Opinión

Ante un nuevo año lectivo, con experiencia por la pandemia

Uruguay se prepara para un nuevo año lectivo que comenzará el 7 de marzo, con un protocolo asignado en los centros educativos. Los sindicatos empiezan a enviar sus mensajes al Poder Ejecutivo y, si bien en el Interior las elecciones de las horas docentes se llevan adelante con normalidad, en los últimos días adquirió visibilidad la movilización de uno de los sindicatos en la capital del país. Tanto como para generar el hecho político de la intervención de la fuerza pública y que, por algunos días, la opinión pública se mantuviera polarizada.
Por lo demás, quedará por saber si la “nueva normalidad” que trae el 2022 servirá para ganar el terreno perdido durante los meses pasados entre 2020 y 2021. Lo real es que América Latina y el Caribe atravesarán por las mismas inquietudes, en tanto en este continente las escuelas permanecieron cerradas más que en otras partes del mundo.
El Banco Interamericano de Desarrollo estudió los indicadores de escolaridad de países de la región y arrojó como resultado que entre el 30 y el 50 por ciento de los estudiantes de Argentina, Brasil, México y Perú entre 6 y 23 años, no participaron en actividades de aprendizaje o permanecieron desconectados, mientras los centros educativos estuvieron cerrados.
En zonas rurales de Perú, el 11 por ciento de los hogares accedió a plataformas y en Bolivia el 42 por ciento no pudo terminar por no contar con un dispositivo informático. En el otro extremo está Uruguay, donde el 86 por ciento de los docentes aseguró que dio clases en línea.
Sin embargo, la desigualdad está latente en determinadas poblaciones como las mujeres jóvenes en diversos países de la región. Durante el tiempo de confinamiento, aumentaron las horas dedicadas a las actividades del hogar o cuidados y así se amplió la brecha de género.
Incluso es posible pensar que los cierres de locales por la contingencia sanitaria pongan en riesgo las trayectorias educativas. Al menos en Uruguay, es un problema enquistado en la educación medica básica, donde se generó un “cuello de botella” desde hace años y allí permanece.
Es así que en América Latina se vuelve imperiosa la necesidad de apertura de todos los centros educativos, con el fin de retomar la interacción cara a cara con los estudiantes. Y las intervenciones sociales deberán apuntar a los sectores con mayores vulnerabilidades, donde la educación se vuelve un factor relevante para salir de esa zona de exclusión. Desde el año pasado se observa voluntad de las autoridades para el cambio en los sistemas educativos de la región, entre los cuales se encuentra Uruguay. La experiencia de dos años de pandemia, la propia resiliencia humana y la creatividad deberán apuntar los esfuerzos a esa “imprescindible reforma educativa”, tal como la define el presidente del Codicen, Robert Silva. Seguramente, habrá algunos escollos para salvar en el camino donde el diálogo –que no significa ceder espacios– deberá ser fundamental para que las transformaciones sean posibles y se vean en el territorio.
El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, ya anunció que el futuro es híbrido. “No vamos a volver nunca a una educación puramente presencial, ni se va a cumplir la fantasía que alguna gente pudo tener en algún momento, de una educación 100 por ciento virtual y que la presencialidad desaparezca. No va a pasar ninguna de las dos cosas”.
Es que durante los meses de presencialidad, las autoridades comprobaron que los estudiantes de diversos niveles continuaban conectados a las plataformas. El observatorio del Plan Ceibal constató que durante el primer año de pandemia, se duplicaron las conexiones con respecto al año anterior –que fue prepandemia– y continuó en ascenso durante el año pasado. Con la particularidad de que algunos colegios privados se sumaron a esa plataforma.
En tiempos de vacaciones, donde antes se colgaban los cuadernos y lápices hasta el retorno a clases, se registraron ingresos a las aulas virtuales de Ceibal, con más de mil accesos una vez finalizado el ciclo escolar a fines de diciembre pasado.
Es decir que los dispositivos informáticos mantienen su atractivo y la pandemia aportó datos relevantes a ser incluidos en las nuevas formas de enseñanza, con la posibilidad de un aumento de la carga horaria en los aprendizajes, sin que implique un incremento en el trabajo docente. La práctica se impuso a la teoría y las nuevas generaciones indicaron el camino hacia el modelo híbrido, a pesar de las enormes dificultades que se registraron en 2020, con sobrecargas y una menor accesibilidad.
En medio de estas cuestiones resuenan los resultados de algunas pruebas, como PISA, que se llevan adelante en más de 60 países por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y que, por la pandemia, en vez de efectuarse en 2021, se postergaron para este año.
Un dato de la realidad indica que en Uruguay bajó la repetición en Primaria, desde 4,7 por ciento en 2020 a 4,4 por ciento en 2021. Sin embargo, cuatro de cada diez estudiantes egresan de la Educación Media Superior. Por tanto, es ineludible conocer dónde se encuentra la barrera que impide el avance y eleva los guarismos de repetición y abandono, en pleno siglo XXI.
La necesaria transformación educativa se demuestra en las comparaciones y Uruguay sigue por debajo del promedio en lectura, ciencia y matemática. Los años siguientes marcarán una tendencia y la brecha puede ampliarse, al compararse con otros países de América Latina. Porque el porcentaje de estudiantes sobresalientes uruguayos es muy inferior al promedio de la OCDE y a su vez, los resultados deficientes son muy superiores a ese mismo promedio.
Es indiscutible la necesidad de atar resultados y trayectorias educativas a la futura fuerza laboral y productiva del país, que repercutirá en nuevos índices de desarrollo económicos y humanos. En los últimos años, el fracaso ha sido bastante más político que del propio sistema educativo, porque el ámbito público atiende a más del 80 por ciento de los estudiantes de Primaria y Secundaria.

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Opinión

“Apriete” de la Justicia es un atentado a la libertad de prensa

La denuncia presentada en las últimas semanas sobre una situación de una violación en grupo en la ciudad de Montevideo ha despertado lógicas y esperables reacciones en distintos ámbitos de nuestra sociedad. Uno de los primeros en formular declaraciones fue el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para quien se trató de una “asqueante y aberrante situación” para la cual pidió una sanción “ejemplarizante” para estos actos “que no son propios del ser humano, ni son propios en este caso del género masculino”. “Nos debería dar vergüenza y rechazar contundentemente este tipo de situaciones”, añadió en esa línea el mandatario.

Si bien resulta claro que una situación de ese tipo merece la más enérgica condena, tampoco podemos desconocer que todos los habitantes de nuestro país gozan del principio de la presunción de inocencia (toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad) y del derecho al debido proceso legal, ya que “nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal” tal como lo dispone la Constitución Nacional. Por su parte, el artículo 4 del Código de Proceso Penal reza que “ninguna persona a quien se le atribuya un delito debe ser tratada como culpable, mientras no se establezca su responsabilidad por sentencia ejecutoriada” mientras que el artículo 1º de la misma norma dispone que “no se aplicarán penas ni medidas de seguridad sino en cumplimiento de una sentencia ejecutoriada, emanada de tribunal competente en virtud de un proceso tramitado legalmente”.

En medio de la lógica ola de indignación que genera un hecho de estas características el Estado, a través del Poder Judicial, debe proteger los derechos a un juicio justo para las personas que han sido acusadas de un delito determinado, sin importar la gravedad o el rechazo social que genere.

Es claro que en una tormenta de emociones resulta difícil mantener la racionalidad y siempre surgen, de manera más o menos veladas, incitaciones a la justicia por mano propia en sus más diversas versiones. Lo cierto es que la existencia de un Poder Judicial independiente y las propias garantías del debido proceso son fundamentos de vital importancia para un régimen democrático, ya que el derecho es precisamente lo que hace posible la convivencia entre las personas, aún de aquellas que tienen intereses contrapuestos y aún de aquellos que han vulnerado los derechos de los demás. Es precisamente en esa línea que el filósofo italiano Norberto Bobbio define justicia como “el conjunto de los valores, bienes o intereses para cuya protección o incremento los hombres recurren a esa técnica de convivencia a la que sabemos dar el nombre de derecho”.

Formuladas estas apreciaciones, corresponde separar por un lado los hechos que dieron origen a la denuncia de violación grupal (los cuales se encuentran a estudio de la justicia y seguirán el trámite que las leyes vigentes dispongan al respecto) y por otro lado la decisión judicial de allanar el domicilio particular del periodista Ignacio “Nacho” Alvarez y de Azul FM, la radio a través de la cual fueron difundidos audios relativos a la mencionada denuncia. Si el periodista mencionado violó alguna ley vigente, debe ser objeto de los castigos previstos por la misma, pero la decisión de llevar adelante tales allanamientos es “harina de otro costal” y va más allá de la situación particular del periodista y al medio involucrado. Hacer cumplir la ley es una obligación del Poder Judicial, pero perseguir periodistas y allanar medios de comunicación es algo muy diferente.

En efecto, tales allanamientos constituyen un ataque frontal, directo e inequívoco a la libertad de prensa, la cual se encuentra expresamente protegida por la Constitución de nuestro país cuyo artículo 29 establece que “es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren”. No podemos olvidar que la libertad de prensa constituye uno de los pilares de la democracia y por ello resulta de vital importancia que no sea coartada y que los periodistas no sean perseguidos tanto por expresar sus opiniones como por hacer su trabajo. Las medidas dispuestas constituyen una suerte de “apriete” no sólo para el periodista puntualmente involucrado sino para todo el periodismo y para todos los medios de nuestro país, una extralimitación de la Justicia que con o sin intencionalidad, marca claramente un antecedente peligroso para los medios, una medida extrema que no se recuerda desde los años más oscuros de nuestro pasado reciente.

Los allanamientos mencionados dieron lugar a diversas reacciones en las redes sociales. En Twitter, el diputado colorado Ope Pasquet afirmó lo siguiente: “La ley dice que los periodistas tienen derecho a guardar secreto acerca de sus fuentes de información. Ese derecho es una cáscara vacía si se puede incautar el celular, la computadora o los papeles o archivos del periodista. Estimo que en el caso Álvarez, la Justicia se excedió”. Analía Piñeyrúa (integrante de la Corte Electoral) expresó que “el allanamiento a un medio de comunicación y a la casa de un periodista es un hecho muy grave que atenta contra principios básicos de la democracia, la libertad de expresión y, en el caso específico del periodista, la reserva de la fuente. La Fiscalía nos debe una explicación”. Mientras tanto varios periodistas también se manifestaron en contra de los allanamientos. “Esto también es un disparate”, El periodista y presidente de la Asociación Uruguay de la Prensa (APU), Fabián Cardozo afirmó que eran un “disparate” a pesar que la propia APU había emitido un comunicado con discrepancias sobre la actitud de Álvarez por la difusión de los audios. Nicolás Nuñez, periodista de Telenoche, sostuvo que “un periodista ante la Justicia es una imagen negativa pero se asume que puede ser parte del oficio, e incluso, una consecuencia de nuestros actos”.

“Un allanamiento a un medio de comunicación y el secuestro de computadoras es mucho más potente y una pésima e inapropiada señal”. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el artículo 1º de la Ley 16.099 de 3/11/89 respalda claramente el derecho del periodismo a no divulgar su fuente al establecer que “Los periodistas tendrán el derecho a ampararse en el secreto profesional respecto a las fuentes de información de las noticias que difundan en los medios de comunicación”.

En el mes de mayo del presente año la Unesco y la República de Uruguay acogerán la conferencia mundial anual del Día Mundial de la Libertad de Prensa en un formato híbrido en Punta del Este. Ante los sucesos mencionados, podría creerse que tal evento se trata de una broma de mal gusto, pero en realidad sería una “buena oportunidad” para “explicarle” al mundo cómo Uruguay “protege” la libertad de prensa allanando el domicilio de los periodistas y de los medios de comunicación, algo extremadamente preocupante en un país como el nuestro. → Leer más

Opinión

Solicitada

Des inclusión financiera del pago de salarios. Libertad… para los empresarios
La Ley Nro. 19.889 de 9 de Julio de 2020 (en adelante “la LUC”) introduce entre modificaciones a la Ley Nro. 19.210 de 29 de Abril de 2014 denominada Ley de Inclusión Financiera. Nos interesa específicamente en esta oportunidad relevar solamente el Artículo 215 de la LUC que modifica el Art. 10 de la mencionada ley que establecía que el pago de las remuneraciones de naturaleza salarial debía acreditarse en cuenta bancaria o instrumento de dinero electrónico.

Decía el Art. 10 de la Ley Nro. 19.210 en su redacción original: “El pago de las remuneraciones y toda otra partida en dinero que tengan derecho a percibir los trabajadores en relación de dependencia, cualquiera sea su empleador, deberá efectuarse a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico, en instituciones que ofrezcan este servicio, en las condiciones establecidas en la presente ley y en consonancia con las disposiciones complementarias que se dicten para reglamentarla”.

El Art. 215 de la LUC establece modificando la redacción de aquella norma y dispone: “Sin perjuicio de la modalidad de pago en efectivo, el pago de las remuneraciones y de toda otra partida en dinero que tengan derecho a percibir los trabajadores en relación de dependencia, cualquiera sea su empleador, podrá efectuarse a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico, en instituciones que ofrezcan este servicio, en las condiciones establecidas en la presente ley y de conformidad con las disposiciones complementarias que se dicten para reglamentarla”.

El Art. 215 de la LUC se encuentra dentro de los 135 artículos que se habrán de someter a referéndum el próximo 27 de marzo. Corresponde entonces comentar por qué se convoca a votar por él SI a la derogación de este artículo.
En debate realizado en programa radial “No toquen nada” que se emitió por FM Del SOL el 13 de julio de 2020, el Senador Bergara señalaba como objetivos de la ley de Inclusión Financiera “el mayor acceso a los servicios financieros por parte de la población, sobre todo familias de escasos ingresos, cambio sustancial en la modalidad de pagos impulsando los electrónicos, el impulso al préstamo de viviendas para jóvenes, el pago de remuneraciones salariales, honorarios profesionales lo que aumento la transparencia, formalización y acceso a los servicios financieros”. La bancarización es una tendencia natural a nivel mundial, que podrá tener atenuaciones, pero solo advirtiendo como en los hechos se presenta el avance de los medios informáticos, la seguridad y transparencia que estos brindan puede concluirse que legislar en sentido contrario es notoriamente negativo. Es un retroceso de modo general, y es doblemente retroceso analizado desde una óptica estrictamente laboralista de la cuestión.
La modificación realizada por la LUC, que parte de la base de una supuesta “libertad” del trabajador establece que este pueda optar por el modo de pago de su salario es en realidad perjudicial para sus intereses. La LUC considera que trabajador y empleador se encuentran en igualdad de condiciones para contratar, en una visión civilista totalmente equivocada; y en ese contexto de supuesta igualdad el trabajador puede elegir el modo de pago de su salario. La modificación de la LUC parte de una premisa absolutamente irreal, incoherente, que se contradice con la esencia misma de las relaciones de trabajo. La visión y análisis político que realiza el oficialismo en la defensa de este artículo no se condice con la realidad, es más, es una visión miope de la realidad. Demuestra desconocimiento de cómo funcionan las relaciones laborales, demuestra desconocimiento de la realidad, de las necesidades de quién es la parte vulnerable de la contratación laboral. Demuestra desconocimiento de la realidad del trabajador, de sus condicionamientos, de sus urgencias. Nos preguntamos y planteamos: ¿Qué margen de negociación tiene un trabajador al iniciar una relación de trabajo?

Ninguno. Quien solamente dispone de su fuerza de trabajo para aplicarla a alguna actividad física o intelectual a cambio de una prestación económica que constituye su principal ingreso económico medio de supervivencia suya y de su familia, no tiene la “libertad” que supone la LUC, lo que tiene es necesidad.

Está claro que la real libertad es nada más ni nada menos que del empleador. La Ley de Inclusión Financiera significó sin dudas un avance en los derechos de la parte trabajadora, que implicó además un empuje hacia la formalización de las relaciones laborales. Y la LUC vino para destruir.

Comentando las modificaciones de la LUC decían: “Este cambio de rumbo, que responde a los intereses de algunos sectores empresariales, fue claramente en detrimento de los trabajadores y los sectores históricamente excluidos del sistema financiero; y fue beneficioso para aquellos que prefieren menos control sobre sus actividades”; por Aníbal Peluffo y Soledad Giudice artículo publicado en “El Popular” 21 de abril de 2021.

De todas formas ha trascendido en los medios de prensa que en los diversos sujetos del sistema de intermediación financiera las cuentas sueldo lejos de disminuir han aumentado. En el BROU las cuentas de sueldo aumentaron casi 60% entre enero del año pasado (770.808) y setiembre de 2021, alcanzando 1.208.480.

Este aspecto releva una vez más que la LUC no es una buena Ley, pues más allá de su fundamentación técnica (que puede compartirse o no) en los hechos la realidad se da de bruces con los propósitos de la Ley. La LUC legisla en una dirección y la realidad va en otra dirección. Por ello retomamos los conceptos introducidos en el examen de los artículos de seguridad; decíamos la LUC es la Ley del derecho penal simbólico pues aplica supuestos delitos nuevos que en realidad son repetición de delitos ya existentes.

Este es un plan deliberado por parte del estilo de gobierno: de generar relatos de supuestas transformaciones que en realidad no son tales. Como se examinó para defender la des inclusión del pago de salarios fundamentarlo una supuesta libertad de optar que el trabajador tendría es realmente insostenible y es una grosera exhibición de ignorancia de la realidad. Es insostenible desde todo aspecto, porque quien busca una relación laboral no tiene fuerza suficiente de negociación porque es la parte débil del contrato y esa es la razón de ser de la existencia nada más ni nada menos que del Derecho Laboral. Dr. Sergio Rodríguez Heredia → Leer más

Opinión

Solicitada: Instituto Nacional de Colonización y Ley de Urgente Consideración

La eventual derogación de la ley en su artículo 357, atentaría contra derechos adquiridos por miles de personas a lo largo y ancho del país.
En mi calidad de escribana estoy indignada de ver las injusticias que se llevaron a cabo con productores pequeños de nuestro país, la mayoría con una economía familiar, que con mucho esfuerzo a lo largo de años y años de trabajo pudieron ahorrar y al fin adquirir sus tierras llegando al título de propiedad, con dos organismos que actuaron como vendedores en ese entonces: la Comisión Asesora de Colonización y la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay. Esta gente, compradores o promitentes compradores, que nada tenían que ver en ese entonces con el Instituto Nacional de Colonización, sufrieron –digo bien, sufrieron–, la dañina equiparación al igualar su régimen de tenencia de la tierra con el instituido por la ley 11.029 del Instituto Nacional de Colonización causándoles graves perjuicios.
Intentaré explicar lo que sucedía antes de la Ley de Urgente Consideración y por qué motivo, a mi parecer, esta ley es muy buena en su solución y debemos bregar para que no se derogue el 27 de marzo del corriente año.

Esa equiparación se dio a nivel normativo por dos leyes: la número 18.187 del 2 de noviembre del año 2007 (artículo 15) y la número 18.756 de fecha 26 de mayo de 2011. ¿Qué significó esta equiparación? Que para enajenar un predio por cualquier título traslativo, si en el proceso dominial aparecía la Comisión Asesora o la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay, tenían, esos pequeños productores, que pedir autorización al Instituto Nacional de Colonización, cuando nunca tuvieron nada que ver con ese organismo y no solo eso, sino que además solo se les concedía la mentada autorización si el que adquiría la fracción de campo era colono. De lo contrario, no se podía vender, hipotecar, ni hacer ningún acto con ese inmueble. Algo absolutamente limitante al derecho de propiedad, a la libre circulación de los bienes, a los derechos adquiridos.
¿Por qué razón digo esto? Porque productores, que antes de darse esa equiparación, podían vender, permutar, arrendar, dar en comodato y en cualquier forma de disfrute su predio, sin tener que pedir autorización al Instituto Nacional de Colonización, ya que nada tenían que ver con ese régimen, por dos leyes se los ingresó en él y se les limitó su derecho, ya que solo podían venderle a un colono, que, como sabemos, no es gente que disponga de dinero para comprar tierras, en la generalidad de los casos.

Eso significó que el valor venal de la propiedad (estamos hablando de fracciones chicas, de productores pequeños, no de grandes latifundistas), que se encontraba en esas condiciones, baje de forma considerable, con el daño que eso causó, por una ley que de interés general, en el aspecto que comento, no tenía nada. Esos chacareros sufrieron perjuicios no solamente al tiempo de enajenar sino al tiempo de sacar un préstamo, ya que esos títulos de propiedad en la generalidad de los casos no eran aceptados ni por los bancos ni por los particulares, por las limitantes que presentaban. Se encontraron que sus chacras, no valían nada. A nivel de todo el país se hicieron sendos recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, atacando las dos leyes mencionadas, saliendo gananciosos, pero como sabemos eso tiene efecto frente al sujeto que se presentó en la acción de inconstitucionalidad, no siendo una solución a nivel general, que solo por ley se puede arbitrar.

La ley de urgente consideración número 19.889, que hoy está vigente y que en marzo será sometida a la decisión de la ciudadanía, llegó para dar solución a estos inconvenientes.
Lo que dice esta ley respecto al tema está consagrado en la Sección VI relativa al “Sector Agropecuario”, Capítulo I, cuando se refiere al Instituto Nacional de Colonización. El artículo 357 declara expresamente desafectadas las parcelas que integran las colonias que hayan sido enajenadas o prometidas en venta por la Comisión Asesora de Colonización o la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay.

Este artículo fue reclamado por muchísimos chacareros a lo largo y ancho del país, pidiendo una respuesta al Gobierno para que se los deje fuera de un régimen al cual nunca pertenecieron, y que conculcó sus derechos de una forma atroz. Cuando decimos “No” a la derogación de la ley de urgente consideración, aspiro a que como uruguayos nos saquemos las banderas políticas partidarias y veamos la solución que se da a los problemas concretos de la gente, decimos que ese No a la derogación, significa ni más ni menos que el respeto a los derechos adquiridos por miles de pequeños productores que, con muchísimo sacrificio se hicieron de esas fracciones de chacra y que hoy se encuentran con que se les respeta la libertad de contratar con quien quieran y en la forma que quieran, sin tener que pedir autorización a ningún organismo del estado; en definitiva el respeto a la libertad de circulación de los bienes y al derecho de propiedad, que en este tan aclamado artículo 357 está consagrada de forma tajante y lo debemos defender, siendo un pilar fundamental de nuestro sistema democrático y republicano, consagrado constitucionalmente en los artículos 7 y 32 de la Constitución de la República. Quien quiera disfrutar de la libertad, debe saber el valor del sacrificio de mantenerla y defenderla y en esa senda, estaremos siempre.
Esc. Sabrina Buono → Leer más

Opinión

Solicitada: La inconsistencia

Pensando en las cosas que no se llegan a entender bien pero que sin dudas tienen una explicación oculta y cercana, me vino a la mente la palabra “inconsistencia” y como base la tomo para desarrollar este tema.

Al final de un rápido vuelo por sobre lo cotidiano (que lo tenemos más cerca) veo que como explicación más simple a la existencia de hechos disparatados, su aceptación, su repetibilidad y su casi perpetua permanencia sin discusión, es que como base funcional estos hechos y/o eventos están todos bañados por la inconsistencia impalpable (emocional, filosófica, cultural, religiosa, del pensamiento o de la falta de él….)
¿Qué sería entonces la inconsistencia? ¿Falta de análisis, de responsabilidad, de lectura correcta de los hechos; superficialidad, frivolidad, desajuste en la percepción de lo justo versus injusto, correcto versus incorrecto, bueno versus malo? No tengo formación suficiente para profundizar en este tema así que me valdré de los ejemplos del día a día.

Un día un buen señor recibe el mando del país después de finalizada una elección constitucional y correcta. Junto a él asumen poder y cargos sus compañeros de partido, de coligaciones, de arreglos, etcétera. Resulta que este buen señor tenía un pasado borrascoso, así como también sus compañeros. Era un pasado asentado en la ilegalidad, en la fuerza bruta, en la falta de valores constitucionales y morales y hasta de la vida misma, pues su
movimiento filosófico/revolucionario trajo la muerte a muchas personas, una dictadura por consecuencia y un atraso cultural, de comportamiento y económico de consideración.

¿Y dónde está la inconsistencia?
Un país con “consistencia” en sus valores básicos no permite que se acepte la postulación de individuos de este tipo para gobernantes. ¿Será pedir mucho que los fuera de la ley tengan algunos derechos civiles suspendidos de por vida?
¿Entonces la democracia es un recinto donde trabajadores, estudiosos, criminales, vagos, avivados, obedientes, incapaces, creativos, violadores, secuestradores, todos deben vivir juntos disfrutando de los mismos derechos, obligaciones y tolerancia?
Si así es, tenemos que este sistema es inconsistente y no nos llevará a ninguna parte, en otras palabras, seguiremos andando en círculos, tiempos malos, otros mejores, pero la elevación permanente de estándares, nunca.
Entonces yo, en mi ruda y simplista óptica entiendo que las leyes siempre fueron hechas por bandidos y para bandidos. ¿Salvo excepciones que las hay, por qué la empresa pública y la política son guarida de incapaces, haraganes, prepotentes, mal preparados, inconsecuentes, ladrones, improvisadores y de todo lo que no sirve?

¿No debería ser el empleo público el más honorable? ¿No deberían ocupar los puestos públicos los más preparados, los más trabajadores, los mejores pagos, los más creativos, los más realistas, los más honestos? Entonces si no es así es porque la inconsistencia del sistema está por encima de cualquier virtud.
Bueno, no deberíamos ser tan radicales y volemos un poco en el pensamiento.
Veamos que todo es plástico y moldeable.

¿No hay belleza en defender a un bandido?, ¿no hay una magnitud extradifícil de tocar y única que provoca la embriaguez en el sopor de identificarse con lo malo? ¿No es importante mantener lo malo para despertar todos nuestros sentidos? ¿Acaso defender a los malos no sirve para llevar el pan de cada día a la mesa de su defensor? ¿Acaso el defender a los malos no rinde para poder darle buena educación, bienestar y diversión a los hijos de los defensores?
Parecería que estamos en un equilibrio soberano donde el bien y el mal deben caminar juntos y los dolores ser festejados con sonrisas de aceptación y beneplácito.

Entonces la clave del asunto es sufrir, sufrir todos los días, sufrir todos, hacer de nuestra propia inconsistencia un payaso para que al vernos en él nos riamos todos y en giros de ternura auto tolerante aceptemos nuestras desgracias.
¿Por qué las neurocirugías no pueden ser hechas por podólogos? ¿Por qué de repente nos ponemos en una situación de exigir “consistencia” en el dominio del conocimiento sobre funciones y actos específicos? Parecería que por arte de magia nos cambiamos un chip y ahora somos inteligentes o conscientes y tenemos miedo que algo salga mal.
Pero regresemos al punto donde comienza la discriminación, la falta de libertad y la agresión que haremos contra el individuo aquél que no le permitimos hacer la neurocirugía.
¿Qué será de su mente y su futuro al recibir ese impacto innecesario y discriminatorio de no dejarlo practicar una cirugía para la cual no cuenta con habilitación profesional?
¿Hasta qué punto él no estaría preparado para hacer esa cirugía ?, ¿y si la mano de un Dios estuviera guiando ese acto quirúrgico, por qué impedirlo?
Entonces digo… ¿por qué ser tan intolerantes?
¿No pensamos ni por un minuto siquiera que estaremos también por añadidura maltratando a miles de personas que como él viven en un limbo de desconocimiento e improvisación? Mucha maldad ¿no?
Y así podríamos seguir hilvanando razonamientos hasta el cansancio.
El hecho es que la inconsistencia de nuestros sistemas es descomunal, demasiado abarcativa, demasiado corrosiva, y el principal sujeto de la historia que es el individuo y su individualidad, ha sido puesto en segundo plano, bajo el dominio de los más, de las fábulas de las teorías organizativas de la sociedad.

¿Y ahora qué?

Analizando los hechos tales como pegarle a un maestro, desconocer dictámenes del Contencioso Administrativo, sindicatos entrometiéndose en las normas de una institución, reos con celulares en la celda, barrios con autoridad propia corriendo a la policía, gobernantes estipulando impuestos y fijándose sus salarios, pérdidas negligentes y robos en la administración pública sin puniciones, fijar impuestos inflacionarios y recesivos, cultivar lo políticamente correcto, el tema género, procrear sin preparación ni sentido y miles de otros ejemplos que ocuparían páginas, nos muestra que padecemos de una inconsistencia ya hereditaria, expandida y consolidada en nuestras mentes y sistema comportamental.
Si bien todos en la estructura de nuestra personalidad podemos tener zonas más o menos frágiles, a mi juicio el crecimiento de la inconsistencia de nuestra sociedad no se produjo por obra de magia.

Fue producto de la importación del pensamiento ajeno a nuestro medio y cultura, la nefasta introducción del socialismo/comunismo a los inicios del siglo pasado.
En el Uruguay de sus primordios, las fracciones y/o grupos políticos que definirían el país, lucharon entre sí en humanas contiendas por defender territorios, propiedades, intereses personales, poder y tantos otros motivos.
Pero fue un primitivismo natural de un territorio en gestación.

El socialismo/comunismo es el producto de una mayúscula inconsistencia del pensamiento llevado a la sociedad en forma de novedad y solución filosófica, para orientar los movimientos políticos con fines específicos de dominación a futuro. (Vea ahora el plebiscito).
La inconsistencia es parte de la estructura del hombre pero la diferencia la hace el grado.
Cuando los absurdos crecen la desgracia acampa.

Me agradaría cerrar este escrito con una visión optimista, pero es hasta difícil de creerlo. Conformémonos con los ciclos mejores como aliento para continuar, porque la disminución de la inconsistencia uruguaya si bien es posible, sólo la veremos en un horizonte lejano.
No se desestimule estimado lector, puedo estar equivocado como de aquí a la ínclita Wuhan.
Rodolfo Angel
Beccaría Pesce → Leer más

Opinión

La mirada resultadista

En nuestro país los humedales –también conocidos popularmente como “bañados”– ocupan el 12% del territorio nacional, son un recurso estratégico y su protección está consagrada en la normativa y en el Plan Nacional Ambiental, así como también en compromisos internacionales que el país asumió al ratificar la Convención de Diversidad Biológica, la Convención de Cambio Climático y la Convención Ramsar, referida específicamente a los humedales, que entró en vigor en Uruguay el 22 de setiembre de 1984.

Pero esta ratificación se produjo en la misma época que el Estado promovía la ampliación de una obra de desecación en uno de los tres sitios que hoy tiene el país identificados como humedales de importancia regional. Hablamos en concreto de la ampliación del Canal Andreoni en la costa rochense, que también tuvo lugar a mediados de la década del ‘80 del siglo pasado. En el mismo momento en que el país con una mano suscribía la importancia de los bañados, con la otra abría surcos en la tierra para verter miles de litros de agua dulce en el mar, llevándose por delante uno de los puntos turísticos más consolidados de la costa atlántica, como lo era en ese momento –y hasta ese momento– La Coronilla.

¿Qué se ganó? Pues se logró ampliar un poco la superficie de cultivo de arroz en el departamento de Rocha, extendiendo una canalización que originalmente fue de unos 3 kilómetros, y que luego prosiguió en años siguientes, con obras dentro de los predios que llevaron adelante los propietarios de los campos, por fuera de la planificación.
El de Bañados del Este y Franja Costera es justamente uno de los 3 sitios designados por Uruguay como Humedales de Importancia Internacional, o sitios Ramsar, junto a Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay y la Laguna de Rocha, que combinados cubren una superficie de 435.837 hectáreas.

El 2 de febrero se celebra cada año el Día Mundial de los Humedales. El lema elegido para este 2022 es “actuar por los humedales es actuar por la humanidad y la naturaleza: un llamado a la acción de invertir capital financiero, humano y político para salvar los humedales del mundo de la desaparición y restaurar los que hemos degradado”. Los humedales tienen un intrínseco vínculo con la biodiversidad: albergan el 40% de las especies vegetales y animales del planeta.

Las últimas estimaciones muestran que los humedales están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques, mientras la biodiversidad está disminuyendo a escala mundial.

La transformación del hábitat es, precisamente, la principal causa de la extinción de especies a nivel mundial. El problema de los humedales es que tradicionalmente se los ha calificado como “tierra improductiva”, o de baja productividad, de ahí quizás la tentación de sacar toda esa agua de encima y tirarla al mar.

Sin embargo hoy se conoce más, pese a que no parecía revestir mayor interés se investigó, y se sabe que esos terrenos improductivos tienen un función, o más de una, y son claves para la vida, para la de un montón de especies, pero también para los humanos. Hoy se reconocen que los humedales son un ecosistema clave.

Entre los múltiples servicios ecosistémicos que prestan, contribuyen con el almacenamiento del 30% del carbono terrestre; son una protección ante eventos de cambio climático; conservan agua y ofician de filtro natural contra el ingreso de contaminantes a las napas subterráneas. Además aportan a la economía y el empleo en un estimado de 47.000 millones de dólares anuales en servicios esenciales a nivel mundial y constituyen un medio de vida para mil millones de personas, aparte de contribuir a alimentar al mundo; al esparcimiento y la recreación.

Sin ir más lejos está el ejemplo de lo que está haciendo en los Esteros de Farrapos, allí se pueden ver buenos ejemplos de uso turístico de los bañados, y que se espera incrementar en la medida que se avance en el proyecto que ha liderado el estadounidense Gilbert Butler.

Pero también, mediante un acuerdo, en la medida que las condiciones lo permitan, los campos anegables son utilizados para pastoreo por parte de pequeños ganaderos del área protegida. Esto le permite a los productores disponer de espacio adecuado para su actividad a un costo razonable, y al área protegida generar recursos que se reinvierten en su propio manejo.

Es decir, que esta visión “resultadista” sobre los humedales, hoy en día no es válida. De forma alguna pueden considerarse terrenos meramente improductivos. Sin embargo es una visión que muchos siguen sosteniendo y reaparece cada vez que se pone encima del tapete la protección de la que, aunque básica, se ha dotado al espacio costero que conocemos como Humedales de La Curtiembre, en el entorno de la desembocadura de ese arroyo. “Nido de ratas” o “refugio de víboras” son expresiones con las que se le suele asociar. Y no se puede negar que muchas especies animales aprovechan los beneficios del lugar, pero es que justamente de ello se trata el concepto de biodiversidad.

Y más allá de estas discusiones que persisten, hoy los sanduceros tenemos claro que es un lugar importante y que a partir de la insistencia de quienes han mostrado su preocupación por preservarlo y que a veces se toman decisiones que no van estrictamente en este sentido, no es poco lo que se ha logrado, y basta para ello acercarse al lugar (preferentemente en bicicleta o a pie) y abrir los ojos y los oídos. → Leer más

Opinión

La ley imperfecta y los grupos de presión

Ha tenido una vuelta de tuerca sustancial en las últimas horas el sonado caso de una supuesta “violación en manada” contra una mujer de 30 años por tres varones de 17, 18, y 19 años en el barrio Cordón, en Montevideo, y que ha sido motivo de repudio y marchas por organizaciones feministas que dieron por cierto todo lo manifestado por la víctima en la denuncia, lo que ha sido rebatido por la defensa de los supuestos victimarios –uno de ellos menor de edad– porque el caso distaría de la versión de la persona denunciante.
Es que la noticia de una “violación en manada” conmocionó a todo el país, con la movilización incluso de grupos feministas en cada departamento “en rechazo a la cultura de la violación”, y también en el ámbito político.
Según el relato de la mujer, conoció a un joven en un boliche y se dirigieron a un apartamento, donde mantuvieron relaciones sexuales y en determinado momento ingresaron otros hombres a la habitación y la violaron. De acuerdo a información brindada desde el Ministerio del Interior, la mujer recibió asistencia médica en la Asociación Española y “los médicos determinaron que fue violada”.
Mientras tanto, como indica la crónica de EL TELEGRAFO basada en información procedente de la capital, la fiscal del caso, especializada en delitos sexuales, Sylvia Lovesio, oportunamente informó que los indagados se negaron a realizarse la prueba de ADN, por lo que las actuaciones se vieron demoradas, ya que las muestras debían obtenerse por orden de un juez.
Consigna que en realidad son cuatro los hombres que están involucrados en la investigación de este caso, tres mayores y un menor. De las muestras tomadas se logró determinar que en la escena del hecho se encontraron cuatro perfiles genéticos, tres masculinos y uno femenino.
A su vez los acusados contrataron la defensa del abogado Martín Frustaci, profesional quien dijo a Montevideo Portal que confía en la inocencia de sus defendidos. “Tenemos evidencia que oportunamente vamos a aportar en Fiscalía” (lo hizo en las últimas horas), porque “fue una relación consensuada en todos sus términos”, y señaló que los hechos difieren en todo con lo que se había informado. “Se dijo que nuestros defendidos no se quisieron practicar las pruebas de ADN, que se las iban a ordenar a través de un juez. Eso es mentira. Ellos al instante se hicieron las pruebas”, aclaró.
Dijo que “además la pericia forense no arroja explícitamente que haya violación. Son afirmaciones muy importantes. Se tribunea mucho con estos temas y se está hablando de que son culpables, cuando hay evidencia que demuestra lo contrario”. Tras esta versión, en el programa radical La Pecera, de Azul FM, conducido por Ignacio “Nacho” Alvarez, se difundieron recientemente fragmentos de audios grabados por uno de los hombres participantes, donde se escucha lo que inequívocamente parece ser sexo grupal consensuado –al menos en principio– y con la mujer a las risas en un claro juego íntimo aceptado por todas las partes.
El revuelo fue tal que el fiscal de Corte, Juan Gómez, ordenó este miércoles el inicio de una investigación penal de oficio. Según dijeron se da la “presunta vulneración del artículo 92 de la ley 19.580, también conocida ley de género. Esta ley establece la “imposibilidad de divulgar” contenido íntimo de orden sexual, sin el consentimiento de las personas involucradas. Además, se iniciará esta investigación por la presunta vulneración del artículo 259.6 del Código del Proceso Penal, que impide la filtración de información reservada por parte de aquellas personas obligadas a guardar esa reserva.
Esta investigación se suma a la de la diputada suplente Micaela Melgar, del Frente Amplio, quien anunció que realizará “las denuncias pertinentes” por “la difusión de audios con contenido sexual en un programa radial matutino”. “La reproducción de estos audios tuvo como objetivo demostrar una supuesta culpabilidad de la víctima en el caso, presentando la situación como una relación consensuada. Este hecho implica un ejercicio de la violencia mediática, ya que, en primer lugar, se atenta contra la dignidad de la mujer implicada en los audios (sea quien sea ella) y en segundo lugar refuerza y justifica la violencia hacia las mujeres intentando demostrar una supuesta complicidad de una mujer en lo que ella misma luego denuncia como violación”, expresa Melgar en un comunicado de prensa.
Es decir, que para la legisladora comunista –notoria activista de los colectivos feministas– la verdad es un aspecto secundario, lo que importa es sostener el relato de la mujer –sea cierto o no— a como dé lugar. Cualquier evidencia que ponga en duda algo de este relato debe atacado y de paso aniquilando a quien divulgue la prueba.
Pero la cosa va mucho más allá de lo episódico, porque la raíz del problema desde el punto de vista judicial, es que estamos ante una norma que se excede en la defensa de la supuesta víctima, puesto que el informe no la identifica. De hecho es tan amplia la ley que aún si se hubiese distorsionado la voz hasta hacerla irreconocible por los propios involucrados, también estaría en falta en caso de divulgarlo. En eso es claro cuando expresa textualmente que “el que difunda, revele exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría”. Casi podríamos decir que no se puede siquiera escribir lo que verdaderamente pasó, bajo riesgo de “comerse” unos meses en prisión.
Sin embargo, estos audios son relevantes y de gran valor periodístico, por cuanto sirven para poner en contexto una realidad que difiere radicalmente con la que la víctima plantea. Y con esto no decimos que la supuesta violación no haya realmente ocurrido –eso lo determinará la Justicia– ni pretendemos justificarla. De haber sido cierta, los responsables deben ser castigados con todo el peso de la ley y merecen el total repudio de la sociedad; algo que ya ocurre, ya han sido “linchados” por la sociedad de forma irreversible, aún cuando los hechos no han sido aclarados en su totalidad. Estos audios son evidencia de ello.
Por lo tanto, en este caso hay un claro conflicto de derechos: por una parte, el de la víctima o supuesta víctima, resguardado por el artículo 92 de la ley 19.580; por otro, el de la presunción de inocencia de los agresores hasta que se pruebe lo contrario, por cuanto con la divulgación parcial de la información por parte de la propia Justicia ya han sido condenados ante la opinión pública; y en tercer lugar, la libertad de prensa, que se ve impedida de dar a conocer una prueba que podría dar luz sobre los hechos tal cual sucedieron, sin la contaminación de los grupos de presión.
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Opinión

Sin desperdicio

Pensar en un mundo sin desperdicios parecería tan utópico como pensar en un mundo sin pobreza. Sin embargo, ambas cosas son dos metas comprometidas por los países y, por otra parte, un mundo con menos desperdicios podría ser un mundo menos pobre.
Aproximadamente una quinta parte de toda la comida del planeta termina en la basura de los restaurantes, servicios alimentarios y nuestros propios domicilios, consolidando así un problema global que según el Índice de desperdicio de alimentos 2021 (elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y organización WRAP, involucra unos 931 millones de toneladas de alimentos –aproximadamente el 17%– de los disponibles, que terminan inutilizándose como desperdicios.

Para facilitar la comprensión de estos datos la ONU realiza una comparación muy sencilla y elocuente: el peso de esos alimentos equivale aproximadamente a 23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargados, que puestos en fila darían siete vueltas a la Tierra.
La investigación del organismo internacional señala que anualmente se desperdician 121 kilos de alimentos por consumidor y que eso ocurre tanto en países pobres como ricos. Por ejemplo, en promedio en Nigeria cada hogar desperdicia 189 kilos de alimentos, en Estados Unidos 59 kilos y en España 77.
El hecho que la mayor parte de esos desperdicios (11%) se produzca en los hogares y no en los servicios de alimentación o establecimientos minoristas (que tiran, en promedio, un 5% y 2%), también es llamativo porque está dando la pauta de lo que las familias podrían ahorrar si realizaran un consumo más planificado, razonable y consciente.

Por otra parte, estudios realizados por la FAO a nivel mundial muestran que cuando se logra reducir la pérdida de alimento en las chacras y granjas productivas o cerca de ellas, se pueden establecer escenarios mucho más efectivos para la reducción de la inseguridad alimentaria, además de aliviar la presión sobre la tierra y el agua. Asimismo, la reducción de desperdicios de alimentos en la última parte de la cadena de suministro y en el ámbito del consumidor es considerado un asunto clave para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación.

Como señaló la economista y ecologista danesa Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la reducción de desperdicios puede llegar a tener un rol importante en épocas de desafíos globales como el generado por la COVID-19 en el mundo, ya que mejoraría la disponibilidad de alimentos y, por lo tanto, reduciría el hambre y ahorraría dinero en un momento de recesión mundial.

¿Qué pasa en Uruguay? Según datos de FAO entre 2011 y 2016 Uruguay desperdició aproximadamente un millón de toneladas de alimentos, lo que a esa fecha equivalía a unos 600 millones de dólares y a aproximadamente el 10% de la oferta disponible para consumo humano.

El estudio gestionado por la Fundación Ricaldoni y realizado por técnicos de la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y de Equipos Consultores, así como consultores especializados, aportó un primer pantallazo a la realidad nacional dando pautas sobre la magnitud del problema y las causas que lo generan.

La oferta de alimentos para consumo humano son 10 millones de toneladas por año, de las cuales 9 millones (88%) es de producción nacional, exportándose un 80%. Teniendo en cuenta el volumen, las mayores pérdidas de alimentos se dan en los cereales (25%), lácteos (20%), caña de azúcar (15%), soja (12%), frutas y hortalizas (12%) y la carne (8%). Un 66% se pierde en etapas de producción y pos cosecha pero el 11% se registra en el consumo, mientras que hay un 8% de pérdidas en la distribución y un 15% en la etapa de procesamiento de los alimentos.

Según el estudio, las principales causas de pérdidas de alimentos en la producción primaria y pos cosecha son el manejo de los predios, el almacenamiento de la producción vegetal, la infraestructura vial y la cadena de frío de los productos que la necesitan.
En la industria, las principales pérdidas obedecen al desaprovechamiento de los subproductos que podrían utilizarse como alimentos, la falta de tecnificación y automatismo así como problemas de control de procesos. En lo que respecta a la distribución hay problemas de infraestructura entre mayoristas y minoristas, de logística y gestión y carencias en el mantenimiento de la cadena de frío.

Aunque se requieren más estudios, se visualiza que a nivel de los hogares, la falta de planificación a la hora de hacer las compras y algunos hábitos de alimentación, así como desconocimiento como aprovechar mejor su menú hogareño diario son factores que inciden mucho en el problema general aunque los hogares más pobres suelen planificar mejor sus comidas.

A nivel institucional, en 2016 la FAO impulsó en Uruguay la creación de un Grupo de Trabajo Interinstitucional integrado también por el Ministerio de Ambiente; el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; el Ministerio de Desarrollo Social; la Intendencia de Montevideo y la Comisión Especial de Asesoramiento Legislativo sobre el Derecho a la Alimentación de la Asamblea General, la cual ha realizado los primeros avances en el diagnóstico de la situación nacional y propuso aportes al proyecto de Ley de Residuos, (aprobada en 2018), incorporando a su discusión el tema de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (PDA).
Desde la sociedad civil también hay iniciativas valiosas, concentradas generalmente en Montevideo, como es el caso de la Red de Alimentos Compartidos (Redalco) o el Banco de Alimentos, que redistribuyen alimentos que salen del circuito comercial y los hacen llegar a instituciones como refugios, clubes de niños y ollas populares, entre otros.

A nivel regional, en 2016, los países de América Latina y el Caribe se comprometieron a cumplir al 2030, una serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita (a nivel de distribuidores minoristas y consumidores) y a reducir las pérdidas de alimentos posteriores a la cosecha (Meta 12.3). A inicios de 2022 ya se visualiza que será muy difícil alcanzar esa meta, lo cual no implica disminuir el esfuerzo.

En la actualidad existen 70 proyectos de ley en toda América Latina que refieren a este asunto, según lo expresado en la Segunda Cumbre sobre Reducción de PDA en América Latina, realizada a fines de 2021 en Argentina. Es necesario contar con estrategias e instrumentos financieros más firmes para acelerar la inversión privada a lo largo de las cadenas de valor alimentarias, sumando innovación y conocimiento para avanzar a un objetivo de consumo de alimentos más saludable para cada uno de nosotros y el mundo. → Leer más

Opinión

Tensando al límite

Días agitados se están viviendo en Canadá, donde manifestaciones masivas han llevado contra las cuerdas al gobierno de Justin Trudeau. ¿La razón de las protestas? El Gobierno canadiense impuso la vacunación obligatoria contra la COVID-19 desde el 15 de enero para los camioneros transfronterizos. Los conductores extranjeros que no se hayan vacunado tienen prohibida la entrada al país desde esa fecha, y los camioneros canadienses no vacunados, deben cumplir una cuarentena de 14 días antes de reingresar al país. Esta medida es la misma que adoptó Estados Unidos una semana más tarde.

Los convocantes de las movilizaciones son camioneros organizados y las manifestaciones han reunido miles de vehículos de carga en la ciudad de Ottawa, capital del país, desde donde Trudeu y su familia debieron retirarse el fin de semana. Las estimaciones dicen que son 16.000 los camioneros que cruzan habitualmente a Estados Unidos sin contar con la pauta de vacunación, es decir, un 15% del total.

La movilización convocó a choferes de varias partes del país, incluso algunas bastante apartadas como British Columbia o Saskatchewan, literalmente en el otro extremo del helado gigante del norte, casi 4.000 kilómetros.
Trudeau calificó las protestas como “inaceptables” y reiteró que los camioneros “deben vacunarse o dejar de cruzar la frontera”. A su juicio “los canadienses se preocupan por su libertad, por sus derechos, y saben que la mejor manera de protegerlos es acabar con esta pandemia”.

Pero no se puede decir que, aun a pesar de los inconvenientes que está ocasionando, sea una protesta impopular. Una campaña en la plataforma GoFundMe recaudó unos 6 millones y medio de dólares en apoyo a los choferes, para solventar sus gastos de alimentación, combustible y alojamiento –por más que no los ha liberado totalmente–.
De hecho se han producido numerosos llamados a que el gobierno dé marcha atrás con esta medida, incluso por parte de personas que no son manifiestamente antivacunas, como los gobernadores de Alberta, Saskatchewan y Manitoba. El líder opositor Erin O’Toole, del Partido Conservador, pidió a las autoridades federales que autoricen a los camioneros no vacunados someterse a pruebas rápidas de detección. El trasfondo de todo esto es que a la movilización de los camioneros la copó un movimiento canadiense que se opone a la vacunación contra la COVID-19: Canada Unity, y detrás de ellos incluso otros movimientos que levantan otros intereses. A través de las redes sociales se ha exhibido el respaldo desde distintos grupos de numerosas partes del mundo a este convoy.
Figuran en la lista miembros de los “chalecos amarillos” franceses, y promotores de la independencia de la provincia de Alberta. Incluso el expresidente Donald Trump y el excéntrico millonario Elon Musk publicaron mensajes de apoyo a los camioneros canadienses.

Durante el fin de semana fue necesario colocar vallas en el entorno del parlamento, mientras que Trudeau y su familia fueron trasladados desde la capital.

La policía de Ottawa ha señalado que la manifestación se ha llevado a cabo de forma pacífica, por más que la ministra de Defensa, Anita Anand, condenó que parte de los manifestantes bailara sobre el Memorial dedicado a los veteranos de guerra.

Estos episodios están siendo tomados por muchos activistas de los movimientos antivacunas como un ejemplo de cómo se debe reaccionar y el anuncio de la víspera de que el primer ministro contrajo COVID-19 se presenta como una muestra de debilidad de parte del gobierno, que todavía no le encuentra una salida a esta crisis.
Desde que se comenzaron a aplicar las vacunas el debate sobre si la vacunación debiera ser obligatoria, al menos para algunos sectores específicos y claves de la sociedad, ha estado presente.

Cada tanto vuelve a reclamarse esta medida incluso en nuestro país, pese a que el gobierno ha sido más que claro en que el concepto de libertad responsable es el que se aplicará hasta las últimas consecuencias, dejando en manos de cada individuo la decisión de inocularse, por más que se recomienda hacerlo, y con mucho énfasis.

Esto que está ocurriendo en Canadá es un problema y un ejemplo de cómo un gobierno lleva las cosas demasiado lejos. Trudeu, que fue presentado durante algunos años como un modelo de gobernante moderno y popular, tomó una medida que desencadenó una reacción en la que los movimientos negacionistas encontraron un hueco.

Al otro lado de la frontera, en Estados Unidos, ya hay versiones de grupos de camioneros que se están organizando para llevar adelante sus propias protestas, y allí recordemos que la situación es aún de tensión: hace apenas poco más de un año que movimientos identificados con el expresidente Trump, que comparten en general la plataforma negacionista y antivacuna, tomaron en Capitolio, a pocos días de la asunción de Joe Biden.

Visto desde este Sur nuestro, resulta sorpresivo que esto esté ocurriendo en estos países, que solemos llamar “desarrollados”, pero a la vez también demuestra la capacidad que pueden llegar a cobrar estos movimientos, que suelen ser objeto de descrédito y hasta burlas en las redes sociales. Quizás sea hora de irlos tomando más en serio. → Leer más

Opinión

Exportaciones de energía y consumidores

Los comienzos de 2022 marcaron puntos positivos y negativos para UTE, desde que por un lado incendios y temporales dejaron transitoriamente a miles de hogares sin electricidad, a la vez que el viento dañó líneas y volteó postes en el Interior, y el déficit hídrico, pese a recientes lluvias, obliga a cuidar el agua en los embalses y apelar al parque de generación térmica ocasionalmente en época de alta demanda como consecuencia de equipos refrigerantes, fundamentalmente. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista económico-financiero, el 2021 dejó un salto positivo para el ente, en la óptica de la presidente Silvia Emaldi, y este factor ha permitido que la corrección tarifaria fuera de solo el 3,5 por ciento, es decir por debajo de una inflación que se maneja en el entorno del 8 por ciento, lo que implica un grado de alivio para los consumidores.

En diálogo con El Observador, Emaldi señaló que este incremento se da en un contexto marcado por ganancias millonarias para la empresa producto sobre todo de la exportación de energía a Brasil, y sobre la base de estos números las negociaciones del Directorio con el equipo económico giraron en torno a que el ajuste fuera menor a lo que en primera instancia marcaban las variables macroeconómicas.

El hecho de que en 2021 el ente tuviera ganancias globales por unos 350 millones de dólares, de los cuales 200 millones como consecuencia de estas exportaciones, permitió a UTE contar con un colchón de recursos que lo ha situado en situación de postergar reajustes en tarifas y con ello de alguna forma incorporar un freno al alza inflacionaria para hogares y empresas. En este sentido la jerarca reflexionó que en las conversaciones con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) se evaluó por un lado “ajustar por un valor menor, y surgió el escenario de 3,5 por ciento, que es la mitad de la inflación estimada para 2022. A la vez nuestro objetivo era volcar más al Bono Social para beneficiarios Mides, que está operativo a partir de enero. En los barrios donde regularizaba servicios UTE aplicaba tarifas sociales con subvenciones del orden de unos 10 millones de dólares, y parte de lo que se coordinó fue que el monto subiría a unos 30 millones para darles descuentos de entre el 80 y el 90 por ciento”.

Amplió que “la idea fue incrementar a 3,5 por ciento, cuando la paramétrica daba 6 por ciento, por lo que hay una renuncia fiscal: se suman los 20 millones de dólares iniciales al Bono Social y se incrementan las inversiones. También tuvimos el pedido especial de 116 millones de dólares a Rentas Generales, que se va a efectivizar en 2022”.
Aquí hay que tener en cuenta dos factores: de estos 200 millones de dólares de ganancias por exportaciones, más de la mitad va directamente a aportes para el Estado a efectos de mitigar el déficit fiscal, y otra parte en forma significativa a subsidiar consumos de sectores más vulnerables, por lo que se pudo “rebajar” a 3,5 por ciento el a juste que iba a ser del 6, y por lo tanto en este esquema de uso de recursos el cliente regular es contemplado a medias, porque el grueso del dinero ha tenido otros destinos, aunque se ha acordado aumentar inversiones en este 2022.

Un año excepcionalmente bueno, por lo tanto, ha permitido tapar “agujeros” del gasto estatal desmesurado que data de hace muchos años, pero, dentro de un esquema positivo, solo atenúa el impacto del ajuste tarifario, en un país en el que lamentablemente el costo de la energía, tanto combustibles como electricidad, es el de los más caros de América Latina y el Caribe.

La inversión prevista sobre todo apunta a mejoras de las redes de distribución, y de la calidad del servicio a nivel urbano y rural.

En este último aspecto destacó Emaldi que “muchos emprendimientos, tambos, regantes, surgieron en las zonas rurales. Llegan las líneas pero no son del mismo porte que las de las zonas urbanas. Entonces, cuando se instala un tambo o quieren hacer riego, precisan más potencia. En particular el sector arrocero y el regante en general es el que más nos está requiriendo. En el caso de la soja, del trigo, y otras producciones hay estudios de que por ejemplo si se riega en forma intensiva se incrementa la producción hasta un 84 por ciento”.

Destacó a su vez que mientras en períodos pasados se ha puesto énfasis en la generación, en la actual administración se está llegando a unos 100 millones de dólares de inversión en materia de distribución. El punto es que no todos los años se podrá contar con 200 millones de dólares de ingresos extra por exportaciones para mejorar la situación económico-financiera, por lo que puede situarse a 2021 como un período excepcional –que ojalá se repita, naturalmente– y por lo tanto escenarios coyunturales no alcanzan para disimular carencias estructurales y lo que ellas significan en el escenario socioeconómico del país.

Así, pasan los años y sin embargo nuestro país mantiene el poco edificante galardón de contar con la energía más cara de América Latina y el Caribe, lo que pone de relieve que estamos ante una problemática estructural que nos deja en esta posición, debido fundamentalmente a que con matices, hay una encerrona en el tema costos y necesidades de recursos del Estado que resulta en este escenario.

Así, un informe de SEG Ingeniería para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), correspondiente al año pasado, da cuenta que el Uruguay es el país donde la compra de energía llega al 13,5 por ciento del gasto, por lo que es un 5,1 por ciento superior al promedio y el mayor entre los países de América Latina y el Caribe.

El tema se agrava desde el punto de vista social si se tiene en cuenta que el gasto en energía es mayor porcentualmente en los hogares de menores ingresos, y decrece a medida que éstos aumentan, por lo que en los menores ingresos el peso del costo energético es del 16,7 por ciento y en los de mayores ingresos de 10,2.
De forma global, tenemos que el 21 por ciento del consumo final energético lo realiza el sector residencial, lo que lo constituye como uno de los tres grandes demandantes de energía, ya que junto con la industria, que acapara el 38 por ciento, y el transporte, que tiene un 29%, totalizan el 88% del consumo global de energía.

En tren comparativo, tenemos que el gasto de energía para los hogares en energía en Ecuador representa el 2,9 del gasto total, en Paraguay es del 7,7%, en México del 10,3 y en Uruguay del 13,1%, el máximo de la región, récord que mantiene desde hace ya varios años.

Otros datos referidos al tema revelan que la electricidad es el componente mayoritario en el gasto energético, con una proporción promedio del 3,7, en el marco de un mínimo de 1,7 para los hogares en Ecuador y un máximo del 7,3 para Uruguay, siempre según datos del año pasado.

No hay dudas que mientras la energía resulte cara en nuestro país, inevitablemente se afectan no solo la economía de los hogares, de la población, de todas las actividades, sino también de la competitividad de nuestros productos en el exterior, tanto bienes como servicios. Por lo tanto se genera una espiral de hechos negativos que realimentan un esquema de costos del que hasta ahora ha resultado imposible zafar por encima de la rotación de gobiernos y la afectación particular de la pandemia en esta coyuntura que nos toca vivir. Es de esperar que esta ventana de hechos positivos en UTE en el marco de un esquema muy problemático del país en 2021 y en lo que va del año, se consolide y permita trasladar de una buena vez en forma significativa estas mejoras a los consumidores tanto residenciales como empresariales, de forma de reducir el costo país y la inflación, mejore la competitividad y la calidad de vida, en consecuencia directa de una gestión racional del ente monopólico, como rumbo a seguir. → Leer más

Opinión

La violencia en la sociedad e instalada en los estadios

Desde el primer asesinato a golpes en una cancha de fútbol, ocurrido en 1957 luego de disputar la final de la B entre Sud América y Progreso en Montevideo, ha corrido más sangre en torno a los escenarios deportivos.
Mientras el mundo académico y de la comunicación explica que la violencia no está en el deporte sino en la sociedad, los hechos ocurren. Las condenas se escuchan en todas partes y las redes –ese mundo paralelo que maneja una realidad virtual– especula y posiciona sus versiones a diestra y siniestra. Pero las cosas pasan en el mundo real.
En el mundo real, artistas, productores agropecuarios, periodistas, trabajadores de cualquier área, desocupados sin oficio y futbolistas, cometen hechos delictivos. La policía, como brazo ejecutor de la justicia, lleva adelante el cometido de investigar y esclarecer sus posibles vinculaciones. Hasta aquí, nada parece novedoso, porque así se desarrollan las acciones en un país donde sus habitantes son sujetos de derecho.
Los últimos hechos, que derivaron en la prisión preventiva del futbolista Nicolás Schiappacasse, mientras continúa la investigación sobre sus vínculos con un entramado de compra y venta de armas e hinchas de Peñarol, marcó la cancha política que discutió sobre la pertinencia de la Ley de Urgente Consideración o las bondades de un programa de inteligencia policial como El Guardián.
La diatriba, que debió centrarse en el necesario aporte de los referentes comunitarios, se distrajo en detalles que no van a la raíz del problema.
Mientras la fiscal que entiende en el caso, Carolina Dean, aseguraba que esto “recién empieza” y derivaría en una megacausa que incluiría elementos relacionados al crimen organizado, las maniobras de distracción insisten en que el futbolista estaba marcado, descreen de los controles aleatorios y relatan –con ambages– hechos que requieren una condena directa.
Y aunque resulten atractivas las minucias, las indagatorias de la Fiscalía incluirán a presuntos hechos de corrupción policial. Todo esto a partir de una cara visible. Un joven futbolista, con una promisoria carrera dentro de un equipo importante, que llevaba un arma cargada en su falda, rumbo a un partido clásico en una carretera concurrida.
Allí se encontraba la gravedad del problema con el porte de armas en lugares públicos, sin tener permiso para hacerlo. Porque, de no haber mediado la necesaria prevención policial, a estas alturas estaríamos hablando de otras consecuencias. Los hechos ocurridos en la tarde del miércoles durante un control vehicular, que poco importa si fue aleatorio o estaba dirigido a alguien en particular, venían precedidos de amenazas y homicidios.
El 2022 comenzó con casi una decena de asesinatos, de los cuales dos se investigan por delitos de sicariato entre hinchadas. Incluso uno de los muertos, fue coautor de otro asesinato cometido contra un hincha de Peñarol hace seis años. En medio de esta maraña de violencia, días previos al partido mataron a un adolescente de 17 años, sólo porque vestía una camiseta pero no pertenecía a ninguna de las barras. Acertó a pasar por el lugar, en bicicleta, y recibió un impacto de bala en su cabeza.
Por si estos antecedentes no alcanzaran, el líder de la barra brava mirasol amenazaba por esos días desde el Penal de Libertad –donde se encuentra preso por asesinato desde 2015–, con represalias por el homicidio del adolescente. “La violencia se combate con violencia”, decía en un audio que se viralizaba en las redes y anunciaba que iban a “aparecer por todos lados”, como “un vendaval”.
Sobre este mismo líder pesa la condena máxima en Uruguay –28 años–, aplicados por el entonces Fiscal de Homicidios –hoy Fiscal de Corte– Juan Gómez.
Con esos antecedentes de hechos consumados, el ministro del Interior Luis Alberto Heber, no desoyó aquellas amenazas anunciadas detrás de las rejas y adelantó “logística e inteligencia”, con el fin de tener la “seguridad necesaria” durante los clásicos de verano.
Es que la otra decisión, era dejarle el espacio a los violentos. Y no era buena. Suspender los encuentros deportivos, no calentarse la cabeza porque la pandemia sanitaria ya ocupa los titulares suficientes y tratar de continuar con la temporada veraniega de la mejor manera.
No obstante, la preocupación estaba latente y ningún detalle debía quedar al azar. Porque cualquier muerte sería cargada a hombros del gobierno y los enfrentamientos ya generan desencuentros en una sociedad polarizada y dividida por otros temas.
La descarga de violencia existente en las redes sociales sobre cuadros de fútbol o posicionamientos políticos diversos está llegando a un punto de no retorno. Y aquellos que discuten por las derivaciones del futbolista en cuestión, no entendieron el meollo del asunto, que es mucho más grave que perder con el cuadro contrario.
Porque lo que un día comenzó como una broma, otro día terminó en hechos de violencia y al poco rato, en asesinatos por venganza. En una mente sana no entra siquiera la idea de agredir a otra persona por el mero hecho de vestir una camiseta.
Y, sin embargo, sucede.
Es muy difícil cortar una pasión futbolera que se transmite desde generaciones en Uruguay, donde los eventos deportivos se asociaron a momentos de disfrute y esparcimiento.
Pero acá se habla de otra cosa y alcanza con mirar las gradas para ver que la familia futbolera está ausente.
Debió abandonar los estadios de fútbol, cuando vio que ganaban los violentos. Por eso, el trabajo será arduo y minucioso para erradicar a los indeseables de los escenarios deportivos.
Y poco importan si son referentes de los propios equipos. La fiscal Dean resumió el pensamiento colectivo en una frase ejemplar. “Schiappacasse tampoco es una persona común, es un jugador de fútbol profesional que se dirigía a un clásico portando…
Es un jugador profesional, a quien le deberíamos exigir otra conducta porque tenía todas las posibilidades de no estar involucrado con esta gente y estaba llevando un arma de fuego con ocho proyectiles”. Sin embargo, el tiempo se pierde en disquisiciones. Allí está la condena verdadera. No en otro lado. → Leer más

Opinión

Solicitada: Regla fiscal de la LUC, otro retroceso

Claramente como no podía ser de otra manera el herrerismo incluyo normas económicas en la LUC, con su impronta general de: recortar el gasto social. Uno de los ejes de su campaña electoral fue el supuesto despilfarro de recursos económicos, por ello se proponen en el discurso poner la casa en orden, pero solo en el discurso porque apenas que se evalúa la normativa sobre regla fiscal se desprende imprecisión y ambigüedad y lo principal, más que una regla fiscal lo que se instituye es un ajuste fiscal de aplicación automática. A lo que puede agregarse suba de salarios en cargos gerenciales o del propio presidente de la República.
La regla fiscal significa un instrumento de política económica que tienen como objetivo guiar las finanzas públicas en el largo plazo, introduciendo restricciones sobre alguna variable fiscal utilizada por el gobierno como el gasto público o el nivel de endeudamiento (Cit. No son solo cinco años, de Hugo Dufrechou).
En el caso de la LUC introduce en los artículos 207 y siguientes una regla fiscal que se caracteriza en pretender vincular el nivel de gasto y endeudamiento con el comportamiento del PBI, olvidando que el gasto social es calidad de vida para los más vulnerables. La oración final del artículo 208 delinea esta pretensión del gobierno de coalición herrerista-militar.
Fiel a su estilo verticalista y autoritario crea un Comité de Expertos (elegidos de manera absolutamente unilateral); pareciera que el gobierno todo pretende solucionar con comités de expertos, tal como se hizo también entre otras cosas como en seguridad social, donde se proyecta una reforma de la seguridad social marcada por la suba de la edad de retiro y aumento de años de aportes.
La regla fiscal de la LUC no mejora la existente porque tal como está formulada no constituye una regla fiscal propiamente sino un simple ajuste fiscal. El resultado fiscal estructural (indicador que toma por base la LUC) es un indicador de alta complejidad, es un concepto abstracto y de difícil implementación práctica. No se incluye ninguna sanción para el incumplimiento, no tiene la flexibilidad necesaria para acompasar situaciones de crisis. (Comentarios sobre la Ley de Urgente Consideración, Comisión Ad/Hoc UdelaR).
Por lo dicho tal como se diseño la regla fiscal lejos de construir a la institucionalidad fiscal del país, es inadecuada, imprecisa significando simplemente un ajuste que al establecerse de manera automática tiene la ventaja de licuar los costos políticos.
Por ello entendemos que tal como está formulada la regla fiscal de la LUC es dirigida a perjudicar a los más vulnerados de la sociedad, restringiendo el gasto social importando entonces más pobreza y más exclusión.
Sergio Rodríguez → Leer más

Opinión

Solicitada: Vote No

El 27 de marzo próximo, los uruguayos acudiremos una vez más a las urnas.
De acuerdo al sistema democrático que se tiene en nuestro país, cada ciudadano tiene la opción del voto para decidir el futuro de la nación. En realidad la mayoría de los uruguayos ya decidió apostando a un cambio mediante la elección nacional.
Esto provocó que hoy Uruguay tenga una coalición en su gobierno. Y este equipo vio que nuestro país necesitaba cambios urgentes y radicales porque 15 años de la izquierda en el poder aniquilaron al país. En este sentido es que se propone la LUC. Es la ley de urgente consideración… y sí, realmente urgía que se cambiaran ciertas normas.
Pero parece que a la izquierda, de la mano de muchos sindicatos, no les servía las propuestas de la LUC, lo que hoy es una realidad y que en definitiva sólo ha traído beneficios para los ciudadanos de bien.
Entonces, al querer poner en tela de juicio este maravilloso instrumento, el 27 de marzo deberemos votar.
¿Qué debemos votar?
Debemos ir todos a colocar dentro del sobre la papeleta que dice NO, la celeste.
NO debemos derogar la LUC. No podemos volver atrás… porque de hacerse, más delincuentes acecharán y las penas serán menores, la educación seguirá gobernada por el sindicalismo que busca el bien para sí mismo, usted no tendrá opción de cambiar de compañía de teléfono y será rehén de la inclusión financiera, entre muchas otras cuestiones.
Estoy convencida de que es una excelente ley que protege al ciudadano de bien. La publicidad de aquellos que están en contra y los argumentos que utilizan no son ciertos puesto que se están valiendo de las mentiras para convencer al ciudadano.
Pero en esencia, si alguna persona de bien, si algún trabajador sufrió un embate negativo de la LUC, que lo exprese.
Porque hasta el momento los casos más que conocidos son en beneficio del pueblo. Es decir que los resultados producto de la aplicación de la LUC han sido muy buenos.
A quienes no favorece la ley son a los malos ciudadanos, a los delincuentes, a aquellos que no hacen otra cosa que daño a las buenas personas. Entonces, a la LUC NO debemos derogarla porque protege a la gente honesta.
Ana María San Juan, edila departamental → Leer más

Opinión

Las virtudes de un parlamento unicameral

En varias ocasiones EL TELEGRAFO ha sostenido, desde su página editorial, la necesidad de que Uruguay adopte un sistema parlamentario unicameral, tal como sucede en Israel, Nueva Zelanda, Ecuador, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Perú, Dinamarca, Costa Rica, Guatemala, Finlandia, Portugal y Suecia.
En el mes de mayo de 2020 y ante las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo en materia de ahorro de dineros públicos para el combate del COVID-19 expresábamos lo siguiente: “la instauración de un régimen parlamentario de una sola cámara cuyo total de componentes sea menor que los integrantes del actual parlamento (120). De esa forma se estaría logrando un ahorro significativo no sólo de dineros públicos sino también de tiempo en la discusión y aprobación de proyectos de ley. A los grandes males que vivimos actualmente (coronavirus), debemos responder con grandes remedios (sistema parlamentario unicameral, disminución de legisladores y rebaja de sus salarios y beneficios).
Un informe de la Asesoría Técnica Parlamentaria del Congreso Nacional de Chile que data del año 2018 y estuvo a cargo de la especialista Verónica Barrios Achavar señala las siguientes ventajas del régimen unicameral: a) un solo esquema de representatividad en un solo cuerpo legislativo facilita que se acate la voluntad general; b) la consideración de la legislación por un solo cuerpo propende a la economía de tiempo y de recursos económicos; c) la concentración del esfuerzo legislativo en un solo cuerpo permite localizar y maximizar los recursos de investigación y, en consecuencia, el estudio de cada medida resulta más profundo, d) la inexistencia de un segundo cuerpo genera más sentido de responsabilidad en el cuerpo único y f) la división del Poder Legislativo en dos cuerpos debilita la rama legislativa frente al Poder Ejecutivo.
Por su parte, el especialista Víctor Ibañez Rozas, en el portal Unidiversidad de la Universidad de Cuyo (Argentina) destaca que el unicameralismo posee las siguientes bondades, algunas de las cuales coinciden con lo expresado por Verónica Barrios Achavar: a) permite mayor eficiencia y celeridad, al posibilitar la sanción de normas con mayor agilidad. La bicameralidad hace más difícil, lento y costoso el funcionamiento del órgano legislativo y las ventajas de la existencia de las dos cámaras pueden obviarse, por ejemplo, con mecanismos como el de la doble lectura para la sanción de leyes importantes, o la división en dos salas del cuerpo para el juicio político; b) en los debates plenarios de las cámaras no se trata de convencer o persuadir al adversario de las bondades de un proyecto, sino de difundir ante la opinión pública las decisiones de los partidos, adoptadas con anterioridad al tratamiento del proyecto. Por lo tanto, la existencia de dos cámaras sólo logra hacer el trabajo más lento y costoso; c) con normas adecuadas de trabajo interno se asegura toda la reflexión necesaria y la calidad legislativa. Pueden utilizarse métodos que van desde el mencionado de doble lectura, u otros como una audiencia pública entre la primera y la segunda sanción, o la exigencia de una mayoría agravada para la sanción de ciertas leyes; d) es necesario lograr un cuerpo colegiado poderoso y ágil, que esté en condiciones de controlar efectivamente al Poder Ejecutivo y que no sea solamente un acompañante tardío de sus decisiones; e) puede representar adecuadamente a la población y a los distintos sectores regionales con una composición mixta; y f) significa un menor costo operativo. La reducción de gastos ineficientes, cualquiera fuera su magnitud, resulta, por lo tanto, beneficioso.
A pesar de sus lógicas virtudes, no puede llamar a sorpresa que el unicameralismo cuente con pocos adeptos a nivel nacional, ya que sin duda significa que muchos políticos quedarían sin acceder a una banca parlamentaria y por ende sin el suculento sueldo que ella representa y los múltiples beneficios que dicho cargo acarrea. En un país donde afortunadamente no existen títulos nobiliarios y donde los empresarios son mirados con sospecha o con desprecio en muchos casos por gran parte de la población, dedicarse a la política le otorga a los que desarrollan esa actividad un poder especial, un aura que los distingue de los simples mortales y los vuelve casi intocables.
Poco importa si una persona desarrolla una prolífica actividad académica, posee una excelente hoja de servicios como policía o militar e incluso si desarrolla exitosamente su actividad comercial o industrial. Quienes realmente terminan siendo objeto de admiración son los políticos y por ello siempre dos cámaras son mejor que una, ya que permiten mayores posibilidades de formar parte de esa selecta casta.
Esas mismas ambiciones personales y deseos de acceder a cargos de privilegio fueron las razones que alentaron las divisiones departamentales en nuestro país. Recordemos que antiguamente el departamento de Paysandú comprendía todo el territorio al norte del Río Negro, hoy ocupado por los departamentos de Salto, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Río Negro y –lógicamente– Paysandú. El departamento de San José incluía Florida, Flores y el propio San José. Maldonado estaba integrado por Rocha, Lavalleja y Maldonado mientras que Cerro Largo incluía además el hoy departamento de Treinta y Tres. Estos fenómenos no deberían llamarnos la atención ya que usualmente los movimientos tendientes a crear nuevas divisiones territoriales o áreas autónomas esconden en su interior los deseos de protagonismo y poder de quienes los encabezan. “Nada nace de un repollo”, dice un viejo refrán y lo mismo sucede con estas iniciativas territoriales o el bicameralismo, según el caso.
Para Alberto Ricardo Dalla Via, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, “el fortalecimiento del Poder Legislativo no solo depende de la legitimidad que le dispensa la confianza de la ciudadanía (la democracia es, en definitiva, un sistema de creencias compartidas), sino también de la eficiencia en el ejercicio de una función cada vez más difícil en realidades complejas”. En este sentido, el Poder Legislativo puede y debe actualizarse para hacer frente al resurgimiento de los populismos en todo el mundo y a las fuerzas extremistas y de pensamiento único en un mundo manipulado por los “bots” y las “fake news”. Por todos esos motivos, el Poder Legislativo debe desarrollar sus tareas y cumplir con sus cometidos en forma eficaz y eficiente, y para ello el unicameralismo resulta una herramienta fundamental.
Sólo queda por averiguar qué político “le pondrá el cascabel al gato” y tendrá la valentía de proponer la eliminación de una las cámaras legislativas, poniéndose del lado de los uruguayos “de a pie”, en lugar de defender el buen pasar de unos pocos que han hecho de la política su forma de vivir a costa de los impuestos que pagan los demás.

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Opinión

No es el fútbol, pero es…

“El principal obstáculo que tiene Uruguay para aprovechar al 100% sus posibilidades como sociedad avanzada es el lastre cultural que os impone el fútbol”. La sentencia, como se deducirá por el inconfundible “os”, es de un español residente en Uruguay. Jorge Castrillón la hizo en Twitter en diciembre del año pasado y le valió casi 300 likes (que es como el “Me gusta” de Facebook) y cerca de un centenar de respuestas, la mayoría descalificando la opinión de quien nos ve “de afuera” (relativamente de afuera, porque lleva varios años ya residiendo en el país).
“Desde que sois así os inculcan una dinámica de competencia, de mis colores ante todo, de que los del otro equipo son unos putos, de que es válido el insulto, la gracieta discriminatoria y el todo vale por los colores que, de verdad, no os sientan nada bien”, proseguía el análisis del licenciado en historia, que agregaba “Y vale que en 1920 el fútbol fue una herramienta válida para crear cultura de país en una sociedad de migrantes, pero capaz que un siglo después merecería la pena plantearse nuevos significantes, querides”.
La mayoría de las respuestas, como se puede leer mediante una simple búsqueda en esa red social, denostan la opinión de Castrillón por tratarse de un extranjero –y encima de un europeo– que se toma el atrevimiento de hacer un comentario negativo sobre el que sin dudas es el mayor catalizador de las “pasiones” populares. Sí, el mayor indiscutiblemente, por encima de la política, el carnaval y otras que fueron perdieron rueda conforme avanzó el siglo XX y nos adentramos en el XXI.
Nada se compara a lo que despierta masivamente el fútbol en el Uruguay. Para bien y, como afirma Castrillón, para mal. Y las noticias de los últimos tiempos parecen darle, cuando menos, el derecho a que le prestemos atención a su diagnóstico.
Venimos de una comienzo de año nefasto, en la que la disputa de un partido “clásico” en Maldonado terminó con un joven futbolista enviado a la cárcel por, como aparentemente reconoció en su declaración, hacer un mandando a un grupo criminal que se identifica con los colores de la institución a la que él defendió, tratando de introducir un arma de fuego al estadio donde se disputaba el encuentro. Los detalles sobre este episodio son más para la página de Policiales, y es donde que por momentos parece que debiera trasladarse la cobertura “Deportiva”. Ayer, en su declaración ante la Justicia, el deportista dijo haber comprado armas robadas para comercializarlas entre los delincuentes que se identifican con los colores de su exequipo.
Pero la cosa no quedó allí, porque mientras se disipaba el humo de la cohetería de la celebración de los ganadores del partido amistoso, tomamos cuenta de que la atleta olímpica Déborah Rodríguez debió interrumpir su entrenamiento en la pista de atletismo cercana al estadio, víctima de agravios racistas y de agresiones por parte de “parciales” (delincuentes) identificados con el otro de los equipos contendientes esa noche. Punto para Castrillón.
Algunos quisieron “matizar” el hecho de los insultos racistas, afirmando que en realidad el motivante de los gritos que se profirieron tenían más que ver con el antecedente del hermano mellizo de la atleta, que militó en filas rivales años ha. Punto doble para el diagnóstico de Castrillón, porque si es así como dicen, pretendiendo justificar una agresión racial escudándose en que hay un motivo futbolístico detrás, no hacen más que certificar la afirmación original.
Claro, esto no empezó el miércoles pasado en Maldonado. Este clásico y uno anterior estuvieron cerca de no jugarse por dos hechos que se disputaron las páginas de Deportes y Policiales. El Ministerio del Interior investigó si el asesinato de un adolescente –17 años– en el barrio montevideano de La Unión se relacionaba con lo ocurrido pocos días antes, la noche de reyes, en la misma zona, mientras se desarrollaba la tradicional feria conocida como Vía Blanca. Allí se produjo un tiroteo que terminó con dos hombres heridos y otro muerto.
Todos los muertos vestían camisetas de los equipos de fútbol más populares del país.
Y los hechos estarían relacionados con episodios anteriores, del año 2016, cuando otros delincuentes identificados con los colores de una de las instituciones atacaron a traición a otro grupo que, en este caso, aparentemente no hacían más que celebrar el aniversario del otro club.
No alcanza ya no esta página, no alcanzaría todo este diario para seguir enumerando los violentos antecedentes producto del enfrentamiento entre los energúmenos que dicen apoyar a su equipo dando estas lamentables demostraciones. ¿A alguien le sigue pareciendo descabellada la afirmación de Castrillón?
Pero no se queda allí el asunto. Porque no podemos dejar de recordar que desde estas mismas páginas de EL TELEGRAFO durante los últimos meses del año pasado dimos cuenta de varios episodios de violencia extrema que empañaron competiciones de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) al punto que la entidad decidió en cierto momento que era tiempo de interrumpir la competencia para bajar los ánimos. Que no se aplacaron, porque los episodios siguieron ocurriendo y sobrevinieron intimaciones y sanciones por estos lamentables hechos.
Está claro que no podemos abstraernos de que hay un problema muy serio de violencia en la sociedad y no se limita al fútbol, en el sentido de que si elimináramos al fútbol como expresión esta desaparecería, que tampoco lo estamos proponiendo, pero está claro que hay un problema cultural y que tiene raíces en el mundo del fútbol. → Leer más