El actual gobierno nacional ha anunciado su intención de impulsar cambios en la matriz de protección y seguridad social de los uruguayos, a partir de una hoja de ruta que abarca la protección a la infancia, a las personas activas, el régimen de jubilaciones y pensiones, y el sistema de cuidados. Se trata de cuatro grandes y complejas áreas temáticas cuya consideración puede dar lugar a una gran diversidad de análisis y comentarios, así como a la reactivación de reclamos históricos de determinados sectores sociales y otros temas de actualidad.
En esta oportunidad, nos referiremos a la necesaria mejora del sistema de cuidados y su avance hacia un modelo universal, corresponsable, eficiente y —sobre todo— sostenible en sus aspectos financieros y funcionales.
En primer lugar, es necesario señalar que, en el ámbito de los derechos, Uruguay ha sido pionero en la región al reconocer el cuidado como un derecho, así como el valor social de quienes cuidan. Este reconocimiento se concretó con la promulgación, en 2015, de la Ley 19.353.
Desde esta perspectiva, el cuidado se entiende como un derecho universal, abarcando el conjunto de acciones que la sociedad realiza para procurar el desarrollo integral y el bienestar cotidiano de toda la ciudadanía.
La mencionada ley, que establece que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) debe integrar y regular progresivamente todos los servicios públicos y privados, se enmarca en una política de cuidados formulada con el objetivo de construir un modelo corresponsable entre familias, Estado, comunidad y mercado. Es decir, se apuesta por una corresponsabilidad social en el cuidado.
Pensar en una política de cuidados así articulada implica también promover una distribución más equitativa de las tareas de cuidado dentro de los hogares —lo que se denomina corresponsabilidad de género— para que las mujeres, quienes históricamente han cargado con la mayor parte de estas tareas, tengan las mismas oportunidades que los varones para desarrollar su vida personal y profesional.
Desde esta perspectiva, se entiende que cuidar es un trabajo, ya sea que se realice de forma remunerada o en el ámbito doméstico sin recibir retribución. Por tanto, es necesario contar con más personas capacitadas para cuidar, y el Sistema Nacional Integrado de Cuidados debe asumir la responsabilidad de brindar los instrumentos adecuados y promover la profesionalización de quienes trabajan en este sector —en su mayoría mujeres—, garantizando mejores condiciones laborales y oportunidades de formación. Sin embargo, la realidad muestra que, una década después de su creación, el Sistema ha tenido un desarrollo insuficiente y, como han señalado diversas organizaciones sociales, actualmente enfrenta desafíos que exigen un compromiso renovado para asegurar su impacto transformador.
En este sentido, la Red Pro Cuidados —que a fines del año pasado envió una carta abierta al presidente Yamandú Orsi— ha señalado que, durante la segunda etapa de implementación, la institucionalidad del SNIC se vio fuertemente debilitada. En particular, a raíz de la modificación normativa que fusionó la Secretaría Nacional de Cuidados con el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), lo que afectó negativamente el desarrollo de ambas políticas.
En consecuencia, en febrero de este año la organización reclamó públicamente la restitución de la mencionada Secretaría como espacio de coordinación y articulación del SNIC, a fin de garantizar las condiciones institucionales necesarias para el cumplimiento de su mandato.
También solicitó la convocatoria a la Junta Nacional de Cuidados —así como su jerarquización como ámbito de gobernanza del Sistema, con la urgente tarea de elaborar el Plan Nacional de Cuidados 2025-2030—, la convocatoria inmediata del Comité Consultivo de Cuidados y el reconocimiento de sus cometidos, establecidos por la ley, el decreto reglamentario y su reglamento de funcionamiento, asegurando la participación social en todas las etapas de la política.
En los últimos 30 días, estos pasos han comenzado a concretarse: con el objetivo de relanzar los espacios de participación, se convocó a sesionar al Comité Consultivo de Cuidados —integrado por representantes de la academia, organizaciones de la sociedad civil, el Pit Cnt y el sector privado—. A su vez, es altamente positivo que el pasado 10 de abril, en una instancia realizada en la Torre Ejecutiva de Presidencia de la República, se haya oficializado la reinstalación de este comité.
En esa oportunidad, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, afirmó que uno de los primeros compromisos asumidos es la recuperación de estos espacios de construcción y seguimiento colectivo de la política pública de cuidados.
También reconoció la importancia de este ámbito, que recoge diversas miradas, aportes y experiencias de personas comprometidas desde distintos lugares con la construcción de una política de cuidados en Uruguay, y planteó la necesidad de jerarquizar los aportes del comité. “Queremos asumir un compromiso con ustedes; queremos que este espacio no solo funcione para intercambiar ideas, sino también para nutrir nuestra agenda de política pública”, expresó.
Además, hizo referencia al compromiso programático —ahora transformado en compromiso de gobierno— de separar el ámbito de gobernanza de los cuidados del ámbito de los temas vinculados a la discapacidad.
Por último, la convocatoria a la Junta Nacional de Cuidados, cuya reunión se concretó el pasado 30 de abril en el marco del Mes de los Cuidados, puede interpretarse como una señal política clara de la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, promoviendo la articulación interinstitucional para el desarrollo de una política sectorial que responda a la legislación vigente y a los derechos y necesidades de la población.
Avanzar hacia una sociedad del cuidado corresponsable —donde el derecho a cuidar, a recibir cuidados y al autocuidado sea una realidad para todas las personas— es un compromiso asumido en el proceso de elaboración del nuevo Plan Nacional de Cuidados, que, según lo establecido por ley, deberá presentarse antes del 1° de julio próximo. La coincidencia de estos procesos con el denominado Diálogo Social impulsado por el gobierno nacional representa una sinergia positiva para recuperar el tiempo perdido y saldar la deuda existente con los eslabones más frágiles de nuestra sociedad y con la red, generalmente invisible y poco reconocida, de quienes sostienen cotidianamente el cuidado.
