frigorífico Casa Blanca, Oddone afirmó que “hay un problema de confianza en el ahorro público o en los instrumentos disponibles en Uruguay para el ahorro”.
Explicó que “venimos de un período largo —no solo en Uruguay, sino en el mundo— de tasas bajas. Las opciones de rentabilidad para algunos ahorristas, típicamente de nivel medio y medio alto, estuvieron concentradas en negocios financieros con cierto nivel de estabilidad. Esto llevó al surgimiento de otras alternativas para colocar dinero y ahorrar”.
“En este período de gobierno se transmitió la señal de que este tipo de operaciones eran buenas, cualquiera fuera su naturaleza”, agregó.
Según el economista, la Ley de Urgente Consideración (LUC) y algunas iniciativas relacionadas con el uso de efectivo “transmitieron la señal de que había llegado el momento de los negocios, de que la asunción de riesgos estaba bajo control y que el sistema, cuando se tonifica, funciona”.
No obstante, advirtió que “tenemos lecciones, en Uruguay y el mundo, de que la regulación y la intervención del Estado para velar por el interés general y por el ahorro público siempre son importantes para anticipar y enfrentar circunstancias adversas”.
Aclaró que “esto no significa que se puedan evitar completamente. El mundo está lleno de ejemplos donde los negocios y los mercados avanzan más rápido que la regulación. Por lo tanto, no es viable ni deseable que el Estado controle todo”.
El caso más mediático al que hizo referencia es el de Conexión Ganadera, cuyo déficit patrimonial de 250 millones de dólares afecta a cerca de 4.200 inversores.
“Los inversores privados en una economía de mercado también son responsables”, comentó. “Si alguien observa que el retorno promedio de las operaciones está entre el 3 % y el 4 %, pero una empresa garantiza rendimientos del 6 %, 7 % u 8 %, debe entender que está asumiendo un riesgo de naturaleza completamente distinta”.
Este problema involucra tanto la búsqueda de rentabilidad de los ahorristas e inversores como las condiciones del sistema financiero uruguayo, que ofrece márgenes exiguos para quienes buscan ahorrar, mientras que los créditos en la pirámide financiera se otorgan con tasas muy superiores a la inflación. Ni hablar de las administradoras de crédito, cuyos intereses rozan la usura.
Por lo tanto, si bien Oddone señaló que en operaciones como estas “claramente hay una promesa de un retorno por la colocación de dinero, el negocio subyacente está lejos, las personas que hacen la inversión no miran los contratos, no los conocen o son difusos”, el problema radica en que hasta ahora no se ha implementado una regulación eficaz para prevenir estos fraudes.
Se trata de un asunto que requiere atención urgente, ya que distorsiona el mercado y afecta tanto a emprendedores de diversos sectores como a ciudadanos comunes. Es, en definitiva, uno de los muchos déficits estructurales que Uruguay arrastra desde hace décadas, y que han permitido la proliferación de esquemas tipo Ponzi, donde terminan cayendo no solo inversionistas desprevenidos, sino también personas con sólida formación financiera, como lo demuestra la lista de damnificados en este caso.
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