Opinión

Tecnología para un riesgo recurrente

La situación epidemiológica regional respecto a las enfermedades trasmitidas por mosquitos advierte sobre la necesidad de extremar cuidados. El documento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que luego de un período de baja notificación de casos de dengue en la región de las Américas, en algunos países está observando un incremento de casos.
Además, atendiendo al inicio del verano, la temporada de mayor trasmisión de dengue en el hemisferio Sur, la Organización Mundial de la Salud recomendó que se implementen acciones de preparación y respuesta para prevenir la propagación del dengue y evitar muertes por esta enfermedad.
En lo que va de 2018 en la Región de las Américas se notificaron 446.150 casos de dengue (incidencia de 45,9 por 100.000 habitantes) y se registraron 240 defunciones. Los países que tuvieron un incremento de casos a nivel nacional o en algunas áreas del país (en comparación con el mismo período de 2017) fueron 13: Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Paraguay y Venezuela.
Cabe señalar que los países limítrofes con Uruguay –Brasil y Argentina– así como el cercano Paraguay se encuentran en esa lista, lo que indica una señal de atención para las autoridades y ciudadanos de nuestro país en cuanto a estar atentos a posibles casos de dengue importado dado que al trasiego habitual de mercaderías y personas se le suma en esta época el movimiento turístico propio del verano.
Asimismo, la eventual laxitud por parte de la población en cuanto a la adopción de medidas preventivas básicas –como el descacharre y limpieza de predios– pueden convertirse en factores de riesgo ante eventuales casos de dengue dada la presencia en nuestro territorio del mosquito que trasmite esta enfermedad.
De acuerdo a la última actualización epidemiológica regional sobre dengue de la OPS, de fines de noviembre, Argentina registró 1.808 casos de dengue este año, de los cuales 1.166 fueron confirmados. La mayor incidencia fue el aumento de casos en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Brasil fueron notificados 218.337 casos probables de dengue de los cuales 261 (0,1%) correspondieron a dengue grave y 2.744 (1,2%) fueron casos con signos de alarma, registrándose también 128 defunciones por la enfermedad.
En Paraguay fueron notificados 31.163 casos sospechosos de dengue, de los cuales 3.414 fueron confirmados por laboratorio y 27.749 fueron clasificados como casos probables, cifra superior a lo notificado en igual período de 2017 (345 confirmados y 1.612 probables). Durante el 2018, 31 casos fueron ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos y se registraron 15 fallecidos. Según el informe regional de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, los 4 serotipos (DENV 1, DENV 2, DENV 3 y DENV 4) están circulando simultáneamente en algunos países de la región, lo cual incrementa el riesgo de aparición de dengue grave con la consecuente carga adicional para los servicios de salud.
En este sentido se advierte que “si no se aplican intervenciones oportunas para controlar la proliferación del vector, el Aedes Aegypti, podría haber un incremento de casos en 2019, cuya magnitud dependerá de la intensidad y efectividad de las medidas de prevención y control implementadas”.
En este sentido, cabe recordar que Uruguay no registró casos autóctonos hasta el momento, pero las autoridades instaron a la población a reforzar el cuidado y a evitar reservorios que acumulen agua en el entendido que “la única manera de tratar de evitar estas enfermedades transmitidas por el Aedes Aegypti es con la colaboración de todos los ciudadanos”.
Las autoridades nacionales de la salud lanzaron recientemente la campaña “Activate contra el mosquito” que convoca a eliminar la presencia del Aedes Aegypti, mosquito transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.
“Activate contra el mosquito” convoca a la población a responsabilizarse contra los vectores: lo que incluye eliminar los criaderos (dar vuelta recipientes que puedan volverse reservorios de agua) y evitar el contacto con el vector adulto. Una de las acciones de comunicación de esta campaña consiste en invertir la ubicación de los logos de las instituciones o las fotos de perfil en las redes sociales en apoyo al concepto de dar vuelta y vaciar los recipientes que contengan agua.
Otras iniciativas que también apelan a la tecnología pero de carácter más innovador están siendo probadas en la región con fines de concientización de la población. Hay estudios que demuestran que el control de Aedes Aegypti puede ser muy eficaz a través de acciones comunitarias en colaboración con los programas de gobierno. En este sentido, el desafío es motivar a los ciudadanos, para una acción participativa que a su vez aporten a la recolección y análisis de datos y el desarrollo de modelos predictivos.
Desde 2016 diversas plataformas de integración de información en tiempo cuasi-real y con capacidad de alerta temprana y predicción se están desarrollando en América Latina para hacer frente a este reto. Por ejemplo, “Aedes Detector” dio mucho que hablar en su momento, tratándose de una aplicación de código abierto para hacer más eficiente el proceso de vigilancia entomológica a través de fotografías de criaderos de mosquitos que cualquier persona en la comunidad puede realizar.
Otro ejemplo es InfoDengue, desarrollada por la Fundación Getulio Vargas y FIOCRUZ, una plataforma electrónica que permite hacer vigilancia de Dengue y otras enfermedades trasmitidas por mosquitos usando fuentes de información epidemiológica, climática y entomológica. Entre las innovaciones que han destacado también se situó la aplicación para teléfonos móviles DengueChat, que permite el involucramiento de la comunidad en la vigilancia y manejo de este tipo de enfermedades.
Uruguay está entre los países más digitalizados del mundo, tiene un destacado sistema de empresas de software, la penetración de Internet es de las más altas de Latinoamérica y ha dado computadoras portátiles a jubilados y escolares, existiendo generalmente varios teléfonos celulares por hogar. ¿Por qué no utilizar todo eso para prevenir enfermedades que como el dengue avanzan y son una realidad compleja para la región y un riesgo para nosotros?
No se trata de inventar la pólvora sino de analizar qué sirve e instrumentarlo. En otros países la experiencia ha demostrado que incluir a diversos actores y establecer cooperaciones intersectoriales para fortalecer la capacidad técnica e institucional puede ser una buena herramienta para prevenir y actuar con mayor eficiencia y eficacia ante situaciones relevantes para la salud pública. → Leer más

Opinión

La ética y la gestión cuestionadas por un tribunal

En 12 carillas, el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio describió de manera lapidaria el accionar del actual senador Leonardo de León cuando estuvo al frente de ALUR, con una gráfica de sus gastos y copia de comprobantes incluidos
El dictamen comprobó “actos indebidos en perjuicio de su empresa y del interés y patrimonio públicos”, donde “examinados comprometen seriamente la responsabilidad ética y política del Cro. De León”. El Tribunal reconoce que “ALUR funciona como una entidad privada y el Cro. De León ha hecho hincapié en que la empresa no está sujeta a las normas jurídicas que rigen para la administración pública”. En contrapartida, el Tribunal considera que esta categoría “no puede aminorar el deber ético de rigor en la preservación del patrimonio público” y sus consecuencias llevan “a que las obligaciones se consideren aún más solemnes”.
Seguidamente detalla la “desvirtuación de los mecanismos de control”, con la “omisión” de rendiciones de cuentas, comprobantes y “falta de verificación de los gastos de cuenta”. Resulta por demás interesante la definición que realiza el Tribunal sobre el uso de las tarjetas corporativas de ALUR: “Desde la implantación del Instructivo en 2013 todos los gastos realizados por el Cro. De León con tarjeta corporativa tienen que considerarse irregulares porque cuando correspondieron a gastos de alojamiento o alimentación estaban cubiertos por el viático, y en todos los demás casos debieron justificarse en una rendición de cuentas que no se cumplió”.
Incluso va más allá y –por si hiciera falta– cita la definición de “viático” del Diccionario de la Real Academia Española como “lo necesario para el sustento de quien hace un viaje” y que, ciertamente, cubrieron las necesidades de alojamiento y alimentación. O sea que, “cargarlos a una tarjeta corporativa era improcedente, lo mismo antes que después de la introducción del Instructivo, y aunque éste no hubiera existido”.
Aunque el documento pareciera que maneja un lenguaje de obviedad, ésta se vuelve necesaria porque el Tribunal recuerda –así como todos recordamos las crónicas– que el expresidente de ALUR hizo “insistente hincapié, en sus escritos al Juzgado, en que su régimen de remuneración no incluía ninguna partida destinada a cubrir gastos de representación”. Según De León, bajo esa definición utilizaba también la tarjeta corporativa. Aunque el Tribunal comprende dicha circunstancia, repite que el exjerarca no estaba eximido “del deber de acreditar esa pertinencia”. Porque dicho deber “existió siempre por necesidades obvias de transparencia contable y de responsabilidad ante la empresa y sus accionistas”.
En este compendio, merece un capítulo aparte el apartado que refiere a gastos en hoteles y restaurantes –que corresponde a los rubros alojamiento y alimentación que cubre el viático– y que fueron abonados con las tarjetas corporativas. Incluso analiza los “gastos efectuados durante licencias” de De León, “en restaurantes y estaciones de servicio pagados con la tarjeta corporativa”. Paralelamente, el informe reconoció que el senador se negó a responder las preguntas del Tribunal y rehusó comparecer ante esta instancia, por tanto, “considera reprobable la actitud del Cro. De León”. A pesar de la insistencia del legislador en que su caso “está debidamente cerrado” para la Justicia, el tribunal partidario trata de ir más allá y aunque emite consideraciones que son ignoradas cada vez más por la fuerza política, sus informes revelan una constante preocupación por la ética y el interés público.
Pero esta labor del tribunal no es nueva, así como tampoco la indiferencia frenteamplista. Solo hay que recordar las razones de la renuncia del general Víctor Licandro en 2007, entonces presidente del Tribunal mencionado, por la falta de resolución de asuntos en trámite “que hacen a la credibilidad que debe rodear el accionar del tribunal” y entre ellos menciona el contralor de los frenteamplistas “designados en puestos públicos de particular confianza”.
Más allá del nuevo jingle de campaña surgido en el último congreso del Frente Amplio del fin de semana y la foto repetida de los cuatro candidatos abrazados, mientras sostienen la bandera uruguaya y la partidaria, permanecen los cuestionamientos del Tribunal. Además del informe referido al senador De León, hay otros 16 documentos que involucran a referentes y altos dirigentes.
Si bien el estatuto del FA es exigente para imponer sanciones, en tanto requiere de cuatro quintos del Plenario, nada dice que las manos estén prontas para levantarse y ejercer la reprobación que pueda limpiar un escenario que permanece bastante manchado desde setiembre del año pasado, cuando renunció el vicepresidente Raúl Sendic.
Incluso una parte de sus integrantes puede retirarse de sala o detener una resolución con 36 votos de un total de 175. Desde aquel momento y hasta ahora, solo saldan sus diferencias frente a un micrófono o cámara de los medios de comunicación, con directas o indirectas que poco aportan al problema, además de las consabidas frases del “viejo Vizcacha” que resultan algo anecdóticas.
Y claramente era previsible que el documento sería contundente con De León, porque un fallo similar emitió contra Sendic, por lo tanto, nadie puede pecar de inocente y creerse que el informe del Tribunal fue “un mazazo” para el Frente Amplio. Porque no hay “nada para festejar”, a pesar de la frivolidad de las fotografías y mensajes de ocasión. Y porque cualquiera sabía que en la interna se procesaba información delicada, donde no caben las ironías ni sonrisas de salón. → Leer más

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Sin nuevo ADN y evaluación a medias

Las renuncias presentadas en el curso de pocos meses por integrantes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) han sido soslayadas por las autoridades educativas de nuestro país para tratar de situarlas como hechos institucionales comunes, pero han desestimado su carácter técnico y el tratarse tal vez de la única posibilidad de evaluación externa de la marcha de nuestro sistema educativo.
Esta actitud evidencia que sigue manifestándose en toda su magnitud la autocomplacencia tradicional del Poder Ejecutivo y del partido de gobierno sobre la problemática.
Hace pocas semanas renunció a su cargo Mariano Palamidessi, director ejecutivo del Ineed, luego de haber desempeñado funciones desde noviembre de 2015, y a esta dimisión se le sumó la de Juan Soca, quien se desempeñó como director de la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas del Ineed.
El ahora exdirector fue crítico con el funcionamiento del instituto, y si bien por un lado dijo que su renuncia se debe en parte a “una decisión familiar” y que “tres años era un buen ciclo”, aclaró que “junto con eso hay otro tipo de elementos que me parece que es importante señalar y lo he hecho internamente a la comisión directiva, acerca de que el Ineed tiene en su diseño institucional un problema”, como es el caso de que “cuatro de los seis integrantes” de la comisión directiva “son designados por organismos que el Ineed evalúa indirectamente. El Ineed no evalúa las políticas”, pero sí “los efectos de las políticas”.
“Esto es un elemento importante porque de un modo u otro, estas pertenencias institucionales se hacen sentir al momento de pensar y orientar estratégicamente y generar el estilo de una institución que tiene que ser sumamente autónoma, basada en criterios exclusivamente técnicos en la construcción de evidencias, sin interferencias de algún modo de distinto tipos de presiones, preferencias o necesidades políticas”, añadió.
Es que el cese “voluntario” de ambos jerarcas tiene el común denominador del choque entre un técnico y autoridades del organismo, y según se supo por integrantes del Consejo Directivo del Ineed, se había consolidado un deterioro notorio en la relación entre Palamidessi y la presidenta del instituto, Alex Mazzei.
Básicamente, sus diferencias radicaban en la incidencia que puede tener ese consejo en los reportes preparados por el equipo técnico, y entre otros aspectos se cuestiona la manera en que se presentan los datos recabados sobre la situación de la enseñanza.
Según Palamidessi, no hay que “proteger” a la gente y decirle ‘quédense tranquilos que está todo más o menos bien’”, sino que “estamos para señalar que hay cuestiones que hay que atender, que hay cuestiones que están avanzando bien y hay cosas que no están avanzando bien. Y que para hacer esto hay que tener una posición de independencia y autonomía, y hacerlo con criterio técnico y validez metodológica, etcétera”. Evidentemente, los directivos se han inmiscuido en los procesos técnicos: “ha habido interferencias, sí. Ha habido intentos de querer revisar los procesos técnicos en el medio y no cuando están finalizados con la independencia que corresponde. Esos tire y aflojes han sido muy desgastantes”.
Ello da la pauta de que tiene asidero que desde diversos ámbitos se cuestione la confiabilidad de los informes en un instituto que fue creado por la ley general de educación de 2008, pero recién comenzó a funcionar en 2012. Desde su apertura es conducido y administrado por una Comisión Directiva integrada por seis miembros: dos designados por el Ministerio de Educación y Cultura, dos designados por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), uno designado por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (UdelaR), y uno por la educación privada inicial, primaria y media habilitada.
Lo que viene debatiéndose es qué papel debe jugar esa conducción política y hasta qué punto puede orientar el trabajo de los equipos técnicos, cuando cinco de los seis integrantes de la comisión “representan a organismos que el Ineed evalúa”, lo que es efectivamente caldo de cultivo de roces y presiones directas e indirectas.
Y si bien –por supuesto– la ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz relativizó las diferencias y consecuencias de estas visiones, queda expuesta una grieta entre la conducción política y sus motivaciones con el trabajo de personas de primer nivel, con reconocida solvencia técnica, cuando además estamos ante una compleja problemática de la enseñanza en nuestro país.
Este escenario requiere respuestas diversas y coincidentes en objetivos, no ya solo ante el deterioro manifiesto de la calidad que se ha dado a lo largo de las últimas décadas, sino porque además se han acentuado las dificultades por una realidad social que no ayuda para nada al problema, sino que es parte indisoluble de éste, a partir del núcleo familiar y de los valores que se cultivan en la sociedad.
Es cierto, no estamos solo ante problemas de valores, sino que también existe desmotivación manifiesta en los jóvenes, que se percibe sobre todo a partir de Secundaria, pero que es consecuencia de situaciones que se dan desde la infancia y que se potencian en esta etapa crucial de la vida.
En cuanto a las respuestas, más allá de los objetivos centrales, últimamente las autoridades han puesto énfasis en la inclusión, esto es buscar mecanismos para que el joven no termine de desmotivarse del todo y genere el “pase social” apuntando a que al no quedar fuera del sistema, el alumno tenga por lo menos oportunidad de reinserción y eventualmente ponerse al día, lo que es nada fácil, por supuesto, en tanto la alternativa de la repetición generalmente es acompañada por la deserción de los involucrados.
Pero ante los anuncios del presidente Tabaré Vázquez de que en su gestión iba a cambiar el ADN de la educación, lo único que logró con su experimento de mutación genética es generar un gravísimo daño para el país, que tendrá serias consecuencias en un futuro próximo.
Mientras tanto, entre los gremios del sector sigue primando la consigna –para su conveniencia– de que todo lo que se requiere son recursos, sin rendir cuentas por resultados –rechazan todo tipo de evaluación– , y que en último caso, por añadidura, y como elemento accesorio a la mejora salarial, vendría la mejora en el nivel de la enseñanza, dejando de lado el hecho de que desde hace ya tiempo se ha aumentado la afectación de recursos y el nivel de las retribuciones, pero sin que ello se haya traducido ni por asomo en una mejora en la calidad de la instrucción en la enseñanza estatal.
Hasta ahora, además, desde las autoridades tanto en Primaria como en Secundaria, pero sobre todo en este último caso, la alta deserción y la deficitaria formación que reciben los egresados de cada grado, pretenden combatirse bajando exigencias para que los estudiantes continúen cursando, pero naturalmente con la condicionante de que cada vez tendrán menos conocimientos para el curso siguiente.
Este es un camino al precipicio cuando llegan al nivel terciario sin la base mínima indispensable y trasladando por lo tanto el problema hacia los escalones superiores de la enseñanza, mientras seguimos perdiendo calidad y nos sumergimos en la autocomplacencia, priorizando cortoplacismos ante las reales necesidades de reforma integral del sistema educativo. → Leer más

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Un final previsible

En Uruguay hay 321 presos cada 100.000 habitantes y eso ubica al país en el lugar 28 de un total de 222 naciones con mayores índices de prisionalización. En lo que va del año, se registraron 17 homicidios en las cárceles uruguayas y una cifra similar se registró en 2017.
La condiciones de reclusión, fundamentalmente en los centros de mayores dimensiones como el Comcar o el Penal de Libertad, habilitan a que se incrementen los reclamos al Estado por familiares de reclusos y que ganen los juicios. Como el último fallo judicial que condenó al pago de U$S 80.000, más intereses, a la familia de un preso asesinado en 2016, al tiempo que ahora se suma la familia de Marcelo “Pelado” Roldán, por su homicidio ocurrido en ese mismo lugar.
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, reitera que las demandas son “una señal” ante la “ausencia del Estado”, con la falta de inversión en cámaras de seguridad en los centros de reclusión o de funcionarios que eviten las reyertas. A esto se agregan las circunstancias que mellan la convivencia y que, en última instancia, no es responsabilidad exclusiva de las autoridades.
Como sea, el Estado debe garantizar la integridad física y la vida, para evitar un aumento de los casos. Petit ha presentado múltiples informes y relevamientos, como el realizado en mayo pasado, donde precisaba que el 26% del total de la población carcelaria contará con posibilidades de reinserción en la sociedad, el 30% sufre tratos crueles e inhumanos y para el 44% las condiciones son insuficientes. La violencia en los centros de reclusión genera titulares y en pocos días se registraron una serie de hechos violentos. Los funcionarios, por su parte, aseguran que su riesgo laboral es de muerte, mientras no alcanzan los efectivos policiales para cubrir el hacinamiento existente en algunas prisiones.
Así como la violencia aumenta en las calles, ocurre de la misma forma en la interna carcelaria con la consolidación de bandas enfrentadas que continúan con su carrera delincuencial y de extorsión a otros presos. Además, la aparición continua de “cortes” y armas que ingresan a los recintos de las más variadas formas, confirman que ejercen poder e implantan situaciones de tensión que se reflejan en el relacionamiento con los operadores carcelarios.
En tanto el registro asegura que hay funcionarios que se enferman con mayor asiduidad y existen casos extremos de suicidio, se percibe la falta de contención u otras terapias para quienes se encuentran en la primera línea de fuego. En ocasiones, la solicitud de un determinado tratamiento implica el retiro del arma y la consecuente limitación laboral en condiciones de alta peligrosidad. La inferioridad numérica y el riesgo, conllevan a situaciones que suben de tensión particularmente en horarios de visitas o en salidas al patio.
Y bajo este escenario, los datos son elocuentes: en las prisiones uruguayas hay 20 veces más asesinatos que afuera, con una tasa de 154 cada 100.000. Hace dos años hubo 44 muertes violentas y el 25% de los casos se registraron en el Comcar. En 2018 bajaron, pero allí su escala es ascendente.
La semana pasada, Petit confirmó otro caso polémico con la muerte de un recluso por un disparo a corta distancia, provocado por un guardia del penal de Libertad que acusó a otro recluso. Una vez herido, quedó tendido en el piso y cuando fue atendido, ya había muerto. Por este caso, el Ministerio del Interior mantuvo en su página web la versión de un incidente ocurrido entre reclusos a pesar de que el ministro conocía la realidad de los hechos desde hacía al menos un mes.
Petit aclaró el caso en seis visitas a la cárcel y luego de entrevistarse con más de 70 testigos. El preso murió por un disparo de escopeta con munición no letal, pero a muy corta distancia y en una situación de indefensión porque una reja lo separaba del personal policial, en el marco de una situación caótica. La reacción de la secretaría fue el cese del director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el comisario Gonzalo Larrosa, a través de un comunicado que arroja poca sustancia a la problemática ya descrita. La cartera de Bonomi aclaró que el INR “transcurre un proceso hacia la separación definitiva del Ministerio del Interior y su transformación como un organismo desconcentrado que se comunique con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, proceso que se prevé para el año 2021. Ese proceso incluye el pasaje a la órbita civil de los destinos de un organismo encargado de la privación de libertad y la rehabilitación de las personas que ingresan al sistema”. El cambio de ministerio no significará un mejoramiento en las condiciones de violencia o reclusión, mientras falta equipamiento, tecnología y personal adaptado a las características de los centros de máxima peligrosidad e incluso al perfil de los reclusos.
La semana que comienza transitará por espacios políticos que finalizarán sin mayores resultados. La mayoría parlamentaria nos tiene acostumbrados a que las interpelaciones o los pedidos de censura, tal como ocurrirá este martes, se cierren sin consecuencias y espalda con espalda, a favor de Bonomi.
A los hechos de violencia carcelaria se suma la pasividad registrada ante un grupo minúsculo de violentos que, a cara tapada, vandalizó sedes diplomáticas, agredieron a periodistas y humillaron a policías que tenían órdenes explícitas de no actuar. Esas circunstancias demostraron una vez más que las manos están atadas, bajo la excusa de que si se reprime, “es peor”. Por eso rompieron y grafitearon todo a su paso, con la consumación de varios delitos y la violación de la ley, mientras protestaban contra la cumbre del G20 que se realizaba en Buenos Aires. Así actuaron con el amparo de los organismos que están obligados a su cumplimiento en un estado de Derecho que no garantizó la protección básica de las personas que cumplían funciones en el marco de la democracia.
Porque la falta de autoridad y el desgaste es notorio. Sin embargo, el sector al que pertenece el ministro es muy poderoso en una interna compleja y preocupada por resolver otros cuestionamientos antes que comience el año electoral. Como sea, a pesar de la existencia del mecanismo de censura en el artículo 147 de la Constitución, las condiciones –nuevamente– están dadas para que nada prospere contra el ministro. A pesar de una suma que, ciertamente, no comenzó con el incidente en Artigas. → Leer más

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Eduardo Bonomi, el ministro del “escrache”

Los incidentes protagonizados por el Ministro Eduardo Bonomi durante su reciente visita al departamento de Artigas volvieron a dejar en claro las prácticas con las cuales el Gobierno combate cualquier opinión contraria a sus intereses. Molesto por las expresiones y acciones de algunos manifestantes cuyo “pecado” fue tratar de mostrar una pancarta de disconformidad al presidente Tabaré Vázquez, Bonomi trató de evitar la protesta y posteriormente ordenó “escracharlo” difundiendo a través de la prensa sus antecedentes.
Si bien no se trata de una práctica novedosa (ya se utilizó contra el colono que protestó hace algunos meses en presencia del Presidente Vázquez), su repetición deja en claro la voluntad del Gobierno de amedrentar a quienes piensen diferente, olvidando que se trata de habitantes de la República que tienen derecho a ser protegidos en el goce de su libertad de pensamiento, expresión y reunión, así como en el derecho a su honor y respeto a su intimidad. No existe una sola norma que habilite a Bonomi a vulnerar de esta forma los derechos de los ciudadanos, aún cuando los mismos tengan antecedentes penales, circunstancia que el propio ministro debería entender y atender considerando su pasado guerrillero y su participación en hechos de sangre.
Ante esta censurable accionar ministerial, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) expresó, que el episodio protagonizado por Bonomi “se afectaron de forma ilegítima los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, consagrados en normas y principios sobre derechos humanos”. El INDDHH reafirmó asimismo que “las manifestaciones públicas pacíficas son una de las formas del ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión, tal como ha señalado expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humano al indicar que “…la libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse”.
El Estado debe, por tanto, garantizar en todas sus formas el ejercicio de estas libertades de expresión, reunión y protesta pacífica, brindando protección a todas las personas incluyendo a los propios manifestantes”. Finalmente, este instituto recordó al Poder Ejecutivo y en especial al Ministerio del Interior “que toda medida que se adopte para asegurar la seguridad y la convivencia debe guiarse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, pues toda acción dirigida a preservar la tranquilidad en actos públicos debe disponerse desde una perspectiva de ponderación de derechos, y en ningún caso puede incluir la detención de quienes realizan la manifestación de forma pacífica”.
En cuanto al “escrache” realizado por el Ministro Bonomi al difundir información sobre el manifestante, el INDHH manifestó “su más profunda preocupación ante la reiteración de prácticas comunicacionales por parte del Poder Ejecutivo que, en su momento, ya fueron objeto de recomendaciones específicas por parte de la INDDHH. En concreto, esta Institución reitera que la difusión de información relativa a personas involucradas en los hechos (nombres; antecedentes, etcétera), desde ningún punto de vista aporta sobre la cuestión a la que se refiere al fondo del asunto.
Esta cuestión no es otra que atender, rigurosamente, a la aplicación de los límites legítimos que, en un Estado Democrático de Derecho, pueden establecerse respecto al derecho a la libertad de expresión y reunión pacíficas, sin generar “efectos inhibitorios al pleno ejercicio de los mismos”.
En ese sentido, la INDDHH entiende que, en este caso, como en el analizado en la resolución antes citada, el contenido del comunicado ministerial no “cumple con el principio de necesidad, pues no contribuye al debate amplio de ideas y opiniones, y no resulta el medio ajustado para resolver las controversias planteadas (…)”.
Si bien la contundencia y claridad de las expresiones del INDHH dejan en claro las omisiones en el accionar del Ministerio del Interior –y por ende de su jerarca, Eduardo Bonomi– no resulta ocioso mencionar que su Consejo Directivo está integrado por Mariana Mota, Mariana Blengio, Juan Faroppa, María Josefina Plá y Wilder Tayler, a quienes Bonomi no pude tildar de ser parte del mentado “Plan Atlanta” o de la supuesta conspiración entre medios de prensa y Poder Judicial a la cual esa fuerza política culpa de todas las cosas que no funcionan en el país.
Un reciente informe de la organización Amnistía Internacional (cuyas opiniones y campañas eran apoyadas y difundidas por el Frente Amplio durante la última dictadura militar) alerta sobre los peligros de criminalizar la protesta social y a quienes no opinan como el gobierno de turno, respecto de lo cual ha señalado que “a través del ejercicio de la libertad de expresión, las personas tienen la oportunidad de expresar sus opiniones e ideas e incidir en políticas públicas, relacionadas a asuntos que los afectan directamente. (…)
Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos, esto es, de garantizar que las personas dentro de su jurisdicción pueden ejercer estos derechos en la práctica, libre de toda injerencia de terceros”.
La lección que el Gobierno quiere transmitir es clara y directa: toda protesta contra su gobierno será criminalizada y sus protagonistas serán investigados y “escrachados” en todos los medios de prensa, como forma de intentar desalentar que los ciudadanos puedan expresarse libremente ejerciendo un derecho reconocido por normas constitucionales y tratados internacionales.
Para lograr ese objetivo, el Gobierno pondrá a trabajar (como ya lo ha hecho en otras ocasiones) todo el aparato estatal con la finalidad de buscar y encontrar cualquier detalle de la vida personal de los manifestantes para someterlos al escarnio público. A caballo de estas prácticas lamentables y antidemocráticas, Bonomi recurre a instrumentos similares a los utilizados por la dictadura que gobernó el país entre los años 1973 y 1985, lo que resulta especialmente paradójico viniendo de una fuerza política que fue especialmente reprimida y perseguida durante ese oscuro período de la historia uruguaya.
Resulta claro que, al Gobierno y especialmente al Presidente Tabaré Vázquez y al Ministro Bonomi, no le basta haber ganado en forma legítima las elecciones nacionales. Tales triunfos no son suficientes para sus ansias de poder y su objetivo de lograr una población dominada y obediente a sus políticas, por lo que ha optado por criminalizar cualquier protesta y escrachar a sus voceros.
Se trata de un camino muy peligroso cuyo destino está plagado de intolerancia, revanchismo y falta de libertades ya que vulnera derechos básicos que pueden ser ejercidos por cualquier ciudadano y cuya vigencia y efectivo disfrute debe preocuparnos a todos. En todo caso, y ante la actual arremetida del Gobierno contra las libertades individuales, resulta oportuno recordar la frase que se atribuye al escritor y dramaturgo alemán, Bertolt Brecht: “Primero apresaron a los comunistas, y no dije nada porque yo no era un comunista. / Luego se llevaron a los judíos, y no dije nada porque yo no era un judío. / Luego vinieron por los sindicalistas, y no dije nada porque yo no era ni obrero ni sindicalista. / Luego se llevaron a los católicos, y no dije nada porque yo era protestante. / Hoy vinieron por mí, pero ya es demasiado tarde”. Al fin y al cabo, en la actualidad cualquier ciudadano puede ser “escrachado” simplemente por cometer el “delito” de pensar diferente que el Gobierno y “atreverse” a expresarlo. → Leer más

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Devolución de “gentileza”

Los gestos valen más que mil palabras. Los gestos en política y en el mundo diplomático sirven para asentar una posición, y resultan mucho más fuertes que cualquier locución, explicación o comunicado. Eso le debe quedar claro al presidente Tabaré Vázquez frente a la primera gira que hará el mandatario electo de Brasil, Jair Bolsonaro, en la que no incluirá a Uruguay. El tour regional lo hará una vez asuma la Presidencia, el próximo 1º de enero de 2019.
Bolsonaro, conocido y denostado por sus ideas ultraderechistas, pretende realizar en el primer trimestre del año próximo un viaje por Argentina, Chile y Paraguay, según informó el diario La Nación de Buenos Aires. Por ahora, se sabe que es un paseo “corto”, como lo definió el propio presidente, sin fechas y detalles confirmados hasta el momento. De Uruguay, nada. Y no debería llamar la atención.
Vázquez fue el último de los presidentes del Mercosur en saludar a Bolsonaro cuando ganó la elección de su país, presionado por la opinión pública. Y aunque en la primera conversación telefónica que mantuvieron el brasileño lo invitó a asistir a su investidura y Vázquez se comprometió a hacerlo, Bolsonaro no retribuirá la gentileza cuando lleve adelante su primera gira oficial como presidente. Además, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa tuvo muy desafortunadas palabras para con Bolsonaro durante el período electoral, y eso no se olvida fácil porque es la imagen del país la que está detrás del funcionario que nos representa.
No bastaron las palabras del mandatario uruguayo para con su colega, al que le transmitió que espera “el fortalecimiento de las relaciones de hermandad entre ambos países, en los planos culturales, educativos, diplomáticos y comerciales”, según informó en su momento la Presidencia de la República. Incluso Vázquez intentó una suerte de justificación por la demora en transmitirle sus felicitaciones a Bolsonaro: “Era muy fácil hacer un Twitter (sic) o publicar en la web de Presidencia lo que acabo de decir pero entendimos que le daba más formalidad y seriedad al tema que lo hiciéramos como lo acabamos de hacer”, explicó.
Unas palabras que sonaron a excusa tardía. Y con los brasileños no se juega. Más allá de ideologías, lo que debe primar en un gobierno, en una diplomacia, son los intereses comunes. Brasil es uno de nuestros principales socios comerciales, es nuestro vecino poderoso, es con quien tenemos que ir de la mano en muchos aspectos. No hay margen para pavadas. Pero desde el gobierno y el Frente Amplio esto no se entendió desde el arranque. Colocaron la ideología por sobre lo político y económico, haciendo de nuestra diplomacia un hazmerreír. Y ya bastante papelones pasamos –y seguimos pasado– con la actitud del gobierno uruguayo frente a la crisis en Venezuela, cuya administración que lidera Nicolás Maduro tiene al país en el lodo y desde acá nada se dice o condena.
Respecto a la posibilidad de que Bolsonaro ganara las elecciones presidenciales en Brasil, connotados dirigentes frenteamplistas salieron a la palestra para criticarlo. El propio canciller Rodolfo Nin Novoa dijo “Esperemos que las encuestas le erren”. Esas fueron las expresiones nada menos que del ministro de Relaciones Exteriores frente a los sondeos de opinión que daban como ganador a Bolsonaro sobre el izquierdista Fernando Haddad.
Otra burrada fue la de Liliam Kechichián, la ministra de Turismo. Una secretaria de Estado que debe pregonar el turismo abierto a todo el mundo y en el que depende en buena medida de los turistas brasileños para que la temporada de verano sea un éxito, no puede expresarse de esta manera. Está en la tapa del libro. “Tremendo Brasil. Me duele. Lo que sucede cuando la política deja de ser limpia y transparente y cuando la ética se mancha. Viene lo peor disfrazado de antisistema. Hay que ser implacable con las conductas. Ahora tres semanas para defender la democracia y la libertad”, escribió en Twitter Kechichian luego del resultado de la primera vuelta. Por supuesto, ninguno de estos exabruptos tuvo consecuencias políticas, lo que demuestra el respaldo del gobierno uruguayo ante la desubicación de los jerarcas.
Por su parte, el verborrágico expresidente José Mujica, también opinó y mencionó que el triunfo de Bolsonaro es peligroso para la región y para Brasil. También el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, afirmó que el voto mayoritario a Bolsonaro es “un voto castigo y hay que hacerse cargo”. “Una cosa es la discusión con una derecha razonable, democrática, y otra cosa es lo de este señor que tiene posiciones de racismo y homofobia. Y esto me preocupa mucho por la debilidad de la democracia en general”, aseveró con aires de analista político.
Y pese que tras la victoria definitiva en segunda vuelta del excapitán del Ejército algunos dirigentes oficialistas moderaron el discurso, Brasil no olvida. ¡Obviamente! Como si fuera parte de su diplomacia: tiene con qué hacer sentir el rigor. Esas duras críticas y los comentarios en apoyo de Haddad no pasaron inadvertidas en el comando de campaña de Bolsonaro y ahora pesaron al momento de decidir qué países visitar.
Aunque con matices los presidentes de Argentina, Chile y Paraguay están mucho más cerca ideológicamente de Bolsonaro que Vázquez y en círculos empresariales esperan que eso no pese al momento de mantener la corriente de negocios locales con Brasil, tercer socio comercial de Uruguay.
De cualquier modo, el país bien pudo haberse incluido en el itinerario del nuevo presidente brasileño de haber sido más prudentes y centrados a la hora de opinar. O de no opinar nada. No pasa nada guardar silencio de vez en cuando. De hecho, suelen hacerlo y mirar para el costado cada vez que un gobierno compañero se equivoca feo.
La política exterior de esta Presidencia de Vázquez ha dejado mucho que desear. Presionado por la ideología de ciertos grupos dentro del Frente Amplio, el mandatario ha capitulado en avanzar hacia el mundo moderno y de convivencia, con el foco puesto en sumar comercio y bienestar para el pueblo. → Leer más

Opinión

Y así seguimos perdiendo fuentes de empleo…

Al no haberse presentado ofertas para la adquisición de las dos plantas de PILI, se ha diluido gran parte –si no toda– la esperanza que aún teníamos muchos sanduceros, con palabra presidencial y todo, de mantener una fuente de trabajo tan importante como ya histórica de Paysandú. Debe tenerse presente además que la industria lechera no es Ancap, que puede darse el lujo de agobiarnos con su monopolio con el combustible más caro de la región y una empresa de cemento que desde hace mucho años tiene números en rojo y que sin embargo sigue funcionando, sin desocupación alguna, en base al “pequeño detalle” de que por ser del Estado, todos los uruguayos hemos financiado sobrecostos y además aportado casi mil millones de dólares para recapitalizarla.
Por supuesto, en toda empresa privada hay un alto margen de riesgo, que pasa por la condición de ser rentable para poder seguir funcionando, reinvirtiendo y generando puestos de trabajo, y en este contexto tienen mucho que ver decisiones empresariales que se adoptan en el marco de estar siempre sobre el filo de la navaja.
El punto es que como indica nuestro corresponsal Daniel Hardy Coll, la suerte está echada y el futuro de las plantas industriales de la empresa corre por parte del Banco de la República, que las rematará.
La confirmación parte de Jurídica de la Liga de Defensa Comercial, que ratifica las declaraciones vertidas a EL TELEGRAFO en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por el Cr. Júpiter Pérez –miembro del síndico– al concluir las reuniones con el gobierno y con trabajadores y remitentes: “No hay nada de nada y se retiró el más interesado”, sentenció.
Los próximos pasos de la sindicatura serán el llamado a remate de los establecimientos agropecuarios y de las plantas, y todo depende de los requerimientos que imponga el Banco de la República, principal acreedor con 42 millones de dólares de un pasivo que fue declarado por PILI SA en 60 millones de dólares.
Mientras tanto, ya en unas horas más los 124 empleados de las plantas y campos serán enviados al seguro de paro, con una extensión del beneficio hasta el 31 de diciembre de 2019, como lo decretó por ley el gobierno a solicitud del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Paralelamente, gremiales de productores lecheros se retiraron del Instituto Nacional de la Leche (Inale) y declararon día de duelo por el cierre de PILI, entendiendo que el Gobierno no reacciona ante la crisis del sector y respalda más a los sindicatos que a los propios productores, poniendo en riesgo la continuidad de la industria láctea, inclusive la de Conaprole.
Es un día de duelo también para la sociedad sanducera, por cierto, para el Interior todo y para el país, que sigue asistiendo al cierre de fuentes de trabajo. No es un secreto para nadie que Paysandú, como el Interior, atraviesa serias dificultades de empleo, más allá de matices en cada localidad, y que las dificultades tienen que ver sobre todo con las dificultades coyunturales y estructurales de nuestra economía, donde la rentabilidad de las empresas en general, y de varios sectores en particular, está en un mínimo. Ello se traduce en retracción de circulante, de demanda de personal, menos ventas y mayor endeudamiento de los que ven como mes a mes los números en rojo crecen.
Por supuesto, nos estamos refiriendo a la actividad privada, que es la que crea riqueza y mueve la economía, dinamiza la inversión, promueve fuentes de empleo, y para ello indudablemente necesita que se den las condiciones más o menos propicias para desenvolverse.
Y en el caso de PILI, más allá de la decisión empresarial de jugarse al mercado venezolano por precios y creer en las garantías del gobierno del expresidente José Mujica al hacer negocios con el régimen de Maduro, como en todas las empresas hay de por medio una ecuación de costos de producción, sean bienes o servicios, que le de un margen correspondiente de mercado y rentabilidad.
Esta ecuación lamentablemente sigue deteriorándose en perjuicio de las empresas en general, de los trabajadores y de todos quienes desempeñan alguna actividad, que dependen de ingresos genuinos, de su esfuerzo, y que no tienen la seguridad de estar prestando servicios o amparados en el Estado, que detrae recursos de todos los actores de la economía, cualquiera sea su situación, y cada vez en forma más asfixiante.
Sobre todo hay que tener en cuenta el esquema de interrelación de actividades y el efecto dominó que conlleva el cierre de una fuente de trabajo, cualquiera sea, y la experiencia nos enseña que en Paysandú, con su pasado industrial, había muchas personas que desempeñando actividades en distintas áreas, ignoraban que de una u otra forma sus ingresos dependían directa o indirectamente de esa actividad industrial, y la desaparición de esas empresas ha dejado vacíos que en el mejor de los casos solo se han llenado parcialmente.
Ya desde hace un tiempo estaban en el tapete los serios problemas de la industria láctea PILI, que enfrentó el endeudamiento originado en la inversión para ampliar la planta procesadora, que incluyó el traslado desde el centro de la ciudad, así como el deterioro de precios y mercados, lo que ha dado lugar a una bola de nieve consecuencia de que los ingresos no dan para cubrir los compromisos que se han ido acumulando por los números en rojo.
Hay todavía sectores de nuestra comunidad que ignoran que en mayor o menor medida han dependido de la industria láctea, y las consecuencias que traerá aparejado para Paysandú, para la zona y naturalmente para las 600 familias directa o indirectamente involucradas, el aparentemente ya irreversible cese de actividades de PILI.
El escenario de otras plantas industriales lácteas, aunque de menor gravedad que el de la industria sanducera, también es comprometido, y este hecho no es ningún invento de los productores, hasta calificados como los “comebosta” por el sindicato de Conaprole, delirante y ajeno al corazón de la realidad productiva del sector.
Lamentablemente, estamos ante una problemática que se ha ido degradando mientras el gobierno se ha resistido a aceptar su gravedad, ha seguido en piloto automático, sin atacar decididamente los problemas, y en cambio, ha descalificado por motivaciones políticas a movimientos surgidos desde el agro que reclaman menos costos y respuestas reales a los problemas.
Desde el centralismo montevideano y el gobierno de izquierda se sigue soslayando despectivamente que el Uruguay es agrodependiente, que siguen sin aparecer las cadenas de valor que generan trabajo genuino, y que el Estado, por su ineficiencia y gastos desmesurados, lejos de crear empleo, es el mayor destructor de puestos de trabajo. → Leer más

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Hacia la transformación digital

Con pocos días de diferencia, Uruguay asumió la presidencia del Grupo Digital 9 (D9), un espacio de trabajo de los países con gobiernos más digitalizados del mundo y, en Rivera, la Universidad Tecnológica (UTEC) inauguró un edificio de 3.250 metros cuadrados con capacidad para 1.000 estudiantes donde se desarrollarán cinco carreras de avanzado componente tecnológico y una especialización en inteligencia artificial. No son hechos aislados sino parte de una serie de políticas estatales apuntan hacia una misma cosa: el impacto de la digitalización en la industria, la producción, el consumo y la vida cotidiana.
No es poca cosa para un país y una economía como la nuestra ser la única nación latinoamericana que figura entre las más digitalizadas del mundo, junto a países como Estonia, Israel, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, Portugal, México, Corea del Sur. No es un hecho casual sino la materialización de una política de Estado que se ha venido trabajando fuertemente en los últimos años y que comprende una serie de iniciativas referidas al gobierno electrónico, inclusión digital e inteligencia artificial, ciencia de datos y el aprendizaje automático con énfasis en el desarrollo productivo.
A diferencia de la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe, que no se han sumado a tiempo a la revolución de las TIC y de Internet, perdiendo una oportunidad única de realizar grandes avances en materia de innovación y presentan distintos grados de retraso respecto a indicadores referidos a aspectos básicos como el acceso a banda ancha y la cantidad de computadoras entre la población, Uruguay se ubica a la cabeza y muy bien posicionado.
Trabajando fuertemente los conceptos de gobierno abierto y digital, nuestro país ha desarrollado una sólida infraestructura de banda ancha fija, en especial la fibra óptica, pero también ha mejorado la conectividad internacional y ha desarrollado una fuerte concepción administrativa relacionada con la Sociedad de la Información y la trasformación digital del Estado, el desarrollo de software de seguridad y el abatimiento de la brecha digital a través de planes como Ceibal e Ibirapitá, que entregaron computadoras portátiles a niños y jubilados avanzando así hacia una propuesta de fuerte inmersión tecnológica en la vida cotidiana.
Desde estas perspectivas se puede afirmar que nuestro país está mejor preparado que sus pares latinoamericanos para adaptarse a la economía digital emergente en la que el acelerado cambio tecnológico es una constante e impactará fuertemente en distintos ámbitos, entre ellos el de la formación de los ciudadanos en general que requerirán nuevas habilidades –aún no completamente definidas– para interactuar con máquinas inteligentes, y su inserción en los ámbitos laborales y también la vida cotidiana (debido a las exigencias de la digitalización financiera y de las comunicaciones por ejemplo).
También podríamos preguntarnos cuáles son los impactos en la economía de esta revolución digital y cómo afectan la innovación y el comportamiento empresarial, por ejemplo. En este sentido, un informe del BID denominado “El imperativo de la transformación digital” (2018) evidencia claramente que los avances tecnológicos emergentes, como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la tecnología blockchain, la impresión 3D, los sensores y el big data, han desencadenado una fuerte ola de innovaciones caracterizada por la desintermediación, el emparejamiento (matchmaking), el intercambio y la innovación a través de plataformas y modelos abiertos.
En este sentido indica que los cambios antes referidos están teniendo consecuencias profundas en los modelos de negocio de las empresas, la dinámica de mercado en varias industrias, los procesos de manufactura, el comercio y la prestación de servicios, lo cual ya está manifestándose también en las economías latinoamericanas, en el mercado de trabajo, en el sector financiero y la producción de bienes y prestación de servicios.
El informe también advierte que la respuesta de las políticas públicas frente a este nuevo escenario ha tenido grandes limitaciones ya que si bien varios países han formulado ambiciosas agendas digitales, en general, las políticas de TIC latinoamericanas muestran un sesgo hacia el desarrollo del gobierno electrónico, particularmente en las áreas de gestión financiera, adquisiciones, y la gestión de los sistemas tributarios y de ingresos públicos, a expensas del poco hincapié que se hace en la necesidad de programas que realcen las capacidades del sector privado de adoptar y utilizar tecnologías digitales.
En este complejo escenario, en el que el valor del comercio mundial de información ha superado el valor del comercio mundial de mercancías, la educación se torna un activo insustituible para gestionar el cambio y aprovechar oportunidades. Son necesarias nuevas formas de enseñar y aprender, así como nuevas especializaciones para atender los requerimientos de un mercado y una industria cada vez más “tecnologizada” que demanda nuevos conocimientos y habilidades y requiere más eficiencia al sistema educativo así como mayor capacidad de innovación a las empresas. Ese es, ni más ni menos que un desafío crucial para el país, el cual ya no admite postergaciones.
Siendo un país en el que las pequeñas y medianas industrias tienen un peso tan grande en la actividad económica y el empleo, también debemos preparar el cambio en este sector dado que la “empresarialidad” digital se traduce, por ejemplo, en modelos de negocios totalmente nuevos y diferentes, basados en la economía compartida, la desintermediación y la innovación abierta que quizá demanden nuevas regulaciones. Por su parte, la investigación y desarrollo se está alejando de los laboratorios tradicionales y moviéndose hacia startups, por lo que también adquirirán cada vez mayor importancia las denominadas incubadoras de empresas y aceleradoras de negocios.
Se trata de un panorama complejo y desafiante pero que también presenta oportunidades impensables hace apenas una década. Un escenario con el que seguramente debamos convivir cada vez más y frente al cual el Estado tiene responsabilidades que van más allá de los aspectos referidos a la infraestructura y se sitúan en el ámbito de la educación y la alfabetización digital de las personas y empresas, el apoyo a ecosistemas digitales, la formación especializada y el establecimiento de regulaciones para la economía colaborativa y los negocios digitales. → Leer más

Opinión

Los verdaderos problemas no estuvieron en los titulares

Los incidentes ocurridos en Artigas entre el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y un grupo de trabajadores tabacaleros ocupó los titulares y desplazó la inauguración del Instituto Tecnológico Regional Norte de UTEC, en Rivera, o la habilitación de la ruta 30 a pesar de las críticas por la calidad de las obras presentadas el lunes.
El entredicho comenzó tras el retiro del presidente Vázquez y mientras el ministro de Transporte, Víctor Rossi, resaltaba la obra en la carretera, largamente reclamada por los vecinos.
Los manifestantes intentaron llegar a la primera fila para que se leyera su pancarta y en los videos particulares junto a los emitidos por los canales de televisión presentes en el lugar, se aprecia la ubicación de varias personas y el secretario de Estado delante de la pancarta de protesta.
Así sobrevino el forcejeo que finalizó con la detención por algunas horas de dos hombres identificados como trabajadores tabacaleros que reclamaban por la continuidad de la producción del sector en Artigas, mientras mostraban una cajilla de cigarrillos de una marca paraguaya que ingresa al país de manera ilegal.
Los manifestantes fueron retirados por los guardaespaldas del ministro y cuando le preguntaron por las razones de dichas detenciones, Bonomi se limitó a responder “No sé. Estaban tratando de desvirtuar un acto público”.
El jerarca aseguró que los trabajadores no solicitaron encuentros con ningún ministro, ni presentaron reclamos por las vías acordes a lo establecido en los denominados consejos de cercanía, o encuentros con el gabinete en localidades del Interior. Una modalidad que, por cierto, se había interrumpido y se retomó a finales de este año. Las versiones –siempre inciertas y subjetivas–, sirven en un año electoral que promete ser caldeado y con mayores desencuentros. La legitimidad de las protestas en democracia están fuera de discusión, pero los grandes ausentes son los temas de mayor preocupación de los artiguenses, al igual que el resto de la población que reside al Norte del Río Negro.
Por ejemplo el desempleo en Artigas, que se ubica por encima del 20% –con un informalismo aún mayor con el 41%–, con escasas posibilidad de reactivación y movilización industrial, enmarcado en un panorama que se deteriora año tras año. El elevado índice del seguro de desempleo afecta a los trabajadores de la piedra, los free shops, el comercio, el arroz y sólo se observa a las instituciones públicas como fuertes generadores de trabajo.
Y el panorama se complicará con la instalación de Lojas Francas en Quaraí, que harán peligrar a decenas de puestos de trabajo, por tanto los trabajadores y empresarios tienen urgencia que el Poder Ejecutivo se comprometa a buscar soluciones y negociar con el futuro gobierno de Jair Bolsonaro que se instalará el 1º de enero. Los comerciantes de las zonas francas propusieron que se instrumenten las mismas condiciones que tendrán sus similares del lado brasileño, pero hasta el momento no hay respuestas o planificaciones estratégicas que lleven tranquilidad a la comunidad.
Artigas es el segundo departamento con mayor proporción de hogares en situación de pobreza. Y a eso no lo gargantea la oposición, sino que se destaca en el informe Observatorio Territorio Uruguay (OTU) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). El 54,4% de las personas tienen al menos una Necesidad Básica Insatisfecha, lo que ubica al departamento con mayor porcentaje en el país. Más del 40% de la población no tiene conexión al saneamiento, el 5,7% no tiene conexión al servicio de agua potable para beber o cocinar, el 2,4% de la población mayor de 15 años es analfabeta y es el guarismo más alto del país, de acuerdo a un relevamiento realizado el año pasado. En cuando a la educación en las personas de 25 años es de 8,4 años y solo el 13% de la población tiene estudios terciarios.
Artigas está rezagado en el acceso a las nuevas tecnologías con el 44,8% de los hogares con conexión a Internet, mientras el promedio nacional se ubica en 64,3%. En Artigas faltan médicos en determinadas especialidades y la complejidad de este problema se reveló tras la muerte de un paciente de 65 años, mientras esperó durante tres meses por el resultado de una biopsia ante la ausencia de un anátomo-patólogo en su departamento.
Ahora está en curso una auditoría a la historia clínica que poco puede aportar a estas alturas a su familia, al igual que la intervención al centro de salud artiguense, resuelto y anunciado a la prensa con bombos y platillos tras la muerte del hombre.
Con la viralización de videos a través de las redes sociales, aún se observa –a pesar de la intervención– las demoras en la atención de pacientes en la Emergencia del Hospital y la indignación que provoca con el paso de las horas. Porque en este territorio pequeño y sin grandes accidentes geográficos, aún se desconoce lo que ocurre a 700 kilómetros de los escritorios donde se resuelven algunas cuestiones cruciales para los seres humanos.
Y algo similar ocurre con el tratamiento de otras patologías, como los pacientes psiquiátricos, cuya sala ya inaugurada nunca se habilitó para tales fines y el especialista presentó su renuncia. La gran pregunta es cómo se abordan los casos y si las derivaciones a departamentos cercanos continuará presentándose como la única opción para la solución al problema.
Esos problemas son los que atraviesan a la población de Artigas y generan una desigualdad no resuelta, a pesar de la soberbia de las respuestas del primer mandatario cada vez que sale al Interior. Esos y no otros que van más allá de las protestas. Porque en este país ni un régimen totalitario pudo amedrentar al “río de libertad” que salió a las calles hace 35 años y consiguió unir a adversarios políticos de todas las horas.
Hoy están separados por mezquindades y si la población afectada reclama por sus derechos no contemplados, salen a cobrar al grito, cuando en realidad son problemas que se arrastran desde todas las administraciones. → Leer más

Opinión

Entre la tolerancia cero y el derecho a vivir en la calle

El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, cree que existe una relación entre las personas que viven en situación de calle y el incremento de los delitos en las zonas donde residen.
Explica el aumento de personas en la calle con la cantidad de presos que obtuvieron su libertad y calculó que si el 50% de quienes no están en prisión son reincidentes, entonces “tenemos 700 personas que están en las calles robando”.
A pesar de la existencia de un ministerio y toda su estructura creada en 2005, el jerarca entiende que es fundamental la atención social de esas personas. Sin embargo, lo contradictorio es que mientras el número dos del Ministerio del Interior proclama la tolerancia cero de personas que vivan en la calle para evitar la generación de una mayor inseguridad en la sociedad, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo opina otra cosa.
Fabiana Goyeneche asegura que este fenómeno no puede abordarse desde la “prohibición” ni “criminalización” porque esas personas “tienen derecho a estar en la calle” y reconoció las contradicciones en la interna de la fuerza política en el gobierno para su abordaje.
Entre la tolerancia cero y el derecho pleno a pernoctar en la vía pública más que contradicción hay un abismo porque, por un lado, no se aclaran los instrumentos para quitar a esas personas de la calle y por el otro, refiere a la libre permanencia en cualquier espacio. Aunque no hay datos actualizados, la última estadística, que data de 2016, señalaba que más de 1.600 personas viven en esta situación. Nadie se la juega con los números, pero en Montevideo el problema es visible con la instalación de asentamientos improvisados y su crecimiento es exponencial en las principales ciudades del país.
Si bajaron los guarismos que miden la pobreza, entonces la presencia de una mayor cantidad de personas en la calle se explica por el rompimiento de vínculos familiares, el consumo de sustancias, problemas psiquiátricos y de acceso a una vivienda digna. Con todo, un gobierno no debe exponer sus argumentos en continua contradicción sin hacer algo, sino que debe habilitar las condiciones para evitar que más personas vivan en esta situación.
Porque algo similar ocurre ahora y pasaba antes en las calles de Nueva York, cuando Rudolph Giulliani era el alcalde. La única diferencia con aquella gestión que logró bajar los históricos índices de criminalidad, es que no se tornó una costumbre la mezcolanza de términos basados en la sensación de inseguridad que generan determinados hechos y las estadísticas de la realidad. Por el simple hecho de que no todos son criminales, sino que no están dadas las reglas de convivencia, que es diferente.
Paralelamente se incrementaron las medidas de seguridad en los cajeros automáticos con el entintado de billetes, que se resuelve de manera progresiva a nivel nacional. A Vázquez le “llama la atención que exploten un cajero entintado. Quizás tenga que ver con la magnitud de la explosión que habla de la poca experiencia de quienes intentaron robarlo” porque se llevan un gran botín que no servirá.
En realidad, el entintado con reducción horaria para la atención a los usuarios trajo mayores dificultades y –eso sí– “sensación de inseguridad” en diversas zonas del país, incluso en localidades pequeñas. Esta forma delictiva que comenzó a principios del siglo XXI en Europa y se extendió rápidamente en América Latina, llegó a Uruguay el año pasado a través de una banda liderada por chilenos. El gran tema es que con entintado o sin entintado, nadie puede afirmar hoy que terminarán los robos porque son bandas delictivas que cuando no puedan explotar más los cajeros, entonces tomarán para otro lado. Ahora, si hablamos de la “inexperiencia”, debemos recordar que han explotado más de 70 cajeros en el último año, por lo tanto, es imposible calcular lo que hubieran hecho con un poco más de “experiencia”. Y conste que estas personas no se encuentran en situación de calle.
Un capítulo aparte merecen las explicaciones en torno al incremento que muestran las estadísticas y las autoridades se inclinan por un aumento en las denuncias, a través de las herramientas digitales de los policías en el lugar de los hechos, sin que los afectados tengan que ir a una comisaría.
O la entidad y características de los robos. Según Vázquez, hace dos años el 38% de los robos correspondían a objetos como lentes, teléfonos, championes o bolsas del supermercado. En 2017, subió al 59% y “el primer razonamiento es que roban cosas de poco valor, por lo tanto el que roba, roba más veces”.
Tampoco todos los que roban “más veces” viven en la vía pública.
Tantos diagnósticos con enfoques raros confunden y envuelven al tema en continuas contradicciones porque la fuerza política en el gobierno lleva tres administraciones y eso se ve por encima de las consideraciones filosóficas o cálculos más o menos arriesgados que refieren al origen del delito.
El crecimiento del consumo de sustancias y, por lo tanto, una ampliación del poder del narcotráfico, una justicia benevolente con las penas y juicios abreviados para que los fiscales no se compliquen aún más, sumado a las variadas ineptitudes de quienes se encuentran en puestos de decisión junto al tiempo perdido en discusiones parlamentarias que resultaron estériles y comparaciones con el pasado que no aportan, sostienen un caldo de cultivo donde todos hablan distintos idiomas. Esta Babel es la consecuencia de que el problema se profundice y genere el temor ciudadano. Y esa sí que es una “sensación térmica” de difícil abordaje. → Leer más

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Las enseñanzas del rejuvenecimiento chino

El intendente de Paysandú Guillermo Caraballo retorna de su viaje oficial a China, invitado a través del Congreso de Intendentes por la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, junto a otros cinco intendentes, en el marco del trigésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Uruguay y China.
Retorna en los días previos a que la República Popular China celebre el cuadragésimo aniversario de la reforma y la apertura , una gran revolución que el Partido Comunista inició en diciembre de 1978, cuando el XI Comité Central del Partido Comunista de China realizó su III Sesión Plenaria. Fue un acontecimiento de trascendencia histórica que dio inicio al nuevo período de cambios con repercusiones globales.
Desde entonces, los comunistas y el pueblo chinos, con un intrépido espíritu emprendedor y a través de una impetuosa práctica de innovación, han llevado adelante una transformación de la nación, que ha producido cambios históricos en la fisonomía del pueblo chino, en la de la China socialista y en la del Partido Comunista de China.
Ciertamente la China visitada por los intendentes uruguayos no es la misma, aunque apenas pasaron cuatro décadas. El gigante asiático aprovechó una ola de globalización que barrió el mundo y emergió como la fábrica del planeta. La adopción de Internet por parte de China, dentro de ciertos límites, ayudó a convertirla en un líder en tecnología. Y el asesoramiento extranjero ayudó a reformar sus bancos, construir un sistema legal y crear corporaciones modernas.
Se invirtió fuertemente en educación, ampliando el acceso a escuelas y universidades, y eliminando el analfabetismo. China continental ahora produce más graduados en ciencias e ingeniería cada año que Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Taiwán juntos.
En ciudades como Shanghái, los escolares chinos superan a sus compañeros en todo el mundo, tal como lo determina el informe PISA. Para muchos de sus padres, sin embargo, incluso eso no es suficiente. Debido a la nueva riqueza, el énfasis tradicional en la educación como camino hacia la movilidad social y el examen hipercompetitivo de ingreso a la universidad del estado, la mayoría de los estudiantes también se inscriben en programas de tutoría después de la escuela, un mercado con un valor similar a la mitad del presupuesto militar anual del gobierno de esa nación.
El presidente Xi Jinping impulsa lo que él llama “el gran rejuvenecimiento de la nación china”. La prosperidad ha traído expectativas crecientes; el público quiere algo más que el crecimiento económico. Quiere aire más limpio, alimentos y medicinas más seguros, mejores servicios de salud y escuelas, menos corrupción y mayor igualdad.
China ahora lidera el mundo en el número de propietarios de viviendas, usuarios de Internet, graduados universitarios y, según algunas cifras oficiales, multimillonarios. La pobreza extrema ha caído a menos del 1 por ciento. Un remanso aislado y empobrecido se ha convertido en el rival más importante de los Estados Unidos desde la caída de la Unión Soviética.
En este entorno, ¿qué provecho pueden sacar los intendentes uruguayos que cruzaron el mundo, especialmente el de Paysandú? Aun desde nuestra insignificancia geográfica, siempre hay un camino para el intercambio y especialmente el aprendizaje. Para tener una idea de esto que denominamos insignificancia geográfica, la provincia de Yunnan –una de las últimas visitadas– tiene un territorio de 394.000 kilómetros cuadrados, 28 veces más extensa que Paysandú.
Es muy posible que el ejemplo más adecuado esté en la misma China. Durante décadas, Estados Unidos alentó y ayudó al ascenso de China, trabajando con sus líderes y su gente para construir la asociación económica más importante del mundo. En 2001, esa potencia llevó a China a la Organización Mundial del Comercio.
Obviamente, es solo un ejemplo que el camino puede ser el aprendizaje del éxito por esa nación obtenida. No se pretende ni sueña con llegar al logro de China, que hizo que su “maestro” se convirtiera en su mayor cliente, que ahora mismo lo acusa de robo de tecnología a gran escala, apuntando directamente a la gigante Huawei de “ciber inseguridad”. En los Estados Unidos, los economistas dicen que, como resultado de las enormes compras a China, desaparecieron al menos dos millones de empleos, muchos en los distritos que terminaron votando por el presidente Trump.
No es claramente el camino por el cual puede pretender ir Uruguay y mucho menos Paysandú. Para empezar porque no tenemos los recursos naturales ni la población de ese gigante que se despereza y apunta a convertirse en potencia mundial.
Lo que importa es llevar a nuestra escala los modelos exitosos de China. No será sencillo, pues una de las características del crecimiento económico es la adhesión al trabajo duro de su pueblo. No podemos decir lo mismo aquí, cuando el sueño de miles es alcanzar un empleo público o acceder a los planes sociales que el gobierno otorga a cambio de nada, sin exigencia productiva alguna.
Pero esas actas de hermanamiento, que luego pueden derivar en hermanamientos concretos entre gobiernos de segundo nivel (provincias chinas con departamentos uruguayos), más allá de pretensiones de intercambio, deben contener hambre de aprender. De la sociedad agrícola de Mao a la sociedad económicamente occidentalizada pero que mantiene la ideología comunista con elemento integrador común nacional, hubo un camino de asimilación y aprendizaje.
Es la gran oportunidad. Del mismo modo que capitales occidentales vieron en China un gran espacio donde invertir, está en nosotros buscar lo mismo, exponer un territorio amigable para la inversión y el comercio chino. Al mismo tiempo asimilar sus estrategias para el crecimiento económico, que se basa no solo en inversiones, en la búsqueda de oportunidades sino en una población instruida y con la cultura del esfuerzo sincero y duro para ir en busca del progreso.
Este es un país pequeño escasamente poblado, con capacidad para producir mucho más alimento y otros bienes. Como no hay rentabilidad ni inversiones que justifiquen esa producción, entonces el paisaje más usual es el del campo extensamente verde.
La visita de estos seis intendentes –incluido el de Paysandú– ha resultado clave entonces en la medida que permitirá comprender mejor este milagro chino y tratar de obrar en consecuencia. La inversión en conocimiento de nuestros líderes –especialmente si responde a invitaciones– es siempre un valioso bien. Desde el lugar que les toque en su trayectoria política, en el fortalecimiento chino –en apenas lo que dura un suspiro– debe haber inspiración. Y acción. → Leer más

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Desprotegidos

La inseguridad campea en el país. Se profundiza. Hay récord de homicidios desde que existen registros en Uruguay. La población se siente desprotegida, los policías se sienten que están con las manos atadas y el delincuente siente –y razona– que tiene todo por delante para acometer sus crímenes. Y desde el gobierno no llegan señales, por más buena tecnología y preparación con que cuentan las fuerzas del orden en la actualidad. Si no hay una política de combate a los malvivientes, difícilmente puedan servir todos los implementos más modernos. Pero la política va en otro sentido, de “prevenir el delito”, tratando de disuadir al delincuente para que no lo cometa. Un claro ejemplo es la actual disposición del ministerio del Interior de que los móviles policiales circulen siempre con las luces de emergencia encendidas. De esta forma el delincuente sabe a la distancia por dónde viene el patrullero, y se abstiene de delinquir por un momento. Como es obvio eso no alcanza para disuadirlo completamente: solo sirve para que la Policía se evite el trabajo de perseguirlo y detenerlo.
Y los números cantan. Desde el 1° de enero de 2018 hasta la tarde del 22 de noviembre hubo 351 homicidios en todo el país, según datos manejados por la Fundación Propuestas (Fundapro). Todo un récord de muertes en Uruguay y aún falta más de un mes para culminar este 2018.
En 2017 fueron asesinadas 283 personas en Uruguay y en 2016, 268 individuos, cifras menores respecto a 2015 cuando se registraron 293 homicidios, según datos del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del ministerio del Interior. Pero, como salta a la vista, este número ya ha sido superado por el actual conteo que, seguramente, se incrementará de aquí a fines de año.
“Tenemos más de un muerto por día y es probable que el cierre del 31 de diciembre indique que en este año hubo más homicidios que días”, declaró el director de Fundapro, Guillermo Maciel. La organización estima que la tasa de homicidios pasó de 8,1 de 2017 a 10,3 en lo que va de 2018. No obstante, Fundapro estima que al final del año se llegará a una tasa de 11, de acuerdo al propio Maciel.
En el espectro regional, nuestro país avanza hacia el abismo de la violencia generalizada. América Latina es una de las regiones más violentas del mundo pero presenta realidades dispares. En términos históricos, Uruguay siempre presentó niveles de criminalidad moderados. No obstante, según los nuevos números, Uruguay se está acercando a países como Paraguay y se está alejando de los mejor posicionados de la región como Argentina y Chile. Venezuela, con su profunda crisis, es la nación que presenta las peores cifras y es un espejo en el que no queremos vernos reflejados –aunque dentro del partido de gobierno haya muchos que no lo vean tan mal–.
Pero hablemos de un caso de éxito del que quizá se puedan tomar algunos aspectos para mejorar y encarar esto como corresponde. Ese caso de suceso es el de Nueva York, donde los tiroteos en Manhattan o los asaltos en Central Park forman parte cada vez más del pasado. La ciudad pasó de ser una pesadilla violenta a modelo de seguridad.
Acá los números también cantan. La ciudad más poblada de Estados Unidos tuvo 290 homicidios en 2017 según datos oficiales, la cifra más baja desde 1951, cuando comenzó a llevar registros comparables. Si se miden con 2016, los asesinatos en Nueva York cayeron 13,5%, y si se equiparan con el nivel de población, la tasa de homicidios de 2017 fue de 3,4 cada 100.000 residentes, bien lejos de los 30,7 que hubo en 1990, y 3 veces menos que en Uruguay. “Esa caída no la experimentó ninguna otra gran ciudad”, comentó Franklin Zimring, experto de la Universidad de California en Berkeley y autor del libro “La ciudad que se hizo segura: lecciones de Nueva York para el crimen urbano y su control”, en una entrevista con BBC Mundo. Más aún, en esta metrópoli de 8,5 millones de habitantes también bajaron los tiroteos, los asaltos, los robos y los arrestos.
¿Cómo lo lograron? Uno de los cambios que acompañó la mejora de la seguridad en Nueva York estuvo en el incremento de al menos 35% en la cantidad de policías en la ciudad entre 1990 y 2000, cuando superó los 53.000 funcionarios según datos oficiales. Se trató del mayor aumento numérico de policías que hubo en esa década en cualquier ciudad de Estados Unidos con más de 250.000 habitantes. La diferencia fue más significativa en algunas áreas: el número de policías de narcóticos creció más del doble en Nueva York esa década.
Claro que una mayor cantidad de policías en las calles está lejos de garantizar una baja del crimen. Pero en el caso de Nueva York, eso fue acompañado por un cambio clave a nivel tecnológico. Entraron sistemas computarizados para que el jefe de policía supiera dónde se desplegaban los uniformados, dónde se cometían los crímenes y qué impacto tenía el despliegue policial en las tasas de criminalidad.
Policías y tecnología ha sumado la policía uruguaya, y en ese sentido se va por buen camino. Lo que ha hecho hincar el diente a las fuerzas de seguridad de Nueva York ha sido la estrategia para atacar el crimen. Hay quienes asocian el fenómeno a la “tolerancia cero” o la “teoría de las ventanas rotas” que autoridades de la ciudad reivindicaron en el pasado. Pero no se puede reducir 83% la tasa de homicidios yendo a barrios marginales en declive; se debe acudir donde están ocurriendo los homicidios. Y eso es exactamente lo que hicieron, dicen los expertos. Ni más ni menos. En esta misma línea acabaron con los puntos de venta de drogas que había en diferentes espacios de la ciudad, lugares que contribuían a la violencia y aumento de homicidios.
Y estamos hablando de una ciudad que triplica en población a Uruguay. No puede ser que, con un poco de voluntad, no se pueda lograr vivir en paz y estar protegidos. → Leer más

Opinión

Espacio público y “ciclo” inclusión

La necesidad de disminuir la congestión vehicular y los accidentes de tránsito en zonas urbanas así como de contemplar los diferentes modos de movilidad de la población está enfrentando a varias ciudades latinoamericanas a importantes desafíos en cuanto a la creación y rediseño de infraestructuras para los sistemas de transporte, encaminándose hacia soluciones más equitativas e inclusivas así como de mayor seguridad y eficiencia en cuanto a recursos económicos, energía y sustentabilidad ambiental.
La bicicleta se ha convertido en uno de los medios de transporte más recomendados por las campañas de promoción de salud, dado que favorece el ejercicio físico, permite un desplazamiento ágil y favorece el cuidado del medioambiente.
En Uruguay existe poca información sobre el uso de este medio de transporte por parte de la población y los estudios existentes se concentran en Montevideo –que posee un parque de bicicletas públicas y 36 kilómetros de bicisendas- y el área metropolitana.
En este sentido, la Encuesta de movilidad del área metropolitana de Montevideo 2016, identificó que en la capital un tercio de las personas realiza viajes a pie y en bicicleta (movilidad activa), mientras que dos tercios hace viajes motorizados (auto, moto, ómnibus) y que fuera de Montevideo existe una mayor proporción de viajes en moto (cinco veces superior) así como de viajes en bicicleta (tres veces superior).
En lo que respecta a siniestralidad vial, de acuerdo a las últimas estadísticas oficiales, es más seguro circular en bicicleta que a pie o en moto: en 2017 los ciclistas lesionados en accidentes en Uruguay fueron apenas un 5,2% del total de lesionados, en tanto que hubo un 11% de peatones, un 20% de conductores de autos o camionetas y un 61% de motociclistas.
Paysandú no cuenta con parque de bicicletas públicas en forma permanente, no obstante, se han desarrollado experiencias interesantes como el servicio de préstamo de bicicletas “Bicis en la costa” desarrollado el verano pasado en el marco de la temporada de playas a partir de una idea de la Policía Comunitaria para poner en circulación bicicletas que se encontraban en la Seccional Segunda y la recuperación de las mismas por parte de la Intendencia.
Como se recordará, 15 bicicletas se pusieron a disposición de la población usuaria de la costa sanducera, prestándose hasta por dos horas mediante presentación de documento de identidad. En otras oportunidades, como durante la Semana de la Cerveza, las mismas también fueron utilizadas para realizar recorridos turísticos organizados desde la Dirección de Turismo.
Otra actividad que también tuvo por protagonistas a las bicicletas fue “Paysandú a pedal”, que en el marco de las actividades de promoción de prevención de accidentes de tránsito realizadas durante el último “Mayo Amarillo”, organizó un circuito en bicicleta en la zona costera con paradas para conocer historia y características de sitios turístico y patrimoniales como el Club Remeros, el Obelisco y la costanera sanducera.
Más allá de estos eventos, circuitos y paseos en bicicleta que apuntan a promover hábitos saludables y facilitar la oportunidad de conocer y recorrer la ciudad de una forma alternativa, existen en nuestra ciudad centenares de personas que utilizan diariamente la bicicleta -por opción o necesidad- como medio de transporte para sus desplazamientos cotidianos con motivo de trabajo, estudio o con fines de ejercicio físico.
En lo que refiere a esto último, Paysandú cuenta desde hace un año aproximadamente con una muy buena ciclovía paralela a ruta 90 desde su intersección con ruta 3 hasta el kilómetro 7, la cual constituía una aspiración ciudadana de al menos la última década. Se trata de un espacio que ha logrado su propósito en cuanto a apropiación por parte de sus usuarios, siendo muy utilizado para la recreación y por quienes gustan de caminar o andar en bicicleta en esa zona aunque es fácilmente comprobable que quienes practican el ciclismo como ejercicio o por motivos deportivos, continúan utilizando la ruta 90 en busca de más largos desplazamientos.
En tanto, quienes usan la bicicleta para ir al trabajo, a estudiar o hacer las compras deben desplazarse por la vía de tránsito general dada la ausencia de bicisendas o ciclovías en la planta urbana propiamente dicha. Además, continúan padeciendo una serie de dificultades, como por ejemplo la falta de espacios adecuados para el estacionamiento.
Si bien no es posible decir que la bicicleta se masifica como medio de transporte a nivel local y tampoco se conocen estudios al respecto de su uso real, es posible observar bicicletas en circulación en forma permanente. Como lo hemos señalado en otras oportunidades desde este espacio, Paysandú está en falta en cuanto a infraestructura para el ciclista pero a su vez esto representa una oportunidad de mejoramiento del espacio público.
La experiencia internacional indica que la existencia de dicha infraestructura contribuye a la reivindicación del espacio de tránsito del ciclista, que tiene derecho a ser respetado como tal por los demás actores del sistema del tránsito.
Son varias las ciudades latinoamericanas que están trabajando fuertemente en la construcción y ampliación de ciclovías para dar respuesta a demandas de la población que cada vez más incorpora el ejercicio en su vida o aspira a una movilidad más económica y más amigable con el medioambiente.
En algunas de ellas, como Buenos Aires –que tiene 250 kilómetros de ciclovías-, Rosario, Santiago de Chile, San Pablo o Bogotá poseen programas gubernamentales de fomento del uso de bicicletas y están trabajando en los distintos aspectos de infraestructura y logística necesaria que debe acompañar este cambio en la movilidad de las ciudades que representa, también, un cambio cultural.
Quizá sea el momento de repensar esta cuestión en una ciudad que, como la nuestra, viene incluyendo cambios significativos en materia de tránsito -con el establecimiento de calles preferenciales, ampliación de la zona azul y reubicación de paradas de motos- en un contexto en que la atención de la diversidad de los modos de transporte requiere de políticas inclusivas que contribuyan a la mejora de las condiciones de movilidad y habitabilidad del espacio público.
Las soluciones pocas veces son sencillas pero muchas son posibles. En este sentido, la sintonía entre las agendas de los organismos públicos y la consideración de los hábitos y expectativas de la población, así como la exploración de la posibilidad de acuerdos público-privados podrían ser un camino hacia soluciones viables. → Leer más