(ÁMBITO)
La demanda laboral se incrementó casi un 30% en el primer trimestre, de acuerdo a los datos del último Monitor Laboral de Advice, lo que habla de una reactivación sostenida del mercado de trabajo, si uno se guía por los índices previos de la consultora. Puntualmente, en marzo el número de llamados laborales superó los 7.400 registrados en el monitor, lo que supone un aumento del 40% respecto a igual mes del año pasado.

La cifra refleja también la reactivación de la demanda laboral que la consultora viene diagnosticando hace ya varios meses. Sin embargo, también incorpora el efecto de la Semana de Turismo, que este año quedó en el mes de abril, mientras que el año pasado fue en marzo. Por eso es más ilustrativo el dato del acumulado trimestral enero-marzo, período en el que se sumaron 21.104 llamados registrados, un 29,4% más que los ocurridos en el mismo período de 2024.
Asimismo, la demanda de empleos en el sector de tecnologías de la información (IT) volvió a crecer tras dos años de contracción. Esto tiene un impacto significativo tratándose de uno de los sectores más dinámicos en el mercado de trabajo, no solo en Uruguay, sino a nivel global.

Con el nuevo dato se completa un año de crecimiento trimestrales consecutivos. El aumento de la demanda laboral coincide con un repunte en los indicadores económicos, tanto de fuente oficial como indicadores empresariales. Según la consultora, la moderación en los aumentos del salario real también están incidiendo en una reactivación de la demanda para ocupar puestos de trabajo.
No obstante, las proyecciones para este año anticipan un dinamismo similar al de 2024 o menor, una cuestión que todavía está por verse en medio de un escenario internacional de alta incertidumbre, por el posible impacto de los aranceles que impuso Donald Trump, en medio de una guerra comercial con China que incrementa el riesgo de recesión global.

SE REUNIRÁ COMISIÓN DE ANÁLISIS DE REFORMA PREVISIONAL

(SUBRAYADO)
El próximo martes se reunirá por primera vez la comisión sectorial que trabajará en el análisis de la reforma del sistema previsional. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, explicó cómo funcionará. La comisión está integrada por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, la presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, y el mismo Arim.
“Ese Ejecutivo tiene como primera obligación generar y aprobar una hoja de ruta para montar el diálogo social”, explicó el director de la OPP. “El diálogo social va a tener un comienzo durante este año y una finalización en 2026. La fecha tentativa es el 30 de abril de 2026, a partir de lo cual vamos a hacer un proyecto de ley o varios que remite el Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional”, agregó. Además, indicó que participarán del diálogo social cámaras empresariales y movimiento sindical, organizaciones de jubilados y pensionistas, así como las organizaciones y sociedad civil vinculados a infancia y a cuidados. Luego habrá un informe con “grandes acuerdos” y “diferencias en la materia”.

PATRIMONIO DE CAIRO ASCIENDE A POCO MÁS DE 101.000 DÓLARES

(ÁMBITO)
En medio de la polémica por la situación irregular de su casa, se conoció la última declaración jurada de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Cecilia Cairo, cuyo patrimonio neto asciende a 4.265.000 pesos, es decir poco más de 101.000 dólares. Así surge de la última declaración jurada que presentó Cairo ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), realizada hace exactamente un año, cuando integraba la Cámara de Representantes, en momentos donde estaba lejos del foco de la oposición, como ocurre ahora.
En aquel entonces, la actual ministra indicó que su único activo era su casa, sobre el cual tiene un 100% de la propiedad, estaba valuado en 4.085.000 pesos (unos 97.000 dólares), a lo que sumaba otro bien como un Chery Tiggo modelo 2012, equivalente a 300.000 pesos (unos 7.100 dólares). En ese momento, declaró como único ingreso un salario de 176.000 pesos en el Parlamento, mientras que informó deudas bancarias por 120.000 pesos en Unidades Indexadas (UI). La polémica con Cairo se desató luego de conocerse que tiene una deuda de dos décadas en materia de impuestos por su casa, a la que paga como si se tratara de un terreno baldío, pese a que hay cuatro edificaciones. Las irregularidades impositivas, que incluso fueron admitidas como un posible “esquema de evasión” por parte del intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, también del Frente Amplio (FA), generaron malestar en la política y desde la oposición exigen la renuncia de la jerarca, algo que ella misma descartó.

CAIRO NO DEJARÁ EL CARGO; TIENE “UN COMPROMISO CON LA GENTE”

(TELEMUNDO)
“Tengo un montón de cosas para hacer con la gente y lo quiero hacer. Como tengo un compromiso con la gente, voy a seguir. Sería mucho más fácil volver al Parlamento, pero tengo que cumplir con la gente con la que me comprometí”. Esas fueron las palabras de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, para justificar por qué no maneja la posibilidad de renunciar a su cargo luego de que en las últimas horas se conociese que mantiene prolongadas irregularidades en los pagos de impuestos de su casa en el barrio Pajas Blancas de Montevideo.
Luego de sus declaraciones iniciales de este martes en su casa, en las que afirmó que no cometió “ningún delito”, que tiene “una deuda” y la va a pagar”, Cairo dijo este miércoles que luego de Semana de Turismo iniciará los trámites para abonar lo que debe, con multas e intereses incluidos. “Cuando vaya el lunes a comenzar los trámites me dirán la deuda”, apuntó. En entrevista con el programa radial Así Nos Va de Radio Carve, Cairo dijo este miércoles que sí ha pagado algunos impuestos, como tributos domiciliarios y contribución inmobiliaria -aunque la correspondiente a un baldío-.

No obstante, asumió que durante la “autoconstrucción” que llevó adelante para levantar viviendas en su predio no declaró la obra ante el Banco de Previsión Social (BPS), lo que también implica pago de tributos.

URUGUAY ACTUALIZÓ INFORMACIÓN DE PASAPORTES

(EFE)
El Ministerio del Interior dispuso una serie de modificaciones en la información consignada en los pasaportes comunes del país para cumplir con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) respecto a la seguridad jurídica de sus portadores. Según informó la cartera uruguaya, mediante un comunicado, las modificaciones en la información de los pasaportes expedidos por la Dirección Nacional de Identificación Civil proporcionan “mayor claridad sobre el vínculo jurídico entre el portador del pasaporte y el Estado uruguayo”. “Entre los principales cambios se encuentra la modificación del título ‘Nacionalidad’, que pasará a denominarse ‘Nacionalidad/Ciudadanía’, consignándose el código ‘URY’ tanto para ciudadanos naturales como legales. Esta medida permitirá una coincidencia entre el país emisor del documento y la ciudadanía de su titular”, detalla el texto.

Otro cambio relevante, añade la información, es “la eliminación del título ‘Lugar de nacimiento’ de los pasaportes comunes, al no ser considerado obligatorio según el documento 9303 de la OACI”. “No obstante, esta información (la del lugar de nacimiento) se mantendrá en la cédula de identidad, tal como lo establece la normativa vigente”, acota el texto. El pasado 1º de marzo, la organización de ciudadanos legales en el país Somos Todos Uruguayos planteó en el marco de la apertura de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un reclamo basado en que “la ley constitucional y la historia uruguaya dividen a los uruguayos en dos clases”. “A los uruguayos que cumplen todos los requisitos para inmigrar y convertirse en ciudadanos legales no se les conceden todos los derechos como uruguayos. Uno de los resultados es que a los niños (…) se les niega hoy la nacionalidad y se les convierte en apátridas en violación del derecho internacional”, dijo el integrante del colectivo Alexis Ferrand.

Entre otros puntos, el grupo, cuyo planteo se centra en denunciar que la Constitución uruguaya le da a los ciudadanos legales derechos y deberes “muy similares a los de otros países” pero no les da el derecho a “la identidad”, reclamó que los pasaportes del país no proporcionaran “información correcta ni suficiente” sobre su portador. Así, Somos Todos Uruguayos reclamó que estos documentos incumplían con el derecho internacional y causaban que a los ciudadanos no nacidos en el país se les etiquetara como “extranjeros” durante sus viajes de regreso, pese a contar con la ciudadanía legal.