La asunción de todo nuevo gobierno lleva implícita una expectativa de cambios –eufemismo que implica una apuesta a que vendrán cosas mejores– que seguramente para los votantes de la fuerza política que llega al poder son la seguridad de que vienen mejores tiempos para el país, pero tras las mieles primero del triunfo electoral, y de los festejos de los actos de asunción, comienza el pedregoso camino de traducir esas expectativas y esperanzas en acciones que lo confirmen.
Y todo nuevo período de gobierno conlleva una luna de miel que puede ir de seis meses a un año, hasta que en la veleidosa opinión pública se hace ya un primer balance y algunos sectores empiezan a reclamar por aquello que entienden debe hacerse ya y que no puede esperar más, porque al fin de cuentas cada uno tiene sus prioridades y áreas definidas que a su juicio deben emprenderse ya desde el vamos, como ha sido la constante en los gobiernos democráticos en los que existen amplios canales para la libertad de expresión y garantías constitucionales en el marco del libre juego de las instituciones.
Seguramente muchos de quienes esperaban anuncios espectaculares ya desde el discurso inaugural del presidente Yamandú Orsi se han visto algo frustrados por las todavía escasas pistas sobre su gestión que diera el flamante mandatario, pero debe tenerse presente que más allá de algunas generalidades y reafirmación de promesas electorales, es poco más lo que puede esperarse en la primera semana de un gobernante que recién está tomando contacto con la realidad del país, más allá de la información de que dispone desde hace tiempo y la que ha recibido del gobierno saliente en la etapa de transición.
Es decir, cuando se cumplen cuarenta años del retorno a la democracia, el 1º de marzo de 1985, tras doce años de dictadura, en que han gobernado las tres principales fuerzas políticas, no son de esperar grandes impactos emocionales y proclamaciones contundentes como la que hiciera en su primer gobierno el Dr. Tabaré Vázquez en cuanto a “hacer temblar las raíces de los árboles”, porque lo que está enfrente es la porfiada realidad, que no se cambia de un día para el otro con jugadas geniales ni por mera voluntad política, sino que se ingresa al poder en el marco de una estructura ya consolidada y a la que hay que irse ajustando mientras se pretenda llevar un rumbo apoyado en cumplir la plataforma electoral.
Sí es reconfortante que el mandatario pusiera énfasis en su discurso ante la asamblea general legislativa en la continuidad democrática del país, con 40 años de forma ininterrumpida, y particularmente sostuviera su visión de que quedó atrás “el período más doloroso de nuestra historia contemporánea, marcado por la persecución política y la crueldad humana como método de gobierno, y por el saqueo económico como parte central de ese proyecto político”. Asimismo, Orsi reafirmó su decisión, por “justo e imprescindible, mantener intacto el compromiso con la libertad y la justicia”, y tan importante como ello fue su señalamiento de que no llega “con un espíritu refundacional, pero sí con la certeza de que las causas de nuestro pueblo no admiten la menor demora”, apoyándose en conceptos vertidos por el general José Artigas.
Yamandú Orsi no formuló anuncios espectaculares. En cambio, solo esbozó como al pasar algunas líneas de acción, sin entrar en detalles, sin plantearse objetivos ni tampoco formulando compromisos concretos en ninguna problemática.
Para algunos esto puede haber sido inesperado cuando sobre todo los más entusiastas esperaban algún golpe de efecto ya desde el día de la asunción, pero en cambio habla de una necesaria mesura a la hora de asumir responsabilidades de gobierno, porque más allá de visiones ideológicas, hay áreas estratégicas en las que desde hace ya varios años se viene conduciendo al país con políticas de Estado implícitas, y naturalmente, al ser además de presidente, conductor de una fuerza política en la que coexisten sectores moderados y radicales, dentro de un amplio espectro ideológico, no sería criterioso marcar la cancha cuando está de por medio toda una gestión de gobierno y sus consecuentes desafíos internos y externos.
Por lo tanto es atinado que haya reafirmado la importancia de que el Uruguay “sea un país de reglas estables, donde los contratos se cumplen, donde el Estado honra sus compromisos, donde la estabilidad macroeconómica es una política de Estado”, a la vez que “no comienza un tiempo de refundación, sino uno de nuevas propuestas y de construcción permanente”.
Es que esta es la premisa en la que más allá de la evaluación que cada ciudadano pueda hacer en su fuero íntimo, se han basado los respectivos gobiernos desde la reinstauración democrática, en el acierto o en el error, pero con el convencimiento de que nadie viene con la varita mágica ni con el cuerno de la abundancia, sino con tratar de hacer lo posible dentro de un margen de maniobra acotado significativamente por los problemas estructurales del Uruguay. Un país en el que han primado políticas cortoplacistas y un cuidado extremo por no pagar costos políticos, soslayando por lo tanto los correctivos imprescindibles que pese a no ser simpáticos para el ciudadano común y costar pérdida de votos, son el remedio amargo necesario para evitar males mayores.
Un aspecto a favor a tener en cuenta para el nuevo gobierno es el de no haber quedado presa del formidable condicionamiento que hubiera significado la aprobación del plebiscito de reforma de la seguridad social promovido por el Pit Cnt y grupos fundamentalistas de izquierda, y que tenga las manos libres para aplicar su impronta y eventuales correctivos –de estimarlos necesarios– al régimen de seguridad social aprobado en el anterior período, estimado como impostergable por prácticamente la unanimidad de los economistas, con matices, incluyendo al nuevo ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.
Es de esperar que en esta línea criteriosa se mueva el nuevo gobierno, dejando las apelaciones ideológicas para entretenimiento de los dirigentes, seguidores y colectivos más entusiastas, pero sin perder de vista que en un mundo donde no hay “amigos”, sino intereses en juego, el bien supremo a preservar es el bienestar y la calidad de vida de todos los uruguayos, apoyado ello en la sustentabilidad de las políticas, sin pensar solo en el presente ni en los aplausos de la tribuna, porque los cantos de sirena son engañosos y terminan llevando hacia el arrecife al barco en el que estamos todos.
