
(Subrayado)
La jueza Lorena Juliano imputó al exsenador Charles Carrera como presunto autor responsable de un delito de fraude en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de falsificación ideológica de documento público, en este caso como autor mediato, y con un delito de utilización de información privilegiada, como solicitó la fiscal del caso, Sandra Fleitas. Como medidas cautelares, debe fijar su domicilio y tiene prohibido salir del país por 90 días.
La defensa interpondrá un recurso de reposición y apelará a la resolución judicial respecto a la imputación y la Fiscalía por las medidas cautelares, porque creen que puede entorpecer la investigación.
Fleitas, a cargo del caso, entiende que Carrera tiene responsabilidad penal por el uso irregular del Hospital Policial para atender durante tres años a un hombre herido de bala en La Paloma, Rocha, presuntamente por el disparo de un policía durante una fiesta privada. También por el pago de tiques de alimentación que provenían de un fondo para canastas de fin de año para funcionarios policiales. Carrera habría cometido estos delitos cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior, durante el gobierno del FA.
“Actúa con engaños en los actos en los que debe intervenir por razón de su cargo, provocándole un daño a la administración en beneficio de un tercero”, sostuvo la fiscal en su pedido de formalización. “Al tener la facultad de administración, es un ordenador de gastos. Tiene conocimiento de las partidas del ministerio y debe vigilar que esa partida tenga el destino para la cual fue concedida”, agregó.
“Actuando con engaño da dos órdenes, una de naturaleza verbal y otra de naturaleza escrita. La verbal, le ordena al doctor Anzalone, que en ese momento era el director de la Dirección Nacional de Sanidad Policial, que ingrese a un civil a el Hospital Policial. Y como bien dijo el doctor Anzalone, las órdenes se cumplen, no se discute, y eso ingresa dentro de lo que en derecho penal se conoce como una causa de obediencia debida al superior”, señaló Fleitas.
La fiscal explicó que, según su teoría del caso, para que Hernández ingresara al sistema, hubo que “falsear la ocupación” y que para esto se requirió un documento. “Esa falsedad en cuanto a la ocupación es lo que configura el delito de falsificación ideológica por funcionario público en un documento público como lo es una historia médica”, añadió.
“En este caso no había ninguna norma que habilitara a que se pudiera atender a un gasto de un particular. Razón por la cual hay una desviación del poder, que además es en perjuicio del Estado, pone en evidencia lo que tiene que ver el daño, porque el delito de fraude exige necesariamente que exista un daño”, argumentó sobre otra de las tipificaciones que solicita, por fraude.
“Actuó claramente con engaño”, remarcó la fiscal. “Es claro que autorizó el pago Carrera. Hizo uso de información o datos reservados, que él los conocía, por razón del cargo que tenía”, dijo.
La fiscal solicitó, entre otras medidas, arresto domiciliario total con tobillera y la prohibición de uso de redes sociales por 150 días, por considerar que puede entorpecer la investigación. Dijo que luego de conocerse el pedido de formalización, el investigado y su defensa hicieron uso de redes sociales y medios de comunicación con “una actitud de amedrentamiento”. También por considerar que puede “incidir en los testigos que aún no han declarado”. Para la defensa, la medida atentaría contra la libertad de expresión.
La jueza solo dio lugar a la fijación de domicilio y prohibición de salir del país, por 90 días: “Entiendo que las medidas de coerción que están previstas en este artículo 221 y a los efectos de garantizar lo que es la instrumentalidad del proceso y que no pueda entorpecer la investigación, solo haría lugar a la medida de constitución de domicilio y la prohibición de salir del país. El plazo es de 90 días”, expresó.
Desde la defensa de Carrera, el abogado Juan Manuel González Rossi pidió el sobreseimiento respecto al delito de abuso de funciones, debido al cambio en la tipificación.
“Si no hay acusación no se puede pedir el sobreseimiento”, sostuvo la fiscal Fleitas respecto a este punto.
POSTERGAN VOTACIÓN SOBRE CAJA DE PROFESIONALES
(TELEDOCE)
No hubo acuerdo entre oficialismo y oposición, y el Senado postergó hasta el 30 de junio, como máximo, el salvataje a la Caja de Profesionales. “Es en pro del cuidado de todos que buscamos el mejor acuerdo posible, pero tiene plazos, eso tiene plazos”, manifestó la senadora frenteamplista Constanza Moreira.
“Vuelve el compromiso de que si fueren necesarios recursos para financiar un mes, dos meses, se los vamos a votar al gobierno”, indicó por su parte el senador nacionalista Sergio Botana. “En ese sentido no hay riesgo alguno; pero también tenemos algún dato de que algún mes más de plazo existe”, añadió.
Asimismo, la senadora frenteamplista remarcó que “el tema central sigue siendo aporte de activos y aporte de pasivos”. “Nosotros tenemos una propuesta, después la coalición presentó otra propuesta, después hoy aparecieron otras propuestas”, apuntó.
Mientras tanto, el senador colorado Andrés Ojeda opinó que “ninguna solución” puede salir del Senado “sin estar consensuada” con los diputados que emitieron su voto, e intervinieron en la discusión “cuando se aprobó la parte en Diputados”.
PCU RECHAZA CONDENA A CRISTINA FERNÁNDEZ
(LA DIARIA)
Tras la ratificación de la condena a seis años de prisión para la expresidenta de Argentina Cristina Fernández por la causa de irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz, el Partido Comunista del Uruguay (PCU) emitió un comunicado y se refirió a la “grave crisis institucional” del país vecino por la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Además de los seis años de prisión, el fallo ratificó la inhabilitación perpetua de Fernández para ejercer cargos públicos, por lo que no podrá participar en las elecciones de setiembre en la provincia de Buenos Aires. “Expresamos nuestro rechazo a la utilización de la Justicia como arma política y nuestra preocupación por la degradación democrática que vive nuestro país hermano como resultado del accionar del gobierno de ultraderecha encabezado por el presidente Javier Milei y las clases dominantes argentinas”, subrayan.