Según el decreto, cerca del 95% de la población uruguaya vive en áreas urbanas, por lo cual, afirma, es de esperar que “la migración de la movilidad urbana hacia formas sostenibles produzca un efecto positivo en las personas y en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”. La comisión tiene como objetivo coordinar las políticas orientadas a la sostenibilidad económica, ambiental y social del transporte de personas y cargas en todo el territorio nacional.

De este primer encuentro simbólico participaron las ministras de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona; de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Tamara Paseyro; el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Jorge Polgar; y la asesora del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ana Inés Morató. Su presencia fue meramente testimonial, dado que “próximamente cada institución enviará los nombres de quienes integrarán el grupo de trabajo técnico”. Aun así, durante la reunión, las autoridades reafirmaron el compromiso del Gobierno con la movilidad sostenible “como una política pública prioritaria”.

La movilidad sostenible, explica el artículo, “busca evitar y reducir la necesidad de viajes motorizados, promover modos de transporte ambientalmente amigables y mejorar la eficiencia energética del sistema de movilidad”.

Según la norma —aclara el autor—, “la movilidad urbana sostenible constituye un nuevo paradigma para enfrentar el desafío de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte y también mejorar aspectos que afectan la calidad de vida de las personas, como la exclusión social, la siniestralidad vial, la mala calidad del aire, la disponibilidad de espacios públicos y la congestión”. Como si tales cuestiones pudieran definirse por decreto. Sería tan sencillo como promulgar la felicidad pública, el sueño de todo gobernante que se precie. Lamentablemente, no funciona así: los resultados requieren esfuerzo y tiempo.

En los aspectos prácticos, esta comisión interministerial tendrá una secretaría rotativa —como si quedara alguna duda sobre las escasas posibilidades de que su gestión llegue a buen puerto—, que comenzará a cargo del Ministerio de Industria. La titular de esa cartera, Fernanda Cardona, destacó que el trabajo estará en manos de los equipos técnicos durante todo el proceso y que este encuentro entre las autoridades fue “una forma de dar el empuje para que puedan seguir trabajando”. Agregó que “era importante mostrar de forma clara que la movilidad sostenible es una política prioritaria para el Gobierno”. El propósito es “mejorar los procesos de planificación urbana y gestión de la movilidad, así como el rediseño de los esquemas de incentivos del transporte y la movilidad”, señala la publicación en la web del MIEM. Además, se indica que el grupo “podrá requerir la participación de otros representantes estatales o de la sociedad civil”. Y bueno fuera que no consideraran que los actores del sector privado tienen un rol preponderante en esta materia, donde, justamente, si existen ejemplos de buena gestión, estos no provienen del sector público. Baste mencionar a AFE como botón de muestra: una empresa que podría estar prestando un servicio estratégico, descomprimiendo las rutas y sirviendo de alternativa a camiones y ómnibus, pero que nunca logró modernizarse ni acompasar la demanda. El resultado es la realidad que hoy conocemos, en la que el ferrocarril moderno y todos los proyectos para mover pasajeros en el área metropolitana dependen necesariamente de la participación de empresas privadas.

Volviendo a la comisión, la página del Ministerio de Industria describe que la naturaleza “multisectorial y multiactoral de la política de movilidad urbana sostenible supone un esfuerzo de planificación estratégica, coordinación con otras políticas, cooperación y transformación institucional, unificando personas y organizaciones hacia una visión común de largo plazo, que permita estructurar acciones en el corto y mediano plazo para el cumplimiento de los objetivos”.

A la postre, lo que seguramente tendremos en el corto y mediano plazo serán algunos contratos con consultorías para elaborar un diagnóstico sobre el que trabajar y desarrollar medidas, tal vez basadas en las que ya existen, que han resultado transformadoras y que no necesitaron presentaciones tan rimbombantes. Bastó, en esos casos, con generar las condiciones para que cada uno hiciera lo que sabe hacer. Porque, al final del día, lo más importante no son los anuncios ni la forma en que se presentan para aparentar relevancia, sino que las medidas adoptadas demuestren su efectividad. Y, de no ser así, que haya la cintura suficiente para corregir el rumbo a tiempo. Justo lo opuesto a la idea de una comisión.