“El presupuesto es austero y se caracteriza por priorizar los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo en su plan de gobierno”, aseguró Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). “Tenemos la certeza de que debemos avanzar en la consolidación de políticas con bases fiscales sólidas, ya que hemos recibido una situación más tensa de lo previsto”, destacó.

Arim explicó que “en setiembre de 2024, en plena campaña electoral, las estadísticas oficiales y privadas estimaban que el déficit fiscal sería de 2,8 %, pero en realidad fue de 3,7 %. Este año superará el 4 %. Esto nos obliga a un esfuerzo de creatividad y audacia para proyectar un presupuesto quinquenal que sea controlable para el país en materia fiscal, sin renunciar a ninguna de las prioridades establecidas por el gobierno”. Defendió el proyecto del Poder Ejecutivo, señalando que “está construido bajo criterios de responsabilidad, transparencia y sostenibilidad de las políticas públicas, lo cual es fundamental”.

Pese a que la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur) lo declaró “persona no grata” –acusando un presupuesto insuficiente– y a que el rector de la UdelaR, Héctor Cancela, lo calificó de “notoriamente inferior”, Arim sostuvo otra visión: “A diferencia de lo ocurrido en el período anterior, todos los grandes entes de enseñanza reciben incrementos presupuestales en el mensaje del Poder Ejecutivo. El Parlamento podrá decidir la distribución de otros recursos, lo cual es parte de la democracia”. Subrayó además que el Parlamento, ámbito en el que se discute el proyecto, “es clave para definir los recursos destinados a cada política. Siempre respetando el perímetro fiscal y garantizando que Uruguay controle su deuda pública, en especial pensando en las próximas generaciones”.

Finalmente, Arim anunció que el espacio fiscal –es decir, el margen del gobierno para aumentar el gasto sin comprometer la sostenibilidad financiera ni la estabilidad económica– “será de unos 140 millones de dólares en 2026 y de 200 millones al final del quinquenio. Esa es la flexibilidad financiera que tendrá el gobierno para asignar recursos a nuevos proyectos o programas”, concluyó.