(Subrayado-El Observador)
El Directorio de la Caja de Profesionales aprobó, en votación dividida, el pago de una partida de 20 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), equivalente a 131.520 pesos, a los próximos directores de la institución.
Esto, según la oposición, contradice la ley de reforma de la caja de profesionales, que señala en su artículo 289 que los siete miembros del directorio nuevo que asuma en febrero serán honorarios.
La votación salió cuatro a dos y fue rechazada por los directores Virginia Romero y Daniel Alza, que la impugnaron ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Fuentes de la Caja de Profesionales dijeron que la iniciativa del pago de una “partida indemnizatoria” fue del representante de los jubilados en la caja.
Este jueves, en el directorio votaron a favor el delegado de los jubilados, el representante y los dos delegados del Poder Ejecutivo. El tema está ahora en manos del MTSS, que será el que defina, ya que desde que fue impugnada la resolución queda en suspenso.
“Estamos sorprendidos, no estamos de acuerdo y estamos trabajando en el tema”, dijo este viernes el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, por lo que se encuentran “viendo cómo es el mecanismo de revisión” para revertir lo que se votó.
El jerarca señaló “no estaba al tanto” de la votación, así como tampoco se encontraban informados el presidente de la República, Yamandú Orsi, ni el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. “Una cosa es discutir viáticos para compensar una actividad” y otra lo que promovió el directorio, contrastó el titular del equipo económico. Algunos legisladores de la oposición también se pronunciaron al respecto. El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala escribió en X que se trata de “otra decisión ilegítima aprovechando la siesta veraniega”. Planteó que, si bien el acuerdo por la caja prevé que los directores sean cargos honorarios, “el proyecto original del PE contenía un régimen de viáticos y compensaciones de gastos pero la oposición puso como condición su eliminación”: “El gobierno tiene que cumplir. El Poder Ejecutivo, que tiene la última palabra, debe ahora anular esa resolución”, consignó.
El diputado del Partido Colorado, Adrián Juri, cuestionó este viernes la resolución. “Nos parece realmente un disparate lo que se votó”, afirmó el legislador, teniendo en cuenta que la comisión especial del Parlamento trabajó mucho en el salvataje de la Caja de Profesionales.
Recordó que en 2023 se votó la ley 20.130 de reforma de la seguridad social que establece el carácter honorario de los directores de la Caja de Profesionales a partir del próximo directorio. También, indicó que la posibilidad de cobrar viáticos no se votó en la normativa tras el planteo del Partido Colorado.
El legislador apuntó a “un tema de conciencia y de ética”. Juri señaló además la responsabilidad de los miembros del Poder Ejecutivo en votar a favor de la partida y reclamó una respuesta del gobierno.
JOVENES INFRACTORES A PROGRAMA DEL EJÉRCITO
(TELEMUNDO)
En los próximos días, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Ministerio de Defensa firmarán un convenio que permitirá a jóvenes infractores participar en un programa de formación junto al Ejército Nacional. La iniciativa comenzará con una experiencia piloto para 20 jóvenes y está previsto que inicie en marzo de 2026.
El director del Inisa Daniel Radío explicó que el proyecto tendrá “básicamente tres pilares”: “Uno vinculado a la educación de estos muchachos, otro a la capacitación laboral y eventualmente un tercero que podría ser la incorporación o reclutamiento, pero que no es el fin de esto”. Radío aclaró que, en caso de que alguno de los participantes decida luego integrarse al Ejército, “esta suerte de curso generaría un mérito adicional si después tienen vocación de integrarse al Ejército”. Según detalló, las conversaciones entre ambas instituciones están “muy avanzadas”. “La semana pasada recibimos en la Colonia Berro la visita de dos oficiales del Ejército con los que estuvimos, junto con los directores de los centros de los hogares, ajustando detalles sobre el funcionamiento. La perspectiva es muy alentadora”, afirmó.
GOBIERNO FRENA PAGO A CARDAMA TRAS NUEVO INCUMPLIMIENTO
(ÁMBITO)
El Estado tomó la decisión de no habilitar el pago correspondiente al tercer hito en la construcción de las patrullas oceánicas luego de que el astillero español Cardama no cumpliera con los compromisos asumidos en el plazo establecido para ello. La continuidad o no de los pagos a Cardama es una de las cuestiones más polémicas en torno a la novela con el astillero español que desde hace más de tres meses ocupa la agenda del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) –y de buena parte del sistema político– como tema central. Es que, mientras el contrato siga vigente, el Banco República (BROU) está obligado legalmente a ejecutar los desembolsos correspondientes a las diferentes etapas del proceso de construcción de las patrullas tipo OPV, también conocidas como “hitos”. Sin embargo, el gobierno resolvió no habilitar el pago por el tercer hito del proyecto luego de que Cardama no acreditara la disponibilidad de los motores principales del primer buque, según confirmaron fuentes del Ministerio a Portal Marítimo; un paso clave en todo el esquema no solo de avance de las obras, sino también del cronograma de pagos. Si bien la fecha para la acreditación de los motores está pautada para el 15 de febrero, el astillero debía dar cuenta de la disponibilidad de los mismos para su instalación hasta el 14 de enero –estipulado en la carta de crédito–, de modo que alcanzaran los tiempos para su colocación efectiva en la embarcación correspondiente. El problema tuvo lugar en la empresa proveedora, Caterpillar, que no cumplió con los plazos propios de entrega; explicación que la compañía española esgrime como justificación, atribuyendo el incumplimiento a la demora de un tercero. Pero desde el gobierno no dan el brazo a torcer e insisten en que la condición contractual no se cumplió.
