Durante los pasados 28 y 29 de enero, Panamá se convirtió en una pequeña Davos, al reunir más de 6.500 autoridades, empresarios, académicos, inversionistas y tomadores de decisión de 70 países en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, el epicentro del debate económico y político de la región, organizado por CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, con el Gobierno de Panamá.
En ese ámbito participó la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial uruguaya, Tamara Paseyro, quien formó parte del panel titulado “Vivienda Social como Motor de Desarrollo: Articulación Sectores Público, Privado y Financiero”, un espacio de intercambio en que se abordó el rol de la vivienda como catalizador de desarrollo integral, generación de empleo, fortalecimiento comunitario, mejora de la salud y la educación, y dinamización de las economías locales, según resumió el propio ministerio. En ese ámbito se trabajó sobre modelos innovadores de financiamiento —subsidios, instrumentos de microfinanzas, hipotecas sociales—, mecanismos de articulación público-privada, diseño urbano sostenible, tecnologías constructivas eficientes y programas de mejoramiento barrial, con el objetivo de analizar cómo escalar soluciones habitacionales financieramente viables, socialmente inclusivas y ambientalmente sostenibles.
Resulta sumamente interesante la intervención que realizó la ministra, considerando que en Uruguay la temática de la vivienda siempre está entre las principales preocupaciones de los uruguayos, a veces, como desde un buen tiempo ya, desplazada por la inseguridad, otras veces por el empleo y la economía y en situaciones muy extremas por alguna pandemia o una crisis hídrica, pero casi nunca baja de las primeras cinco o seis preocupaciones.
La ministra Paseyro habló de “lecciones aprendidas” por la política habitacional uruguaya desde una mirada integral del hábitat. Planteó que debemos considerarla como una “política pivot dentro de un conjunto de políticas sociales y urbanas” y lo atribuyó a tres razones principales. La primera de las cuales es que la vivienda “articula múltiples dimensiones”. Es que, a su modo de ver, cuando se alude a la vivienda, además de hablar “de la propia materialidad de la vivienda”, también se habla “del suelo, de las infraestructuras, de los servicios públicos y de la convivencia”, aseguró. La segunda razón es que la vivienda “condiciona la eficacia de otras políticas sociales”, en la medida que una solución de vivienda adecuada “permite que las políticas de salud, de educación, de cuidados y de seguridad trabajen en sintonía y tengan el impacto que todos queremos”. La tercera razón esgrimida por la ministra oriental es el “fuerte efecto multiplicador de derechos y capacidades que tiene la inversión en vivienda, tanto en lo social como en lo económico”. Afirmó que la inversión en vivienda “tiene un impacto en el gasto hoy, pero tiene una reducción de costos futuros, si pensamos en lo que está asociado a la exclusión y a la segregación”, y definió a la vivienda como “un derecho que habilita otros derechos”.
Siguiendo con esa línea de pensamiento, la secretaria de estado avanzó sobre la problemática de la infancia, un asunto en que el actual gobierno ha hecho énfasis desde la campaña que llevó al gobierno al presidente Yamandú Orsi. Para Paseyro la vivienda tiene un impacto importante sobre el bienestar de la infancia. “El 32% de niños menores de seis años vive bajo la línea de pobreza, y eso nos convoca al trabajo y a pensar alternativas en conjunto. El gobierno solo no puede y necesita de otros actores”, afirmó. Enfatizó en lo relevante de la articulación entre los sectores público y privado, el Estado, organizaciones civiles y la comunidad, como destinataria de las políticas públicas. Pero todo este aprendizaje se da de frente con un problema que atañe directamente a la solución de los problemas habitaciones, que es el acceso a las tierras donde construir. “Es una problemática en todos los países. Cuesta conseguir suelo apto, con todos los servicios, bien localizado, para poder implementar estos programas”, resumió, antes de abogar por “un Estado activo en la gestión del suelo, en coordinación entre el gobierno nacional, las intendencias y el tercer nivel de gobierno. La política habitacional y el ordenamiento territorial tienen que trabajar juntos para lograr el impacto que queremos”. Para ser una lección aprendida, todavía sigue siendo un gran pendiente, incluso desde antes, pero por lo menos en lo que va de este siglo. La cartera de tierras sigue siendo un enorme pendiente, que realza decisiones como la que tomó la Intendencia de Paysandú de dar un paso en la adquisición de los terrenos que pertenecían a la desaparecida Paylana, que sigue habitando en la memoria de todos los sanduceros.
Pero hay más lecciones mencionadas por Paseyro, por la de entender la vivienda como un proceso dinámico antes que como una solución definitiva. “La vivienda tiene que ir acompañando los cambios demográficos de la población. Ha habido un crecimiento de hogares monoparentales, hogares cada vez más pequeños, la independencia de los jóvenes, el envejecimiento de una parte de la población y, al mismo tiempo, la persistencia de hogares numerosos y asentamientos con graves carencias”, mencionó.
En este sentido es notorio que el mercado, aunque con apoyo en instrumentos de políticas públicas, ha sido mucho más ágil en encontrar las respuestas que la población estaba demandando. El problema es que el mercado encuentra soluciones para quienes tienen las condiciones para pagarlas, y hasta podría decirse que hay una oferta generosa, tanto que el negocio inmobiliario es visto también como una posibilidad de inversión. Por otra parte queda otro sector de la población que no encuentra o no alcanza a estas soluciones que el mercado propone y que ha venido quedando fuera, recurriendo a soluciones transitorias o precarias, que se vuelven más aun cuando la cosa se pone seria. Aplicando el mismo razonamiento que siguió la ministra, podemos asociar este problema a otros que también aparecen en las listas de preocupaciones nacionales. En buena medida estas soluciones precarias, que hace medio siglo recibieron el irónico mote de cantegriles —que formalmente se denominan asentamientos irregulares—, los vemos ahora en las pantallas, relatados por tiktokers extranjeros que vienen a pasearse entre la inseguridad, cual si estuviesen en una favela carioca o en una villa miseria del Conurbano de Buenos Aires.
