Nacionales

Tras reclamo de Uruguay, Argentina suspende peaje de la hidrovía que había generado sobrecostos millonarios

(El Observador)
El gobierno argentino –a través de su Agencia de Puertos y Navegación (Anpyn)– firmó este jueves una resolución clave para Uruguay que venían siguiendo de cerca tanto la administración de Yamandú Orsi como la de Luis Lacalle Pou. El vecino país confirmó una suspensión durante 60 días de un aumento de los peajes en la hidrovía tras una intensa negociación en la órbita de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), según reconstruyó El Observador.
La noticia se remonta a setiembre del año pasado, cuando Argentina estableció de forma unilateral una nueva tarifa básica de U$S 4,30 por tonelada de registro neto transportado en la Vía de Navegable Troncal (VNT). La medida implicó por sí sola un aumento de peaje de un 40% para los buques que navegan por los canales del Río de la Plata bajo administración argentina.
Pero sumada a una serie de disposiciones que modificó el esquema de secciones en que está dividida la vía, eso implicó “un aumento de más del 100% en el peaje que pagan los buques” que tienen como destino los puertos del litoral uruguayo de Nueva Palmira, Fray Bentos y Punta Pereira, tal como oficializó en su reclamo el expresidente de la delegación uruguaya en CARU, Alem García.
Al asumir las autoridades del nuevo gobierno, Uruguay reiteró los términos de la protesta. La nueva delegación está presidida por Daniel Montiel (MPP) e integrada por los oficialistas Antonio Carámbula, Gonzalo Reboledo y Federico Ruiz, y el nacionalista Juan Curbelo por la oposición.

El Centro de Navegación –la cámara empresarial que nuclea a operadores marítimos y portuarios– había asegurado en abril a los jerarcas uruguayos que la medida argentina ya les había insumido, durante sus ocho meses de vigencia, un sobrecosto de U$S 8 millones en la operativa, indicaron fuentes al tanto de las conversaciones para esta nota.
La delegación argentina confirmó a Uruguay el pasado lunes en la sesión plenaria de la CARP que dejaría sin efecto –por un plazo transitorio– el aumento de los peajes. No obstante, la delegación uruguaya –por intercesión de la Cancillería– tuvo que hacer lugar a un importante planteo de Argentina: accedieron a la remoción del secretario técnico de la CARP, Mauro Gorer, cuyo desplazamiento había pedido el mes pasado la delegación argentina que preside María Fernanda Fabré.
El funcionario cesado había sido durante seis años secretario administrativo e iba rumbo a su tercer año como secretario técnico. Desde su rol había sido responsable de redactar los informes a favor de volver a prorrogar la concesión para el dragado del Canal Martín García, mientras que Argentina tiene interés en convocar a una nueva licitación. El contrato, que vence a fines de este año, hoy corresponde al consorcio compuesto por Boskalis y Dredging International.
Argentina justificó la prórroga bajo la premisa de un reordenamiento de las actividades en el Río de la Plata y para analizar distintas alternativas para las mejoras en la navegabilidad. La resolución habla de una “bonificación” por el plazo de 60 días a la tarifa del peaje correspondiente al trayecto entre la Sección 1.1 y la Sección 1.2 del Contrato de Concesión de la Vía Navegable Troncal.

INDDHH PIDIÓ REVISIÓN DE CAMBIOS EN PASAPORTES

(LA DIARIA)
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) se pronunció este jueves sobre la decisión del gobierno de dar marcha atrás en los cambios implementados al pasaporte uruguayo, tras reparos de algunos países que provocaron inconvenientes a algunos uruguayos a la hora de viajar a esos destinos.
La Inddhh destacó que el cambio incluyó instancias con la anterior y la actual administración, y “permitió avanzar en consensos clave”. Por eso, manifestó que confía que en el Estado uruguayo avanzará “en una revisión normativa y procedimental que, lejos de implicar retrocesos, fortalezca las garantías para todas las personas ciudadanas, en pie de igualdad”.
El formato nuevo del pasaporte implementado en abril permitía que los pasaportes de los ciudadanos legales indiquen la ciudadanía y no el lugar de nacimiento, para que coincidiera el país emisor del documento y la ciudadanía de su titular. Así, el documento reemplazaba el título “Nacionalidad” por el de “Nacionalidad/Ciudadanía”, con el código “URY”, y eliminaba el campo “Lugar de nacimiento”. La Inddhh sostuvo que las modificaciones al campo “Nacionalidad” eran “una medida necesaria para garantizar la libertad de movimiento de las personas con ciudadanía legal en Uruguay”.
La institución recordó al gobierno que Uruguay asumió compromisos internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “que incluyen la adecuación de su normativa a los estándares internacionales en la materia y la eliminación de todo obstáculo que impida el ejercicio pleno de los derechos”, ya que “la libertad de circulación y la igualdad ante la ley son derechos fundamentales”.

TRES AÑOS Y OCHO MESES DE PRISIÓN PARA LARRARTE

(SUBRAYADO)
Jairo Larrarte, responsable del Grupo Larrarte, cerró un acuerdo para un juicio abreviado con la Fiscalía y cumplirá una pena de 3 años y 8 meses de prisión, acusado de apropiación indebida, estafa y libramiento de cheques sin fondos, al simular un fondo de inversión agropecuario para captar inversiones.
Este viernes, tendrá lugar la audiencia a partir de las 11 de la mañana. Si bien el acuerdo ya está cerrado, deberá ser ratificado por la Justicia. Esto implica el reconocimiento por parte de Larrarte de los delitos imputados por el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1º turno, Alejandro Machado.
El abogado de Jairo Larrarte, Enrique Moller, indicó que el acuerdo es solo respecto de Jairo Larrarte, y no de su pareja y presidente de una de las empresas del grupo, Marcos Ledesma, y del contador, Rafael Vinzia, quienes tienen medidas limitativas impuestas por la Justicia, como la obligación de fijar domicilio y la prohibición de salir del país y la entrega de sus pasaportes. Moller aclaró que en esos casos no hay formalización y la investigación continúa.

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Opinión

Contemplar a Mevir en la dotación presupuestal

Ya en el inicio del proceso parlamentario tras el envío del mensaje del Presupuesto Quinquenal por el Poder Ejecutivo, sin dudas que una de las expectativas de muchos ciudadanos del interior profundo están centradas en que se atiendan presupuestalmente las necesidades de la problemática de la vivienda rural insalubre, a través de la herramienta por excelencia que es el Mevir. Al respecto su presidente, Andrés Lima, había manifestado en agosto pasado que esperaba contar con los recursos presupuestales para responder a numerosos planteos de familias del medio rural que procuran alcanzar el sueño del techo propio.
Precisamente en el inicio de la gestión de este gobierno, sobre el mes de mayo, Mevir anunció que uno de sus principales compromisos asumidos para cumplir en el quinquenio 2025-2030 es el inicio de la erradicación de agrupamientos rurales irregulares.
La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, dijo que el ministerio asume públicamente uno de sus principales compromisos para el quinquenio 2025 – 2030: comenzar a erradicar los agrupamientos rurales irregulares.
“Este programa está enfocado en la regularización y mejora de los asentamientos rurales informales con el fin de retomar los avances logrados en la administración 2015-2019 (programa activo desde 2017), cuyo desarrollo fue interrumpido en el período de gobierno 2020-2024”, indicó el gerente general de Mevir, Gonzalo Balarini.
El objetivo es dar respuesta a situaciones dispersas en todo el territorio, atendiendo agrupaciones de entre 10 y 30 familias con muy mala infraestructura –agua, saneamiento y electricidad– o sin ella, y con viviendas en general precarias o insuficientes y con problemas de regularidad de la tierra.
Los tipos de agrupamientos que alcanza el plan son los siguientes: asentamientos irregulares en suelo urbano de pequeñas localidades, asentamientos irregulares en suelo rural, agrupamiento irregular rural de baja densidad y otros tipos. Asimismo, “esta administración busca retomar el espíritu fundacional de Mevir, cuya razón de ser fue, desde su creación en 1967, la erradicación de los rancheríos rurales”, expresó Balarini.
“El objetivo de las políticas a aplicar es que ninguna familia rural continúe viviendo en condiciones inaceptables de precariedad o aislamiento”, añadió.
Desde Mevir indicaron que las viviendas de los agrupamientos son extremadamente precarias y no cumplen con las necesidades básicas: falta de agua potable, saneamiento y en algunos casos de electricidad, dimensiones de las viviendas insuficientes para el número de habitantes y construidas en materiales como terrón, paja o chapa que son inadecuados o están en pésimo estado de conservación.
Se sabe que se presentan situaciones de aislamiento, sin medios para trasladarse y donde predominan caminos vecinales que están en mal estado y son inundables. Son familias con escasos ingresos y elevada presencia de menores de edad.
“Estas son las razones por las que el Ministerio de Vivienda decidió enfocarse, a través de Mevir, en ayudar a estas familias que viven en situaciones que muchos no nos podemos llegar a imaginar”, destacó por su parte Andrés Lima, presidente de Mevir.
Pero sin dudas, más allá de la impronta que le dé el gobierno de turno, y algún eventual pase de facturas, el éxito con que se ha desarrollado la gestión de Mevir desde su creación ha sido el de la continuidad de sus políticas, donde por lo general las nuevas autoridades se han caracterizado por no venir con un carácter refundacional, sino que se centran en cumplir con los fines específicos y mejorar en todo lo que sea posible las políticas de llegada a la familias rurales.
Así, en la gestión de la administración anterior, entre otras acciones, se puso en marcha el programa Pequeñas Grandes Obras Rurales, con un plan piloto a desarrollar para productores del departamento de San José con vistas a incorporar nuevas instalaciones, para contribuir a mejorar el rendimiento en el medio rural, como es el caso de perforaciones, tanques, bombas de agua, tambos, corrales, caminería interna y alambrado. Enmarcado en el concepto de construcción de comunidad, Pequeñas Grandes Obras Rurales es orientado a mejorar las condiciones productivas y la calidad de vida de las familias rurales, a través de la ejecución de obras de infraestructura que optimicen el ejercicio de su labor, de acuerdo a los objetivos señalados por sus impulsores.
Es de destacar que desde el organismo creado por el Dr. Alberto Gallinal en la década de 1960 para contribuir a erradicar los rancheríos rurales, además de la acción transformadora en esta materia que ha logrado desarrollar en seis décadas, ha incorporado al cabo de los años objetivos más ambiciosos, destinados no solo a mejorar la calidad de vida, sino a la vez de contribuir, mediante acciones complementarias de costo subsidiado o reducido, al arraigo de las familias en el medio rural facilitando y promoviendo las explotaciones familiares o de pequeños emprendimientos.
En tal sentido se busca mejorar las condiciones productivas de las familias participantes y promueve prácticas de manejo sustentable de los recursos naturales desde una perspectiva social y ambiental.
Por cierto, la fecunda obra de Mevir ha tenido altibajos, pero en mayor o menor medida durante los sucesivos gobiernos de todos los partidos se ha mantenido un apoyo significativo a la obra, con mayor o menor énfasis, que podría definirse como una política de Estado para contribuir a reducir la profunda brecha que subsiste entre el interior profundo y los emplazamientos urbanos, que concentran la mayor parte de los servicios en base a la exigencia derivada de una mayor población.
Estas mejores condiciones de vida desestimulan paralelamente la permanencia de las familias en el campo, las que siguen dejando el medio rural para radicarse en los cinturones de las ciudades.
Pero fuera de los elementos macro que refieren a política económica y acciones que acompañan la producción agropecuaria, a través de la gestión de los organismos nacionales de gobierno, la acción focalizada de Mevir, junto al trabajo de otras entidades relacionadas con el agro, es un factor decisivo a la hora de retener a la población rural en su medio, y por lo tanto toda inversión que se haga –y que se incluya en la dotación presupuestal– con este fin es una apuesta al futuro tanto en lo que refiere a la matriz productiva como a la socioeconómica, teniendo en cuenta el aporte a la calidad de vida en las zonas menos favorecidas del territorio nacional.

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Deportes

El Estadio 8 de Junio recibirá certamen internacional de karate

Este domingo 7, se desarrollará un torneo internacional de karate a disputarse en el Estadio 8 de Junio y que reunirá a más de un centenar de competidores de distintas edades. El evento es organizado por la escuela del profesor Gabriel Grampín y cuenta con el apoyo de la Intendencia Departamental de Paysandú. La presentación oficial se realizó ayer en conferencia de prensa, con la presencia de autoridades y organizadores. El director de Deportes de la Intendencia, Guillermo Arias, destacó la importancia de sumar una disciplina de estas características al calendario deportivo local.

“Tenemos un setiembre con muchísima actividad deportiva. El próximo domingo recibiremos un torneo internacional de karate por primera vez desde la remodelación del Estadio 8 de Junio. Van a participar más de 100 competidores desde temprano en la mañana y para todas las edades. Estamos muy contentos de poder traer esta actividad y esperamos a las familias, porque pocas veces se tiene la posibilidad de ver un espectáculo así en un recinto de este tipo”, afirmó Arias.
De su lado, el profesor Gabriel Grampín, responsable del certamen, agradeció el apoyo recibido y resaltó la relevancia que tiene para su escuela llevar adelante un evento de estas dimensiones en Paysandú.

“Para nosotros es la primera vez que organizamos un torneo en este estadio, y más aún luego de la remodelación. Es un desafío grande porque siempre trabajamos en espacios más chicos. Quiero agradecer a la Secretaría de Deportes, a mis instructores y a mis maestros. En especial al sensei Justo Gómez, siete veces campeón del mundo, con quien tengo la suerte de formarme desde hace 16 años”, señaló Grampín. El maestro explicó que la jornada comenzará a las 9 con las categorías infantiles, que se extenderán hasta el mediodía. Por la tarde será el turno de juveniles y mayores. Además, destacó un momento especial del programa: “A las 11.30 vamos a hacer una demostración con senpai Daniel Aleye y sus alumnos de Dame Tu Mano, personas con diferentes discapacidades que mostrarán que el karate es posible para todos, sin importar las condiciones”. Grampín también remarcó la dimensión formativa y social de su escuela: “Nosotros trabajamos más un carácter medicinal que deportivo. Ponemos énfasis en la educación física, la pedagogía, el trabajo con niños y en casos como la hiperactividad. La competencia existe, pero lo importante es el desarrollo integral de cada alumno”.

El respaldo institucional

La secretaria general de la Intendencia, Gabriela Gómez, subrayó el compromiso de la comuna con el deporte en todas sus expresiones. “Paysandú es deporte. Venimos trabajando para utilizar todos los espacios públicos en su amplia extensión. Hoy damos la bienvenida al maestro y a su escuela e invitamos a la ciudadanía a participar. El karate integra cuerpo, mente y espíritu, y ayuda a socializar, a trabajar la disciplina y la empatía. Queremos más deporte en Paysandú y este evento es parte de ese camino”, expresó. Grampín recordó que su vínculo con el karate en Paysandú tiene casi tres décadas y que hoy cuenta con presencia en varios espacios de la ciudad y en localidades del interior del departamento. “Estamos trabajando hace 27 años en diferentes lugares, desde el sindicato de Paylana hasta Piedras Coloradas, donde este año reiniciamos las actividades. Nuestros alumnos van desde niños de cuatro años hasta adultos de 80. Queremos mostrar que el karate es posible a cualquier edad y con distintos objetivos, desde lo físico hasta lo emocional”, señaló.

El certamen tendrá un costo de entrada de 100 pesos en venta anticipada y 200 pesos en puerta. Lo recaudado se destinará al campamento de fin de año de la escuela, que incluye instancias de capacitación y actividades educativas.

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Rurales

Detectan caso de influenza aviar altamente patógena en aves de trapatio en Entre Ríos

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) detectó un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5, en aves de traspatio de la provincia de Entre Ríos, luego de realizar los análisis correspondientes a muestras de gallinas de la localidad de Laurence, departamento de Nogoyá.

Tras recibir una notificación por alta mortandad de las aves, agentes del Senasa tomaron muestras y las enviaron al Laboratorio Nacional que horas más tarde confirmó el diagnóstico. El equipo oficial de terreno dispuso rápidamente el sacrificio y la disposición final de las aves, con posterior limpieza y desinfección del predio afectado.
Asimismo, se estableció un área de prevención de 3 kilómetros alrededor del brote, en la cual se realizaron intensivamente tareas de vigilancia y monitoreo epidemiológico. El organismo sanitario confirmó que no se encuentran establecimientos de aves comerciales cercanos al brote, por lo que fue identificada como un área sin relevancia productiva para la avicultura.

RECOMENDACIONES

Con el objetivo de prevenir el ingreso y propagación del virus, el Senasa recomienda a todos los establecimientos avícolas reforzar sus medidas de manejo, higiene y bioseguridad, entre las cuales se destacan: inspeccionar periódicamente la integridad de las mallas antipájaros; verificar la correcta limpieza y desinfección de vehículos e insumos; intensificar la limpieza en zonas de acumulación de materia fecal de aves silvestres, y reducir o eliminar las zonas con agua estancada que puedan atraer otras aves.

Para quienes cuenten con aves de traspatio, es importante mantenerlas en espacios protegidos, para evitar un eventual contacto con aves silvestres (principales transmisores del virus); limpiar y desinfectar periódicamente los gallineros; utilizar ropa y calzado exclusivo para la manipulación de las aves y restringir el acceso de aves silvestres a fuentes de agua y comida de los gallineros.
En caso de observar mortandades en aves o signos clínicos compatibles con la enfermedad, es fundamental dar aviso al Senasa para su respuesta inmediata y atención de la sospecha.

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Rurales

Plaza Rural concretó un remate para el “Guinness”

El 309 remate de Plaza Rural, realizado ayer desde las instalaciones del hotel Cottage de Carrasco y en vivo por VTV Rural, internet, redes sociales y la App del consorcio, comercializó 7.527 vacunos (el 100% de la oferta), y con valores promedios en cuatro categorías por encima de todos los remates efectuados hasta el momento, lo que puede considerarse una subasta para “el Guinness”, dijo el ingeniero agrónomo Fernando Indarte Gianoni.

El director de la firma Indarte y Cía., explicó a EL TELEGRAFO que “tuvimos cuatro precios de cuatro categorías, con récords históricos, en los terneros, novillos de 1 a 2 años, los de 2 a 3, y las vacas de invernada, que valieron en este remate, lo que no habían valido nunca”. Entiende que “mejor noticia y mejor señal que ésta, al comienzo de la zafra de reproductores, es imposible. Que uin ternero se pague más de 700 dólares, que una ternera por encima de los 600 dólares, que una vaca preñada se pague más de 1.000 dólares es muy bueno. Además, la parte forrajera, presagia que tendremos una zafra de toros espectacular”.
Enfatizó que en Plaza Rural “estamos todos contentos por el remate que tuvimos, y contentos porque la gente puede valorizar el esfuerzo que se hace; y como decimos siempre, el ganado bueno vale más que los otros, la inversión que se hace en mejorar los rodeos se traduce en rentabilidad, que es lo importante”, señaló Indarte.

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General

Directores de Cultura con el MEC

La directora de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), María Eugenia Vidal, recibió a los directores de Cultura representantes de la Red nacional, presidida por el sanducero Eugenio Pozzolo. La Red de Directores de Cultura en Uruguay es un organismo que reúne a los directores de Cultura de las intendencias del país para compartir experiencias, programar actividades conjuntas y mantener un diálogo directo con la Dirección Nacional de Cultura y otras instituciones para fortalecer el ámbito cultural a nivel nacional.

“Era una prioridad esta reunión, para presentarnos formalmente, entablar diálogo, presentar objetivos de las Direcciones de Cultura y comenzar a coordinar los probables apoyos que se puedan obtener del ministerio”, dijo Pozzolo, quien fue acompañado por la secretaria de la Red Adela Dutra (Florida), los vocales Débora Quring (Montevideo), Javier Utermarck (Soriano), y la directora de Lavalleja, Mariela Weis.
“Quedó fijada para fines de setiembre una reunión en Montevideo con todos los directores de Cultura, para ahondar en necesidades de cada Dirección y en los proyectos que cada uno está haciendo, al igual que sus necesidades”, agregó Pozzolo.

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General

Impulsan adaptar ley de gobiernos departamentales a “un sistema integral para gobernanza del siglo XXI”

Un proyecto para transformar la Ley 9.515 de Gobiernos Departamentales, vigente desde el 28 de octubre de 1935, fue presentado en la Junta Departamental de Paysandú. Si prospera, deberá elevarse al Congreso Nacional de Ediles, que conformará una comisión técnica.

La iniciativa corresponde al edil Marcelo Tortorella, quien afirmó que la norma “ha cumplido su ciclo en la regulación de la estructura política departamental desde el siglo pasado”. Destacó que, al cumplirse 90 años de su promulgación, es necesario “el desarrollo de un sistema integral para la gobernanza del siglo XXI adaptando la legislación a las nuevas realidades sociales, económicas y a las particularidades de la geografía nacional, que permita en definitiva a los gobiernos departamentales ser más eficientes y efectivos en sus funciones, profundizando la descentralización, y otorgando también nuevas perspectivas y desafíos”.

Tortorella recordó que la Ley 9.515 reglamentó las reformas constitucionales de 1934 y que se ha mantenido “con escasas modificaciones” pese a los cambios posteriores de 1942, 1952, 1967 y 1996.

La moción propone que la Junta remita la iniciativa al Congreso Nacional de Ediles para conformar una Comisión Especial, encargada de elaborar un proyecto de nueva ley orgánica. Dicha comisión trabajará con asesoramiento de constitucionalistas y de los institutos de Derecho Público y Administrativo de la UdelaR y universidades privadas como la UCU, UM y Claeh.

Se prevé además la realización de talleres de intercambio entre comisiones del Congreso Nacional de Ediles y las Juntas Departamentales. Según el cronograma, el proyecto deberá estar pronto para el Congreso Anual de 2026.

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Destacados

MOPI recibió donación del 50% de multa que la Justicia aplicó a la Intendencia

El Movimiento de Participación a la Infancia (MOPI) recibió una donación de 97.716 pesos, aportados por Mario Díaz y Federico Álvarez Petraglia, provenientes de las astreintes (sanción económica diaria) que la Justicia aplicó a la Intendencia de Paysandú por incumplir un fallo vinculado a la Ley de Acceso a la Información Pública.

MOPI atiende actualmente a 66 niños y 55 adolescentes y destinará el dinero a renovar la instalación eléctrica de su sede, con apoyo de la Brigada AUTE.

“Buscábamos información, ningún resarcimiento económico. Pero una vez que la Justicia nos otorgó ese resarcimiento económico como consecuencia del incumplimiento de la Intendencia, entendimos como de orden donar ese dinero. Encontramos en Mopi una muy buena opción”, señaló Mario Díaz.

Agregó que “en su momento se nos acusó que hacíamos demagogia con la plata del Estado. En realidad lo que nosotros hicimos fue simplemente darle destino al dinero. Lo central es que la Intendencia no cumplió con un fallo judicial y que por lo tanto se vio obligada a pagar esta multa. Este dinero queremos devolverlo a la sociedad y nos pareció que la mejor institución para eso es Mopi”.

La Justicia condenó a la Intendencia a pagar 198.000 pesos: la mitad se destinó a un fondo del Poder Judicial y la otra mitad a los demandantes. Tras la comisión bancaria, MOPI recibió $97.716.

El reclamo judicial se originó cuando Díaz y Álvarez Petraglia solicitaron información pública sobre la compra de una máquina para el Vertedero por medio millón de dólares, el contrato con Sandeco, los vínculos laborales de la Fundación a Ganar, el presupuesto del Hogar Estudiantil y las medidas de prevención previstas ante eventuales inundaciones.

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General

Para Walter Verri está “bajo la lupa” artículo del presupuesto sobre levantamiento del secreto bancario

El proyecto de Presupuesto Nacional 2025-2029 incluye en su artículo 635 una modificación sobre el secreto bancario, que otorga a la Dirección General Impositiva (DGI) potestades para solicitar información financiera en el marco de sus tareas de investigación y fiscalización.

El texto propuesto establece que ninguna “disposición que consagre un deber de secreto, reserva o confidencialidad para dichas entidades, no serán oponibles a la Dirección General Impositiva”. Esto implica un cambio respecto a la legislación vigente: la ley 19.484, que ajusta el control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo a estándares internacionales, y la ley 18.083, que requiere resolución judicial para levantar el secreto.

Consultado por EL TELEGRAFO, el diputado por el Partido Colorado, Walter Verri, manifestó que aún no tiene “una opinión cerrada sobre el tema, pero a priori me parece una intromisión excesiva del Estado. Es uno de los artículos que está bajo la lupa”.

Agregó que “no es una norma que ayude con el tema del lavado de activos, sino que por el contrario, le permitiría a la DGI entrometerse en algo que no es de su competencia ni es su cometido. Por lo tanto, a mí me parece que no debería ser un artículo que deba ser aprobado”.

Verri fue categórico al afirmar que tiene “una posición negativa sobre el tema”, al considerar que “cuando el Estado se entromete demasiado en la vida de las personas, termina perjudicándolo”.

En relación a la discusión parlamentaria, indicó que su sector, Vamos Uruguay, “no hemos decidido sobre ninguno de los artículos del presupuesto, más allá que algunos nos parecen inconvenientes y otros nos pueden parecer buenos. Pero en este caso lo vamos a estudiar en profundidad”.

A modo de cierre, señaló: “Creo que la legislación que tiene Uruguay con relación al levantamiento del secreto bancario es suficiente garantía para que no se caiga en los extremos del lavado de activos”.

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