Las proyecciones continentales indican que para 2050 más de 300 millones de personas de las Américas tendrán 60 años o más. En Uruguay ese “futuro” ya forma parte del paisaje cotidiano, y en un departamento como el nuestro —atravesado por un pasado industrial, la necesidad de reconversión, el comercio de frontera y el perfil universitario en expansión— esa realidad presenta particularidades que exigen ser tenidas en cuenta en la agenda pública.
Sin embargo, cuando la macroeconomía o el debate político abordan el envejecimiento, la discusión suele centrarse en un plano estrictamente contable que incluye la sostenibilidad previsional, el déficit fiscal y los balances de la seguridad social.
Es un lugar común considerar la vejez como un problema financiero, y pocas veces se la menciona como un cambio estructural en el territorio, un cambio que ya empezó y está en desarrollo.
En este sentido, podríamos preguntarnos: ¿qué condiciones de vida, qué nivel de autonomía, qué lugar real en la comunidad tienen hoy los sanduceros que fueron protagonistas de las décadas pasadas?
Analizar el problema en profundidad exige considerar algunas dimensiones críticas que pocas veces dialogan en la misma mesa: la asimetría de los presupuestos locales, la responsabilidad del sistema de salud, la feminización de la vejez y de los cuidados, y el colapso de los servicios de cuidado que documenta en forma impecable un reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre gobernanza y financiación de los cuidados de larga duración en la región.
Hay que tener en cuenta que la primera relación de un adulto mayor con su entorno no se da en el recibo de sueldo sino en la vereda. El diseño urbano de nuestras ciudades suele priorizar la agilidad vehicular y la modernización comercial por sobre la escala humana y la accesibilidad universal.
Veredas levantadas por raíces de árboles, tramos sin rampas, distancias considerables entre las zonas residenciales y los centros asistenciales de salud, y una gran escasez de bancos, refugios o áreas de sombra forman parte de la arquitectura hostil de nuestras ciudades.
En Paysandú se están realizando o se han realizado importantes reformas en los accesos de las avenidas República Argentina y España, así como en la zona costera sobre el río Uruguay, que se ha transformado en un polo recreativo de jerarquía. Sin embargo, muchos de nuestros barrios y zonas en expansión residencial requieren una mirada que considere más y mejor a los peatones.
Tal como señalan los programas internacionales de urbanismo gerontológico impulsados por la Organización Mundial de la Salud, la accesibilidad no es un detalle estético ni un lujo presupuestal, sino que determina en forma directa si una persona mantiene su autonomía básica o queda recluida en su hogar.
Es cierto que el presupuesto departamental es finito, que los recursos son escasos y que hay que atender también otras demandas igualmente importantes, lo que hace que la inversión en más rampas, refugios peatonales y mejoras en la pavimentación barrial suela quedar relegada.
No se trata de exigir actos de magia fiscal ni de vaciar otras áreas operativas, sino de discutir prioridades dentro de la misma asignación presupuestal y entender que la accesibilidad peatonal en los cordones barriales también es una obra social básica.
A esa deuda urbana de la capital departamental se suman las necesidades del interior profundo, donde las precariedades viales e, incluso, la escasez de transporte adaptado empiezan a confinar la vejez al aislamiento geográfico. Si un adulto mayor no puede subir al ómnibus y no tiene un familiar o vecino que lo traslade a la capital departamental desde cualquier localidad del interior, evidentemente su mundo empieza a achicarse severamente.
Al hablar de autonomía y dependencia suele apuntarse a las falencias del gobierno central o a las cuentas de los gobiernos departamentales, omitiendo un actor central en la ecuación sanitaria: el sistema de salud mutual y los prestadores integrales de salud.
La pérdida de funcionalidad física, el deterioro cognitivo incipiente y la necesidad de rehabilitación prolongada no son solo problemas de asistencia social, sino también contingencias sanitarias directas.
En el interior del país, el modelo de atención de las instituciones médicas privadas y públicas arrastra una histórica deuda gerontológica que se traduce en la escasez crítica de especialistas en geriatría, la insuficiencia de camas de media y larga estancia para pacientes crónicos y la tendencia corporativa a externalizar el peso del cuidado hacia el núcleo familiar.
Es una omisión alarmante para un Uruguay cada vez más envejecido. Las corporaciones médicas locales y los efectores de salud no pueden continuar tercerizando el costo humano y económico de la cronicidad exclusivamente en las familias, dado que se necesita un rol más activo en la atención domiciliaria, el seguimiento clínico de la fragilidad y la articulación de redes de apoyo médico-sanitario.
A las dificultades materiales del entorno y del sistema sanitario se suma una fractura económica estructural: la feminización de la vejez y de las redes de cuidado. El informe señala que, a pesar de los avances normativos en la mayoría de los países del continente, solo 15 de los 35 Estados miembros cuentan con sistemas formales de financiamiento público.
Ante la escasez crónica de servicios estatales o la absoluta imposibilidad de costear alternativas en el mercado privado, la carga del cuidado recae casi por completo sobre los hombros de las familias (mayormente sobre las mujeres, hijas o parejas), cuyo trabajo de cuidado no remunerado equivale a un porcentaje considerable del producto bruto interno (PBI) regional.
Uruguay dio un paso histórico en 2015 con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, concebido para repartir esa responsabilidad entre el Estado, el mercado y las familias. Sin embargo, el estancamiento presupuestal posterior y las restricciones fiscales han dejado al descubierto que sigue siendo una frazada muy corta, de costuras frágiles.
A nivel local, la escasez de asistentes personales operativos, la falta de soluciones empresariales para el cuidado domiciliario, la ausencia de centros de día públicos descentralizados y las debilidades de las redes de apoyo institucional condenan a las familias a la sobrecarga física, el desgaste mental y el aislamiento. Superar los problemas de este modelo exige también abandonar la idea de una coordinación interinstitucional espontánea entre ministerios y oficinas que operan con lógicas estancas.
Cuando hablamos de la “economía plateada” para aludir al sector poblacional que dinamizará el comercio, el turismo termal o la oferta cultural de la región en los próximos años, cabe recordar que la dignidad de una persona no puede quedar supeditada a su capacidad de consumo en el mercado. Por otra parte, tampoco deberíamos olvidar que el Estado debe asegurar que el crecimiento económico fortalezca los sistemas públicos de soporte para quienes no participan de esos circuitos de consumo. Pensar en políticas públicas integradas y accesibles que aseguren la dignidad, la accesibilidad y los cuidados efectivos de nuestra población cada vez más envejecida implica asumir esas realidades ya presentes en nuestro entramado social con honestidad política y madurez institucional.

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