En estos días desde medios de varias partes del continente, con los que a veces colaboro, me han pedido les escriba sobre lo que pasará en la “agonizante” Argentina según Trump y la verdad que no lo he hecho, porque no sé qué decir, no lo veo claro.

Tampoco tengo mucho para elegir hoy aquí, en casa. Está el tema de los barcos y los contratos pero reclama esperar algunos días hasta que el humo se disipe; que se separe la paja del trigo.

Sí, son esas cosas que van generando grieta, la que en nuestro país se agranda y se ahonda y no crean lo que le dicen los argentinos. Parece que este gobierno está decidido a meter el dedo y revolverlo, a veces en clave de despistado, como sin quererlo. La brecha es parte de la dialéctica, de la toma real del poder que tanto reclamaron el Ñato y el Pepe. El presidente multiempleo de ASSE, quien hasta ayer nadie sabía quién era, con la anuencia de presidente y ministra no renuncia y se burla del parlamento y de lo que disponen la Constitución y todas las leyes y normas al respecto. Y entonces aparece el contrato. Lo descubrieron en tan solo tres días, la mitad del tiempo que a Dios le llevó construir el universo; son unos rayos. Nos salvan de perder 30 millones de dólares (por ahora por debajo de lo que nos costó María Dolores). Y la oposición cacarea, pero da prioridad a sus rencillas internas y pesa más el personalismo. No se une, y así pasan las cosas.

Pasó en Venezuela –la más rica por lejos y hoy la más pobre, por lejos también–. Creyeron que lo solucionaban con un atajo y sacaron de un calabozo a un teniente coronel golpista –el amigo de nuestros frentistas (dicen que demasiado amigo)– al que ellos manejarían. Y fijate.

Pasó acá, pese a lo que decían muchos bocabiertas y guapos, que luego cerraron la boquita: ¿guerrilla en Uruguay? , –‘tan locos–, ni el Che, un vocacional, lo imaginaba. “Nuestros militares son civilistas” se repetía: mirá vos. Hay cosas que pasan.

Los últimos párrafos, entonces, serán para la Argentina, donde pasan cosas a rolete. ¿Y qué es lo que va a pasar? Colegas que saben dicen que se van a dividir en tercios. Y es probable: hay dos tercios que ni locos quieren la vuelta del kirchnerismo –los frenteamplistas de allá–, pero la mitad de ellos a su vez ni borrachos votan a Milei; le tienen miedo y piensan que está medio loco; ¿Usted qué piensa?

Si los kirchneristas obtuvieran una votación importante (40-45 %), aquello sería un pandemónium y podría irse mucho más lejos que “al carajo” como les gusta decir. Corta vida para Milei. Ahora si ese 40 o 45 fuera para Milei, olvídense. Y con el auspicio de Trump más todavía. Qué Constitución ni que leyes, solo las Fuerzas del Cielo y su único profeta. Uno pensaría que eso son cosas del pasado y que solo sucedían en otros continentes, pero pasan; está pasando. Lo bueno de los tres tercios es que implicaría la presencia de “Las provincias unidas”, una alianza de gente sensata y moderada –no del Pro, por favor– que podría sosegar a Milei y ayudarlo a ir con moderación y respeto por un buen camino, sin griterío, rabietas, insultos y caprichos y respetando las leyes. Es cierto que Milei tiene dos perros guardianes peligrosos, pero si se resiste arriesga a que lo echen. Sería uno de los juicios políticos más fáciles. Y, casi que no se habla de ella y está muy calladita, pero como diría Bogart, siempre queda Victoria Villarruel.

De acuerdo con Montevideo Portal, “En los últimos días, Antel denunció que varias empresas cableoperadoras, sobre todo en departamentos del Interior, están utilizando la infraestructura y el tendido eléctrico de UTE de forma ilegal para instalar fibra óptica y competir en el mercado. Según informó el periodista Eduardo Preve, una de las involucradas es una compañía propiedad del conglomerado argentino Grupo Clarín, y hay empresas que ofrecen servicio de televisión para abonados en el Interior que están haciendo lo mismo. Dicha práctica permite a los privados abaratar los costos de montar la infraestructura y ofrecer a sus clientes un servicio de fibra óptica más barato, algo que estaría causándole un perjuicio económico a Antel. Tal como consignó el comunicador, el presidente del ente, Alejandro Paz, transmitió este reclamo ante el directorio de UTE, que a su vez elevó el planteo al Poder Ejecutivo. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, aseguró que la cartera está analizando el tema”.

Según el sitio web mencionado, “esta situación se estaría dando en departamentos como Salto y Paysandú, lugares en los que las empresas contratan trabajadores argentinos para que realicen las instalaciones”. Finalmente, la nota de prensa menciona que “en junio de este año, Antel resolvió dar de baja un plan de tarifas mayoritarias aprobado por el anterior directorio en agosto de 2024 que permitía ofrecer servicios de fibra óptica a empresas privadas, una decisión que fue criticada por el Pit Cnt, el director en representación del Frente Amplio y la actual vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. El plan permitía a los cableoperadores utilizar la infraestructura ya existente menos el último tramo de cableado hasta los hogares de los clientes, conocido como la “última milla”, que debía ser cubierto por los propios privados con inversiones suyas”. Ante esta situación, el directorio de UTE emitió una resolución en la que aprobó comenzar a quitar las instalaciones de los tendidos de fibra óptica realizadas de manera ilegal por varias empresas cableoperadoras en varios puntos del país.

La actitud tanto de UTE como del Ministerio de Industria. Energía y Minería deja al descubierto la total falta de sentido común del sistema avalado por las reglamentaciones municipales, que parecen no entender los problemas que trae aparejada la solución de que cada operador cuente con una columna. A este respecto, basta ver lo que ya sucede en las calles sanduceras de acuerdo con lo que exige UTE: en lugar de una columna cada cierta cantidad de metros habría nada más y nada menos que siete columnas; una para Antel, dos más para cada uno de los operadores sanduceros de cable, dos más para otros tantos operadores de Internet y otras dos más para UTE que en ciertos casos pueden ser de alta o baja tensión. Y todas esas juntas deberían encontrarse en cada esquina de la ciudad, todo lo que obviamente trae aparejado no solamente un incremento absurdo de costos sino también graves riesgos de seguridad, ya que como consecuencia de los fenómenos atmosféricos que cada día se repiten con más frecuencia la caída de cables o de las propias columnas estaría representando una amenaza cierta tanto para vehículos como para inmuebles y transeúntes.

Antes esta propuesta absurda de las autoridades nacionales, cabe preguntarse lo siguiente: ¿no resulta más sensato, rápido y conveniente fijarle a esas empresas privadas un monto de dinero por el uso de las columnas de UTE, de Antel o del servicio que fuera y de esa forma poder recaudar más dinero y tratar de abaratar en algo las escandalosas tarifas que pagamos todos los uruguayos por los servicios de los entes públicos?
Sin dudas este sistema aportaría mucho al urbanismo, facilitando el tránsito peatonal por las aceras que hoy están ocupadas por sucesiones de columnas que, como hemos documentado en infinidad de oportunidades, en muchos puntos concentra 4 ó 5 en menos de un metro cuadrado. Y por supuesto que también se evitarían destrozos en baldosas y pavimentos que deben ser reparados cada vez que un servicio “planta” su propio palo para sujetar un cable que generalmente no supera los 5 mm de diámetro y pesa menos de 2 kilos. ¡Una verdadera barrabasada!

Este sistema perverso hace imposible determinar de quién es cada columna y en caso de que un vecino tenga la desgracia de que tener una en el frente de su vivienda, puede ocurrir que se caiga –suele suceder que la madera se pudre en contacto con el portland a ras del piso y termina partiéndose en la base— y no sepa a quién reclamar.

Tampoco se trata de inventar la rueda (algo que los políticos de todos los partidos buscan hacer todos los días, empujados por delirios refundacionales que pagamos “los nabos de siempre” con más impuestos), porque en julio de año 2023 el exintendente de Río Negro, Omar Lafluf, se reunió con las autoridades de UTE para plantearles que la intención es aprovechar la infraestructura existente y, de esta forma, ampliar el alumbrado público.

En primera instancia, la intención es usar las columnas que tiene UTE en los nuevos grupos cooperativos de viviendas y en los Mevir de San Javier, evitando de esta manera colocar –por parte de la Intendencia de Río Negro– otras estructuras que dificultarían la transitabilidad de las veredas que, en algunos casos, son muy angostas. En palabras del exjerarca departamental: menos columnas pero con más aprovechamiento de cada una de ellas.
Respecto a la supuesta incompatibilidad de los servicios, tanto Antel como Internet actual utilizan fibra óptica, que no es conductora de electricidad y no provocan ni son susceptibles de interferencias electromagnéticas, precisamente porque lo que transportan es luz, no electricidad, por lo cual el viejo argumento de las interferencias dejó de tener sentido.

Es entendible que por razones políticas y de “propiedad” UTE, en supuesta defensa de los intereses de Antel, busque impedir la expansión de empresas proveedoras de Internet, aunque con solo ver la realidad actual en las veredas de nuestra ciudad no parece que necesiten tanto de las columnas del ente de la energía eléctrica. En principio, la empresa privada ahora cuestionada utiliza las de Cablevisión, que ya tiene una muy amplia cobertura en toda la ciudad, desarrollada en sus casi 30 años de existencia.

Pero separando la paja del grano, lo que corresponde es que sea la propia Intendencia la que disponga de una vez la prohibición de la abusiva instalación de columnas y obligue a las empresas a compartir infraestructuras, por el bien del urbanismo y de los propios sanduceros de a pie.

“Obediencia debida” suena a algo muy castrense, muy rígido, muy del poder y el cúmplase. En definitiva, una dimensión esencial de la cuestión militar. Incluso presente ante cada sentencia por violación de derechos humanos.

En efecto, en el ámbito militar la relación entre mandar y obedecer es la base de la disciplina y la organización jerárquica. Dicho de otro modo, la esencia de la vida castrense se sostiene en esa dualidad: el derecho de los superiores a dar órdenes (hablemos de las legítimas, las otras no son ajustadas a legalidad) y el deber de los subordinados de cumplirlas dentro del marco legal y normativo establecido.
Nuestro marco legal así lo establece: “La disciplina militar, como relación entre el derecho de mandar y el deber de obedecer, es un principio general de conducta en el ámbito de las Fuerzas Armadas. La subordinación, como corolario de la disciplina, implica el deber de obediencia al superior en toda circunstancia, de acuerdo a las leyes y demás normas vigentes”. Dícese del artículo 125 de la Ley 19.775, “modificase la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas”, de agosto de 2019.

Y no se trata de una ley más o menor, sino de la que “tiene por objeto establecer los principios y disposiciones que rigen la composición, jurisdicción, organización, misiones, personal y logística de las Fuerzas Armadas de la República Oriental del Uruguay”-

Cuatro veces cuatro

En esta ley fundamental, la obediencia se menciona en cuatro ocasiones, y cada una de ellas define con claridad los límites de su legitimidad.
La primera aparece en el artículo 50, que establece que la superioridad de cargo surge de la dependencia orgánica entre militares y otorga derecho de mando y deber de obediencia dentro del mismo grado y jerarquía.

La segunda está en el artículo 86, al enumerar las obligaciones del estado militar. La primera de ellas es respetar y cumplir la Constitución, las leyes y disposiciones reglamentarias; luego, mantener el deber de obediencia y subordinación al superior conforme a la normativa vigente; y finalmente, cumplir las funciones con respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, reafirmando así la esencia democrática de la institución, muy distinta de los años de la dictadura cívico-militar. Vale recordar a José Artigas, quien en el Congreso de Tres Cruces advirtió: “es muy veleidosa la probidad de los hombres, sólo el freno de la Constitución puede afirmarla”.

La tercera mención, en el artículo 125, profundiza la idea al señalar que la disciplina militar, entendida como la relación entre el derecho de mandar y el deber de obedecer, constituye un principio general de conducta dentro de las Fuerzas Armadas.

Por último, el artículo 126 resume y completa el concepto: todo militar debe ajustar su conducta a la Constitución, las leyes y los reglamentos, respetar las órdenes legítimas y rechazar aquellas manifiestamente contrarias al orden constitucional o a los derechos humanos.
Además, tiene el deber de denunciarlas, pues ni quien obedece ni quien las imparte puede ampararse en la jerarquía para eludir su responsabilidad.

La síntesis es contundente: la obediencia no es debida, es de acuerdo con las leyes que así lo establecen y que fueran resumidas.

La banalidad

Hannah Arendt utilizó por primera vez la expresión “banalidad del mal” en ocasión del juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén, año 1961. En 1963 su libro “Eichmann en Jerusalén: Un informe sobre la banalidad del mal” sirve para presentar su teoría de forma más elaborada.

A punto de partida, Arendt describe a Eichmann no como un monstruo sádico sino un burócrata mediocre, incapaz de reflexionar sobre el alcance moral de sus actos. El concepto “banalidad del mal” refiere a la capacidad de personas comunes de cometer atrocidades, no por maldad demoníaca o crueldad excepcional, sino por obedecer órdenes sin pensar críticamente en sus consecuencias.

En suma, el mal se vuelve “banal” dado que se ejecuta como un trámite administrativo, sin conciencia (es decir, sin sentido moral ni reflexión sobre las consecuencias) del sufrimiento causado. No obstante, Hannah subraya que la obediencia no exime de responsabilidad; “cada persona tiene el deber moral de pensar y juzgar”.

Remarco este aspecto minimizado pero “primo hermano” de la obediencia debida.
Poner el acento en el contexto (“Yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo”, Meditaciones del Quijote, 1914), ya lo había dicho antes José Ortega y Gasset, que eso hace a la cuestión de fondo.

Los tiempos donde se formula la idea de la banalización del mal, son los tiempos de la “desnazificación”, una iniciativa de los ejércitos aliados tras su victoria de mayo de 1945, cuyo neologismo responde a inspiración del Pentágono del año 1943.

Los juicios de Nuremberg y los de Dachau no sirvieron para dar respuesta a las sociedades que anhelaban justicia. La abrumadora mayoría nunca fue juzgada. Los “valientes” sometidos a juicios sólo apelaron a dos estrategias; culpar a Hitler y/o alegar que solo habían seguido órdenes de sus superiores.
Antes de que Arendt presentara su teoría de la banalidad del mal, inspirada en la idea de Kant, el mal radical como disposición humana a subordinar la moral a intereses egoístas, el Eichmann burócrata se presentaba como una persona sin odios personales ni iras.

Pero es un contrasentido pues el odio es un sentimiento cruel y plenamente racional. Y es una conceptualización: odio religioso, político, de género… conceptos, que luego se personalizan.
El mal radical, en su dimensión ética, es un proyecto sistemático de aniquilación de la humanidad como tal.

Pero más tarde, Arendt ubica al individuo común que, sin pensar, cumple órdenes y normaliza atrocidades. Indiferente a los propósitos, y apego estricto a procedimientos y normas.
Sin embargo, y quizás se ajuste mejor a la realidad de este cambio de visión, es que Arendt pasó de una concepción ontológica y estructural del mal, del radical, hacia una concepción fenomenológica y ética, de la banalidad, centrada en la cuestión individual, que lleva implícita una licuación de la responsabilidad.
No es lo mismo el mal radical que la banalización.

Arendt insistió en que banalidad no era trivialidad sino superficialidad moral. Los ejemplos históricos muestran que la obediencia debida no puede ser un escudo absoluto. Y el derecho internacional y la filosofía política coinciden en que cada persona tiene un deber moral de resistir órdenes ilegales.

Por allí se juntan estas aproximaciones, pero también divergen. Mientras que el mal radical implica una intención maliciosa profunda y consciente, la banalidad del mal enfatiza la mediocridad moral y la ausencia de reflexión, mostrando cómo el mal puede surgir de la cobardía y la conformidad más que de una voluntad malvada explícita.