La organización ambientalista Coendu exigió la suspensión inmediata de las operaciones de la planta de celulosa UPM tras un nuevo derrame de ácido sulfúrico en el muelle de la empresa en Fray Bentos, ocurrido el 10 de marzo.
En su comunicado, la agrupación instó a las autoridades a tomar medidas drásticas, denunciando que la acumulación de sanciones sin consecuencias severas permitió que los desastres ambientales se repitan. “No se puede seguir mirando solo los informes de la propia empresa. Es hora de realizar evaluaciones independientes y estudios exhaustivos sobre las consecuencias de estos derrames”, enfatiza el texto.
Un historial de sanciones
Este incidente se suma a una serie de sanciones impuestas por el Ministerio de Ambiente (MA), que en el último año multó a la empresa en siete oportunidades por vertidos contaminantes en afluentes del país.
UPM, por su parte, sostiene que mantiene un firme compromiso con la protección del medio ambiente a través de su “UPM Biodiversity Programme”, que según su sitio web busca conservar especies y ecosistemas en las zonas donde opera. Sin embargo, la sucesión de sanciones y el nuevo derrame ponen en duda la eficacia de sus prácticas ambientales.
Impacto ecológico del derrame
El ácido sulfúrico es altamente corrosivo y tiene efectos devastadores en los ecosistemas acuáticos. Según expertos, al entrar en contacto con el agua, altera su pH y puede exterminar comunidades de fitoplancton, afectando gravemente la cadena alimenticia. Además, cualquier organismo que entre en contacto directo con la sustancia sufrirá quemaduras severas, lo que puede provocar la muerte de especies expuestas.
Si el contaminante alcanza el suelo, también altera su composición química y biológica, poniendo en riesgo el crecimiento de la vegetación. “Estamos hablando de repercusiones profundas y complejas en la salud de la flora y fauna del lugar”, advierte Coendu en su pronunciamiento.
Reclamos de mayor control
La repetición de estos incidentes en el entorno de UPM encendió las alarmas sobre el rol del Ministerio de Ambiente en la regulación y fiscalización de la empresa.
Organizaciones ambientalistas y ciudadanos preocupados exigen que el gobierno endurezca las medidas y no se limite a imponer multas que, hasta ahora, no tuvieron un efecto disuasorio.
El dilema ambiental en Fray Bentos se enmarca en un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo y su impacto en los recursos naturales. Mientras UPM defiende su aporte económico y su compromiso con la sustentabilidad, la comunidad y los grupos ecologistas demandan un mayor control para evitar que los daños ambientales sigan acumulándose.
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