Día: 16 de mayo de 2025

En este sentido, algunos sectores empresariales ven con preocupación señales de jerarcas de gobierno que indicarían que los reajustes a refrendar les significarían incrementos de costos en los respectivos emprendimientos, en un marco ya de estancamiento de la actividad económica.

Tampoco resultan tranquilizadores los conceptos vertidos en la celebración del Día de los Trabajadores por el ministro de Trabajo y Seguridad social, Juan Castillo, en el sentido de que en la agenda se apunta a priorizar incrementos salariales para los “grupos más sumergidos”, a la vez que adornó que “hay que seguir generando las condiciones para el desarrollo productivo, la defensa de la industria y la producción”.

En particular, el secretario de Estado hizo referencia a la situación de más de 500.000 trabajadores que perciben como salario no más de 25.000 pesos, en un desnivel notorio entre el costo de vida e ingresos, con la salvedad de que no se trata de un problema que provenga solo del gobierno de Luis Lacalle, Pou, como en alguna medida se pretendió imponer como relato, sino que es un mal crónico del Uruguay que también se dio en los quince años de gobierno de la coalición de izquierdas.
Todos debemos recordar que nació con el estigma en su momento de los “diezmilpesistas”, y que ha llegado ahora el nivel de los 25.000, como efecto de la inflación, pero que en resumen mantiene la proporcionalidad de la brecha entre ingresos y costo de las necesidades básicas insatisfechas.

Ergo, si bien se abren negociaciones en los Consejos de Salarios, la realidad indica que estamos ante una problemática estructural, que no es fácil de modificar si a la vez no se rompe un equilibrio muy complejo entre los costos empresariales, la actividad y la posibilidad de afrontar reajustes salariales con los mismos recursos con que se cuenta, y que resultaría en un inevitable traslado a precios.

Según indicaron al semanario Búsqueda fuentes gubernamentales, en la negociación colectiva se apunta a contemplar diferentes escalas de ingresos al fijar los ajustes salariales, pero según el Centro de Almaceneros Minoristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), esencialmente de Montevideo pero al que adhieren gremios empresariales del Interior, las expresiones de Castillo han puesto en el centro del debate la situación salarial del país, pero naturalmente cuando se habla de salarios hay dos partes o más aún, tres, si incluimos al Estado, como agente recaudador de aportes.

Este es factor clave en lo que tiene que ver con la generación de costos para el desenvolvimiento de todo tipo de actividades, porque es el convidado de piedra invisible a la hora de discutir el costo real de lo que se baraje en las negociaciones.

Desde la gremial empresarial, en su publicación oficial, se da cuenta de que la situación salarial es “una preocupación compartida”, porque “¿qué más queremos como empresarios que una población con mayores ingresos fortalezca el consumo y dinamice la economía?”, lo que pone sobre el tapete el eterno dilema del huevo y la gallina, en cuanto al origen de los ingresos y su reciclaje en el tramado de la economía.

Los comerciantes expresan que “es fundamental dar una discusión más profunda sobre el relato que se instala en el país respecto de los salarios bajos”, en el entendido de que no se reconocen “los componentes adicionales que forman parte de la remuneración de los trabajadores”, a la vez que Cambadu da cuenta que conceptos como el presentismo y la antigüedad junto con beneficios como las canastas escolares “que han sido establecidas en los propios Consejos de Salarios, representan ingresos extra que muchas veces no son considerados en el análisis de los ingresos de los trabajadores”.

Otro tema que a veces no es considerado a la hora de hacer números a la ligera tiene que ver con el costo real del mundo laboral, si se tiene en cuenta que sobre el sueldo líquido que cobra un trabajador, el empleador asume un costo real adicional del 40 al 42 por ciento en aportes patronales, aportes personales, aguinaldos y salario vacacional. Estamos hablando de la gran porción de la torta que se lleva el Estado en sus diferentes formas y destinos, pero en todos los casos detrayendo los recursos de los que ingresan a las empresas, todas sus modalidades. Además, muchas veces despedir un trabajador, por más inútil que sea, puede significar un costo imposible de asumir por empresas pequeñas, que ante el primer reclamo terminan o cerrando, o pasándose al mercado informal. Y los costos son tan exorbitantes que hasta bajar la persiana muchas veces resulta imposible de asumir.

En suma, en este conflicto de intereses hay parámetros contrapuestos, que no pueden reducirse al análisis simplista de que si aumentan salarios al barrer y la gente gana más, hay más dinero circulando y se genera un circuito virtuoso y todos ganamos, porque esta ecuación no es para nada lineal ni es real para todos los sectores.

Por lo pronto, en el caso de los trabajadores del Estado, sus salarios los pagamos todos los uruguayos con nuestro trabajo, tanto empresarios como asalariados del sector privado, porque sale de la masa de recursos que capta el Estado de todos los sectores de actividad, les vaya bien o no, para sostener su inamovilidad y generalmente bien pagos cargos.
A su vez, las empresas tienen el alto costo de trabajar dentro del circuito legal, y disponen de determinada masa de dinero mensual para hacer frente al pago de los salarios, y si ésta crece por efectos de reajustes importantes en los Consejos de Salarios, la respuesta posible inmediata, para mantener en funcionamiento y hacer la empresa viable, es cortar por el lado más fino, que es prescindir de puestos de trabajo para no resentir su economía y la competitividad.

Ergo, es de recibo lo que señala Cambadu en cuanto a que “no se trata solo de discutir los salarios, sino de generar condiciones para que el trabajo y las empresas sigan siendo viables, garantizando un crecimiento económico que beneficie a toda la sociedad”.
Es decir, acá no hay espacio para jugadas geniales, no hay magia ni multiplicación de dinero, sino que se debe actuar con ponderación, con una mirada integral sobre la vasta problemática de la economía y el mundo laboral, para no empujar a la informalidad a muchos sectores que están trabajando en el límite de sus posibilidades.