Día: 30 de marzo de 2025

Como es de público conocimiento, en setiembre del 2024 un muchacho embistió un caballo en Avenida de las Américas, y todos sabemos que está internado en el CTI muy, pero muy complicado su estado de salud, con condiciones motrices básicas irrecuperables. Recientemente, su padre, el cual venía por Avenida Dr. Roldán hacia el CTI a cuidar a su hijo, embiste nuevamente un caballo suelto (parece un chiste).
La verdad es que no hay palabras para expresar la indignación, la bronca y la amargura con dicha situación, y más aún con la publicación en las redes sociales por parte de la Intendencia de Paysandú, deslindándose de TODA responsabilidad de esta situación, un comunicado totalmente para la “tribuna”. Adjunto enlace de la publicación de la Intendencia de Paysandú.

Es un disparate lo que publicó la Intendencia de Paysandú, más que disparate una tomada de pelo, y los invito a analizar lo expresado por ellos en Instagram. Solo el primer párrafo es una joya, sin desperdicio, y muestra un cinismo y una inmoralidad total. Dice así el primer párrafo: “Sensibles ante una problemática de la que no se es directamente responsable, la intendencia incrementará el número de arrieros para colaborar con el MGAP y el Ministerio del Interior, quienes por ley son los responsables de la retención y disposición de animales sueltos en la vía pública”.
Sin lugar a duda, que hay mucho “pienso” de abogados detrás de estos párrafos tan bien redactados, pero repito, con un cinismo descarado. Y ¿por qué opino esto?, porque al parecer se enteró el 22 de marzo la Intendencia de Paysandú de que hay problemas con los caballos sueltos, se ve que tiene bien recorrido Paysandú, las calles, los parques, las veredas, y se ve que tienen una vista privilegiada, que recién se enteraron de que tenemos un problema con los caballos sueltos. Qué lástima que en el traspaso de mando entre los intendentes no se comentaron que aún no han resuelto dicho problema.
Continuando con el análisis del párrafo redactado por la Intendencia de Paysandú, queda bien clara la habilidad de dicha municipalidad para sacarse el lazo, y trasladarle toda la responsabilidad al Ministerio del Interior y al MGAP. Ahora yo me pregunto: uno cuando se es intendente, se recorre, se ve los problemas, se lee el periódico local, y nunca nadie le señaló las más de 300 fotos de caballos sueltos a la Intendencia que se vienen publicando hace años y años en EL TELEGRAFO.

Analizando en frío dicha situación, tenemos cuatro actores o entidades públicas para atacar dicho tema, que lo que uno esperaría es que trabajen de forma conjunta para resolver dicho tema, entre ellos tenemos: 1) Intendencia de Paysandú, 2) Ministerio del Interior, 3) MGAP y 4) Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA); si amigos, así como lo leen, cuatro entidades para que “alguno” le ponga la cascabel al gato o por lo menos trabajen de forma conjunta. Ahora, ¿nadie le dio la capacidad para armar un plan de trabajo en conjunto? O tal vez son pocas las instituciones que están a cargo de dicha labor, y estamos esperando que se cree un nuevo Ministerio, que bien podría llamarse Ministerio del Caballo Suelto, una nueva institución para que se ponga a trabajar con dicha problemática.

Yo entiendo que la Intendencia tiene la facultad y potestad de trabajar en conjunto tanto con el MGAP, así como con el Ministerio del Interior y con el INBA, por lo tanto, mi pregunta hacia la Intendencia es, ¿qué han hecho al respecto? ¿Se movilizaron con estas instituciones para sacar los caballos sueltos de las calles de Paysandú? ¿Cumplieron con el objetivo? La respuesta, ya la sabemos y a los hechos me remito, la sabe el pobre muchacho internado y ahora recientemente su padre. ¿Qué hicieron los intendentes que precedieron a dicha intendencia? No hicieron nada, absolutamente nada, por lo tanto, esto no es un tema de partidos políticos, esto es un tema de incapacidad y de costo político, que lamentablemente lo pagan vidas humanas. Por salvar el pelo y seguir en la carrera política, no se toman las medidas que se tienen que tomar, y así estamos.
Me viene a la mente, una frase del expresidente Luis Lacalle Pou, ante una pregunta de un periodista sobre la reforma de la seguridad social en época de pandemia, la respuesta fue la siguiente: “Si un gobernante mide el costo político cuando hay algo necesario, es muy egoísta”. Parafraseando la canción que tocan los rochenses Sol y Palma, tal cual que en tema de caballos sueltos en Paysandú… “nunca aprendimos nada”.

Martín Rodríguez Díaz

Esto cobra relevancia, ya que el presidente Trump anunció esta semana que impondrá un arancel del 25 por ciento a los automóviles y repuestos automotrices importados a Estados Unidos. Esta medida probablemente elevará los precios para los consumidores estadounidenses y desestabilizará las cadenas de suministro, mientras Trump intenta impulsar la industria manufacturera estadounidense.

Los aranceles entrarán en vigor el 3 de abril y se aplicarán tanto a los automóviles y camiones terminados que lleguen a Estados Unidos como a los repuestos importados que se ensamblen en vehículos dentro de las fábricas estadounidenses. Estos aranceles afectarán tanto a marcas extranjeras como estadounidenses, como Ford Motor y General Motors, que fabrican algunos de sus vehículos en Canadá o México. Además, Trump ha anunciado para el 2 de abril lo que ha denominado el “Día de la Liberación”, en el que planea anunciar aranceles recíprocos para todos los países. Esta fecha también coincide con el fin del período de gracia para imponer un arancel adicional del 25 % a todas las importaciones de Canadá y México en el marco del T-MEC, medida que Trump justifica por la supuesta falta de acción de ambos países frente a la migración y el tráfico de drogas.
Es importante señalar que casi la mitad de los vehículos vendidos en Estados Unidos son importados, así como casi el 60 por ciento de los repuestos de vehículos ensamblados en el país. Esto significa que los aranceles podrían incrementar considerablemente los precios de los automóviles, en un momento en el que la inflación ya ha encarecido los autos y camiones para los consumidores estadounidenses.

Para el mandatario, la cuestión es clara –o al menos así lo expresa–, ya que afirma que los aranceles incentivarán a las empresas automotrices y a sus proveedores a establecerse en Estados Unidos, sintetizando su postura en que “será beneficioso para quien tenga fábricas en Estados Unidos”.
Sin embargo, la particular visión de Trump, centrada en el entorno de la Casa Blanca, minimiza el hecho de que la industria automotriz es global y se ha construido en torno a acuerdos comerciales que permiten a las fábricas de diferentes países especializarse en determinados repuestos o tipos de automóviles, con la expectativa de que estos acuerdos enfrentarían aranceles mínimos o inexistentes. Esto ha sido especialmente cierto en Norteamérica, donde los sectores automotrices nacionales han estado integrados por acuerdos comerciales desde la década de 1960. Así, México es la principal fuente de importación de vehículos para Estados Unidos, seguido por Japón, Corea del Sur, Canadá y Alemania.

La diferencia entre el mundo de Trump y el de los actores directamente afectados por sus políticas es clara. La primera consecuencia de su anuncio fue la caída de los mercados bursátiles ante la noticia de que se impondrían aranceles a los automóviles. Las acciones de los principales fabricantes de vehículos siguieron cayendo después de que la Casa Blanca aclarara que los aranceles también afectarían a los repuestos importados.
Es decir, la bola de nieve que el mandatario ha puesto en marcha ya comienza a rodar, y lo que pueda arrollar a su paso sigue siendo incierto. Sin embargo, lo que se vislumbra a corto plazo son perjuicios inmediatos para varios países, con la esperanza de que, a largo plazo, se logre el retorno de la dinámica fabril en Estados Unidos.

Trump sostiene que los aranceles aumentarán la producción nacional de automóviles, pero no está claro cuán rápidamente podrá lograr ese objetivo. Aunque los aranceles pueden incentivar a las empresas a utilizar más productos provenientes de Estados Unidos y ampliar la producción, la construcción de nuevas fábricas suele llevar varios años y puede costar miles de millones de dólares, lo cual trasciende el período presidencial y pone en duda la sostenibilidad de estas políticas ante los cambios de administración. Además, los costos adicionales derivados de los aranceles podrían resultar económicamente contraproducentes, perjudicando a la industria automotriz estadounidense al reducir sus ganancias y ralentizar sus ventas. Esta medida también podría desencadenar más enfrentamientos comerciales con países extranjeros que envían muchos vehículos a Estados Unidos, provocando represalias contra las exportaciones estadounidenses, incluidas las de automóviles y productos agrícolas. De este modo, se corre el riesgo de internacionalizar los conflictos comerciales y desencadenar una guerra de aranceles.

Para Trump, sin embargo, las cosas son mucho más claras. Peter Navarro, asesor principal del presidente en temas de comercio y manufactura, afirmó esta semana que “los tramposos del comercio exterior han convertido a Estados Unidos en una operación de montaje con salarios más bajos para repuestos extranjeros. Esto amenaza nuestra seguridad nacional porque ha erosionado nuestra base industrial manufacturera y de defensa”. Por otro lado, los sindicatos de trabajadores han expresado su apoyo a los aranceles. El presidente del sindicato United Auto Workers, Shawn Fain, declaró que los aranceles “pondrán fin al desastre del libre comercio que ha devastado a las comunidades de clase trabajadora durante décadas”. Fain agregó que “acabar con la carrera a la baja en la industria automotriz comienza por corregir nuestros acuerdos comerciales rotos, y el gobierno de Trump ha hecho historia con las medidas de hoy”.

En este caso específico, los aranceles entrarán en vigor el 3 de abril, aunque existe la posibilidad de una prórroga. En ese lapso, podría lograrse alguna concesión por parte de los países amenazados. Por ejemplo, los aranceles podrían devastar la fabricación de automóviles y repuestos en Canadá, donde la industria da empleo directo a unas 125,000 personas y representa alrededor del 10 por ciento de la producción manufacturera del país. Entre el 80 y el 90 por ciento de la producción canadiense se destina a la exportación.
La situación es igualmente grave en México, donde la fabricación de automóviles representa alrededor del 5 por ciento de la actividad económica del país y emplea a cerca de un millón de personas.

Este es solo un ejemplo de una situación global de incertidumbre e inestabilidad, derivada del impredecible enfoque de Trump, para quien los acuerdos comerciales previos no son más que papeles sin valor, ya que los países extranjeros “están estafando a Estados Unidos”. Según su lógica, los aranceles son el remedio milagroso para los problemas del país. Y, en este contexto, solo cabe esperar más incertidumbre y una inestabilidad que, en última instancia, poco bien le hace a la economía mundial, en una serie de entregas por capítulos.

Lo manifestado por el Sr. Intendente interino no se ajusta a la verdad ni ayer ni ahora, pues la IDP se encuentra regulada por una serie de normas que la obligan actuar y le dicen cómo hacerlo, incluyendo lo relativo a los animales sueltos.
Así las cosas, en la anterior administración se adquirió un tráiler y se dispuso de una camioneta así como de dos arrieros para patrullar los distintos lugares donde el fenómeno se repetía (Playa, Camino a Casa Blanca, San Félix, Park Way, Parque Municipal, etcétera), y así realizar una actividad preventiva y represiva ya que se procedía a incautar todo animal que estuviera suelto en la zona.
A eso se sumó un protocolo de actuación con el Ministerio del interior, y una coordinación con esta dependencia mediante la cual se nos avisaba en tiempo real la ubicación de animales en tales condiciones.

Se aclara que de acuerdo a la normativa vigente, en Paysandú se trasladaba los animales en un primer lugar de estadía en la Seccional Quinta de Policía, de forma que a las cuarenta y ocho horas de su incautación fueran transportados al predio de Corrales de Abasto como lo mandata el art. 2° del Decreto N° 5128, respetándose en todo momento la integridad física de los mencionados animales. Luego de ello se formaba un expediente administrativo donde se les aplicaba la correspondiente multa a los dueños que se pudieran ubicar, multa prevista en el decreto N° 7096/2014 del 30 de octubre de 2014. Pero la actividad de la IDP no terminaba allí sino que además para la entrega de los animales se le exigía al propietario de los mismos que presentara el correspondiente Dicose y la guía de propiedad, todo lo cual debía tramitar en el MGAP y la Jefatura de Policía, y esto porque se quería evitar que siguieran circulando en Paysandú animales sin propietario, problema que se veía agravado cuando los mismos protagonizaban siniestros de tránsito y nadie se responsabilizaba.

Por último, en el mientras tanto, si bien en un principio se llevaban los caballos a Corrales de Abasto, se dejó de llevarlos allí porque algunos propietarios inescrupulosos iban, y, cortando los alambres, se los llevaban. Para evitar este fenómeno se logró un predio del Ministerio de Interior sobre ruta 26 a unos 110 kilómetros de Paysandú, sitio donde se los dejaba con aguada y buena pastura, a lo que se sumaba asistencia veterinaria y vigilancia de funcionarios municipales casi a diario.

En definitiva, es inadmisible que tanto el exintendente interino Farinha, como, el exintendente Olivera luego, le hayan dicho a la población que estaban esperando la reglamentación del Artículo 136 de la Ley 19.670 de Rendición de Cuentas, cuando la norma en cuestión sólo prevé la faena de los animales incautados, pero no hace relación a la otra actividad que la IDP viene omitiendo olímpicamente, como es el control de los animales sueltos en el territorio del departamento.

Por lo dicho, esta omisión en el cumplimiento de las normas departamentales exponen a la IDP a juicios civiles y penales por el acaecimiento de siniestros de tránsito en la vía pública, no existiendo ninguna excusa para el incumplimiento de la normativa vigente, salvo la ignorancia de su existencia, lo que es grave, o la deliberada voluntad de mirar para otro lado, lo que también deja muy mal parados a los jerarcas en cuestión. Lo que sí deberán hacer, es pedir perdón a varias familias de sanduceros que en los últimos 5 años han visto cómo sus seres queridos ante la inacción de la IDP, han sufrido siniestros de tránsito gravísimos, que han deparado incluso la pérdida de vidas, o lesiones de gran entidad. A todos ellos nuestra solidaridad y acompañamiento.

Federico Alvarez Petraglia