Hace pocas horas, Paysandú fue escenario del denominado lanzamiento de papel y comienzo de recolección de firmas contra proyectos de emprendimientos relacionados con el hidrógeno verde, en nuestro departamento, con participación de organizaciones ambientalistas, así como organizaciones sociales vinculadas a la izquierda.
Mediante esta campaña, los grupos procuran frenar la instalación de las denominadas plantas de hidrógeno verde en la región de Paysandú, y según los organizadores estas plantas, promovidas como una solución sostenible, podrían traer consigo más perjuicios que beneficios para la región, incluyendo la posible contaminación de recursos naturales y el impacto negativo en las comunidades locales.
El nucleamiento indica que la causa que los aglutina es la defensa del territorio, la lucha contra la contaminación y el rechazo al saqueo de los recursos naturales. La consigna final del volante, “¡En defensa de nuestro territorio, contra la contaminación y el saqueo!”, busca ser un llamado urgente a la acción por parte de los patrocinadores.
El objetivo central es el cuestionamiento a la futura instalación de una planta de hidrógeno verde en la zona de Constancia, y de esta forma procuran instalar en la sociedad un debate que por su lado pone énfasis en que se está ante un saqueo de los recursos naturales, mientras que los promotores de la iniciativa sostienen que se trata de proyectos que tienen en cuenta exigentes medidas de prevención para no afectar el ecosistema, y que a la vez significan una necesaria inversión para aprovechar en forma inocua los recursos naturales y generar fuentes de empleo.
Es una dicotomía que desde hace mucho tiempo se ha instalado en el país, ante diferentes iniciativas, y que hasta ahora, con gobiernos de todos los partidos, no ha sido obstáculo para que igualmente se instalaran emprendimientos que como el caso paradigmático de la madera, implica un antes y un después para el país, y sobre todo para zonas del interior profundo, sin que a la vez se cumplieran los malos augurios de contaminación y saqueo a los que han apelado los grupos opositores.
Era previsible que grupos ambientalistas se dediquen, por la esencia de su creación, a procurar información y en base a ésta, cuestionar, si corresponde, determinados emprendimientos que a juicio de estos colectivos impliquen riesgo para la sustentabilidad del medio ambiente.
Entre otras iniciativas, se cuestionó con acritud por estas organizaciones la aprobación en la década de 1980 de la Ley de Desarrollo Forestal y de los consecuentes emprendimientos como implantación de bosques con destino a su industrialización, pero sobre todo la instalación de las plantas de celulosa que se encuentran hoy en funcionamiento en nuestro país, lo que a su vez fue acompañado y potenciado por colectivos ambientalistas entrerrianos, que llevaron la “lucha” medioambiental al extremo de cortar puentes internacionales sobre el río Uruguay –con el apoyo del gobierno kirchnerista– y llevar el cuestionamiento hasta el Tribunal Internacional de La Haya, al que por supuesto desconocieron cuando el fallo no fue de su agrado. Por lo demás el tiempo ha demostrado, por lo menos hasta ahora, que no se han dado casos de peces con dos cabezas o un solo ojo, ni niños con deformidades o un incremento exponencial en los casos de cáncer producto de la contaminación del río, extremos estos que habían sido mencionados casi como una certeza por los ambientalistas ante la instalación de las plantas.
Ahora los cuestionamientos de estos grupos se dirigen a los proyectos de instalación de plantas de hidrógeno verde en Paysandú y en Tambores, a efectos de la exportación de este energético renovable a los mercados demandantes. Las críticas tienen que ver sobre todo con el uso de grandes volúmenes de agua para obtener el producto, que en el caso del emprendimiento de Tambores refiere a la extracción del recurso subterráneo del acuífero Guaraní que pasa por la zona, entre otros aspectos.
A esta inquietud se han sumado grupos de empresarios hoteleros y vinculados al turismo de localidades de la zona de Colón, Entre Ríos, quienes presentaron al intendente colonense José Luis Walser una carta en la que plantean sus inquietudes en torno al proyecto de instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú.
Entre otras instancias vinculadas a la iniciativa, tuvo lugar, en el marco de la normativa vigente, en el Espacio Cultural Gobbi una audiencia pública relacionada con el proceso de recategorización de los suelos en que se proyecta la implantación del emprendimiento de la empresa HIF Global para la obtención de hidrógeno y combustible sintéticos, convocatoria formulada por la Intendencia Departamental en el marco del Plan de Actuación Integrada Complementario, referido a esta recategorización, a la vez que se contó con la aprobación de la Junta Departamental sanducera.
Debe tenerse presente que el proyecto HIF Global contempla una inversión global del orden de los cuatro mil millones de dólares, correspondientes a 1985 millones para la producción de la planta propiamente dicha, con vista a la captura de CO2, la producción de metanol y la terminación del combustible sintético. HIF espera producir 500.000 toneladas por año de e-metanol para luego convertirlo a e-gasolina, para alcanzar una producción de 210.000 toneladas al año, y como subproductos gas licuado y aceite pesado. A esta inversión hay que agregarle el adicional de 2.000 millones de dólares para la instalación de parques eólicos, granjas voltaicas y líneas de transmisión eléctricas en un radio de hasta 180 kilómetros de la ciudad de Paysandú.
Se trata de una enorme inversión, entonces, la más grande que se ha volcado al país, y ello apareja perspectivas de fuentes de trabajo durante y después de la construcción de la planta, así como el reciclaje de recursos naturales y generación de energía categorizadas como ecológicas en el ámbito internacional, en todos los casos con cadena de apoyos en infraestructura que también implica recursos y plazas de trabajo.
Y como en todos los casos, más allá de lo que los grupos ambientalistas y seudoambientalistas dicen lo que creen que “tiene” que suceder si se instala la planta, la realidad y el sentido común indican que en todo emprendimiento de estas características, se está ante la necesidad de conciliación de intereses y el desafío, como en tantos órdenes de la vida, de discernir entre planteos bien fundados y atendibles y extremismos al grado de pretender que siempre se deje todo como está, que por las dudas no se debe tocar ni una piedra.
De haberse seguido este criterio a rajatabla, hoy estaríamos todavía en la edad de piedra, por lo que lo que corresponde en todos los casos es que se consideren exhaustivamente los proyectos desde todos los ángulos, en base a las normativas y ordenamiento legal vigente, con los consecuentes estudios y controles medioambientales por los organismos correspondientes, en una clara estimación de costo- beneficio de la inversión para el país y para el interés general, lejos de los extremismos que solo ven el mundo desde su “verdad” indiscutible. → Leer más