Más allá del corto plazo, las respuestas

Cuando la nueva administración del presidente Yamandú Orsi se apresta a definir la propuesta presupuestal para el quinquenio, es decir plasmar en números y lineamientos su filosofía de gobierno, siguen planteados, como en las sucesivas administraciones de todos los partidos, el desafío de determinar las asignaciones de recursos para las respectivas áreas, en base naturalmente a los ingresos previstos por el Estado para el período.

Este por lo menos debería ser el criterio prevalente en toda administración seria, porque no se trata solo de mantener el funcionamiento del país con algunos correctivos menores, sino a la vez instrumentar estrategias de crecimiento para zafar del magrísimo uno por ciento anual que con suerte se ha mantenido en todos estos años como promedio, en medio de avatares, algunos autoinfligidos y otros que nos han llegado desde el exterior, como la pandemia.
En el año 2024, como suele ocurrir en año electoral, hubo un abandono de la cautela en el gasto estatal y se disparó el gasto, pero más allá de este período especial, todo intento más o menos bien encaminado para adecuar el gasto estatal a las posibilidades y necesidades del país ha fracasado o tenido un éxito muy parcial.

Pero hay asimismo otros aspectos en juego que no hacen solo a la reforma del Estado, a los cuales en su momento se refirió el economista Ricardo Pascale en el sentido de que “Uruguay definitivamente no tiene una estrategia de crecimiento de largo plazo. Si me entrevisto con australianos, finlandeses o indios, por ejemplo, sabrán responderme perfectamente hacia donde van sus países. En nuestro caso no sabríamos que decir, más allá de aquellas cosas que nos distinguen y nos enorgullecen como país, de lo institucional, del respeto a las leyes, etcétera”.

Mencionó asimismo entre otros obstáculos el ya fallecido economista “el corto plazo y la aversión al riesgo, sin dudas. Y corre tanto para el sector público como para el sector privado”, a la vez de indicar que “cada paso, cada cambio, nos cuesta mucho. Es una cuestión idiosincrática, que ojalá que la podamos ir superando. Porque es un obstáculo muy fuerte, que va de la mano con no pensar en el futuro”.

En realidad, en el Uruguay somos cortoplacistas, y peor aún, con tendencia a la improvisación según vayan surgiendo los temas, sin a la vez meter la mano en los aspectos estructurales que se vienen arrastrando desde épocas inmemoriales, y ello hace que se vaya atendiendo lo urgente y postergando lo importante, por así decirlo.

Con relación al aspecto estructural, en reciente entrevista con el suplemento Economía y Mercado, del diario El País, el oficial senior de Inversiones en Infraestructura y Energía de BID- Invest, Ignacio Imas, destacó que las grandes obras de infraestructura indispensables para el desarrollo del país, “no pueden pensarse en función de períodos de cinco años de gobierno”.
Consideró además que Uruguay tiene todo lo que busca un inversor en el área, “menos una cartera de proyectos”, pero a la vez señaló que “lo que no tiene es un pipeline, donde estén definidos los proyectos que el país quiere llevar adelante. El problema que tienen los proyectos de infraestructura es que no se pueden diseñar de un día para otro. Y el desafío que está teniendo Uruguay y la región es una falta de proyectos en la cantera”.

Acotó que “hay un número mágico que siempre se pone en referencia, un 3% del PBI, que es lo que se debería invertir en infraestructura por parte de cada país. Y Uruguay está por debajo de eso, invirtiendo 1,3 por ciento aproximadamente en los últimos años, inclusive en un período en el que ha habido muchos proyectos de diverso orden”.
Pero el punto clave, además, es que cambian los partidos en el gobierno y cada uno llega con su propia agenda, sus objetivos y prioridades, además de una mirada generalmente despectiva a lo que han hecho los gobiernos que le han precedido, y muy pocas veces dando una continuidad o énfasis necesario a lo que otros han hecho o proyectado, apuntando más bien a cuestionar que a seguir la línea de trabajo.

Al respecto consideró Imas que “en Uruguay se ha hablado de la creación de una agencia de infraestructura que pudiera tener un rol de planificación a largo plazo. Eso funcionó muy bien en Colombia, por ejemplo. En Uruguay deberíamos tener proyectos ordenados y prontos, para ir sacándolos, licitarlos, y que empiece la construcción lo antes posible”.
Por ejemplo, tenemos sobre el tapete el proyecto de HIF Global para la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en Paysandú, por una inversión del orden de los 6.000 millones de dólares, pero el nuevo gobierno cuando era oposición ya tenía reparos para la iniciativa, y el proyecto, si bien no ha quedado en fojas cero –de acuerdo a lo expresado por la ministra de Industria al diputado Walter Verri, desmintiendo lo señalado por la dirigencia sindical– es evidente que no hay mayor entusiasmo para acelerar los procesos que permitan concretar el emprendimiento que encuadra precisamente dentro de las prioridades del país en inversiones.

De ahí la importancia de incorporar ámbitos donde se definan que los proyectos de infraestructura sean políticas de Estado, con dependencias institucionalizadas a esos efectos, de forma de diseñar líneas de acción a mediano y largo plazo, que trasciendan un período de gobierno, porque el inversor necesita un terreno firme para seguir adelante y encaminar la diversidad de acciones que es necesario emprender para proyectos de gran envergadura, en lugar de eternizarse en los trámites y estar siempre sometido al albur de que el gobierno siguiente lo ponga en el freezer o decididamente dé marcha atrás en lo que se ha avanzado.
Es decir aplicar el sentido común, con una mirada en perspectiva y por encima de intereses políticos partidarios e ideológicos, para hacer lo que se debe hacer en aras del interés general, más allá del partido que esté en el poder, ante el impacto positivo de las inversiones que lamentablemente faltan a la cita por la cultura del cortoplacismo, y la reticencia a afrontar inversiones de riesgo.
Es que prima todavía en muchos sectores la cultura del Estado omnipresente, el que, lejos de ser la solución, es parte fundamental de los problemas que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo.

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