El asesor del edil blanco Gonzalo Gómez fue condenado a dos años y medio de prisión por lavado de activos en el marco del caso de la incautación de 250 kilos de pasta base, en el marco de la “Operación Trazador”. Las investigaciones continúan.
En medio de estos hechos, también ocurren otras derivaciones políticas que han generado alarma y mantienen expectante a todo el sistema. Es que el caso pasó del ámbito estrictamente judicial al terreno partidario, a raíz de los vínculos directos de los condenados con representantes nacionalistas que también serán indagados por la Fiscalía.
En el esquema de lavado de la organización criminal se utilizaba una sucursal de una red de cobranzas a nombre de la esposa del actual director de la ANP en representación de la oposición y exparlamentario, Jorge Gandini. El dirigente negó cualquier conexión con el condenado y desvinculó a su esposa de esta situación, pero el fiscal especializado en Lavado de Activos se hará cargo de las investigaciones.
En este marco, el ministro del Interior, Carlos Negro, rehusó emitir juicios políticos de fondo, pero manifestó su profunda preocupación por la incidencia del dinero proveniente del narcotráfico en las estructuras políticas y económicas. En realidad, ya había alertado sobre esta situación el entonces responsable de la Brigada Antidrogas y luego director nacional de Policía, Julio Guarteche, en 2008, ante una comisión parlamentaria.
Hace 18 años, Guarteche advirtió sobre la voluntad de contrabandistas y narcotraficantes de acercarse a actores con poder de decisión, desde ediles hasta legisladores y ministros, y señaló el interés que existía por aquellos años en torno a la operativa de Pluna y el puerto de Montevideo.
El exjerarca policial pidió que sus palabras no constaran en las versiones taquigráficas del Parlamento, pero mencionó casos concretos de políticos vinculados con narcotraficantes. Por entonces, Guarteche había comparecido ante un llamado del diputado nacionalista Jorge Gandini. Causalidad o casualidad, hoy vuelve a hablarse del mismo tema, aunque con otros protagonistas.
El ámbito político reclama volver a discutir el financiamiento de los partidos políticos. La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) comenzó a analizar de oficio la información y, en paralelo, el Banco Central del Uruguay activó inspecciones en casas de cambio y redes de pagos del centro de Montevideo como parte de las derivaciones del caso.
A pesar de las reacciones en cadena, conviene tener presente que Uruguay registra un número muy bajo de condenas por lavado de activos —entre cuatro y seis sentencias anuales en períodos recientes— en comparación con la cantidad de delitos precedentes que generan dinero ilícito. Esta situación responde a factores estructurales, de recursos y de diseño institucional.
En el país faltan investigaciones financieras paralelas. Ocurre que se investiga y condena el delito original —en este caso, narcotráfico o contrabando—, pero no siempre se indaga de manera simultánea el rastro del dinero ni el patrimonio de las organizaciones involucradas.
La Unidad de Información y Análisis Financiero, junto con otros organismos competentes, enfrenta una escasez de personal y de herramientas tecnológicas avanzadas para realizar un seguimiento adecuado de los flujos financieros. En forma paralela, se han registrado cambios institucionales reiterados. En los últimos diez años, las competencias de las fiscalías especializadas en investigar activos cambiaron múltiples veces. Esto afectó la continuidad y la eficiencia de las causas.
Incluso aparece otro problema: la demostración del encubrimiento o del lavado requiere un alto nivel de prueba y que se encuentren conexiones entre los bienes y las estructuras que los administran. Por esta razón, estos casos pocas veces culminan en imputaciones.
El último informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), correspondiente al período 2021-2025, señala que Uruguay registró el año pasado un récord histórico de 1.080 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados al lavado de activos. Se trata de un aumento del 12% respecto del período anterior y de un crecimiento sostenido desde 2021.
Según el documento, el sector financiero concentró aproximadamente el 90% del total de los reportes, con 973 casos. El sector no financiero —correspondiente a inmobiliarias, escribanos, casinos, entre otros— aportó 107 casos y presenta una participación minoritaria, aunque con una mayor percepción del riesgo detectado en el mercado inmobiliario.
En este marco, la evaluación de la Senaclaft identifica al narcotráfico, el contrabando, la estafa, los delitos tributarios, la corrupción y la trata de personas como las principales fuentes generadoras de los activos ilícitos que se intenta reintroducir en la economía formal.
La gran mayoría de las sentencias vinculadas con este delito se concretan mediante procesos abreviados, en los que los imputados admiten su responsabilidad a cambio de una reducción de la pena.
Es decir, se ha construido un sistema de cumplimiento normativo que resulta exigente para el sector privado y genera numerosos reportes, pero que no siempre se traduce en una persecución penal efectiva, decomisos y condenas por parte del Estado.
El futuro de las condenas y de la persecución del lavado de activos en Uruguay es incierto. Mientras se producen cambios normativos e institucionales, los políticos debaten y confrontan mucho más de lo que se logra avanzar en resultados concretos.
El desafío, aún pendiente, es mejorar la eficiencia y la aplicación práctica de la ley por parte de los organismos del Estado. El abordaje de este fenómeno global, desde una mirada política y estratégica que trascienda a los gobiernos de turno, implica entenderlo no tanto como el problema de una administración particular, sino como una vulnerabilidad sistémica que puede afectar la soberanía de los países.
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