Con indisimulada satisfacción, los dirigentes de la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), encabezados por Joselo López, anunciaron que como resultado de los contactos mantenidos en los últimos días habían logrado que el gobierno suspendiera por dos meses la vigencia del decreto reglamentario que modificó el régimen de licencias médicas para los funcionarios públicos.
El anuncio –que coincide con la llegada del invierno, temporada donde se registra la mayor cantidad de faltas por enfermedad– fue ratificado el viernes por el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro “Pacha” Sánchez, destacándose que la decisión fue adoptada por el Poder Ejecutivo luego del conflicto abierto por este tema con COFE, que incluso había denunciado la situación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El contenido festejo de los sindicalistas tiene su justificación por cuanto se trata de un privilegio que se mantiene contra viento y marea, pese a su iniquidad respecto a los trabajadores de la actividad privada, aunque esto importe poco a los beneficiarios, al fin de cuentas. Y no puede nadie sorprenderse por ello: un sindicato tiene precisamente como objetivo defender los intereses de quienes en él se nuclean, y por lo tanto, que sean los otros los que se ocupen por su lado de defender los suyos.
Ergo, en esta relación de negociaciones quien realmente no ha defendido la equidad y el interés general ha sido el Poder Ejecutivo, cuando amerita que nuevamente se recree la situación de hijos y entenados en lo que respecta a esta problemática entre los trabajadores de la actividad privada y los estatales, cuando además está sobradamente probado que lejos de cumplirse con el espíritu de la norma que establece esta prerrogativa, se ha llegado a los abusos al por mayor en el caso de las certificaciones y licencias médicas.
Sin embargo, para Sánchez “desde que se aprobó en el Parlamento, en la legislatura pasada, el nuevo régimen de funcionamiento de licencias por enfermedad ha sido motivo de mucho conflicto y de mucha controversia. En función de estas características es que nosotros tomamos la decisión de sentar una mesa de negociación al Pit Cnt y a COFE, por supuesto, y al gobierno, por otro lado”.
En este sentido se anunció que el Ejecutivo y los sindicatos acordaron abrir una negociación por 60 días, hasta el 30 de agosto; lapso durante el cual se volverá a aplicar el régimen anterior, pasados los días más crudos de la temporada, por cierto. “El movimiento sindical se ha comprometido a no iniciar demandas en el marco del Pit Cnt y el Poder Ejecutivo se ha comprometido a poner en suspenso la aplicación del decreto respecto a las licencias médicas”, detalló el jerarca.
Sánchez insistió en que el objetivo del gobierno es proteger a los trabajadores enfermos y evitar abusos. “Lo que nosotros creemos es que ningún trabajador o trabajadora tiene que trabajar enfermo. Y lo que hay que intentar también es evitar que haya abusos con respecto a esto”, aseveró.
“No se puede legislar sobre las patologías. Para eso necesitamos tener un marco jurídico que reconozca estas situaciones”, sostuvo. Además, Sánchez agregó que “nadie debería ser obligado a trabajar bajo enfermedad, y cuando uno está enfermo tiene que tener determinados sistemas de protección”, y en tal respecto indicó que “hay que ver cuáles son”. También subrayó la necesidad de controlar los casos irregulares: “El otro mecanismo es evitar a los vivos, que muchas veces mal utilizan las licencias por enfermedad”.
Por su parte, el dirigente de COFE Joselo López valoró el acuerdo como un paso significativo: “Para nosotros es un paso fundamental porque lo que acabamos de acordar con el Poder Ejecutivo es justamente negociar en igualdad de condiciones”. López aclaró que COFE buscará derogar la ley, aunque está abierto a otras salidas: “Nosotros por supuesto que vamos a plantear la posibilidad de la derogación de esta ley, pero como siempre en el marco de una negociación habrá que ver qué es lo que plantea el Ejecutivo”, amplió el dirigente sindical.
También señaló que a su juicio no existe un problema generalizado de ausentismo, pero reconoció que “han aparecido algunas situaciones que se han detectado de licencias médicas que no correspondían”, especialmente en trabajadores con doble empleo en el sector público y privado.
“Para ese tipo de situaciones nosotros estamos absolutamente en línea con lo que ha planteado el gobierno anterior y el actual gobierno: que esas cosas no pueden suceder porque no solo es una estafa al Estado, sino una estafa al propio compañero de trabajo”, aseguró el sindicalista.
A su vez, sobre la denuncia ante la OIT, el dirigente del Pit Cnt sostuvo que la decisión de COFE de volver a plantear el tema en la conferencia anual del organismo internacional “fue lo que desató un cambio en la postura” del gobierno actual.
Según López, la primera reunión formal para tratar el tema será en la primera semana de julio. “Creo que van a ser unas cuantas, porque en 60 días tenemos que resolver el tema”, adelantó.
Consultado sobre si COFE reclamará los descuentos aplicados hasta ahora, respondió: “No lo hemos pensado, pero esta (es una) señal importante que dio el Poder Ejecutivo; ojalá podamos, en definitiva, modificar esto para adelante y con eso nosotros estaríamos conformes”.
Debe tenerse presente que el reclamo cuestiona los cambios en el régimen de certificaciones médicas en el sector público, vigentes desde el 1º de abril de 2024. La norma establece que los trabajadores estatales solo podrán percibir su sueldo completo durante nueve días hábiles en todo el año si se certifican. Luego, tienen derecho a percibir el 75% de su remuneración por parte del ente que los emplee.
Los denunciantes hablan de que la ley consiste en “una medida de ajuste grave en los derechos sociales de los trabajadores públicos” y que los artículos referidos “son ostensiblemente inconstitucionales”.
Sin embargo, la norma “inconstitucional” es la que rige, incluso con mayor severidad y condiciones, para los trabajadores de la actividad privada, que no gozan a su vez de otros beneficios como sí tienen los estatales, sin que ello sea siquiera mencionado por los dirigentes de COFE.
No cabe dudas que estamos ante otro “afloje” del gobierno de Yamandú Orsi, que ha cedido ante la presión sindical, por más “verso” que se haga desde COFE y jerarcas de gobierno respecto a que si bien hay abusos como bien sabemos todos los uruguayos, de ahora en adelante se “controlará” que las cosas no sean así, mediante la búsqueda del diálogo y el acuerdo entre las partes.
Debe recordarse que la norma que estaba vigente, aprobada en el gobierno anterior, establecía modificaciones que buscaban evitar que la certificación médica resulte una licencia adicional paga, porque en el régimen tradicional de los funcionarios públicos, la certificación médica no le genera al funcionario público ninguna afectación en sus ingresos, en tanto en el caso de los privados sí que se siente en el bolsillo cuando una enfermedad los obliga a quedar al margen de sus tareas habituales, con los descuentos de los días establecidos en la norma.
Incluso las personas que se certifican en el sector privado cobran el 70% de su sueldo –salvo los primeros tres días, que los pierde– mientras está certificado; en tanto en el sector público es el 75%, pero además tiene un margen “gratis”, sin afectar su bolsillo, de nueve días por año, lo que es una forma todavía de mantener una situación privilegiada ante el trabajador del sector privado. En suma, en los hechos se vuelve a facilitar que se cometan los abusos por todos conocidos en el ámbito estatal, que se pretendía remediar por lo menos parcialmente con la normativa ahora suspendida.
Ese no es el rumbo que se debería seguir, porque se allana el camino para que nuevamente los “vivos” que menciona Sánchez, con los controles tan livianos y/o inexistentes que siempre han existido, nos tomen a todos por tontos, con la complicidad de quienes deberían actuar sin claudicar en defensa del interés general.
Por la tercera fecha del Torneo de Honor U23 del básquetbol sanducero, Pelotaris derrotó 86 a 66 a Allavena en su cancha, en la que fue su tercera victoria consecutiva en el certamen. El dueño de casa tuvo unos muy buenos primeros minutos, pero Allavena arremetió sobre el final del primer cuarto para llevarse el primer chico por la mínima. El segundo cuarto fue todo del local, pues más allá del errático comienzo de ambos, los vascos lograron sacar nueve de renta al momento del descanso largo. En el tercer cuarto, el local fue haciendo crecer cada vez más su ventaja, que llegó a ser de dieciocho puntos, y aunque Allavena mejoró sustancialmente su producción en ataque en el último cuarto, sufrió en defensa y el triunfo de Pelotaris no se vio amenazado.
