Nuestro país continúa liderando el desarrollo digital en la región, ubicándose por encima del promedio para las Américas y apenas por debajo de Europa. También está ganando visibilidad en el ámbito de la inteligencia artificial (IA), destacándose a nivel internacional.
En este sentido, Uruguay se convirtió recientemente en el primer país de Latinoamérica en adherirse —junto a once Estados del Consejo de Europa, Canadá, Israel, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea— al primer tratado internacional con carácter jurídicamente vinculante sobre inteligencia artificial. Este acuerdo promueve el progreso y la innovación durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA, al tiempo que busca garantizar que su uso sea compatible con los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.
Existen múltiples formas en que la inteligencia artificial puede ser utilizada de manera perjudicial para las personas. Basta señalar que la actual carrera armamentista tiene lugar en el campo de la IA, a pesar de los esfuerzos de Naciones Unidas por evitar su aplicación en la creación de nuevas armas o soldados digitales superinteligentes. Además, en la vida cotidiana, también puede ser usada como herramienta de vigilancia estatal.
Una de las formas que adopta esta práctica es el uso, cada vez más extendido, de cámaras en espacios públicos que identifican personas mediante reconocimiento facial en tiempo real. También se utilizan tecnologías para el seguimiento de dispositivos móviles o tarjetas electrónicas con el fin de mapear desplazamientos; análisis de patrones de comportamiento a través de algoritmos que detectan movimientos financieros, actividad en redes sociales o trayectos físicos; e incluso, el análisis de llamadas, correos electrónicos o mensajes (aunque esto último generalmente está regulado por leyes de seguridad nacional).
Se trata de un conjunto complejo de prácticas que, por un lado, pueden vulnerar derechos fundamentales como la libertad, la libre expresión o la presunción de inocencia, y por otro, afectan la transparencia si los ciudadanos desconocen qué datos se recopilan sobre ellos. En los regímenes autoritarios, la IA ofrece nuevas herramientas para la represión y el control, facilitando incluso la persecución de disidencias.
En Uruguay, que cuenta con un marco legal sólido en materia de protección de datos personales y que además avanza en una estrategia nacional de inteligencia artificial basada en principios éticos y de derechos humanos, aún se habla poco sobre cómo esta tecnología impacta —para bien o para mal— la vida cotidiana de la población.
El país se ha venido preparando desde hace varios años para el desarrollo de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, aprobada el año pasado para el período 2024–2030. Fue elaborada con aportes de más de 300 personas y 40 instituciones estatales, incluyendo organizaciones de todo el país, en el marco de un proceso liderado por Agesic. Se trata de una hoja de ruta ambiciosa, que define directrices para un uso ético, inclusivo y transparente de la IA en todos los sectores del Estado.
La inteligencia artificial ya no es una posibilidad futura: está entre nosotros. No solo a través de los dispositivos que usamos a diario, sino también como una herramienta concreta en la gestión pública. Por ejemplo, el Estado ya la emplea para optimizar el ruteo de vehículos, clasificar solicitudes en Antel o mejorar la atención ciudadana mediante chatbots.
Agesic ha documentado varios casos de uso de IA en el Estado. Entre ellos, se encuentran la simulación de escenarios de emergencia y evacuaciones; la facilitación de la gestión de permisos de construcción en Montevideo (por el momento sin soluciones similares en el Interior); el procesamiento de lenguaje natural para consultas normativas y la mejora en la búsqueda de información dentro del Estado. Incluso, durante la pandemia, se implementó un sistema automatizado para responder consultas ciudadanas sobre el COVID-19.
Para facilitar el acceso a información básica sobre estas aplicaciones, se creó un Observatorio de Inteligencia Artificial, basado en reportes periódicos de los organismos estatales, que permite centralizar y actualizar esta información en un solo lugar.
Por el momento, el uso más visible de la IA en el Estado es la atención de trámites y consultas ciudadanas: chatbots que responden preguntas o derivan gestiones automáticamente, algoritmos que priorizan determinadas solicitudes. La intención de lograr mayor eficiencia y eficacia en la gestión pública es inobjetable; hacia allí avanza el mundo. Pero cabe preguntarse: ¿qué impacto tiene esto en la vida cotidiana de las personas? ¿Cuántos ciudadanos saben interactuar con el Estado a través de sistemas automatizados? ¿Qué ocurre cuando un adulto mayor intenta realizar un trámite y se enfrenta a una interfaz que no comprende, o cuando alguien no tiene acceso a Internet ni conocimientos para navegar por un sitio web?
En este contexto, parece fundamental no deshumanizar por completo el vínculo entre el Estado y la ciudadanía. Al menos por ahora, la IA debería complementar, y no sustituir, la interacción humana.
También es urgente capacitar a los funcionarios públicos en habilidades digitales, y específicamente en inteligencia artificial. La eficiencia no depende solo de algoritmos: requiere de la intervención humana. Además, muchos de los empleos actuales pueden transformarse radicalmente o incluso desaparecer. Sin embargo, hasta ahora se ha escuchado poco —o casi nada— a los sindicatos de trabajadores públicos sobre esta transformación y reconversión que ya está en marcha. La mayoría de las iniciativas de IA en el Estado se concentran en organismos nacionales o con sede en Montevideo, lo que plantea el desafío de adaptar soluciones a las realidades del interior. En este sentido, deberíamos interesarnos más por cómo estas cuestiones comenzarán a impactar en el ámbito local, claramente influido por lo global. A la luz de las proyecciones sobre IA en Uruguay, parece impostergable formar a ciudadanos y funcionarios para convivir con estas tecnologías y aprovecharlas de forma inclusiva, ética y transparente, como propone la Estrategia Nacional.
Más allá de ser una herramienta de modernización administrativa, la inteligencia artificial debería convertirse en un medio eficaz para el desarrollo territorial. Entonces, cabe preguntarse: ¿se pueden aprovechar las experiencias ya existentes para innovar en la gestión pública a nivel local? ¿Quién debe liderar este proceso? ¿Las intendencias, las empresas públicas, los centros educativos, la sociedad civil organizada?
Es urgente instalar este tema en la agenda pública local. ¿Qué nuevos perfiles laborales comenzarán a ser requeridos? ¿Qué empleos están en riesgo? ¿Está el sistema educativo formando pensamiento crítico en torno a la inteligencia artificial? ¿Puede Paysandú convertirse en un polo de innovación en IA?
La inteligencia artificial no debería profundizar las brechas sociales. Pero es importante recordar que estas tienden a ampliarse cuando las políticas públicas no contemplan las diversas realidades del país. → Leer más
