(Ámbito-Búsqueda)
Con los cambios introducidos al régimen de promoción de inversiones y, por ende, a los beneficios fiscales a los que acceden las empresas privadas, las compañías públicas solicitaron ser alcanzadas también por las mismas exoneraciones, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desestimó el pedido.
La promoción de inversiones a través de incentivos fiscales es uno de los regímenes más sólidos y consistentes, ya que, con algunos ajustes, se mantiene vigente desde 1998. Consiste en la postulación de proyectos ante la Comisión de Aplicación (Comap) de la ley para que la oficina –que opera dentro de la órbita del MEF– analice las iniciativas y sugiera al Poder Ejecutivo si otorgarle o no a las empresas en cuestión la ventaja tributaria.
Las últimas modificaciones a este régimen –que ajustan los criterios de elegibilidad para los proyectos, contempla incentivos adicionales para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y ajusta los indicadores que son computados– entraron en vigencia el pasado 1° de febrero; pero, mientras las mismas eran todavía discutidas, las empresas públicas pretendieron acceder a los beneficios fiscales en el marco de la promoción de inversiones.
Al respecto, la presidenta de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), Cecilia San Román, confirmó que se le solicitó al Poder Ejecutivo que la petrolera estatal pudiera “acceder a los beneficios fiscales establecidos en la ley 16.906, en igualdad de condiciones que los actores privados que compiten en el mismo mercado, en el caso de actividades no monopólicas”.
Entre los argumentos esgrimidos, señaló que la actual “exclusión genera una asimetría competitiva injustificada, en los casos en que Ancap actúa en condiciones de libre competencia, lo que sería contrario al espíritu de las leyes que lo habilitan”. “Esta imposibilidad de contar con dichos beneficios encarece los proyectos del ente, afectando su competitividad y capacidad de innovación”, agregó.
La decisión de solicitar al MEF la inclusión de las empresas públicas en el conocido como “régimen Comap”, sin embargo, habría provenido directamente del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), según señalaron desde UTE.
Mientras que hubo intercambios entre las autoridades ministeriales y las de los entes, finalmente el MEF rechazó los planteos, aduciendo el impacto fiscal que tendría la medida, sobre todo en un escenario de alto déficit como el actual.
Las modificaciones en el régimen de inversiones que ya están vigentes pusieron el foco en priorizar el empleo en “los grupos poblacionales que tienen mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo”; promover la descentralización “en los departamentos del Uruguay que hoy sufren las principales problemáticas de empleo y pobreza”; y en “incentivar la productividad de las empresas”, a través de la actualización del indicador de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+), así como la incorporación del de sostenibilidad ambiental.
SUNCA RECIBIÓ PAGOS DE FOSVOC PARA LICENCIAS SINDICALES
(MONTEVIDEO PORTAL)
Los desvíos de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) fue una de las causas de mayor trascendencia durante el 2025, por la que la Justicia ya condenó al menos a ocho personas por diversas maniobras.
A medida que fue avanzando la investigación, se fueron conociendo detalles sobre cómo operaban los involucrados: en uno de los casos se supo que la jefa administrativa del fondo, Stella Rey, le había realizado 26 transferencias a dos obreros afiliados al Sunca para que se quedaran con una parte y el resto se lo enviaran a Bruno Bertolio, uno de los primeros condenados en la causa.
Sin embargo, esta no habría sido la única forma que hallaron para desviar dinero. Según consta en un acta del Fosvoc fechada el 7 de setiembre de 2021, la comisión administrativa aprobó pagos al Sunca para cubrir jornales de licencias sindicales de varias personas.
El documento, que cuenta con la firma de Bertolio y dos representantes del ámbito corporativo, agrega que el pago se realizó “junto con las correspondientes partidas espejo para las gremiales empresariales”. Fueron un total de $ 325.022 en concepto de 80 jornales –20 para el propio Bertolio y 60 para otros tres dirigentes–.
Bertolio, exdirigente de la lista 658 del Sunca, fue condenado en junio junto a Víctor Rivero y Santiago Bernaola como coautores de delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia.“Se dispusieron penas de dos años y un mes de penitenciaría para dos de ellos y dos años y tres meses” para el exsindicalista restante, indicó la Fiscalía en ese momento.
El gremio de la construcción tuvo recientemente su XIX Congreso y el secretario general, Javier Díaz, calificó a los involucrados –imputados y procesados– de “chorros” y “delincuentes”, y destacó la postura del sindicato de obreros de la construcción, que actuó “sin dudar un instante”.
CABILDO ABIERTO APOYA INVESTIGACIÓN SOBRE CARDAMA
(RADIO MONTECARLO)
Cabildo Abierto apoya crear una investigadora sobre la compra de las patrulleras a Cardama, si comprende todo el proceso y no solo la rescisión del contrato, como plantean los blancos. A su vez, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, señaló que si se trata de una mezquina jugada política con miras al 2029 y termina costándole caro al país, entonces que los responsables paguen civil y penalmente lo que tengan que pagar.
Manini afirmó tener un sentimiento de “bronca”, si es que todo esto se hizo mal o hubo algún tipo corrupción, y si no hubo corrupción y se hizo por “burros” o por negligencia, que haya los castigos que corresponda.
Sobre las decisiones adoptadas en el Ministerio de Defensa en la pasada administración, sostuvo que no pasaron necesariamente por Cabildo Abierto, que ocupaba la subsecretaría.