El edil del Partido Nacional, Marcelo Tortorella, analizó la propuesta del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, de crear “Más Paysandú”, una fundación vinculada a la Intendencia. Calificó la iniciativa como “una idea novedosa” que “es necesario que sea analizada en profundidad y sin prejuicios”, al tiempo que advirtió sobre los desafíos que plantea en materia de transparencia y control del gasto público.
Tortorella recordó que, desde el punto de vista legal, “la Intendencia tiene capacidad jurídica para crear una fundación al amparo de la ley 17.163”, al ser una persona jurídica. Sin embargo, subrayó que “la doctrina administrativa suele plantear objeciones que giran en torno a la transparencia, el control y los vínculos laborales que se gestionan bajo esa modalidad”, aspectos que, dijo, “es preciso abordar para que sea un mecanismo beneficioso para el interés general”. A juicio del edil, la propuesta “entraña un beneficio y un riesgo a la vez”.
“Se recurre a una figura de derecho privado, como la fundación, para sortear las rigideces de control que rigen a la Administración Pública”, afirmó, y señaló que ese ha sido uno de los motivos por los cuales distintos órganos públicos han optado por trabajar con fundaciones. Como ejemplo mencionó el caso de Paysandú con la “Fundación A Ganar”.
El objeto de la fundación “es demasiado amplio”, incluyendo ejecutar proyectos o programas de cooperación nacional e internacional; administrar infraestructuras destinadas a educación, capacitación, asistencia social, salud; administrar y gestionar fondos sociales; impulsar el desarrollo económico local y territorial; constituir y gestionar fondos sociales.
Desde la óptica del régimen de contrataciones, Tortorella explicó que “las fundaciones, por ser de derecho privado y no tener fines de lucro, no están obligadas a seguir los procedimientos de licitación pública que rigen para las intendencias según el Decreto-Ley 14.908 y el Tocaf, y además cuentan con exoneraciones fiscales y mayor flexibilidad para contratar personal”.
“Todo eso puede significar ahorros importantes para la gestión pública”, reconoció. Pero advirtió que “por esta vía también se habilitan contrataciones directas que pueden derivar en falta de transparencia e incluso en hipótesis de clientelismo político”.
En ese sentido, alertó que los directores de estas fundaciones “no pueden ser funcionarios y quedan exentos de las obligaciones de la ley 19.823 sobre transparencia en la función pública y de los controles de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), regulada por la ley 19.340”.
“Ahí es donde aparecen las mayores preocupaciones”, remarcó.
De cara a un eventual avance de la iniciativa, Tortorella planteó que “es imprescindible generar una base de consenso político muy amplia”.
“Si se constituye una fundación, tiene que proyectarse como una herramienta al servicio del gobierno departamental más allá del gobierno de turno”, sostuvo. A la vez, consideró necesario “generar mecanismos de contralor supletorios sobre la ejecución de los fondos públicos y sobre las actividades que se cumplan a través de la fundación”, para no dificultar “el derecho a saber de la ciudadanía ni el poder de contralor de los ediles, especialmente en el manejo de los recursos”.
El edil recordó que, además de la Junta Departamental, “otros órganos también intervienen”, como el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que controla los aspectos legales de las fundaciones, y el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), “que es el órgano de control del gasto público”.
Advirtió que, si la Intendencia utiliza una fundación propia “para coadyuvar en el cumplimiento de cometidos departamentales” y transfiere recursos públicos, “pueden generarse observaciones al gasto por parte del TCR, especialmente si se interpreta que se intentan eludir procedimientos legales”.
“En conclusión, la propuesta de crear una fundación departamental debe sortear primero la encrucijada entre la agilidad en la gestión y la transparencia y legalidad”, resumió Tortorella. Y agregó: “El marco normativo permite a la Intendencia crear una fundación, pero la implementación deberá superar el riguroso escrutinio del Tribunal de Cuentas y de la Junta Departamental para evitar repetir las mismas observaciones que han generado controversias en el pasado reciente”.
Finalmente, el edil señaló que, para avanzar, “es clave enfocarse en las recomendaciones de los organismos de contralor, como la Jutep y el Tribunal de Cuentas, y en la doctrina administrativista, que ofrece directrices claras”.
El objetivo, concluyó, debe ser que la Administración Pública “pueda gestionar servicios de forma eficiente sin sacrificar la probidad, la transparencia ni caer en incompatibilidades o conflictos de intereses con una fundación de la que también forma parte el gobierno departamental”.
