El diputado Fermín Farinha y el edil Julio Kniazev alertaron por atrasos de cinco meses en el pago de los servicios especiales de seguridad (222) al personal subalterno de la Prefectura de la Armada Nacional que afecta a unos 600 funcionarios de todo el país.
Farinha presentó un pedido de informes donde solicitó información de “la situación al día de la fecha en cuanto al atraso en el pago de dichos servicios, discriminando el monto adeudado por mes, cantidad de funcionarios alcanzados y su distribución territorial, especificando el departamento”.
En el documento, solicitó “el procedimiento adoptado para regularizar dicho atraso y el cronograma previsto” para saldar lo adeudado.
En el pedido de informes, requirió que el ministerio de Defensa indique “la situación actual del personal afectado en Paysandú por esta demora, monto total y plazo estimado para la cancelación total de la deuda”, así como la “disposición de investigaciones administrativas para advertir la existencia de faltas en el servicio y sus presuntos responsables”.
El legislador señaló que “lo que más nos llama la atención es que, a partir de una información primaria que tenemos, las instituciones ya pagaron al ministerio por esos servicios. Por ejemplo, la Administración Nacional de Puertos pagó, pero se demora la liquidación al personal subalterno que percibe menores salarios y ya pasan varios meses”.
Explicó que “este 222 es una parte importante de sus ingresos” que mantienen atrasos por “la burocracia interna del ministerio de Defensa, de acuerdo a las informaciones que tenemos”. Recordó que el gobierno de Luis Lacalle Pou instrumentó cambios en la reglamentación, con el fin de la regularización de las partidas que componen los diferentes rubros de la masa salarial.
Denuncia de familiares
Consultado Kniazev, presidente de la comisión de Asuntos Laborales de la Junta Departamental, acerca de los contactos efectuados con familiares del personal subalterno afectado, aclaró que son funcionarios “con limitada capacidad de reclamo por un reglamento general de disciplina que está regulado por la Constitución”.
No obstante, aseguró que “a 600 trabajadores se les adeuda los meses de setiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero de estos servicios especiales. Incluso, tendrían que estar incluido en el aguinaldo los meses comprendidos entre enero y agosto”.
Familiares de los trabajadores “manifestaron su preocupación porque algunos tienen más de 480 horas hechas que, hasta ahora, no se abonaron. Se juntaron, fueron hasta Presidencia pero no han obtenido respuesta. Sin embargo, los organismos que contratan este servicio especial, se encuentran al día y las situaciones de algunas familias son paupérrimas”, dijo a EL TELEGRAFO.
Agregó que “incluso hay funcionarios que optaron por dejar de hacer el servicio y buscan otras fuentes de empleo para complementar el salario, porque los incumplimientos pesan mucho en el salario de los trabajadores. Para tener una idea, el que hizo menos, fueron 200 horas”.
Trámites para el recibo
El edil manifestó que “los funcionarios tienen que hacer un trámite tan burocrático para tener el recibo sobre estas horas especiales del servicio 222 que, a veces, omiten hacerlo. Antes los bajaban por intermedio de una aplicación en su teléfono que ahora no lo tienen. En la actualidad, es un trámite administrativo para saber lo que le pagan y cuando tienen acceso al servicio, no se especifica si es por la ANP o por barrera sanitaria u otro servicio. Es decir, no saben lo que cobran y si está de acuerdo a las horas que trabajaron”.
Farinha aclaró que se trata de “una irregularidad gruesa, porque afecta el salario y una parte de las garantías del Estado porque es el que liquida ese rubro”.
Aclaró que “desde que tengo conocimiento de estas situaciones, han derivado en diversos juicios al Estado porque son partidas salariales ajustadas a un régimen especial”.
Controles estatales
Farinha criticó la falta de controles de otros organismos. “Acá ocurre que el ministerio de Defensa percibe un ingreso que luego no liquida, qué pasa con esos rubros y qué pasa con la Auditoría Interna de la Nación o la Contaduría General de la Nación que deben controlar el funcionamiento de la administración central que rige al ministerio de Defensa, así como el Tribunal de Cuentas que debe intervenir porque son salarios y las entidades tienen que pasar por el control interno y externo”.
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