El programa de erradicación de asentamientos irregulares rurales contempla la erradicacion de unas 700 viviendas en el medio rural en cinco años, de acuerdo a lo anunciado ayer en el lanzamiento del plan, en acto encabezado por la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, y el presidente del Movimiento Pro Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir), Andrés Lima.
La secretaria de Estado dijo que el programa apunta a eliminar gran parte de los Agrupamientos Irregulares Rurales (AIR), una de las principales líneas de acción del Plan Quinquenal 2025-2029 de Vivienda y Hábitat.
La iniciativa fue lanzada en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Tacuarembó, y busca dar respuesta a agrupamientos irregulares de todo el país de entre 10 y 30 familias que viven con infraestructura deficiente, sin acceso al agua o la electricidad, y con viviendas precarias o sin regularidad en la tenencia de la tierra.
La meta es alcanzar a 700 familias en el quinquenio, y de esta forma, erradicar al menos el 50% de los agrupamientos irregulares rurales.
Paseyro dijo que el objetivo de este gobierno y de la cartera que lidera es focalizar las políticas públicas en las poblaciones más vulnerables, priorizando las infancias y las adolescencias.
“Queremos ser un ministerio cercano, un ministerio que escucha. La elaboración de la política pública tiene que respetar lo territorial, porque no es lo mismo Bella Unión que Tarariras. Por eso es fundamental acompañar a las comunidades desde la realidad de cada lugar”, afirmó.
Actualmente el ministerio se encuentra realizando un mapeo de la precariedad habitacional cruzada con los datos de infancia y adolescencia, “para llegar a esa población que más nos necesita, a quienes no tienen voz ni organización para manifestar sus dificultades, y que tiene que ser el Estado el que vaya hacia esa población”.
En ese sentido, dijo que este nuevo programa de Agrupamientos Irregulares Rurales de Mevir busca atender justamente a las personas que están más alejadas y que más necesitan.
“Acompañamos este programa y reforzamos la convicción de que el Estado, y en este caso el ministerio, tiene que estar en el territorio, tiene que estar con la gente acompañando sus trayectorias de vida, y ahí nos encontrarán en este quinquenio”, sostuvo Paseyro.
El titular del Mevir, Andrés Lima, dijo a EL TELEGRAFO que la Ruta 26, que atraviesa el departamento de Paysandú, es el eje inicial de la aplicación de este programa, lo que se determinó por un estudio sociopoblacional y participación de equipos técnicos del organismo, razón por la cual se abrió recientemente un período de inscripciones para que las personas que residen en viviendas precarias en esa zona formalicen su disposición a ser objeto de intervenciones en el marco de este programa.
Subrayó asimismo Lima que este nuevo programa para atender los Agrupamientos Irregulares Rurales retoma lo que era el origen del organismo, de atender a la población dispersa y con mayor vulnerabilidad en el país, tanto en el Interior como en el interior profundo de cada departamento.
El programa tiene “varias aristas” y una de ellas “es intervenir en las viviendas existentes, a través de mejoras, reformas o refacciones, y en algunos casos, cuando sea necesario, construir desde cero. Pero en la mayoría de las situaciones son intervenciones en vivienda existente donde se va a estar mejorando, y apuntamos a que sea una mejora sensible para que esa construcción, que es muy precaria, pase a ser una vivienda digna”, afirmó el titular del organismo.
Además de la intervención en vivienda existente, también el programa implica generar condiciones para que servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y saneamiento puedan llegar a esa población.
Destacó asimismo a EL TELEGRAFO que además de este programa, entre otras líneas de acción, se sigue trabajando en identificar viviendas abandonadas o que no se ocupan en los programas Mevir, a efectos de su readjudicación, tras el estudio por los equipos técnicos correspondientes, tanto desde el punto de vista económico como el jurídico de las viviendas.
