Día: 3 de mayo de 2026

Días atrás vi en Cortocircuitos Ciudadanos un escrito que me puso en la obligación moral de señalar que la persona que hace esa denuncia pública falta totalmente a la verdad. Yo, gracias a Dios, tengo la posibilidad de estar desde hace cuatro años en mi querido Hogar de Ancianos Enrique Chaplin y mi nombre (porque no me escondo en el anonimato) es Daniel Terzaghi. Cuando en ese Cortocircuito se menciona ancianos descuidados en sillas de ruedas, preguntó: ¿Por qué?, yo le digo: son ancianos con patologías que Dios quiera nunca sufra quien escribió esos disparates.

En nuestro hogar tenemos una asistente social y una fisioterapeuta que se encargan de entretener y aliviar a esos ancianos. Pregunto a esa persona: ¿sabe usted el porqué de esa “cara de tristeza” en varios de ellos? No lo sabe, pero opina.
Varios fueron dejados en el hogar para que se mueran, pero por sus propias familias. Hay otros cuyas jubilaciones o pensiones no le alcanzan ni para comparar un chocolate. El “olor” a lo que esa persona se refiere no provenía de los baños, sino de la bolsa de residuos donde se estaban juntado los pañales que nuestras excelentes enfermeras estaban cambiando; cambio que se realiza todas las veces que sea necesario. La encargada “sentada” tiene obligaciones que por supuesto la persona que dice tantas falsedades desconoce. ¿Falta de empatía? Sí, falta empatía de parte de personas que vos ofendés. Vivimos publicando tantas falsedades, desconoce todo, ¿o cree que el día que pasamos en las Termas lo pagamos nosotros? No, allí tuvimos el apoyo de la Intendencia, UTU y la directiva del Hogar. Nuestro Hogar tiene baños de lujo gracias al BPS, aberturas nuevas en todos los cuartos gracias al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Dejé para el final, porque esa persona no lo sabe, que tenemos dos médicos a la orden, UCEM, dos enfermeras y dos ayudantes por turno, dos limpiadoras permanentes, dos cocineras por turno para cuatro comidas por día, una encargada del lavadero y una encargada por turno.
Y aquí me quedo haciendo una invitación, ¿quiere visitarnos?, estamos a las órdenes.
Pero cuando vaya a criticar una institución, primero vea todo.

Daniel Terzaghi

Como suele escribir un destacado periodista español, vayamos directo al lío. ¿Cómo era la vida política alemana durante el nazismo? ¿Acaso la hemos estudiado “más o menos bien”, o sabemos poquito? Vaya esta columna como una contribución sobria y breve, conceptual y documentada.

Desde sus inicios

El núcleo operativo de la acción política nazi fue, desde sus inicios y con especial nitidez entre 1930 y la primavera de 1933, la articulación inseparable entre discurso público, movilización paramilitar y normalización jurídica de la represión. No se trató de una mera retórica: las palabras que los oradores del NSDAP pronunciaban en el Reichstag, en mítines y en la prensa de partido tenían una función práctica y previsible: deslegitimar al adversario, crear sensación de emergencia y convertir la coacción en “remedio” legítimo. Ese proceso puede leerse en tres planos simultáneos, léxico, escena pública y traducción administrativa, que conviene exponer con ejemplos concretos y con referencias a la documentación contemporánea y a la historiografía.
El NSDAP, Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, de extrema derecha, nacionalista, racista y antidemocrático, articuló la violencia cotidiana mediante un discurso público que deslegitimaba a la izquierda y presentaba la coacción como “autodefensa”. Esa retórica fue inmediatamente traducida en detenciones administrativas y clausuras legales tras el Decreto del 28 de febrero y la Ley de Habilitación del 23 de marzo de 1933.

“Not des Volkes / Notstand”

En el Reichstag de marzo de 1933 la argumentación nazi no fue mera demagogia: se construyó en el plano léxico, en un repertorio que era estable y repetitivo. Frases y fórmulas que aparecen una y otra vez en discursos, editoriales y comunicados del partido fueron: “Not des Volkes / Notstand” (la apelación a una “necesidad” o “estado de emergencia” que exige facultades excepcionales); “Volksgemeinschaft” (la comunidad nacional que excluye a los “otros”); calificativos deshumanizantes como “Marxisten-Bande”, “Volksschädlinge”, “Verräter” (en orden: banda marxista, alimañas del pueblo, traidores) para referirse a socialdemócratas y comunistas; y eufemismos que trasladaban la violencia al terreno de la legitimidad, como “Selbsthilfe” o “Wiederherstellung der Ordnung”, es decir, “autodefensa” y “restauración del orden”. En la práctica administrativa y policial, el término “Schutzhaft” pasó a funcionar como eufemismo jurídico para detenciones sin proceso. Estas fórmulas no son metáforas: figuran en los protocolos parlamentarios, en el Reichsgesetzblatt y en la prensa del partido (Völkischer Beobachter, El Observadar Popular) y de la oposición (trops de asalto paramilitares del nazismo), diarios regionales).

Se legitimaba la privación de derechos como respuesta a una supuesta amenaza interna. Ese vocabulario aparece en las actas parlamentarias y en la prensa afín. El propósito fue crear una justificación pública para medidas excepcionales que ya se estaban aplicando en la calle.
Así, en la sesión del Reichstag del 23 de marzo de 1933, celebrada en la Kroll-Oper, la argumentación oficial presentó la Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, es decir, “la ley para remediar la angustia del pueblo y del Reich”; la votación se realizó en un clima de intimidación: la presencia de SA (tropas de asalto del partido nazi) y SS (otra paramilitar y de seguridad al servicio de Hitler), con la ausencia forzada de diputados comunistas, instalando un clima de coacción. Con la intervención de Otto Wels, del socialdemócrata SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, en la sesión del 23 de marzo se dio una respuesta contundente: “Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht”, “nos podrán quitar la libertad y la vida, pero el honor no”. Al momento de la votación los paramilitares nazis forzaron la ausencia de diputados comunistas.

Una sesión documentada

La violencia de la calle fue instrumento de presión y demostración de fuerza. La Sturmabteilung (SA) cumplía funciones de protección de los actos nazis, atacaban los actos de la izquierda, invadían los espacios públicos y golpeaban ferozmente a sus adversarios. La propaganda nazi justificaba esas acciones intentando legitimarlas: con términos de legitimación, como protección y restablecer el orden. La violencia pretextada como autodefensa frente a una supuesta conspiración marxista. Esa “propaganda por los hechos” creó un clima en el que la policía y la administración local, presionadas o cooptadas, toleraron y facilitaron detenciones y clausuras. Tras el incendio del Reichstag, el Decreto del Reichspräsident para “la protección del pueblo y del Estado” (28 de febrero de 1933) suspendió la libertad de prensa, de reunión y la inviolabilidad del domicilio; habilitó la Schutzhaft (prisión preventiva), una medida presentada como respuesta a una “terroristische Bedrohung” (“amenaza terrorista”) que habilitaba detenciones para más fácilmente neutralizar a la oposición organizada.

Del control a la ratificación

Con la Ley de Habilitación del 23 de marzo de 1933, el Reichstag dejó de ser órgano de control y pasó a ratificar decisiones del Ejecutivo; la retórica de emergencia se convirtió en fundamento jurídico para la Gleichschaltung: disolución de partidos, supresión de sindicatos, control de los Länder, nombramientos de comisarios y clausura de prensa crítica. La violencia dejó de ser exclusivamente paramilitar y se burocratizó: órdenes, decretos y nombramientos institucionalizaron la exclusión política.

La traducción inmediata del discurso en actos fue doble y simultánea. Por un lado, la SA operaba públicamente como fuerza de choque: protección de mítines nazis, interrupción de actos de la izquierda y agresiones que la propaganda describía como “Wiederherstellung der Ordnung” o “Selbsthilfe”, es decir, “Restauración de la Salud” o “Restauración de la Inmunidad”. Por otro lado, el Decreto del Reichspräsident (28.II.1933) suspendió garantías constitucionales y habilitó la figura administrativa de la Schutzhaft, que permitió detenciones sin proceso y la remoción de adversarios políticos mediante procedimientos aparentemente legales. Estas medidas aparecen en los textos legales y en las actas que registran la transición del Reichstag a órgano de ratificación.
Importa subrayar la mecánica interna: el lenguaje de emergencia no solo justificó la violencia, sino que la institucionalizó. Tras la Ley de Habilitación, la violencia dejó de ser exclusivamente paramilitar y pasó a ser instrumento administrativo, de nombramientos, clausuras, órdenes de detención, ejecutado por policía, ministerios y comisarios locales. Los paramilitares nazis, SA y SS, incrementaron su poder y su acción violenta.

Insultos y violencias normalizadas

En síntesis, la acción política nazi fue, desde sus momentos decisivos, una política de palabra y golpe; el parlamento sirvió como escenario para convertir fórmulas retóricas en mandatos administrativos y en prácticas de represión cotidiana. Las burlas, los insultos y las amenazas fueron “normalizadas”, transformadas en cuestiones del diario vivir; también la violencia física e institucional.

El nazismo no sólo fue guetos y campos de la muerte: fue más brutal. Violencia cotidiana y sistémica, crueldad y odio. Fue una política cotidiana que articuló legitimación discursiva, violencia organizada y administración legal para adueñarse del Estado y la sociedad bajo el dominio de la barbarie y el saqueo. Y mucha, mucha complicidad.

Es muy temprano por la mañana del 1.º de Mayo y no sé lo que dirán los muchachos de Abdala del Pit Cnt. Será más de lo mismo, se sabe, pero “con avances” como ellos dicen; se sabe también en qué dirección. Son los que marcan la agenda.
¿Y qué opinará el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, sobre lo que digan? ¿No teme a que “puedan alertar a los agentes del mercado”? En estos días él manifestó su preocupación por los efectos dañinos de las opiniones de la oposición respecto a las “recomendaciones” –ahora se le llaman así– surgidas del llamado “dialogo social”.
Con lo de “diálogo social” van a machacar y machacar, y a muchos bastará: “Dios lo quiere” como decía San Bernardo arengando a los cruzados. Se sabe, asimismo, que en ese “amplio diálogo” quedó fuera el 61% de los uruguayos –mucho más que la mitad–: son los que no apoyaron la propuesta derogatoria del Pit al grito de jubilarse a los ’60, aumento de las jubilaciones, desaparición de las AFAP, (¿y también de los 24 mil millones de dólares que tienen allí depositados los trabajadores?) “Bueno, bonito y barato”. ¡Qué lindo!

Muchos se lo creerán, ¿pero qué dice Oddone?: ¿cómo afecta todo ello a los “agentes del mercado”? ¿Qué dijo frente a las actuaciones y propuestas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Juan Castillo, sobre obligaciones de las empresas de dar cuenta previa al gobierno de cualquier reorganización que quieran realizar o sobre el tema de la reducción del horario, con iguales sueldos? ¿Qué dice o que ha dicho de los seguros de paro extras, como solución de conflictos? ¿Cree Oddone que hay muchos inversores pensando en el sector pesquero, o que están encantados de venir por acá a lidiar con el Pit Cnt? ¿O de traer sus dólares para que se deprecien o valoricen al buen saber y entender de los “ortodoxos” muchachos del Banco Central? ¿Qué ha dicho sobre tantas otras cosas más?

“Ministerio de Economía se pone al frente de la reforma previsional”, informa Búsqueda en primera plana. Mirá, ¿quién lo hubiera pensado un año y medio atrás? En última página hay un entrevista al director de la OPP, en la que éste explica y machaca que son “recomendaciones” del Diálogo Social, sobre en el que, hay que ser honestos y resaltar, no estuvieron los representantes genuinos y legítimos de más de la mitad de los uruguayos. Hizo sí referencias a casos de países occidentales, al igual que Astori cuando citaba a los EE. UU. al encajarnos el impuesto a la renta, sueldos y jubilaciones. Incluso, explicaba que dejaba el impuesto al patrimonio solo simbólicamente. Por ese lado se irá con lo del “impuesto a los ricos”, se dice. Todo disfrazado, como Astori, que nos fue cocinando de a poco. Mujica sacó a Oddone de la galera, y lo presentó como el nuevo Astori: aquí todo funciona igual y así seguirá si gana el FA, dijeron a los argentinos e inversores. No se sabe si lo creyeron. Juan Castillo dijo que “no le gustaba Oddone”. ¿Problemas internos? Pura pantalla, parece que solo fue parte del plan para reforzar la imagen de un Oddone “defensor del empresariado”.

En los últimos días se ha dado por terminado el mal denominado “Diálogo social”, cuyos objetivos iniciales fueron establecidos por el gobierno de Yamandú Orsi en el decreto N°86/2025. A tales efectos se creó la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social (CSPSS) como ámbito de articulación y coordinación interinstitucional en materia de protección y seguridad social, bajo la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). De acuerdo con lo establecido en dicha norma son cometidos de la referida Comisión: a) elaborar y proponer estrategias nacionales en protección y seguridad social, b) coordinar con organismos nacionales e internacionales la elaboración de informes técnicos y estudios de impacto y c) implementar y coordinar el Diálogo Social para impulsar los cambios que fueren pertinentes en la matriz de protección y seguridad social.

El pasado 30 de abril la Comisión presentó sus “conclusiones”, las cuales encendieron luces de alarma entre los principales analistas económicos del sector privado. Si bien el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, dijo que “no es cierto” que “se vaya a un camino de eliminar las AFAP” el jerarca dejó abierta la puerta a modificaciones ya que si bien seguirán siendo “parte de la gestión profesional de los recursos”, puede haber cambios en la “forma de operación” para mejorar “la eficacia y eficiencia”. En pocas palabras: “hecha la ley, hecha la trampa”, sobre todo cuando desde el inicio te avisan “cambios” (sin especificar cuáles) a la forma de operación de las AFAP.

Por otra parte, mediante diálogo con Montevideo Portal, el economista y director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, se refirió a los acuerdos alcanzados entre el Poder Ejecutivo y el Pit Cnt por la seguridad social, cuestionó con dureza los cambios propuestos en relación con las AFAP y lanzó críticas directas hacia la central sindical. Munyo aseguró que le genera una “preocupación grande” este acuerdo, ya que marca un “punto de inflexión” en una discusión que existe desde que las AFAP llegaron al país hace aproximadamente 30 años. Para el economista, lo más complejo de esta decisión es la estatización de las cuentas personales de los trabajadores afiliados a alguna AFAP. “Corta la relación directa entre las personas y los ahorros jubilatorios de su pertenencia”, analizó. Además, explicó que las administradoras privadas pasarían a ser fondos de inversión contratadas por el Estado, las cuales colocarían inversiones ocasionando un retorno económico. Es decir, que los trabajadores “no elegirán como cuidar sus ahorros y multiplicarlos”, agregó.

Por otro lado, se refirió al costo financiero que podría traer que se avance en esta discusión. Estimó que el riesgo país pasaría a estar por encima de los U$S 300 millones. “Es tres veces lo que aumentó todo el presupuesto nacional, eso es lo que puede costar”, mencionó, en relación a las consecuencias que podrían ocasionar que el acuerdo entre el gobierno y el Pit Cnt avance.
Munyo se refirió a los argumentos de la central sindical, quienes promueven eliminar las AFAP para “ahorrar” los costos de la administración, ya que las administradoras privadas “promocionan su propia AFAP con respecto a otras”. “Eso es mentira, porque se hicieron estudios, se discutieron en el Diálogo Social y demostraron que no había ningún ahorro, no había ninguna ganancia potencial en las jubilaciones”, explicó.

“¿Quién en su sano juicio puede pensar que el Estado puede ser más eficiente que el trabajo que hacen 300 personas funcionando en competencia en el sector privado?”, cuestionó el economista.
Además, mencionó que en este acuerdo “se juega mucho” para Uruguay, ya que se está discutiendo una política de Estado que esta activa hace 30 años. “Son las mismas personas que lo han cuestionado desde su inicio que ahora van por otro camino alternativo que, básicamente, afecta los cimientos del sistema y afecta su existencia futura”, agregó. “Hay que sacar los eslóganes, porque todo esto está basado en un capricho ideológico sin ningún fundamento real que pueda sostener”, analizó. En la misma línea, Munyo agregó que eliminar las AFAP “no puede ser positivo en ningún escenario”. “Me gustaría que esto se pusiera en el debate y ver si hay alguna razón con fundamento para festejar esto, que yo no veo nada positivo”.
Igualmente de preocupantes son las declaraciones del gerente general de AFAP Sura, Sebastián Peaguda, para quien “los cambios que se manejan implicarían quitar a las AFAP la relación directa con los afiliados y la gestión de las cuentas individuales, algo que modificaría la lógica del sistema: “Si vos sacás las cuentas individuales y transformás a las AFAP en prestadoras de servicios para el Estado, se queda un esquema donde tenés inversores que le dan servicio al Estado y no le dan servicio a las personas”.

Peaguda advirtió, además, que el impacto en las jubilaciones sería marginal. “Con esta medida, lo que se puede llegar a esperar como una mejora en la jubilación de las personas es un 1%”, afirmó, y agregó que se trata de “una hipótesis de máxima” bajo supuestos muy exigentes. En contrapartida, sostuvo que existen otras áreas con mayor potencial de mejora, como el régimen de inversiones. “Las jubilaciones podrían mejorar sustantivamente, en el entorno del 15%, si el esquema de inversión fuera más sofisticado”, planteó. Peaguda también puso el foco en lo que considera un riesgo estructural: la pérdida de separación entre los fondos de los trabajadores y la órbita estatal. “Ese ahorro que es tuyo está siendo manejado en tu interés y no bajo la premisa de cuál es la idea que puede tener el gobierno”.
El objetivo del Frente Amplio, del gobierno de Yamandú Orsi y del Pit Cnt ha quedado finalmente al descubierto: no sólo se trata de desconocer la voluntad del pueblo –una vez más– que en el año 2024 rechazó la reforma jubilatoria y cuyo objetivo era reformar la constitución para modificar el sistema de seguridad social en Uruguay. En esa ocasión los votos a favor del Sí no pudieron superar el 50% más uno requerido, logrando tan sólo un 40,6% de los votos emitidos, por lo cual no fue aprobado. Ya es sabido que los votantes del Frente Amplio y al Pit Cnt no le gustan perder elecciones y cuando eso sucede de inmediato buscan una forma para desconocer la voluntad popular expresada en resultados democráticamente obtenidos. Es por eso que tienen tanta afinidad ideológica con los gobiernos de Cuba, China, Venezuela o Nicaragua: si quieren ganar en la liga lo que perdieron en la cancha.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, está claro que el único objetivo que tienen Orsi, el Pit Cnt y el Frente Amplio es encontrar de dónde sacar recursos para pagar los gastos de un gobierno cuyos egresos están descontrolados. El problema es que tratándose de las AFAP, Uruguay estará tirando por la borda una política de Estado que le dio reconocimiento y prestigio internacional. Les tocará a las próximas generaciones pagar las consecuencias de estas pésimas decisiones del gobierno frenteamplista y la casta sindical.

Hay lugares que hablan. No necesitan discursos, no requieren explicaciones sofisticadas. Hablan solos. Y lo que hoy muestran varias cuadras de nuestra ciudad es, simplemente, abandono.
La zona delimitada por Uruguay, Silván Fernández, 18 de Julio y Entre Ríos –un punto neurálgico donde funcionan los liceos 1 y 5– debería ser un ejemplo de cuidado, de presencia institucional, de respeto por el espacio público. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario.

A plena vista, edificios deteriorados, fachadas descascaradas, estructuras que evidencian años sin mantenimiento. Pero el problema no es solo estético: es mucho más profundo. Es social, es institucional y, sobre todo, es humano. En el gimnasio que depende del liceo 1, en la esquina de Florida y Carlos Albo, hay una realidad que se repite todas las noches: al menos cinco personas duermen bajo un alero. No es un caso aislado ni circunstancial. Es una situación permanente. Y con ella llegan los conflictos, las peleas, el desorden. A pocos metros de un centro educativo.
Como si fuera poco, sobre Carlos Albo –desde Florida hacia el sur– una de las puertas del mismo gimnasio se ha transformado en un baño a cielo abierto. Sí, en pleno centro urbano. Sí, frente a instituciones educativas. Sí, con total naturalidad y sin que nadie intervenga. Y hay más. Sobre Florida, antes de Entre Ríos, funcionaba una hermosa capilla dedicada a San José. Un espacio con valor simbólico, histórico y espiritual. Hoy, ese lugar fue vandalizado, destruido, arrasado. Y lo más grave no es solo el daño material, sino el silencio posterior. Nadie actuó. Nadie respondió.
En esa misma cuadra, además, funciona una pensión sobre la cual surgen dudas elementales: ¿está habilitada por la Intendencia? ¿Cumple con las condiciones mínimas? ¿Alguien controla?
La suma de todos estos hechos no es casual. Es consecuencia directa de la ausencia. Ausencia de controles, ausencia de decisión, ausencia de autoridad.

Aquí no se trata de estigmatizar a quienes hoy duermen en la calle. Se trata de entender que el abandono del espacio público perjudica a todos: a quienes viven esa situación extrema y a los vecinos que conviven diariamente con el deterioro, la inseguridad y la falta de respuestas.
La pregunta es inevitable: ¿dónde están las autoridades?
Porque esto no es invisible. No ocurre en un rincón apartado. Ocurre en una zona céntrica, transitada, educativa. Ocurre frente a todos.
Es momento de que la Intendencia, la Policía y la Fiscalía dejen de mirar hacia otro lado y actúen. Que controlen, que ordenen, que intervengan. Que recuperen lo que hoy parece perdido.
Porque cuando el abandono se naturaliza, lo que sigue no es la resignación: es el deterioro total. Y eso, todavía, estamos a tiempo de evitarlo.

Vecinos

Escribo esta solicitada para referirme a un tema que se lee mucho en la sección de Cortocircuitos Ciudadanos. Es en lo referente a que se está reclamando la presencia de la Guardia Republicana en nuestra ciudad.
Yo quiero decir que Paysandú tiene una muy buena Policía. Aunque no estaría mal contar con el apoyo de la Republicana.
Pero aquí ya contamos con el grupo GRT, con efectivos con la mejor preparación para combatir los distintos delitos. Este grupo de policías está muy capacitado e instruido para los distintos procedimientos.
Entonces ¿por qué pedimos a la Guardia Republicana? ¿No confiamos en nuestra Policía?
Contamos también con una muy buena flota de móviles, dispuestos por la Jefatura, patrullando distintos lugares de la ciudad.

Tenemos al frente de nuestra Jefatura a un excelente jefe de Policía, el Sr. Sánchez. O sea que hay un comando de muy buena jerarquía y trayectoria.
Sé cómo funciona la Policía de Paysandú. No soy ni fui policía, pero tuve el placer y el honor de ser cocinero en una seccional, por eso sé las reglas y el funcionamiento.
El trabajo de un policía, sea hombre o mujer, es el más peligroso. Cuando van a hacer el turno y se despiden de su esposa o esposo e hijos, no saben si retornarán a sus hogares.
El Grupo de Respuesta Táctica (GRT) es como si fuera la Guardia Republicana. Están para reprimir rigurosamente y apoyar los allanamientos. Acá lo que hay que pedir es más apoyo de la Justicia, algo que ciertamente no se ve. Tenemos conocimiento de que se hizo un llamado para el ingreso a la Escuela Nacional de Policía. Quiere decir que va a haber más efectivos policiales. Así que también quiere decir que no es necesario que reclamemos a la Republicana. Ojo, no estoy en contra de que vengan, pero tenemos nuestra Policía, a quien brindamos nuestro apoyo y confianza.

O.R.M.A.

El pasado jueves leímos una nota publicada en Montevideo Portal al intendente Nicolás Olivera. En la misma, ante la pregunta formulada por el periodista sobre la denuncia ante la Jutep por su viaje a Italia pagado por Teyma, el intendente afirma que “dicen que una empresa pagó los pasajes. La empresa que ellos dicen que pagó los pasajes no pagó los pasajes. Eso es mentira. Entonces, de ahí se cae todo lo otro. Y muchas otras cosas que no se dicen, porque por lo que me han comentado que es una denuncia muy escueta, pero que en eso de escueta ya tiene cosas que no son ciertas”.

Pues bien, en el acceso a la información pública que se llevó a cabo oportunamente y preguntada la Intendencia: “2- Si dicho viaje fue sufragado por la empresa Teyma” sobre el punto, se nos contesta: “La empresa Teyma fue quien se hizo cargo de proporcionar los pasajes”.
Ahora bien, acá alguien miente, o es el intendente o es la propia Intendencia, pero es claramente escandaloso que un órgano público diga una cosa y la principal autoridad del departamento salga en un medio nacional a desmentir esa información. Por supuesto que se deberá estar a lo que informe el intendente a la Jutep, pero mucho nos tememos que tendrá que retroceder sobre sus pasos, pues esa información no solo sale de la Intendencia, sino que también varios medios la brindaron en su momento, aclarando que junto al intendente sanducero también viajaba el intendente de Salto –sería bueno saber quién le pagó el pasaje a Carlos Albisu–.

Lo dicho, las cuentas deben estar claras, sobre todo cuando, a su vuelta, Nicolás Olivera adjudica en forma directa un negocio millonario como es la gestión del Vertedero, a Teyma, todo lo cual parece poco transparente, por decir lo menos. Tan poco transparente, como el actual diputado, Fermín Farinha, que no ha explicado hasta hoy y luego de más de un año que se conociera, cuál fue la razón para que percibiera dos sueldos de fondos del Estado, y de dos entes del Estado, como lo son la Intendencia y el Congreso de Intendentes, situación que obviamente no olvidamos y por la cual seguimos esperando las explicaciones correspondientes.
Bueno sería que Olivera concurra a la Junta Departamental a iniciativa propia y aclare estos extremos, como también sería positivo que fuera a informar qué pasó con Sandeco y su catastrófica gestión, por qué no hay garantía de fiel cumplimiento y quién se hará cargo de los juicios millonarios contra la Intendencia a consecuencia de esa gestión.

A este episodio donde Olivera pretende sacarse el lazo y no asumir lo que hace, se suma el de Rodrigo Vercellino, diputado suplente del Partido Nacional y responsable hasta hace unos días atrás de Ferias de la Intendencia. En este caso, al menos tenemos arriba de la mesa una renuncia, pero seguimos como todos los sanduceros sin saber por qué se produjo la misma.
La ciudadanía merece conocer por qué se dio esta renuncia y si es verdad o no que existieron irregularidades en su gestión, por aquello de la transparencia y de la recta administración de la cosa pública. Pero bueno, tal vez sea pedir mucho a esta administración, que sea trasparente, pero si se le puede pedir que sea valiente y afronte los temas sin ir a quejarse a directorios en Montevideo por las investigaciones que se realizan en Paysandú. Lo dicho, la falta de coherencia tarde o temprano en política y en la vida se termina pagando.

Dr. Federico Álvarez Petraglia