Policiales

Intentó ingresar droga al INR

En el marco de los controles de rutina que se llevan adelante en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Unidad 16, con sede en la ciudad de Paysandú, personal policial detectó una situación irregular durante el ingreso de personas habilitadas para visitas.

De acuerdo a la información brindada por Jefatura, una mujer de 24 años fue sorprendida en presunta posesión de sustancias estupefacientes, las cuales se encontraban ocultas en sus partes íntimas. Ante el hallazgo, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso que el procedimiento quedara a cargo de la Brigada Departamental Antidrogas.
Efectivos de dicha dependencia concurrieron al establecimiento carcelario y realizaron las actuaciones correspondientes, incluyendo el pesaje y las pruebas de campo, que arrojaron resultado positivo para marihuana y clorhidrato de cocaína.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía ordenó la detención de la indagada y su conducción a sede fiscal para continuar con las actuaciones. Culminada la instancia judicial, la mujer, identificada por sus iniciales I.P.M., resultó condenada como autora de un delito de acto preparatorio de entrega de sustancias estupefacientes especialmente agravado.
Como pena, se le impusieron 16 meses de prisión, a cumplirse bajo el régimen de libertad a prueba, debiendo acatar una serie de obligaciones dispuestas por la Justicia.

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Policiales

Nueve militares retirados fueron condenados por torturas en San Javier en 1980 y 1984

Los militares retirados Daniel Castellá, Rodolfo Costas, Eduardo Saiz, Luis Estebenet, Óscar Mario Rocca, Abel Pérez, Jorge Soloviy, Dardo Ivo Morales y Héctos Sergio Caubarrère fueron condenados por torturas en San Javier en 1980 y 1984. Entre las víctimas se encontraba Vladimir Roslik, que falleció durante uno de los interrogatorios.

El juez de Fray Bentos de primer turno, Claudio de León accedió al pedido del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, y condenó a los militares por delitos de privación de libertad, lesiones y abuso de autoridad contra detenidos.
Tal como había pedido el fiscal, el juez condenó a 15 años y seis meses de penitenciaría a Rocca, Morales y Pérez como autores de reiterados delitos de privación de libertad, con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves, y para Caubarrère y Soloviy dispuso la pena de 14 años y seis meses de penitenciaría por los mismos delitos.

Para Castellá y Costas determinó una condena de 13 años y seis meses, también por privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves. En el caso de Estebenet, el juez dispuso una condena de 11 años y seis meses de penitenciaría por los mismos delitos, mientras que para Saiz dictó una condena de 13 años de penitenciaría.
“Es casi imposible pensar que un jefe de un batallón no supiera quiénes eran los detenidos que se encontraban en su batallón”, expresó el juez en referencia a Rocca, y agregó que un testigo experto fue contundente a la hora de determinar la responsabilidad del jefe de la unidad. A Caubarrère el juez lo identificó como el responsable del comando que llevó adelante el operativo de 1984. En cuanto al médico militar Eduardo Saiz, señaló que su participación “fue crucial” para la represión y planteó que el delito imputado no podría haberse cometido sin su participación.
El juez tampoco dudó en calificar las conductas de los imputados como crímenes de lesa humanidad y señaló que en 1980 y 1984 tales crímenes ya estaban vigentes como de lesa humanidad en el orden jurídico internacional, por lo que rechazó que la aplicación violente el principio de legalidad o el de retroactividad, haciendo referencia también a la alusión del derecho de genes en la Constitución de la República.
Tampoco se aceptó el argumento de las defensas sobre que actuaron en el marco de la obediencia debida y sostuvo que no existe marco jurídico que legitime la tortura o los malos tratos. “No se desconoce el contexto político histórico”, expresó.
De León recordó que “en democracia nadie está por encima de la ley”, y que la actuación de la Justicia debe mantenerse al margen de los reclamos de la ciudadanía.
Afirmó que el trabajo de la Justicia es de responsabilidad y no se mide por la popularidad del momento y que “la duda razonable no se reemplaza por convicción emocional”.

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Policiales

Motociclista embistió un automóvil que aminoró la marcha para doblar

Un joven de 23 años debió recibir asistencia médica al verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido minutos antes de las 14 de la víspera, a la altura del kilómetro 367 de la ruta 3.

Según datos recabados por EL TELEGRAFO, el hecho se produjo cuando éste circulaba en la motocicleta Zanella Sapucai 125 cc, matrícula ICV 5368, por la citada ruta hacia el sur. En igual sentido, pero unos metros delante, lo hacía el automóvil Renault 19, empadronado IAA 2751, el cual era guiado por una mujer de 42 años. La misma indicó que al llegar a la intersección con Calle 16 aminoró la marcha para doblar hacia al Este, ocasión en que sintió el impacto en la parte trasera de su vehículo y vio a un motociclista salir despedido unos cinco metros hacia la faja natural oeste.

Como consecuencia, el joven –que carecía de libreta de conducir– cayó violentamente y debió ser asistido por particulares que dieron pronto aviso al 911. Al lugar arribaron efectivos del Área de Respuesta Policial y de la Policía Caminera quienes tramitaron el arribo de una ambulancia para atenderlo. Examinado por un facultativo médico de UCEM, fue valorado con politraumatismos y probable fractura en pierna derecha por lo cual fue derivado hacia el Hospital Galán y Rocha.

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General

Proyecto de Ley sobre conductores de taxi, transporte colectivo y servicios afines (I)

Se encuentra a estudio del Parlamento Nacional un proyecto de ley cuya finalidad es regular diversos aspectos relacionados con el trabajo de conductores de taxi, transporte colectivo y servicios afines y cuyos detalles serán tratados en la presente entrega y en la siguiente.

Exposición de motivos

Para sus autores, “este proyecto de ley surge de la necesidad impostergable de actualizar, ordenar y modernizar el marco regulatorio aplicable a los conductores profesionales de automóviles de alquiler con taxímetro, transporte colectivo y servicios afines, así como a los servicios equivalentes surgidos de plataformas digitales de transporte individual. La expansión del trabajo móvil, el aumento de la demanda en determinadas franjas horarias, la expansión de la inseguridad producto de la delincuencia común y el crimen organizado, como el narcotráfico o bandas de robos de vehículos por citar algunos contextos que incrementan el estrés en los conductores en zonas barreales denominadas Zonas Peligrosas, más la intensificación del tránsito urbano y la creciente precarización asociada a extensas jornadas sin pausas adecuadas, han configurado un escenario que exige una respuesta integral del Estado para proteger la salud ocupacional de los trabajadores y la seguridad de la ciudadanía.
En Uruguay, la regulación del sector taxímetro, transportes colectivos y servicios afines ha evolucionado históricamente alrededor de criterios tarifarios, de habilitación de unidades y del vínculo laboral tradicional.

Sin embargo, carece de una normativa moderna que atienda de forma explícita las condiciones psicofísicas del conductor, la fatiga operacional, la sobrecarga de trabajo y los riesgos psicolaborales específicos asociados a la conducción prolongada y otros factores estresores. Estos inciden directamente en la seguridad vial, en la calidad del servicio y en la dignidad del trabajador. A ello se suma la ausencia de instrumentos formales y obligatorios de prevención del estrés psicológico, salud mental y bienestar laboral, dimensiones hoy reconocidas internacionalmente como factores críticos en las profesiones de transporte.

Diversos estudios internacionales y uno en particular nacional de la Universidad de la República, Facultad de Medicina, del Departamento de Salud Ocupacional, informe sobre el “Área Transporte Pasajeros Urbanos y Suburbano”, muestran que la carga mental, la carga física, y los contaminantes físicos son los que ponen en riesgo su salud seguidos de la seguridad y la violencia, en esta actividad laboral. Además, otros estudios señalan que el estrés acumulado y la falta de pausas adecuadas aumentan significativamente el riesgo de siniestros de tránsito, afectando no solo al conductor y a los pasajeros, sino también a terceros en el espacio público. De igual modo, la evidencia científica contemporánea identifica el estrés crónico, la ansiedad laboral y la falta de descanso como riesgos psicosociales que deterioran progresivamente la salud mental de los trabajadores expuestos a alta demanda, presión continua o interacción constante con el público. Por tanto, la protección contra la fatiga y el estrés del conductor se configura como una dimensión esencial tanto de la seguridad laboral como de la seguridad vial. Garantizar que el conductor no exceda sus límites e incorpore descansos, pausas, formación y apoyo psicológico no es solo una política laboral justa, sino una política de seguridad pública de alto impacto social”.

Objeto

La ley proyectada tiene por objeto asegurar condiciones laborales justas, seguras y dignas para los conductores de automóviles de alquiler con taxímetro, transporte colectivo y servicio afines (en adelante “conductores”), regulando su jornada de trabajo, descansos obligatorios, remuneración por horas extras, así como facilitar espacios de formación y ocio, con el fin de garantizar la Salud Ocupacional, el desarrollo intelectual, la seguridad vial y la calidad del servicio.

Ámbito de aplicación

En caso de ser aprobado, este texto se aplicaría a los conductores de taxi, que prestan servicios de transporte remunerado de personas mediante automóviles de alquiler con taxímetro o plataformas asociadas, transporte colectivo y servicios afines en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay, tanto en el área metropolitana como en el interior del país.

Jornada diaria máxima

El proyecto incluye lo siguiente: 3.1) La jornada ordinaria de trabajo de un conductor de taxi no podrá exceder de 8 horas diarias efectivas de conducción. 3.2) En virtud de necesidad operativa justificada, la jornada podrá extenderse hasta un máximo de 10 horas diarias, únicamente mediante acuerdo colectivo o convenio sectorial aprobado por la autoridad competente y con compensación adicional según lo que me mencionará más adelante y 3.3.) La suma de las horas de conducción y de espera activa (disponibilidad del vehículo para el servicio) se contabilizará como jornada de trabajo.

Pausas y descansos

Durante cada turno de conducción que exceda las 4 horas y media continuadas, el conductor deberá realizar una pausa obligatoria de al menos 45 minutos, que podrá fraccionarse en una de 15 minutos seguida de otra de 30 minutos. Asimismo, entre el término de una jornada y el comienzo de la siguiente deberá mediar un descanso mínimo de 12 horas continuas, salvo que por negociación colectiva se establezca un período menor, siempre que se compense en el siguiente ciclo.

Descanso semanal

Todo conductor de taxi y/o transporte colectivo y servicios afines tendrá derecho a un descanso semanal de al menos 36 horas continuas, que deberá coincidir con un período de 24 horas libres más otra fracción de al menos 12 horas. En casos de servicios de alta demanda (por ejemplo, zonas turísticas) podrá autorizarse, por resolución motivada de la autoridad competente, un descanso reducido a 24 horas continuas, siempre que en las tres semanas siguientes se acumule un descanso compensatorio que asegure el promedio equivalente a 36 horas semanales.

Dr. Rodrigo Deleón

DELEÓN ABOGADOS – Treinta y Tres Orientales 989 – Paysandú – Celular: (099) 10-33-13 E-mail: rdeleon1370@gmail.com

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General

Sentencia favorable a seis trabajadores de Paycueros que presentaron recurso de amparo

La Justicia resolvió acoger parcialmente la acción de amparo presentada por ocho trabajadores de Paycueros. Seis de ellos obtuvieron sentencia favorable y deberán ser reintegrados en un plazo de 72 horas, mientras que los dos restantes evaluarán iniciar un juicio extraordinario.

El asesor legal Julio Logiurato explicó que, conforme a la Ley 17.940, “teníamos la obligación legal de argumentar por qué creíamos que fueron despedidos por causa antisindical y la empresa tenía que demostrar que existía una causa razonable para su despido”.

Tras varias audiencias y un expediente de unas 2.000 fojas, “pudimos acreditar que hubo vulneración de los derechos sindicales”, indicó a EL TELEGRAFO, destacando que se trató de 8 trabajadores sobre más de 500, en una empresa que no corre riesgo de cierre y que recibió beneficios fiscales del Estado.

 

La sentencia establece que los seis trabajadores deben volver a sus puestos desde el 22 de diciembre. “Deben ser reintegrados a su lugar de trabajo. Es decir, no enviarlos al seguro”, advirtió Logiurato ante eventuales incumplimientos.

Desde la UTP, Antonio Ferreira valoró el fallo como “una demostración de la justicia para los trabajadores”, señalando que la empresa redujo su plantilla en unas 200 personas y que el fallo confirma que “fue un ataque a ciertos trabajadores y no un problema de la industria”.

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General

BPS rechazó incluir a extrabajadores de PILI en Fondo de Garantía de Créditos Laborales

Los extrabajadores de PILI reclaman al gobierno el cumplimiento de una resolución parlamentaria del 15 de setiembre para cobrar créditos laborales, luego de que el directorio del BPS negara su inclusión en el Fondo de Garantía de Créditos Laborales (Ley 19.690).

La iniciativa “solicita al Poder Ejecutivo que dicte un decreto que declare comprendidos en la Ley 19.690 –Fondo de Garantía de Créditos Laborales– a los extrabajadores”. El diputado Matías Pereira explicó a EL TELEGRAFO que el trámite pasó por MTSS y luego al BPS, donde “estuvo archivada” hasta que se pidió su inclusión en el orden del día.

En los últimos días, el organismo “dio un informe negativo”. “No entendemos por qué se dio este informe negativo y esperamos la aclaración del informe técnico”, señaló Pereira, quien apuntó a que la definición pase al Poder Ejecutivo.

 

Desde los trabajadores, Marcel Petrib expresó “desilusión” y sostuvo que el BPS “ejecuta por un proyecto que venga del Ejecutivo”. El director José Pereyra indicó que la decisión “es privativa del Poder Ejecutivo” y que el BPS “administra las leyes y decretos ya tomados”. Petrib reclamó una solución y cuestionó quedar “en el medio de esta discusión política”.

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Nacionales

Gobierno suspende pagos al astillero Cardama hasta resolución judicial, desde el PN responsabilizan al FA

(EFE-Telemundo)
La ministra de Defensa, Sandra Lazo, confirmó este lunes que el Estado no autorizará nuevos pagos al astillero español Cardama hasta la resolución judicial de la denuncia en curso que se mantiene con la empresa por el contrato de las patrulleras oceánicas (OPV).

Lazo aseguró a la prensa, en el acto por el 197 aniversario del Ministerio, que Presidencia amplió la denuncia contra el astillero y que, aunque el empresario Mario Cardama comunicó la colocación de la segunda quilla –pretendiendo que eso habilite pagos–, el gobierno mantiene todo “en stand by” y solo liberaría fondos si se cumplen hitos contractuales como la instalación de motores.

El Ministerio de Defensa, bajo la Administración del expresidente Luis Lacalle Pou, rubricó en 2023 el contrato de compra a Cardama de dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares.
No obstante, el pasado 22 de octubre, el gobierno anunció su decisión de rescindir ese contrato, tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, después de comprobar que la empresa EuroCommerce –que debía ofrecer el aval– se encontraba en proceso de liquidación.
En este sentido, Lazo indicó que ahora inspectores uruguayos están en España acompañados por una segunda auditoría de la calificadora internacional Bureau Veritas, que respalda el trabajo estatal, para verificar avances reales.

La ministra expresó su preocupación por la reciente “aceleración” de los trabajos tras un período de parálisis y advirtió que “la colocación de la quilla puede ser solamente presentar una chapa”, subrayando que Uruguay no cederá en la calidad del material, pues de ella depende la seguridad de sus efectivos.
Ante esta consulta, Lazo respondió que los apuros en los últimos días hacen que se corra un riesgo en la calidad del producto a entregar y aclaró que su prioridad no es una “aversión hacia el empresario”, a quien afirma que solo vio dos veces, sino cuidar a los funcionarios del Estado.
La ministra subrayó la necesidad estratégica de las OPV ante un “contexto mundial complejo” y la importancia de explorar alternativas regionales para consolidar soberanía compartida con los países vecinos.

En ese sentido, el presidente Orsi afirmó el pasado 9 de diciembre que Uruguay contará “sí o sí” con las patrullas oceánicas que inicialmente fueron encargadas a Cardama y aseguró que el gobierno está trabajando en ver la forma para lograr el objetivo central, que es tener las patrullas.
El diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, cuestionó al gobierno por lo que consideró una serie de contradicciones en torno al proceso de construcción de las patrullas oceánicas.

En entrevista con Telemundo, Gianoli sostuvo que el Ejecutivo ha manejado versiones cambiantes y recordó que, según información difundida por la prensa, se estaría evaluando rescindir el contrato por presuntos incumplimientos de la empresa. Al respecto, afirmó que “seguramente se rescinda el contrato producto del incumplimiento de la empresa Cardama”, aunque advirtió que ese incumplimiento, a su juicio, fue provocado por las propias autoridades.

El legislador recordó que hace dos meses integrantes del gobierno hablaron de “fraude” y “estafa”, y se preguntó qué proveedor puede confiar en un contexto de ese tipo. En ese sentido, expresó que existe “una gran contradicción del gobierno”, que –según dijo– termina demostrando desinterés por la construcción de las OPV.

“Desde el día uno está la voluntad manifiesta del Frente Amplio de que no se construyan las OPV”, sostuvo.

GOBIERNO ANALIZA DEROGAR ARTÍCULOS DE LA LUC

(SUBRAYADO)
El presidente Yamandú Orsi reconoció que el gobierno analiza derogar algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), impulsada y aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
En su momento, desde el Frente Amplio cuestionaron varios artículos, sin embargo, desde que la fuerza política asumió el gobierno, no derogó ninguno de ellos. “Las normas se derogan con otras normas”, afirmó. “Hay unas cosas aberrantes ahí en la LUC que las debemos (derogar). Las tenemos que hacer”, acotó el mandatario en una entrevista con el periodista Gabriel Pereira en Yunta Uy.
Entre esas reformas, Orsi apuntó al Código del Proceso Penal (CPP). “El tema de los (juicios) abreviados yo creo que es un problemón”, aseguró. “Habría que ver si no se usa de manera exagerada a veces los abreviados”, agregó.

El mandatario indicó que el análisis del CPP será global y no solo en relación a los procesos abreviados. “Caímos en un problema del uso medio… del abreviado y cuando vos no tenés recursos, salgo de esto”, indicó.

PROYECTO DE LEY PARA PREVENCIÓN DE AHOGAMIENTO

(RADIO URUGUAY)
La diputada del Partido Colorado por el departamento de Colonia, Nibia Reisch, presentó un proyecto de ley para la prevención de ahogamiento y otro que endurece sanciones para quienes agreden a guardavidas, inspectores y fiscalizadores de tránsito.
En los últimos cinco años hubo 189 fallecimientos por ahogamiento en Uruguay, mientras que del 8 de diciembre de 2024 al 28 de febrero de 2025, 12 personas perdieron la vida. Se trata de la primera causa de muerte por lesiones no violentas en niños menores de cinco años y la segunda por lesiones no violentas en menores de diez años.

En diálogo con La Mañana de Uruguay la legisladora dijo que “el 100% de estas muertes son evitables, tenemos un debe en nuestro país, es un problema de salud pública”.
“Hay que tomar medidas de prevención” y de educación dijo Reisch. El proyecto planta la capacitación obligatoria de guardavidas y personal en centros recreativos en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar.

Además se propone endurecer las sanciones contra quienes agredan a guardavidas, inspectores de tránsito y fiscalizadores en el ejercicio de sus funciones: “estamos viviendo en una sociedad más violenta”, reflexionó la diputada. El disparador de este incidente fue la agresión a un guardavida de Maldonado por un turista argentino, padre de un niño de tres años que el trabajador salvó.

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Deportes

Obreros Unidos festejó y piensa en la Eliminatoria Departamental

El viernes, en el Estadio Municipal de Guichón, Obreros Unidos se consagró tricampeón del fútbol guichonense tras vencer 5 a 3 en la definición por penales a Nacional, luego de ganar 1 a 0 tanto en el tiempo reglamentario como en el alargue. En la primera final, el elenco tricolor se había impuesto 1 a 0, por lo que Obreros Unidos estaba obligado a ganar para forzar el alargue y, de ser necesario, la definición desde el punto del penal, objetivo que logró concretar.

De esta manera, el equipo dirigido por Santiago Cravea se consolidó como el dominador del fútbol de Guichón y ahora aguarda por el campeón de Paysandú, con el que
disputará la Eliminatoria Departamental para definir cuál de los dos representará al departamento en la Divisional A de la Copa de Clubes OFI 2026.

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Policiales

Choque de moto y camión dejó una mujer con lesiones

Una mujer resultó con lesiones al sufrir un accidente de tránsito próximo a las 14.30 de la víspera en el cruce de avenida Wilson Ferreira Aldunate y Solano García.

En base a los datos recabados, la misma se dirigía por la avenida al oeste a bordo de la motocicleta Yumbo City, matrícula ICV 5339. Al llegar a la citada intersección no logró frenar a tiempo y colisionó contra el camión Volkswagen Worker, patente ITP 4266, que se dirigía en la misma dirección conducido por un hombre. De acuerdo a lo manifestado por el chofer, había encendido el señalero para doblar hacia el sur, ocasión en que sintió el impacto.

A raíz de la colisión, la motociclista requirió de asistencia médica por lo que tras ser notificado al servicio de emergencias 911 se hizo presente una ambulancia de SIET. Examinada en forma primaria habría sido diagnosticada con traumatismos y trasladada hacia el Hospital Galán y Rocha. Por su parte, efectivos policiales se hicieron cargo del procedimiento administrativo.

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Deportes

Final de Honor: Bella Vista y Barrio Obrero juegan el sábado

Anoche en la sede de la Liga de Fútbol se reunieron neutrales del Consejo Directivo Central (CDC) junto a representantes de Bella Vista y Barrio Obrero, finalistas de la Divisional A, para definir los detalles de la final en la que estará en juego el título de Honor 2025.

En la cita se definió que la finalísima del círculo de privilegio del fútbol sanducero se jugará el próximo sábado 27, a las 20 en el Estadio Artigas.
En cuanto a la definición y a diferencia de campeonatos anteriores, este partido se cerrará en los 90 minutos reglamentarios, dado que, si Bella Vista gana o empata será el Campeón de Honor 2025, debido a que cuenta con ventaja deportiva por ser campeón del Torneo Clasificatorio.
En cambio, Barrio Obrero estará obligado a ganar, para quedarse con el título de Honor.
El costo de las entradas será de $200 y ambas instituciones tendrán a la venta entradas anticipadas.

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Rurales

Impulsarán declaración de emergencia en sector apícola

El diputado Fermín Farinha impulsará la declaración de emergencia granjera para el sector apícola, luego de la mortandad de cerca de 14.000 colmenas en ocho departamentos, entre los que se encuentra Paysandú. En un encuentro efectuado por Zoom, los apicultores estiman que las pérdidas están por encima de 2,8 millones de dólares.
“Esto tiene un efecto progresivo, el número final aún no se puede manejar porque la mortandad tiene un efecto paulatino en función de la afectación de las colmenas. Vamos a tramitar una declaración de emergencia porque hasta este momento no hay un planteo formal y, a partir de allí, se habilitan determinados mecanismos para asistir a los productores”, señaló.

La Facultad de Química, entre otros científicos, realiza estudios para conocer el origen de lo ocurrido y trabajar en su prevención. “El ministerio trabaja sobre los hechos consumados pero tenemos que anticiparnos a estas situaciones y que haya un control más estricto. La afectación de estos polinizadores –y las abejas son uno de ellos–, son parte del ciclo productivo y del ecosistema. En este caso, en Uruguay tenemos un número que sinceramente es importante y debe llamar la atención del ministro para que llegue al fondo del asunto. Incluso para prevenir acciones futuras ya sea por la aplicación de determinados herbicidas o insecticidas, entre otros”, dijo Farinha.

Recordó que “en 2017 se vivió una situación puntual y en un trabajo conjunto con el entonces diputado Olivera estuvimos reunidos con los productores. Pero hay que trabajar en conjunto con la Comisión Honoraria de Producción Agrícola, con la Dirección General de la Granja para darle el lugar que le corresponde a este sector productivo, pensando en el daño al ecosistema”.
En aquel año “fueron afectadas 6.500 colmenas y ahora hablamos de casi 14.000 de las cuales 3.000 tienen pérdidas totales. Son alrededor de 60.000 abejas por colmenas, si sumamos esos números veremos que esto hará eclosión en el próximo invierno”.
Los productores plantearon la existencia de una mala praxis en la aplicación de los productos, además de la ausencia de controles a lo que se utiliza o importa el país. “Es decir, es necesario tener una trazabilidad. No solamente lo que se vende y a quién, sino cuánto y dónde se aplicó. En el sector productivo pretenden mejorar las condiciones de producción y nadie quiere aplicar herramientas que afecten el resultado de esa cosecha. En este caso pasó con la miel y el daño no es solo económico sino en la confianza al país”, concluyó.

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Rurales

Más de 1.000 hectáreas con maíz de primera y segunda en antigua estancia María Dolores

Autoridades nacionales y departamentales, junto a representantes de gremiales lecheras, recorrieron el inmueble 968 del Instituto Nacional de Colonización (INC), antigua estancia María Dolores en Florida, donde se presentaron los avances de la primera etapa del proyecto para la producción lechera familiar.
Actualmente, el inmueble alberga un banco de forraje gestionado de forma asociativa entre la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), la Sociedad de Productores de Leche de Florida, la de San Ramón, la de Villa Rodríguez y la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Treinta y Tres Orientales.

En esta primera etapa se sembraron cultivos de maíz de primera y de segunda, alcanzando un total de 1.203 hectáreas, de las cuales 450 hectáreas se encuentran bajo riego. La inversión conjunta de las gremiales en insumos y cosecha asciende a aproximadamente 800.000 dólares, según estimaciones del Instituto Nacional de la Leche (Inale).
El instituto destacó que el banco de forraje constituye una herramienta clave para mejorar la estabilidad de los sistemas lecheros familiares, reducir restricciones productivas y fortalecer la planificación de los tambos, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.

Impacto productivo

De acuerdo a las estimaciones técnicas de Inale, en una proyección hacia 2027-2028 el banco de forraje podría alcanzar unas 2.700 hectáreas, beneficiando a alrededor de 381 familias productoras dentro de un radio de hasta 50 kilómetros.

En ese escenario, el aporte de fibra y grano permitiría incrementar la producción de leche con destino a la industria en el entorno de los 87 millones de litros anuales, tomando como referencia experiencias similares desarrolladas en la cuenca lechera.

Tecnología y sostenibilidad ambiental

El inmueble cuenta con una capacidad de riego instalada de diez pivots que cubren aproximadamente 1.200 hectáreas, abastecidos por dos represas y tomas de agua autorizadas por la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente. De forma progresiva se está incorporando tecnología de telemetría en los sistemas de riego, lo que permitirá optimizar el uso del agua, mejorar la planificación y reducir costos operativos.
De acuerdo a Colonización, los futuros tambos que se instalarán en el predio cumplirán con las normas ambientales vigentes para la cuenca del río Santa Lucía, incluyendo sistemas adecuados de gestión de efluentes.
En el proyecto en el inmueble 968, Mevir tendrá a su cargo la construcción de viviendas y tambos mediante sistemas de autoconstrucción. Conaprole brindará asesoramiento técnico en el diseño de salas de ordeñe y distintos organismos públicos coordinarán obras de caminería, energía eléctrica y conectividad.

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Culturales

Con tablados a cargo de ADAC, el Carnaval 2026 se prepara para recorrer los barrios

La Agremiación de Agrupaciones de Carnaval (ADAC) confirmó un acuerdo con la Intendencia de Paysandú para el Carnaval 2026, tras un período de diferencias entre las partes. “Teníamos que trazar una línea y mirar hacia adelante”, expresó el presidente de ADAC, Marcos Nieto, al referirse al proceso de recomposición.
Según explicó, la nueva Comisión Directiva asumió “a mitad de año” y se planteó como meta que “la fiesta crezca como fiesta popular” y que los conjuntos “empezaran a crecer también”.

CONCURSO OFICIAL

La Intendencia estará a cargo del concurso oficial de agrupaciones. En palabras de Nieto, la propuesta fue que “fuera la Intendencia la que organizara el Concurso Oficial de Agrupaciones”, una definición que fue considerada y aprobada por la asamblea de la agremiación.

En el marco del acuerdo, el certamen contará con una sola ronda competitiva. Respecto al lugar, se confirmó que el concurso se desarrollará en la zona del “barquito de la playa”, frente al río. “Entrada libre, gratuita, con plaza de comida, expositores, feriantes”, detalló Nieto, y agregó: “Ubicado el escenario de espalda al río y la platea enfrente”.

Asimismo, el presidente de ADAC explicó que, aunque se buscó sostener el apoyo del Club Bella Vista, el concurso implicaba costos elevados. “Entendimos también que a Bella Vista le generaba una cierta cantidad de costos elevados”, afirmó. Y añadió: “Para la agremiación sumarle otra cuenta más a pagar era complicado”.

DOS SEMANAS DE TABLADOS

Matías Pérez indicó que ADAC se encargará de organizar los tablados, con apoyo de la Intendencia y la Dirección de Cultura. “ADAC va a ser la organizadora de todos los tablados que se inscriban”, sostuvo.
El período de inscripción comienza hoy martes 23 de diciembre y se extenderá hasta el 10 de enero inclusive.

Podrán anotarse instituciones deportivas, cooperativas y organizaciones sociales. Pérez explicó que deberán enviar un correo electrónico a adac.oficialpaysandu@gmail.com con los datos del responsable y un teléfono de contacto. “Esperamos que esta convocatoria para los tablados tenga respuesta masiva y podamos los grupos recorrer toda la ciudad”, agregó.

Las noches de tablado se planifican para la primera y la segunda semana de febrero, antes del “desfile inaugural, desfile de llamada” y el inicio del concurso, indicó Pérez.

Sobre el esquema económico, señaló: “Lo que solicitamos a la Intendencia es que financien la amplificación de cada tablado”. En tanto, el tabladista asumirá el costo de las actuaciones, “una suma que sería para cubrir los costos de las actuaciones de los cuatro conjuntos”: las murgas ELDA (Eran las de Antes) y Los Charoles, y los parodistas Sinvergüenzas y Truman’s.

También podría sumarse la participación de otros elencos, como La Democracia, “que está ensayando pero no participará del concurso, aunque sí podrá presentarse en tablados”.

Nieto subrayó “la necesidad de ampliar la participación y recuperar conjuntos que dejaron de salir”. No descartó un llamado “para fomentar el regreso de conjuntos que ya no están saliendo y también la incorporación de conjuntos nuevos que se puedan sumar, en coordinación con la Intendencia y otras instituciones”.

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Destacados

Arribó partida de azúcar crudo por vía fluvial

Arribó al puerto de Paysandú un cargamento de 12.650 toneladas de azúcar crudo procedente de Argentina, transportado por la Hidrovía Paraguay–Paraná, que completa la logística de materia prima para su procesamiento en el ingenio sanducero.

El director Miguel Fraschini señaló: “estamos recibiendo este convoy de 12.650 toneladas de azúcar crudo, en ocho barcazas, procedente del puerto de Rosario, Argentina, el que fue cargado la semana pasada y se terminó de hacerlo en la madrugada del sábado, por lo que el convoy navegó el fin de semana hasta el puerto de Paysandú, al que llegó en la mañana de este lunes”.

Indicó que, tras las formalidades aduaneras, la descarga demandará unos cuatro días. “Con este convoy Azucarlito completa su programa de compra de crudos zafra 2025 y constituye el stock necesario para transitar el período post zafra de la caña de azúcar, que va a empezar una nueva zafra en mayo – junio de 2026…”, explicó, asegurando abastecimiento hasta junio de 2026.

La operación permitirá alcanzar un stock cercano a 30.000 toneladas para la entrezafra. El transporte se realizó con ocho barcazas tipo Mississippi, remolcadas por una nave paraguaya, lo que implicó menores costos frente al transporte terrestre, con una descarga estimada de 3.000 toneladas diarias.

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Deportes

Pilar Cañedo fue la mejor en el inicio del Circuito Nacional

La nadadora sanducera Pilar Cañedo comenzó de gran manera su participación en el Campeonato Uruguayo de Natación de Aguas Abiertas, al imponerse en la primera fecha del Circuito Nacional, disputada este sábado en Playa Solanas, en Punta del Este, bajo la organización de la Federación Uruguaya de Natación (FUN).
La etapa inaugural estaba prevista originalmente en Laguna del Sauce, pero la mala calidad del agua obligó a modificar el escenario, trasladando la competencia a la costa esteña. En ese contexto, Cañedo, representante del Club Olimpia, confirmó su buen momento deportivo con una sólida actuación que le permitió quedarse con el primer lugar. La prueba femenina se desarrolló sobre una distancia de 5 kilómetros, y tuvo a la sanducera como ganadora con un tiempo de 52 minutos y 30 segundos, superando a Zaira Santángelo y Paula Torrens, ambas del Club Campus, quienes completaron el podio.
En la rama masculina, el triunfo fue para Maximililiano Paccot. El segundo puesto correspondió a Facundo Rosso, mientras que el sanducero Nicolás Culela logró una destacada tercera posición.
En cuanto al calendario del Circuito Nacional de Aguas Abiertas, la actividad continuará el 17 de enero con la segunda fecha en la Parada 9 de Playa Mansa, en Punta del Este. La tercera etapa se disputará el 24 de enero en La Paloma, y el 31 la competencia se trasladará a Paso Severino, en Florida. Durante febrero habrá tres fechas: el 7 en Punta del Este, el 21 en Minas y el 28 en Carmelo, mientras que el cierre de la temporada está previsto para el 14 de marzo en Balleneros, en Punta del Este.

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