Durante el Día Mundial de la Salud Mental, el Ministerio de Salud Pública anunció que, en el plazo de un mes, comenzarán las acciones concretas de un programa nacional que contará con la participación de unas 1.500 personas dedicadas a la atención integral.
Las autoridades presentaron los resultados sistematizados de una encuesta de Cifra, la cual revela una percepción clara por parte de la población: un tercio se siente bastante informado, mientras que más de un quinto declara no tener ningún tipo de información. Además, tres de cada diez adultos presentan síntomas, pero menos de la mitad consulta a un profesional.
Casi la mitad de la población experimenta alguna sensación de soledad, especialmente los menores de 30 años. Entre quienes se medican, la mayoría son mujeres. En cuanto a los tiempos de espera para acceder a una consulta, la mitad de los usuarios de ASSE reporta haber esperado más tiempo del deseado.
La Ley de Salud Mental, aprobada en 2017, aún no ha sido implementada conforme a lo establecido por la iniciativa parlamentaria. No se han consolidado equipos en el primer nivel de atención, ni equipos de referencia comunitaria. Mucho menos se ha avanzado en el proceso de desinstitucionalización.
Como consecuencia, la alta demanda no tiene respuesta. En situaciones como esta, el tiempo de espera para una consulta puede jugar en contra del paciente.
Es decir, las estadísticas confirman una realidad ampliamente conocida: Uruguay continúa con altos índices de suicidios, intentos de autoeliminación y una elevada medicación entre quienes consultan por trastornos de ansiedad, soledad o insomnio.
El cambio de paradigma en la atención de la salud mental no surtirá efecto si no se implementa desde los niveles más altos hacia abajo. La formación de médicos en el primer nivel de atención será fundamental para detectar a tiempo ciertos trastornos y mejorar así la atención de los usuarios.
Actualmente, las consultas suelen ser breves, los recursos humanos son insuficientes y se recurre con frecuencia a la derivación —generalmente acompañada de medicación— como la vía más rápida para abordar un problema que, claramente, no es simple.
Sin embargo, todo debería comenzar antes, con educación y prevención en niños y adolescentes, a través de espacios vinculados al deporte y la recreación. Estos ámbitos permiten ofrecer estrategias comunitarias para el cuidado de la salud mental, responsabilidad que también recae en la sociedad.
Mientras se mantenga el modelo centrado en la atención hospitalaria, el cambio será mínimo. La prioridad debería estar en los equipos de salud comunitarios, la rehabilitación y los hogares de medio camino.
El estigma en torno a las enfermedades mentales persiste desde hace siglos y aún no ha sido superado. Esto genera un costo social que sigue pagando toda la población, debido a que tampoco se ha transformado la forma en que se comunica sobre el tema.
En este contexto, vale preguntarse: ¿por qué no aplicar el concepto de cuidados paliativos a la salud mental? El modelo asistencial actual no es sostenible, pues provoca un impacto negativo en los usuarios, entre otras razones, por las largas esperas y las consultas postergadas.
Incluso el Colegio Médico del Uruguay ha advertido sobre las consecuencias en la salud mental de los propios profesionales, promoviendo programas y capacitaciones para mejorar su ejercicio.
El pluriempleo, el agotamiento emocional y el deterioro general de la salud generan efectos adversos en un colectivo que también se ve afectado por esta crisis. Algunos especialistas van más allá, al señalar que el mundo atraviesa una “pandemia” de quebrantos en la salud mental, con diversas manifestaciones. El problema es la escasa percepción comunitaria del fenómeno, hasta que toca de cerca.
Según la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, existen aproximadamente 770 especialistas registrados en todo el país (datos de 2022), aunque solo 373 están habilitados legalmente para ejercer. De ese total, 264 se concentran en Montevideo.
Aunque el número de psiquiatras es considerado suficiente por la Sociedad Médica, la distribución territorial desigual genera serias dificultades de acceso a la atención en el Interior. Para ilustrarlo con cifras: en Montevideo hay 25 psiquiatras cada 100.000 habitantes; en el litoral oeste y este, solo 6 o 7 por cada 100.000.
Por ello, aunque se mejore la infraestructura y se incremente el presupuesto, la cantidad actual de especialistas no bastará para cubrir todos los cargos. Desde hace tiempo, se plantea la necesidad de capacitar a médicos generales, enfermeros y psicólogos en la atención básica, antes de recurrir a la derivación o a la medicación.
Lo que resulta evidente es la imposibilidad de cumplir con aspectos prioritarios de la ley, como la desinstitucionalización de los usuarios y el cierre de los centros monovalentes. Simplemente no existen alternativas viables, y la sociedad no está preparada para integrar a personas con trastornos severos.
De ahí surge la necesidad de fomentar una construcción colectiva en torno a una solución que, inevitablemente, será a largo plazo. Mientras tanto, hay otros aspectos y patrones de conducta que conviene visibilizar, prevenir y abordar desde las organizaciones de la sociedad civil y el Estado.
Las conductas agresivas presentes en distintos ámbitos perpetúan formas de convivencia que dificultan la transformación del paradigma. A diario, se viven y se reproducen situaciones generadoras de violencia que se convierten en problemas estructurales, difíciles de resolver únicamente con buenas intenciones. → Leer más
