Suele ocurrir que determinados episodios que generan conmoción pública, además del drama que conlleva el hecho en sí, contribuyen a crear cierta confusión por los temas que involucran, con el agravante de que nunca faltan los oportunistas que distorsionan a su antojo sus connotaciones, con tal de arrimar agua hacia su molino.
Un ejemplo claro es el terrible hecho que tuvo como escenario el arroyo Don Esteban, cuando un padre mentalmente enajenado secuestró a sus dos pequeños hijos y arrojó su auto al fondo del arroyo Don Esteban, con el saldo de la muerte de los pequeños y su propio progenitor, quien tenía restricciones para acercarse a su expareja, de la que estaba separado y pretendía tener contacto con sus hijos.
Claramente, con un mínimo de sentido común, se puede inferir que estábamos ante un hecho en el que la persona directamente involucrada estaba fuera de sus cabales, y esa enajenación lo llevó a cometer el terrible crimen, tan terrible como incalificable.
Es precisamente un caso de salud mental, entre otras implicancias que pueden tener este desenlace ante la insondable imprevisibilidad de la mente humana, del estado mental del involucrado, entre una serie de consideraciones.
Pero claro, hay grupos radicales, de fanáticos que se consideran abanderados de la verdad, como es el caso de grupos feministas de izquierda que muy sueltos de cuerpo atribuyen la causa de este episodio a la Ley de Tenencia Compartida, aprobada en el gobierno anterior, y por lo tanto ya están en campaña para su derogación.
La denominada Ley de Corresponsabilidad en la Crianza es cuestionada desde su aprobación por estos grupos, porque son afines a una perspectiva de género que lejos de apuntar a la igualdad de derechos, es una forma de discriminación flagrante a partir del género, atribuyéndole al hombre todos los problemas de pareja y sus consecuencias, porque “la mujer no miente y no presenta denuncias falsas por despecho”.
Esta ley, la 20.241, no impone tenencia compartida automática, sino que establece criterios racionales, con intervención judicial, evaluaciones profesionales y con prioridad para el interés del menor involucrado. En suma, apunta a proteger derechos sin inclinar en demasía la balanza por perspectiva de género, limita la arbitrariedad parental y exige responsabilidad.
Nada que ver con el caso a que hacemos referencia, en el que el victimario tuvo un episodio agravado de problema de salud mental, tenía antecedentes, medidas cautelares, con todas las señales de alarma desplegadas, que sin embargo no fueron bien valoradas por los organismos competentes, aunque siempre está de por medio la duda de si alguna intervención igualmente hubiera podido evitar la tragedia, habida cuenta de las circunstancias.
Es decir, estamos ante un crimen abominable, y derogar la ley de tenencia compartida por respuesta a este caso, como se pretende por estos colectivos envueltos en su fanatismo, es un delirio disfrazado de argumentos rebuscados, como si la norma fuera el caldo de cultivo de tal entuerto. Pretende castigarse a la enorme mayoría de padres responsables, y se pretende vulnerar un derecho fundamental de miles de niños por actos que están muy lejos de ser la regla, sino que son la excepción, porque la ley es un pilar muy importante para situar las cosas por lo menos un poco más cerca del equilibrio que se debe tener en una problemática compleja y multicausal.
Los colectivos de feministas radicales no escuchan más razones que su verdad absoluta, sin medias tintas, y consideran que todo lo que se diga y haga que no vaya alienado con su radicalismo es producto del patriarcado y del “machismo” opresor.
Las activistas y sus secuaces, del género que sea, tienen como centro de su acción el atribuir solo a un género –en este caso los hombres– todo lo que sea maldad patológica relacionada, y poco les importa las bondades de una norma aprobada a pesar de su férrea oposición. La que aún perfectible, pretende que el niño no sea una moneda de cambio o un instrumento extorsivo de la madre, por la perspectiva de género, sino que se procura que el niño tenga el derecho de crecer con la guía y el cariño de sus progenitores, siempre que ello sea posible y no existe un riesgo comprobado. La norma no obliga a los jueces a imponerla contra viento y marea, sino que se la presenta como una alternativa valedera, como un desenlace deseable, evaluando cada caso, protegiendo los derechos del niño, en lugar de inclinarse por la progenitora sin lugar a otras consideraciones.
Tampoco es la gran solución, por supuesto, a una problemática muy compleja y en la que la generalidad aplica con todas sus salvedades, por cuanto cada hogar, cada familia, cada situación, tiene diferencias con otra, y no hay respuestas cien por ciento a medida que signifiquen una solución a prueba de fallos.
También, por mejor que sea la norma, siempre perfectible, tiene los problemas de aplicación inherentes a un Poder Judicial lento, sobredimensionado y desbordado, a la vez que muy vulnerable a engaños y manipulaciones por denuncias falsas, usadas como estrategia para extorsionar generalmente al hombre por su pareja o ex, de forma de obtener resoluciones favorables a su reclamo, del tipo que sea.
A menudo, quien queda por el camino en esta encrucijada es el hombre, a merced de un protocolo que deja a un padre fuera de la vida de sus hijos durente meses o años, basándose en “pruebas” que no siempre son tales pero que alcanza para sembrar dudas o desbalance por perspectiva de género.
Un caso paradigmático en este contexto lo hemos tenido en estos días, cuando Federico Fernández, un padre desesperado por no poder tener contacto con sus hijos, trepó a una torre de Antel en Florida y exigía poder ver a sus hijos, de lo que desistió una vez que intervino el presidente Yamandú Orsi.
Este lunes, Marcelo Silveira, amigo cercano de Hernández, defendió públicamente su accionar y aseguró que fue la consecuencia de un proceso largo y desgastante. “Llegó a un límite emocional y tomó una decisión para llamar la atención del ministro del Interior”, dijo, y sostuvo que su amigo “ha buscado la voz en la justicia” pero “lamentablemente, por distintas razones, no ha tenido respuestas claras”. Recordó que hubo “muchas audiencias, idas y vueltas con abogados” y que, a pesar de ello, “el niño reclamó estar con su padre, pero está totalmente aislado en una ciudad a más de 180 kilómetros”.
“Federico es una persona que humanamente tiene un corazón de oro, da todo por sus hijos y se desvive por ellos”, afirmó. Según agregó, atraviesa “una pesadilla” y “el peor de los temores” por la pérdida de derechos sobre su hijo.
El allegado también criticó la falta de respuesta institucional: “No ha sido escuchado. Lamentablemente, los hombres por distintas instancias no tenemos una escucha legal, estamos vulnerados”.
La visión coincide con la reflexión correspondiente a centenares de casos en la que los abogados defensores alegan una total indefensión ante la forma en que son tratados sus clientes, con clara inclinación por la denunciante, como si no hubiera un mundo distinto al del relato que ésta hace.
Y es por este lado que se debe ir en la reforma de la normativa, justo al contrario de lo que piden las radicales y sus secuaces, porque la realidad es mucho más compleja que la del padre maltratador, del patriarcado opresor, sino que hay de todo en la viña del señor, y justamente el relato y una justicia sesgada, lejos de ser la solución, contribuyen a potenciar el problema ya instalado. → Leer más
