Opinión

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Uruguay es “referencia en la región” por la normativa que determina cero tolerancia de alcohol en sangre para conducir en el tránsito. Junto a la Fundación Gonzalo Rodríguez, relevaron distintas publicaciones nacionales e internacionales, donde se determina el impacto del alcohol en la siniestralidad. En todos los casos, comprueban que las habilidades necesarias para manejar se alteran con valores diferentes a cero.
Establece que los conductores bajo los efectos de esta sustancia, son más impulsivos y arriesgados y disminuyen su capacidad de juicio, vigilancia, control o cálculo. Cuando en Uruguay se instrumentó dicha normativa durante el gobierno de Tabaré Vázquez, la polémica subió de tono y bajó a la opinión pública. Entre ellos, el entonces legislador Luis Lacalle Pou aseguraba que la mayoría de los países permitían el manejo con algún nivel de alcohol en sangre y citaba los casos de España, Francia y Alemania que varían entre 0,5 y 0,8.
Durante la campaña anunció su disposición de elevar la tolerancia a 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre. Sin embargo, en febrero del año pasado aseveró que no iba “a avanzar en temas de los cuales no hay un ambiente previo, entre otras cosas porque necesita una modificación legislativa”. En el medio, el mandatario recibió diversas propuestas, como la presentada por el exministro de Ganadería, Carlos Uriarte, quien pidió la reconsideración de la iniciativa de Lacalle. O el senador Sergio Botana y su proyecto de ley que permitiría conducir con hasta 0,3 gramos y con hasta 0,5 un chofer, que podrá evitar que le quiten la libreta, previo pago de una multa. Las opiniones fueron diversas desde la oposición e incluso el Sindicato Médico del Uruguay, rechazó modificar la ley porque eso significaría “ceder a las presiones corporativas que se pagan con vidas y secuelas graves”. Es así que la Ley N° 19.360 está vigente desde diciembre de 2015.
Hasta el año pasado, los datos inéditos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) –no se divulgaban desde el gobierno anterior con la vigencia de la ley porque las anteriores autoridades entendían que “no tenía sentido”– señalan que los registros se mantiene estables.
La proporción de conductores con niveles de alcoholemia positiva se mantuvo con mayores oscilaciones al alza que a la baja. No obstante, existe un subregistro porque la evolución de la siniestralidad en los conductores con alcohol en sangre refiere a los tests efectivamente re alizados. Tampoco el consumo de alcohol varió en la población y, en ese sentido, echa por tierra el argumento de una crisis en las ventas a raíz de la aprobación de la ley. En Uruguay, el consumo de alcohol empieza antes de los 13 años y no hay otra sustancia más consumida y con menor percepción sobre sus riesgos que el alcohol. Es decir, como siempre.
Si bien no ha sido posible cuantificar el efecto de la pandemia sanitaria sobre la siniestralidad en el tránsito y las consecuencias de los conductores que manejaron con niveles positivos en Uruguay, es posible su comparación con otros Estados que mantienen normas más restrictivas.
De hecho, se han divulgado menores tasas de mortalidad y fallecimientos, como resultado de las políticas públicas y las legislaciones.
En cuanto al fenómeno social, el país supera la prevalencia en las Américas, con el consumo de al menos cinco unidades estándar de bebida, una vez al mes. La última referencia, que se remonta al año 2016, aseguraba el registro del 39,7% entre los hombres y el 10,5% en las mujeres. Según la OMS, el 9,6% de los varones y el 3,4% de las mujeres, presentan algún tipo de trastorno por el consumo de alcohol.
Es así que la ley tampoco provocó un cambio significativo en los patrones de consumo, sino en las pautas de comportamiento al momento de conducir, e hizo descender la siniestralidad fatal. Porque, además, hay otras cuestiones visibles como el crecimiento del parque automotor, en un país cuyo índice poblacional permanece estancado. Incluso bajó la cantidad de siniestros y muertes en los motociclistas.
En cualquier caso, por estos días adquirió visibilidad y seguimiento, el accidente protagonizado por el presidente del Pit Cnt, Marcelo Abdala, quien chocó con 1,53 alcohol en sangre a vehículos estacionados en Punta Carretas. Resultó condenado como autor penalmente responsable de la conducción en “grave estado de embriaguez” de acuerdo al numeral 3 del Código Penal, con “15 días de prestación de trabajo comunitario o prisión equivalente en caso de incumplimiento”. En las últimas horas se supo que solicitó ausentarse del país por 7 días para realizar un viaje ya planificado.
Bastante menos visibilidad, por el hecho de ser un desconocido, tuvo el siniestro fatal provocado por un conductor reincidente, al impactar con un motociclista de 27 años, que falleció en la zona de Canelón Chico. Y esta situación, reiterada, deja el sabor amargo de una serie de preguntas que difícilmente puedan responderse.
Porque un conductor alcoholizado y reincidente debe tener prohibido volver a manejar un vehículo por el resto de su existencia, con el necesario retiro de la documentación. Su caso está a disposición de la justicia canaria, pero es un ejemplo de lo que debe prevenirse antes de una muerte en el tránsito.
Las intervenciones se vuelven necesarias, como por ejemplo, las derivaciones obligatorias a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la recuperación de su problema de alcoholismo.
Las actividades, en general, han retornado a su normalidad a pesar del transcurso de la pandemia y con ello el incremento del tránsito de personas y vehículos. En forma paralela se observa un aumento en la siniestralidad y la repetición de conductas que se creían controladas.
Esto vuelve a significar que, a pesar de haber tenido un tiempo para reflexionar, el ser humano, al volver a la “normalidad”, vuelve con la misma carga de defectos conque había puesto pausa a sus actividades cotidianas.
Hay cuestiones que en las sociedades modernas no tendrían que discutirse ni permitirse que atraviesen por discursos moralistas. Estamos en el siglo XXI y la evidencia es clara. → Leer más

“A mí la política no me interesa”. “Los políticos son todos iguales”. Son ese tipo de frases y comentarios que me rechinan. Me cuesta creer cómo puede haber quienes se autodenominan apolíticos y declararse en rebeldía en un mundo que precisamente gira en torno al poder político.
Lo cierto es que los tiempos que corren no son fáciles para la mayoría de los uruguayos. Es verdad, la pandemia tuvo sus efectos. Pero también es real que día a día nos ajustamos los cinturones frente a la opresión de un gobierno que llegó “para desplumar el pollo”, como ya había prometido el expresidente Julio María Sanguinetti, uno de los grandes impulsores de la coalición multicolor que gobierna.

Para vos que te declarás apolítico tengo algunas preguntas y comentarios.
¿Tú crees realmente que la baja de tu poder adquisitivo es simplemente un acto divino?
¿Te parece lógico que con el precio del crudo más bajo que hace 8 años, hoy las tarifas de combustibles en Uruguay sigan en aumento?
Cabe la posibilidad también de que en 2019, preocupado por la ola de inseguridad de la cual los medios se hacían tanto eco, hayas decidido votar por “el cambio”. Hoy tristemente nos acostumbramos al aumento de delitos de toda índole, entre los cuales se destacan homicidios, femicidios y también episodios de gatillo fácil.
Ah, y por las dudas te comento… los grandes medios de comunicación también son actores políticos.
¿Sabés que todo lo que acabo de contarte pasa porque en Uruguay desde el 1° de marzo de 2020 nos gobierna un gobierno de derecha integrado por la élite más conservadora de nuestro país?

La política trasciende nuestras vidas desde que nacemos hasta que morimos. Cuando fuiste un niño, te criaste en un hogar donde regían ciertas reglas y estaban quienes mandataban a cumplir con ellas. Bueno, eso también es político. Y todo lo que viene después también, porque en el lugar de estudio, en el lugar de trabajo, existe autoridad y súbditos.
Y desde los 18 años vos te transformas en un ciudadano soberano que puede tomar decisiones claves como por ejemplo, elegir quién querés que gobierne tu país.
Espero que después de leer esto reconsideres la idea de pensar que sos apolítico, porque en todos los ámbitos de la vida nos regimos por la política. Y sobre todo, que abandones la idea de que votar es un solo acto testimonial, porque lo cierto es que votar es un acto de responsabilidad que condiciona tu presente, futuro y también el de todos.

Y si entendés esto, entonces también tenés que entender que el 27 de marzo tenés un desafío importante que es votar en el referéndum. Ahí tenés dos opciones, seguir profundizando la cruda realidad en la que este gobierno motosierra nos ha metido. O podés votar rosado, y decir “Sí” a derogar 135 artículos de la nefasta LUC, la ley “caballito de batalla” de este gobierno que a grandes rasgos es la que está generando los cambios que hoy padecemos la mayoría.
Al fin y al cabo, es como decía Platón: “El precio de desentenderse de la política, es ser gobernado por los peores hombres”. La Hormiga Rosada → Leer más

En estos días se han anunciado resoluciones institucionales que realmente nos debemos cuestionar como integrantes de una sociedad que posee una rica construcción social e histórica basada en un estado de derecho garante de las libertades y democracias plenas.
Y en el marco de esa construcción hemos cimentado parte de nuestra hermosa cultura de la cual nos sentimos y somos parte, con transformaciones, con contradicciones, pero al fin y al cabo el concepto de cultura nos indica que es el conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana. Incluye aspectos como las costumbres, las tradiciones, las normas y el modo de un grupo de pensarse a sí mismo, de comunicarse y de construir una sociedad.

En ese sentido el carnaval se sitúa entre las más lindas tradiciones de nuestra sociedad con una impronta tan particular que lo catapultan como el carnaval más largo del mundo pero que hacen de un tiempo ameno, de júbilo, de rizas e interminables anécdotas que se mantienen a lo largo de varias generaciones.
Sabemos que el carnaval es lo más representativo de lo popular, popular significa que viene del pueblo, del vecino y la vecina, de los trabajadores, de los estudiantes, de todos y todas aquellos que desean expresar algo mediante una letra, una canción, un baile, un sonido, etcétera.
Penosamente nos hemos encontrado con una resolución del gobierno departamental de Paysandú que coarta la libre expresión de quienes son los protagonistas, que daña una de las más esperadas fiestas populares, que nos retrotrae a los tiempos más oscuros del país.
Una resolución que raya la censura… Fernando Rodríguez, Edil departamental del Frente Amplio → Leer más

Recordar que el suscrito formó parte del Partido Nacional en las diversas elecciones del año 2019, encabezando e integrando listas. Siempre puntualizamos que en esa época no se conoció un texto proyecto de ley de urgente consideración. El articulado propuesto se dio a conocer en primeros meses del año 2020. Por ello esta tarea de difusión de información se centra en la parte cuestionada (135 artículos) de la Ley con el fin de aportar una visión crítica de alguien que se considera “blanco” al debate necesario y fundamental que no se dio al discutirse la Ley.
En esta oportunidad queremos comentar las modificaciones que realiza la Ley Nro. 19.889 Ley de Urgente Consideración –en adelante “la LUC”– a la Ley Nro. 11.029 de 12 de enero de 1949. En efecto la LUC por la vía de la urgente consideración (prácticamente sin debate alguno), modificó aspectos de la ley orgánica del instituto de colonización que tenían una vigencia de más de setenta años. Como advertimos en anteriores publicaciones, nos abocamos a desarrollar comentarios sobre los 135 artículos que se encuentran a consideración de la ciudadanía en la próxima instancia de referéndum que habrá de realizarse el próximo 27 de marzo. Se trata la “LUC” de una Ley ferrocarril que en menos de cincuenta días atropelló derechos y garantías de toda la ciudadanía, modificando más de cuarenta leyes.

Luego de la reinstalación de la democracia el mecanismo de la urgente consideración fue utilizado en 13 oportunidades, siendo rechazados 4 proyectos de ley y aprobadas 9 leyes que se tramitaron con esta declaración. “Los proyectos de ley con declaratoria de urgente consideración más extensos que se presentaron en el período de 1985 a 2019 fueron los siguientes: uno del período del gobierno del presidente doctor Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), presentado en abril de 1992, que refería a la modificación del régimen de pasividades que contaba con 92 artículos, que no fue aprobado; otro en el gobierno del presidente doctor Jorge Batlle (2000-2005), presentado en abril de 2000, con una extensión de 89 artículos, que fue aprobado (actual ley N°17.243); y otro también en el gobierno del doctor Jorge Batlle, presentado en noviembre de 2000, con una extensión de 91 artículos, que fue aprobado (actual ley N° 17.292)” (Fuente: “La inconstitucionalidad en razón de la forma de la Ley Nro. 19889” de Pablo Rodríguez Almada en Revista de Derecho Público Nro. 58).

La LUC cuenta con 476 artículos y modifica aproximadamente cuarenta leyes de las más diversas materias, de los 476 artículos, ninguno refiere a la pandemia mundial del coronavirus, en realidad la única urgencia que objetivamente existía en Junio de 2020. Compartimos la tesis de la inconstitucionalidad de la LUC por violar el Art. 168 nral. 7 literal 1 de la Constitución, que faculta al Poder Ejecutivo a enviar proyectos de ley de urgente consideración pero uno por vez, con la LUC se enviaron cuarenta proyectos de ley en forma simultánea.
Colonización es una institución pública que tiene como objetivo esencial la radicación de la población en la campaña rural, con fines de repoblación, explotación en forma colonica evitando entre otras cosas el latifundismo y la extranjerización de la tierra. Tiene algunas características que forman parte de su carta de presentación, de su esencia, de su especificidad. Una de ellas es sin dudas el especial régimen jurídico al que se somete la propiedad de la tierra, pues el concepto de propiedad privada tal como lo conocemos, en su uso común no se aplica en materia de colonización. El colono tiene algunas limitaciones a la libre disposición de la tierra y en caso de pretender negociar el adquirente debe adherirse al régimen de colonización. Queremos enfatizar también que la obligación de habitar el predio es quizás la razón de ser del instituto de la colonización, de ahí proviene su denominación, quitarle esa característica ameritaría modificarle hasta el nombre a la institución, pues ya no habría colonización.

Es una de las creaciones vigentes que de algún modo mantienen en pie parte del ideario artiguista. Nunca tan vigente como hoy la utilidad del impulso tanto de la producción agrícola-ganadera, así como el incentivo de la radicación permanente de poblaciones en el medio rural, como la necesidad de evitar el latifundismo y extranjerización de la tierra como decíamos antes.
Las normas contenidas en la LUC que se han comprendido dentro del referéndum implican un retroceso con los fines y esencia del Instituto Nacional de Colonización. Son dos normas de la LUC que refieren al instituto y las dos están sometidas a referéndum: artículos 357 y 358.
Por el Artículo 357 de la LUC se genera la desafectación automática del Instituto de más de 10.000 hectáreas de campo. Por ello esta norma fue claramente rechazada por las organizaciones sociales vinculadas al sector cuando comparecieron al Parlamento. En vez de fortalecer al INC esta norma genera un debilitamiento en la medida que escapan al régimen jurídico de colonización en forma masiva, una cantidad estimada en 140.000 hectáreas de campo, migrando al mercado privado y si el Instituto quisiera readquirirlas tendrían un valor muchísimo mayor al valor original. El debilitamiento de la institución cuyo objeto central es la administración de tierras rurales en un determinado régimen jurídico si se le quitan una cantidad aproximada de 100.000 hectáreas de campo es notorio.

Por el artículo 358 de la LUC se elimina la obligación de habitar el predio a determinados colonos. Aquí nos encontramos a la desnaturalización más clara y evidente de la institución. Pues la obligación de habitar el predio del colono es tan importante que es parte del nombre del instituto: “colonización”. Es afectar la esencia básica de la institución y sumado a la pérdida de tierras no queda la más mínima duda que es parte de un plan deliberado de debilitar todo el aparato estatal, tal como se delinea con la portabilidad numérica, o modificaciones en materia de capital accionario de empresas públicas o las modificaciones en educación pública. Por ello postulamos con toda convicción que las modificaciones de la LUC a colonización implican retrocesos y reformas absolutamente negativas, invitando a la ciudadanía, sin importar el partido político al que se identifique, a votar por el Sí a la derogación de estos artículos. Dr. Sergio Rodríguez Heredia → Leer más

Tal como fuera informado en nuestras ediciones de los días 8 y 22 de enero del presente año, la Intendencia de Paysandú otorgará bonificaciones especiales a propietarios de inmuebles que durante los últimos años han pagado el tributo de Contribución Inmobiliaria en fecha. En la nota referida se dejaba en claro que “no se trata de una exoneración, como el caso de las motos de hasta 110 cc que a la misma fecha se encuentran al día en el pago de Patente de Rodados, sino de una bonificación especial a aquellos contribuyentes buenos pagadores que se han mantenido al día en el pago de sus obligaciones”.

En efecto, “el decreto 8201/2021 (Régimen Especial de Financiación de Adeudos Tributarios) establece otro descuento para buenos pagadores y, aunque siempre comenzando desde 1995, asigna cinco franjas. El mencionado decreto establece que el porcentaje a descontar se financia con el 30% de lo recaudado por los convenios de adeudos firmados hasta fines de 2021. Considerando lo efectivamente recibido por la intendencia por este concepto, ese porcentaje corresponde a una cifra cercana a los 7 millones de pesos. Lo que se establece es que se debe repartir entre los buenos pagadores, considerando las cinco franjas. De hecho, el 30% se convierte en un monto global que vuelve a dividirse en porcentajes. El 50% se distribuye entre los buenos pagadores desde 1995; 20% a los buenos pagadores desde 2000; el 15% a quienes no se han atrasado desde 2005; el 10% a quienes se mantienen al día desde 2010 y el 5% a los buenos pagadores desde 2015. De nuevo, este descuento es acumulable con los anteriores, de pronto pago y buen pagador. Por lo tanto, en una condición ideal, un buen pagador desde 1995 podrá recibir un descuento del 15%, 10%, en ambos casos tomando por separado como cifra básica el total del tributo, y lo que le corresponda como reparto del 50% de la primera franja de descuento determinada por el decreto 8201/2021.

Ahora bien, hay una restricción establecida por esa resolución. Porque el monto de descuento como buen pagador que determina el régimen especial de financiación, no puede superar el 50% de la quita por buen pagador del sistema anterior. Por esa razón, la intendencia no utilizará todo el fondo de casi 7 de millones de pesos, sino un monto de alrededor de 5,5 millones de pesos”.
Sin lugar a dudas, otorgar beneficios a los buenos pagadores constituye una medida por demás acertada, ya que los mismos han realizado un esfuerzo por cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, permitiendo de esta manera que la Intendencia de Paysandú pueda cumplir con las facultades que le otorga la legislación vigente, incluyendo la propia Constitución Nacional. Existen diversos antecedentes sobre esta clase de mecanismos entre las diversas intendencias departamentos, y en este sentido corresponde mencionar el caso de la Intendencia de Montevideo, la cual comunicó, en diciembre de 2021, que “premiará cada año mediante sorteo hasta 500 cuentas de personas buenas pagadoras de los tributos de Contribución Inmobiliaria, Tasa General, y de la Tarifa de Saneamiento con una exoneración del 100% del monto del tributo o tarifa a pagar durante el año siguiente al sorteo”. A tales efectos se define que podrán ser elegibles las “personas físicas o jurídicas buenas pagadoras de los conceptos Contribución Inmobiliaria y Tasa General, y de la Tarifa de Saneamiento. Se considera buena pagadora la persona que siendo sujeto pasivo u obligada al pago de dichos conceptos, haya pagado en fecha las obligaciones devengadas y exigibles en los 12 meses anteriores al sorteo, y que no haya mantenido deudas impagas respecto a estas en el período considerado, aunque estuviesen convenidas”.

Lo primero que queda en evidencia al considerar la política impuesta por la Intendencia de Paysandú es su falta de racionalidad y la poca sensibilidad que tiene con los contribuyentes sanduceros. En efecto, no se pueden comparar los 37 años transcurridos desde el año 1995 a la fecha con los 12 meses que exige la comuna capitalina. Resulta claro que la utilización del año 1995 como límite temporal no toma en consideración que Paysandú sufre desde hace años una paulatina pero sostenida caída de su actividad económica y de sus niveles de empleo, en parte por la desaparición o la restructura de varias de sus industrias señeras fundadas en la década de los años 40 del siglo pasado. El criterio de la Intendencia de Paysandú deja de lado, asimismo, las crisis que nuestro país ha sufrido en el año 2002 y la más reciente del año 2008, está última como consecuencia de los problemas con los créditos hipotecarios denominados “sub prime” que tuvo en los Estados Unidos pero que terminó afectando a todo el mundo.
Si resulta notorio que diferentes intendencias cuentan con altos niveles de morosidad en lo que parece ser un mal endémico, ¿por qué no se premia a quienes toman la decisión y hacen el esfuerzo de estar al día con sus cuentas? En una entrevista al secretario general de la Intendencia, el abogado Fermín Farinha y el director de Administración, contador Martín Thomasset. publicada el 14 de julio del pasado año en EL TELEGRAFO se afirmaba que “lo principal es que aquellos que cumplen regularmente con sus cargas, sean beneficiados por el sistema, porque el sistema permite que el buen pagador tenga beneficios adicionales. Porque pareciera que el buen pagador es el bobo de la película, el que paga regularmente con vacas gordas o flacas, y en cambio tenemos otro tipo de contribuyentes que, teniendo capacidad contributiva, especula con esas situaciones. Entonces lo que buscamos, por directiva expresa del intendente, es no repetir viejas fórmulas de intentar algo y no concretarlo. Lo que se va a intentar es ir a este formato de plan de regularización y gestión de adeudos”.

Más allá de las bonitas declaraciones de los jerarcas sanduceros antes mencionados, los sanduceros necesitamos hechos concretos para no seguir sintiéndonos “los Nabos de Siempre”, expresión acuñada por el periodista uruguayo Tomás Linn. “Los Nabos de Siempre” son esos miles de uruguayos que tanto hacen por su país y poco le piden. Vale su voto, no los amigos que tienen en el poder. Vale su voz, no su adhesión a un partido. Producen la riqueza y pagan una a una, todas las cuentas, propias y ajenas. Pagan cuando otros reclaman un “perdonatutti”. Pagan cuando otros apuestan a la amnistía tributaria. Son las víctimas de un Estado maltrecho y mal concebido. Trabajan con responsabilidad, realismo y ubicación, ya sea como empresarios o asalariados. No “bicicletean” a sus acreedores y no conciben perjudicar a terceros, pese a que actúan en funciones de sus intereses, legítimos por cierto. Si compran una mercadería, la pagan. Si está fuera de su alcance, se retraen. No deben. Si deben, saldan con puntualidad sus vencimientos. Y si no pueden saldarlos, se desprenden de sus bienes. Fueron las reales víctimas de la crisis y quienes más injustamente la sufrieron”. Precisamente en eso nos hemos transformados los sanduceros buenos pagadores: en los “Nabos de Siempre”. ¿Hasta cuándo?

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Durante su reciente participación en el Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe en San José de Costa Rica, el Ministro de Ambiente, Adrián Peña, reconoció algo que muchos intuíamos, y es que no es negocio para el Estado que el país masivamente se pase a la movilidad eléctrica.
Al cerrar su intervención en el Foro, Peña planteó que se están avizorando dificultades para el momento en que la movilidad eléctrica pase a ser predominante en el país. ¿Dificultades de qué tipo? Pues económicas, por supuesto. Esto se debe a que dejarán de ingresar a las arcas determinados recursos que hoy se colectan gracias a la elevada carga impositiva que tienen los combustibles fósiles.

“Un tema no menos importante es el vinculado con el tema fiscal”, dijo; “en mi país el 50% del precio de los combustibles es impuesto, entonces nosotros estamos con un problema en un salto que queremos dar a la movilidad eléctrica”. Afirmó que “tenemos más del 90% de nuestra matriz energética eléctrica en base renovable, tenemos excedente de energía, pero tenemos un problema para poder financiar el salto a la movilidad eléctrica”. Y agregó que “cuando esto pase y alcancemos esos objetivos nos va a faltar un montón de dinero que está ingresando al fisco por impuestos y eso tenemos que preverlo, eso tenemos que trabajarlo en estas estrategias de mediano y largo plazo”.
No es un reconocimiento menor. Otra lectura –conveniente para quienes desde hace años bregan por la baja en el precio de los combustibles– dirá que es factible reducir estas tarifas achicando el componente recaudatorio. Y les asiste razón. De todos modos no son cosas que no se sepan, porque esos números que muestra el surtidor tienen una forma de definirse que es pública y basta una rápida búsqueda en Google para encontrarla. En el artículo titulado “Composición de tarifa”, Ancap lo explica.

“Desde el primero de julio de 2021, en función de los Informes preceptivos elevados por Ursea y por Ancap, de acuerdo a los cambios introducidos en el mercado de combustibles según la Ley 19.889 (De urgente consideración, más conocida como LUC), el Poder Ejecutivo fija el precio en Planta Ancap (PEP). El PEP sin impuestos es el ingreso neto que percibe Ancap por sus ventas. Sobre el PEP, la Ursea determina los costos de la cadena comercial y fletes: márgenes de comercialización de las distribuidoras, envasado de GLP, fletes, y bonificaciones de las estaciones de servicio. Adicionalmente se agregan los gravámenes a cada producto: tasa Ursea, tasa inflamable (IMM), fidecomiso del boleto, Fudaee (Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética), Imesi, IVA, según corresponda”.
Antes de esa fecha, en la que entró en vigencia la LUC, las tarifas eran propuestas por Ancap y fijadas por Poder Ejecutivo, régimen que sigue vigente para la fijación del precio del Supergás. Aunque en los últimos meses hemos visto que todavía el gobierno dispone de cierto margen de discrecionalidad para la fijación de las tarifas, y no está mal que lo tenga.

También aclara el artículo en la página de Ancap que “desde agosto de 2021 los precios de las Gasolinas y el Gasoil 50 S incorporan el factor X”. Esto refiere mayoritariamente al subsidio del Supergás, que surge como consecuencia de no fijar su precio a la paridad de importación y venderlo por debajo de dicha referencia. Se incluye también un adicional que reconoce el hecho de incorporar 10% de Bioetanol de origen nacional en la Gasolinas.
Veámoslo en un ejemplo, en la nafta súper, que cuesta $ 73,41 por litro. El PEP, o precio en planta de Ancap, es de $ 33,09 y $ 0,65 de margen para el flete secundario, de ahí empezamos a sumar: $ 0,22 de tasa de inflamables de la Intendencia de Montevideo, $ 11,66 impuesto Co2, $ 18,38 de Imesi, $ 0,07 tasa de Ursea, 0,006 de compensación social y otros 9,29 de la “regulación de Ursea con tributos”.
Por supuesto que la electricidad tiene su propio componente de costos, donde destaca como gran diferencia que la logística, es mucho más simple, ya que después de una inversión inicial importante la infraestructura (que hoy no existe) requiere solo mantenimiento, pero ya no se dependería de los fletes de la cadena del combustible. Fletes que además se han incrementado desde que empezó la obra del ferrocarril central, ya que el abastecimiento a las plantas regionales de Durazno y Treinta y Tres se está haciendo en camiones en lugar de trenes, como fue tradicionalmente.

Pero el avance hacia la electrificación es inevitable, por todas las ventajas que supone desde el punto de vista ambiental, y las inversiones en infraestructura tendrán que venir –así como un día se construyó toda la red de estaciones de servicio que conocemos–. Tal vez no será en el corto plazo y en algunos sectores se dilatará más que en otros, porque la huella de carbono –como la del agua– será un factor más que determinará condiciones más favorables para el acceso a mercados internacionales.
Pero claro, en la medida que una parte importante de los ingresos sigan dependiendo de vendernos nafta, tendremos que esperar a que se resuelva el rompecabezas que planteó el ministro Peña para que el Estado sea un jugador decisivo en esta transformación.
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Felizmente lejos de la inexplicable actitud del fiscal de Corte Dr. Juan Gómez, de restarle importancia a la flagrante ilegalidad de una fiscal y la jueza de allanar una radio y el intento de requisar material informativo del periodista Ignacio Álvarez, la Asociación de la Prensa Uruguaya, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), además de la Organización de la Prensa del Interior (OPI) y asociaciones de magistrados, entre otros, condenaron abiertamente el episodio, que deja al Uruguay internacionalmente expuesto a cuestionamientos ante el retroceso en materia de libertad de prensa por la garrafal patinada del Poder Judicial, nada menos. Cabe aclarar que tanto la SIP como OPI son organismos que representan a la prensa escrita y no radial, pero el golpe a la Libertad de Prensa en esta oportunidad ha sido tan grueso que ameritó la manifestación pública de éstos.
La SIP manifestó este miércoles su “preocupación” por el allanamiento en Uruguay de la emisora de radio Azul FM que permitió “requisar el contenido informativo” del periodista Ignacio Álvarez, quien difundió audios sobre el caso que es investigado por la Fiscalía como abuso sexual agravado.
En un comunicado, la organización consideró que “estos episodios pusieron en riesgo la libertad de prensa al afectarse el secreto y el anonimato de las fuentes periodísticas”.
El operativo fue parte de la investigación judicial sobre la difusión de audios íntimos vinculados con un caso que fue denunciado como violación sexual grupal de una mujer de 30 años, ocurrido a finales de enero en Montevideo, por el que ya fueron imputadas tres personas, detalla la organización.
La SIP añade que, a pedido de la fiscal Mariana Alfaro, la jueza Patricia Rodríguez “ordenó el allanamiento del medio” y de la residencia y oficinas de Álvarez. También accedieron a los dispositivos electrónicos del equipo periodístico y al contenido del material audiovisual y las comunicaciones “para conocer la fuente informativa del periodista”.
“Si bien no es tarea de nuestra organización juzgar el criterio editorial de los medios y de los periodistas, sí nos compete pronunciarnos a favor de la protección del derecho a la libertad de prensa y del público a estar informado sin ningún tipo de cortapisas”, señaló en el comunicado Jorge Canahuati, presidente de la SIP.
Canahuati agregó que “el allanamiento a la radio para confiscar materiales probatorios representó una actitud desproporcionada por parte de la Justicia”.
“Los periodistas no somos auxiliares de la Justicia, ni tampoco delincuentes a prima facie como para que seamos atropellados con medidas forzosas que desconocen principios de libertad de prensa”, criticó.
¿Qué pretendía la fiscal con estos allanamientos? De haber cometido un delito al difundir los audios, la Justicia no precisa más pruebas que la grabación del programa de radio –que permanecía en la web con acceso público–, sin necesidad de irrumpir por la fuerza en el estudio de la emisora o la casa del periodista. Otra cosa es intentar incautar material periodístico que como tal no es delito poseer. Por otra parte, la medida extrema significa una clara extralimitación de la Justicia, ¿acaso pensaban encontrar armas de destrucción masiva, o descubrir una banda dedicada al tráfico de drogas, o algo así de grave? No. Simplemente saber cuál es la supuesta fuente del periodista, que en todo caso debería averiguarse por otros medios.
Lamentablemente, no estamos ante un episodio aislado de desacierto, sino que todo indica que hay actores judiciales que han perdido la centralidad de los temas y lo miran a través del cristal de su ideología, simpatía y/o antipatía, incluyendo la desembozada perspectiva de género, en muchos casos, por lo que hay actitudes y fallos que hacen rechinar los dientes, los cuales no resisten un mínimo análisis primario. Las “explicaciones” del fiscal de corte sobre el allanamiento que a su juicio fue pero no fue, lejos de llevar tranquilidad, se centraron en minimizar el operativo dispuesto por la juez actuante a instancias de la fiscal, como si fuera una nimiedad el actuar ilegalmente y perseguir periodistas en ejercicio, buscando incautarse de material para determinar de donde obtuvo información y que revelara sus fuentes, al mejor estilo de las dictaduras de Cuba y Venezuela.
“Pueden quedar tranquilos de que no se va a repetir”, sostuvo el fiscal. ¡Bueno fuera! Pero, ¿qué pasa con quienes se excedieron en sus funciones, pasaron olímpicamente por arriba del artículo primero de la ley que salvaguarda la libertad de prensa y causaron conmoción pública? ¿Queda todo en esa reprimenda que no fue, y se centrará en la defensa a ultranza de intereses corporativos, como prioridad, tal como surge del comunicado de la Asociación de Magistrados Fiscales, que prioriza el estrechar filas en torno a una asociada –nada menos que la vicepresidenta de la gremial– que cometió un error en la aplicación de principios básicos de la ley?
Abogados penalistas por su parte advierten que “medidas como las dispuestas contra la actividad periodística van en línea con la afectación de otros derechos que se viene advirtiendo en el proceso penal, donde de manera sistemática se vulnera el derecho de defensa tanto de víctimas como de imputados, desconociéndose el principio de igualdad de armas en el proceso, entre otras afectaciones constantes de las garantías legales, mediante interpretaciones jurídicas que no controlan los excesos u omisiones en los que incurre la Fiscalía General, tan graves como los ocurridos el pasado viernes”.
El propio periodista Ignacio Álvarez sostiene que “hay jueces y fiscales tendenciosos”, y “casos notoriamente flechados”, y sobre la fiscal involucrada, señaló antecedentes respecto a que tuvo “omisiones imperdonables” en una investigación de homicidio y la “manipulación” de una testigo en otro caso de violación que determinó su apartamiento del caso.
Felizmente, no todas son sombras en el Poder Judicial, y por eso las críticas que justificadamente se formulan deben tomarse como lo que son, un llamado de atención para que desde adentro se corrijan errores y se revierta un rumbo muy peligroso, que afecta garantías fundamentales para la paz social y la propia institucionalidad del país.
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En todos los tiempos las sociedades se han visto impactadas por los adelantos de la ciencia y tecnología, muchos de los cuales hoy forman parte de nuestra vida cotidiana, materializándose en objetos tan cotidianos como celulares, hornos microondas, equipamiento de salud, computadoras o alimentos congelados, entre otros. No obstante, la situación sanitaria debido a la pandemia ha puesto en primer lugar el rol de la ciencia en la sociedad.
Como nunca antes, desde 2020 la ciencia recuperó titulares de los medios de comunicación y segundos, minutos y horas de programas de televisión, haciéndonos un poco más conscientes de que necesitamos de los conocimientos y habilidades de diferentes campos científicos para la construcción y supervivencia de nuestras sociedades.
Sin embargo, subsisten grandes contradicciones y áreas y trabajo invisibilizados por diferentes motivos que hacen que –entre otras cosas– nuestras niñas y jóvenes escasamente elijan estudiar y trabajar en determinados campos de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas, comúnmente conocidas como STEM por sus siglas en inglés.

Se trata de áreas en rápido crecimiento que son vitales para las economías nacionales por lo que contar con personas con habilidades en ellas resulta fundamental para que un país siga siendo económicamente competitivo. No obstante, las mujeres han estado sistemáticamente sub representadas en varios de estos campos.
“A pesar de los notables avances logrados en las últimas décadas, todavía es muy reducido el número global de investigadoras mujeres en el campo de las ciencias. En julio de 2019 la tasa mundial promedio de mujeres investigadoras era de solo 29,3% (Instituto de Estadística de la Unesco), y la brecha se amplía cuanto mayor es el nivel alcanzado en el escalafón. De hecho, solo 3% de los Premios Nobel en ciencias han sido otorgados a mujeres. Algunas de las ocupaciones STEM con mayores ingresos, como la informática y la ingeniería, tienen los porcentajes más bajos de mujeres trabajadoras. Dar a las mujeres igualdad de oportunidades para desarrollar y prosperar en carreras STEM ayuda a reducir la brecha salarial de género, mejora la seguridad económica de las mujeres, garantiza una fuerza de trabajo diversa y talentosa, y evita los sesgos en estos campos y en los productos y servicios elaborados”, señaló la uruguaya María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe al prologar la publicación “Las mujeres en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en América Latina y el Caribe” (2020), que ofrece un amplio panorama de una realidad regional en la cual aún tenemos mucho para avanzar.

En este sentido, destaca que en 2019 la tasa mundial promedio de investigadoras era de solo 29,3% (Instituto de Estadística de la Unesco), y que la brecha se amplía cuanto mayor es el nivel alcanzado en el escalafón. Por otra parte, solo el 35% de estudiantes de carreras de los campos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas son mujeres.
La brecha resulta evidente y comienza a manifestarse cuando se inicia la especialización en la formación académica, es decir, cuando los estudiantes eligen sus carreras de educación superior. “Los presupuestos y las expectativas que poseen los padres, los docentes y los pares influyen sobre las niñas a la hora de elegir sus campos de interés y los estudios que desean realizar para integrarse a la sociedad. Las mujeres también son objeto de prejuicios en los procesos de contratación, ascensos y compensación y, en comparación con los docentes hombres, ellas tienden a dedicarse más a la docencia que a la investigación. Si bien desde hace treinta años que los estudios sobre las mujeres en la ciencia advierten sobre las consecuencias de su exclusión, y que desde hace mucho tiempo que el sexismo sesga las investigaciones, recién en los últimos años los países han comenzado a implementar acciones para reducir la brecha de género en STEM”, señala el estudio.

Agrega que a nivel global, y prácticamente en todos los países del mundo, se advierte que, mientras que aumenta la cantidad de mujeres que se inscriben en carreras universitarias, muchas de ellas continúan abandonando los estudios en los niveles educativos más altos, aquellos que se requieren para emprender carreras profesionales como investigadoras.
Además, la segregación horizontal, tanto en el ámbito educativo como en el laboral, contribuye a reforzar el estereotipo según el cual los hombres poseen un talento natural para la ingeniería y los campos que emplean las matemáticas de manera intensiva, mientras que las mujeres son mejores en los campos basados en la expresión y centrados en el ser humano. A esto se agrega que las mujeres a menudo enfrentan techos de cristal importantes y su representación se reduce a medida que avanzan en sus carreras como investigadoras, lo que significa que la brecha de género se amplía cuanto mayor es el nivel alcanzado en el escalafón (segregación vertical) existiendo barreras institucionales y socioculturales que limitan el desarrollo profesional y el acceso a espacios de toma de decisiones.

En lo que respecta a América Latina y el Caribe, si bien es una de las dos regiones que han alcanzado la paridad en la proporción de hombres y mujeres investigadores (aquí el 45% del total de investigadores son mujeres) persiste la segregación horizontal y vertical y las mujeres investigadoras aún se encuentran sub representadas en los niveles más altos de las carreras profesionales y continúan siendo una minoría en muchos campos de las STEM en casi todos los países de la región. En Uruguay, las mujeres son sólo el 24% de las personas empleadas en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, mientras que en la educación, apenas el 31% de los investigadores en las áreas de ingeniería y tecnología son mujeres, según datos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

Más allá de la inequidad social y académica que esto significa deberíamos preguntarnos qué consecuencias tiene para generación de conocimiento científico la supervivencia de prácticas y sesgos androcéntricos en el corazón mismo de la investigación. Por otra parte, no deberíamos perder de vista a la hora de las decisiones que la ciencia y la tecnología están configurando el futuro y un país tan pequeño como el nuestro no puede dejar de apostar al conocimiento y la innovación: la brecha de género en estas áreas puede afectar nuestra participación en la Cuarta Revolución Industrial.
Mañana es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y como ocurre cada año nos pone este tema a la vista. Sin embargo, es un asunto para tener presente todo el año porque son áreas y sectores en los que se encuentran carreras y campos laborales directamente relacionados con el desarrollo actual y los empleos del futuro. Se trata de áreas que resultan claves para enfrentar algunos de los principales desafíos de la actualidad y los años venideros, tales como la innovación, el cambio climático, la producción de alimentos, la mejora de la salud y el desarrollo sostenible. No es poca cosa. → Leer más

La decisión de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) de no apoyar económicamente a 34 agrupaciones de murga ha generado un inusitado ataque del ambiente carnavalero contra una decisión que ha sido tomada en el pleno ejercicio de las facultades legales y constitucionales que posee esa empresa pública. De acuerdo con lo que informa el portal de noticias M24, La pauta publicitaria del ente estatal “será dispuesta en los ocho tablados más grandes de Montevideo y en los desfiles oficiales que organizan los Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu). Además, apoyará a los carnavales de las localidades de San Carlos, Artigas, Cerro Largo, Bella Unión y Nuevo Berlín”.

De acuerdo con La Diaria, Mariano Solarich, integrante de la murga cooperativa Son Delirante y del Sindicato Único de Carnavaleras y Carnavaleros del Uruguay (Sucau) reconoció que “ninguna empresa está obligada a apoyar”, pero “el carnaval es la expresión popular por excelencia en Uruguay en masividad”, y que “el carnaval es una expresión popular artística y en gran mayoría con tendencia de izquierda, que no significa frenteamplismo, pero el arte en general tiene una tendencia de expresión de izquierda”, agregó en referencia a que en la fiesta hay expresiones “que no son afines al gobierno de turno”. Estas afirmaciones son hijas de la soberbia y desconocen que otras expresiones populares –como la cumbia, por ejemplo– cuentan con más adeptos, al menos fuera de Montevideo, y para eso basta con sintonizar cualquier radio al azar donde rara vez o nunca suenan las murgas que se autoproclaman como los legítimos representantes del sentir popular.

Dichas afirmaciones reconocen el vínculo entre las murgas y la izquierda y por ello el ataque permanente de dichos conjuntos a todo lo que no forma parte de la liturgia frenteamplista. En el año 2017, por ejemplo, la víctima del “humor compañero” fue Mercedes Menafra, viuda del expresidente Jorge Batlle. De acuerdo con lo informado en ese momento por el diario El País, “La murga Momolandia quedó en ojo de la tormenta por un cuplé en que la viuda de Jorge Batlle, Mercedes Menafra, es caracterizada riendo a las carcajadas durante el cortejo fúnebre del expresidente. Desde la murga señalaron que si hubieran sabido la repercusión que tuvo la humorada, le hubieran dedicado más tiempo sobre el escenario”. Resulta ilustrativo que, ante el fallecimiento de María Auxiliadora Delgado, exesposa del entonces presidente Tabaré Vázquez, ninguna murga se burló del exmandatario tal cual debería ser la norma ya que pocos actos demuestran tanta miseria humana como burlarse de alguien que ha perdido un ser querido. Pero claro, para la murga una cosa es si los muertos son frenteamplistas –o de izquierda a secas– y otra si se trata de muertos de otros partidos.

El entonces ministro del Interior Jorge Larrañaga también fue objeto de la discriminación de los murguistas “compañeros” en el año 2021. En este caso la murga “Cayó la Cabra” que se preparaba para las pruebas de admisión del Carnaval 2022 se refirió irónicamente a la muerte del exministro. La Sociedad de Carnavaleros Asociados del Uruguay (Sucau) apoyó en forma expresa a la murga por esa letra contra la memoria del exsecretario de estado. De acuerdo con lo informado por el portal de noticias Telemundo, el hijo del exministro del Interior, también llamado Jorge, salió al cruce de la murga con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

“Es triste que se intente hacer humor con un hecho tan doloroso. Los invito a reflexionar y pedir disculpas. Nuestra familia las va a recibir con gusto. Si Cayó la Cabra está tan interesado en saber cómo murió mi padre, me puede llamar y le saco las dudas”. Resulta curioso, también en este caso, que las murgas nunca se hayan referido en forma irónica al fallecimiento de algunos de sus referentes, ya sea que se tratara de Liber Seregni o Eleuterio Fernández Huidobro. Nuevamente queda claro que para las murgas hay muertos de primera (los frenteamplistas) y de segunda (los que votan a los demás partidos).

Este apoyo de las murgas al Frente Amplio ha sido objeto incluso de estudios académicos por parte de Johanna Paola Vimercatti Salinas, quien en su trabajo “Murgas en la era progresista: Una aproximación a la lírica carnavalera en el cambio de coyuntura política, trabajo que fue presentado en las XVI Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República llevadas a cabo en Montevideo los días 13, 14 y 15 de setiembre de 2017. De acuerdo con este documento, “en definitiva, lo que tratan de hacer estas murgas, principalmente las denominadas murga-pueblo, es persuadir a los espectadores a votar al Frente Amplio”. (…) “Araca la Cana pertenece a las murgas que se denominan murga-pueblo, más precisamente, dicha murga se autodenomina, en sus letras, como una murga de izquierda y que están felices de que en las elecciones nacionales haya ganado el Frente Amplio. Es por ello que la murga advierte que no va a criticar al gobierno frenteamplista, por más que no existe impedimento alguno para hacerlo”. (…) Esta autora recuerda, incluso que “la murga Momolandia en el año 2014, apela a que los espectadores sigan votando al Frente Amplio para no perder todo lo que se ha logrado hasta el momento”. Queda claro entonces que la murga no es una forma de expresión popular, sino exclusivamente un vehículo de propaganda del binomio Frente Amplio – Pit Cnt.

Ante este panorama, entendemos que resulta acertada la decisión de la Intendencia de Paysandú de que las agrupaciones que desfilaron el domingo 6 de febrero no hayan podido tener pasacalles a favor del Sí o del No de cara al referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Mal que le pese a muchas murgas, el Carnaval no es –o al menos no debería ser– un ámbito para hacer propaganda política si se pretende lograr una fiesta verdaderamente popular, para toda la ciudadanía sin distinciones partidarias.

En esencia, la murga es un fenómeno montevideano que se ha tratado de imponer en el Interior como parte de un plan de colonización cultural frenteamplista siguiendo las enseñanzas del filósofo marxista italiano Antonio Gramsci (1891-1937) para quien “La conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados ‘orgánicos’ infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios”. Ese es el verdadero objetivo de las murgas: difundir las ideas funcionales al Frente Amplio, atacar a todos los que no piensen como esa fuerza política y preparar el terreno para la conquista del poder cultural como menciona el referido autor. Para lograrlo, las murgas dividen a los uruguayos entre “ellos” (los no frenteamplistas) y “nosotros” (la izquierda Frente Amplio – Pit Cnt), creando e incentivando el surgimiento y ensanche de una grieta basada en el desprecio a todo el que no piense como ellas. Algo parecido a lo que hacen los partidarios del voto por el SI a la derogación por la Ley de Urgente Consideración (LUC) cuando afirman que “La LUC no es Uruguay” y borran de un plumazo a más de la mitad de la población que eligió a los legisladores que votaron esa norma. Lo llamativo de los murguistas es que, a pesar de sus letras de desprecio, pidan que se les subvenciones sus actuaciones con fondos de Antel, una empresa que se sustenta con impuestos pagados por muchos uruguayos que no son frenteamplistas. → Leer más

Siempre es una buena noticia que el Estado se afloje la soga al cuello –que en realidad es el de todos los uruguayos– mediante la reducción del déficit fiscal, que básicamente es la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta, porque mantener el déficit alto significa la necesidad de contraer deuda y seguir pateando la pelota hacia adelante, para eventualmente hacerse cargo cuando las cosas mejoren (¿?), en una relación causa – efecto interminable.

Bueno, al cierre del año 2021 los uruguayos tuvimos la buena noticia de que el déficit fiscal del gobierno central y BPS finalizó el año pasado en 4,4% del PBI (Producto Bruto Interno), lo que constituye una mejora en las cuentas públicas por segundo año consecutivo. En la explicación oficial esto fue posible gracias a una recuperación de los ingresos y una gestión prudente de los gastos recurrentes, y eso ocurre mientras al mismo tiempo se aumentaron los recursos vinculados a la pandemia, que no solo significó erogaciones en subsidios y para su combate en medidas preventivas y atención, sino que a la vez implicó una fuerte caída de actividad que se tradujo en menor generación de riqueza, más seguro por desempleo y menos fuentes laborales en el sector privado.

Surge de los datos proporcionados al respecto por el Ministerio de Economía y Finanzas que a pesar de la baja del déficit, los gastos destinados a atender la emergencia sanitaria y las ayudas sociales y económicas para los sectores más vulnerables y afectados por la pandemia se incrementaron.

En 2021, los gastos asociados al Fondo Coronavirus fueron de casi el 2 por ciento PBI (el 1,9% más exactamente), unos 1.100 millones de dólares, cifra superior a la del 2020, que fue del 1,3% (720 millones). De éstos, se estima que los gastos directos en salud habrían superado los 400 millones. En materia de políticas sociales, el año pasado hubo un refuerzo de transferencias monetarias a aquellos hogares con menores ingresos, así como refuerzos especiales para aquellos hogares con niños menores a 3 años, que se estima habrían rondado los 300 millones.

El cumplimiento de la meta fiscal, al igual que en 2020, se realizó respetando el compromiso de no aumentar los impuestos, según señala el gobierno central al evaluar orígenes y destinos del gasto estatal.

Debe tenerse en cuenta, para tener la perspectiva de la situación, que los gobiernos anteriores entregaron el gobierno el 1º de marzo de 2020 con un déficit fiscal de más del 5,1 por ciento, pese a que desde hacía ya años venían sosteniendo que se iba a abatir el gasto y el propio exministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori, no cumplió ni por asomo con sus anuncios de que iba a abatir el gasto hasta llevarlo al 2,5 por ciento del PBI para fines de 2019.

El actual gobierno por lo tanto no solo recibió el país con el formidable mazazo de la pandemia, sino con las cuentas en rojo groseramente por encima de lo razonable y con tendencia inflacionaria, desempleo y enlentecimiento de la economía, un presente griego nada recomendable.

El punto es que al fin de cuentas el Poder Ejecutivo sobrecumplió su previsión de finalizar con un déficit de 4,9% del PBI, ya que el resultado, excluyendo el efecto del fideicomiso de los “cincuentones”, mostró un rojo de 4,4% del PBI, solo que equilibrar un déficit fiscal desequilibrado no debe ser una meta, sino un instrumento para llevar cabo políticas económicas y sociales sustentables, como el gran desafío.

Es positivo sin embargo el resultado del sector público a diciembre de 2021, que da cuenta de que bajó el déficit fiscal al cierre del año, con una reducción de 0,7 puntos porcentuales frente al resultado al cierre de 2020, que era 5,1% del PBI.

El comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) detalló que el déficit observado en los 12 meses a diciembre del gobierno central y el Banco de Previsión Social (BPS) fue de 3,9% del PBI. Sin embargo, hay una influencia del fideicomiso de la ley de “cincuentones”, que implicó que el Estado reciba hoy dinero que deberá pagar a futuro vía pasividades, es decir que ese ingreso extra será un mayor gasto hacia adelante. Si se excluye ese efecto, el rojo se ubica en 4,4% del PBI.

En suma, el resultado consolidado del sector público –que incorpora al Banco Central, las intendencias y el Banco de Seguros del Estado–, excluyendo el efecto del fideicomiso, fue de 4,1% del PBI.

Datos complementarios indican que los ingresos del Estado aumentaron 0,1 puntos del producto respecto a 2020, a raíz de un crecimiento de 0,6% del PBI en la recaudación impositiva –que se recuperó tras haber caído el año previo con motivo de la pandemia–, que se contrarrestó con una disminución de los ingresos del BPS de 0,4% del PBI.

En tanto, los egresos del sector público disminuyeron 0,6 puntos del producto: “Los rubros de remuneraciones, pasividades y transferencias disminuyeron 1,1% del PBI en su conjunto (0,3%, 0,4% y 0,5%, respectivamente)”, consignó el MEF.

A su vez, indicó que hubo un aumento de 0,6% del PBI de gastos no personales, “asociado fundamentalmente a un mayor costo de las medidas implementadas para atender la pandemia de COVID-19”.

Por otra parte, las inversiones del Estado presentaron una disminución de 0,1% del PBI, sobre todo por la baja de la inversión pública en infraestructura en los últimos dos años, lo que es considerado por economistas como Javier de Haedo como “una de las razones por las que el déficit fiscal está transitoria y excepcionalmente bajo”.

Estos elementos también deben sopesarse a la hora de la evaluación cuando nos referimos a la sostenibilidad, porque postergar gastos y/o distraerlos de inversiones en infraestructura, no es para nada recomendable y condiciona a la producción, a la logística y a los sectores reales de la economía para la ecuación de costos y la competitividad.

Con el golpe de la pandemia apenas asimilado y recién retornando a niveles de prepandemia en empleo y actividad, ha habido como contrapartida una pérdida de salario real y consecuentemente de las pasividades, que ha sido un precio indeseable a pagar para mantener empleos, porque las empresas distan en general de estar en situación floreciente, y el Estado no afloja a la hora de requerir recursos del sector privado para sostener su funcionamiento, a sus funcionarios, gastos e inversiones.

Por lo tanto llegar a un menor déficit fiscal como escenario más o menos estable es un paso imprescindible, un logro dentro de un panorama comprometido, pero solo como punto de apoyo para poder llevar adelante políticas sustentables de crecimiento, de aumento del empleo sin perder salario real, alentar inversiones y tener adecuados niveles de competitividad no solo en el sector primario, sino también para vender el trabajo de los uruguayos, que es una histórica piedra en el zapato. → Leer más

Uruguay se prepara para un nuevo año lectivo que comenzará el 7 de marzo, con un protocolo asignado en los centros educativos. Los sindicatos empiezan a enviar sus mensajes al Poder Ejecutivo y, si bien en el Interior las elecciones de las horas docentes se llevan adelante con normalidad, en los últimos días adquirió visibilidad la movilización de uno de los sindicatos en la capital del país. Tanto como para generar el hecho político de la intervención de la fuerza pública y que, por algunos días, la opinión pública se mantuviera polarizada.
Por lo demás, quedará por saber si la “nueva normalidad” que trae el 2022 servirá para ganar el terreno perdido durante los meses pasados entre 2020 y 2021. Lo real es que América Latina y el Caribe atravesarán por las mismas inquietudes, en tanto en este continente las escuelas permanecieron cerradas más que en otras partes del mundo.
El Banco Interamericano de Desarrollo estudió los indicadores de escolaridad de países de la región y arrojó como resultado que entre el 30 y el 50 por ciento de los estudiantes de Argentina, Brasil, México y Perú entre 6 y 23 años, no participaron en actividades de aprendizaje o permanecieron desconectados, mientras los centros educativos estuvieron cerrados.
En zonas rurales de Perú, el 11 por ciento de los hogares accedió a plataformas y en Bolivia el 42 por ciento no pudo terminar por no contar con un dispositivo informático. En el otro extremo está Uruguay, donde el 86 por ciento de los docentes aseguró que dio clases en línea.
Sin embargo, la desigualdad está latente en determinadas poblaciones como las mujeres jóvenes en diversos países de la región. Durante el tiempo de confinamiento, aumentaron las horas dedicadas a las actividades del hogar o cuidados y así se amplió la brecha de género.
Incluso es posible pensar que los cierres de locales por la contingencia sanitaria pongan en riesgo las trayectorias educativas. Al menos en Uruguay, es un problema enquistado en la educación medica básica, donde se generó un “cuello de botella” desde hace años y allí permanece.
Es así que en América Latina se vuelve imperiosa la necesidad de apertura de todos los centros educativos, con el fin de retomar la interacción cara a cara con los estudiantes. Y las intervenciones sociales deberán apuntar a los sectores con mayores vulnerabilidades, donde la educación se vuelve un factor relevante para salir de esa zona de exclusión. Desde el año pasado se observa voluntad de las autoridades para el cambio en los sistemas educativos de la región, entre los cuales se encuentra Uruguay. La experiencia de dos años de pandemia, la propia resiliencia humana y la creatividad deberán apuntar los esfuerzos a esa “imprescindible reforma educativa”, tal como la define el presidente del Codicen, Robert Silva. Seguramente, habrá algunos escollos para salvar en el camino donde el diálogo –que no significa ceder espacios– deberá ser fundamental para que las transformaciones sean posibles y se vean en el territorio.
El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, ya anunció que el futuro es híbrido. “No vamos a volver nunca a una educación puramente presencial, ni se va a cumplir la fantasía que alguna gente pudo tener en algún momento, de una educación 100 por ciento virtual y que la presencialidad desaparezca. No va a pasar ninguna de las dos cosas”.
Es que durante los meses de presencialidad, las autoridades comprobaron que los estudiantes de diversos niveles continuaban conectados a las plataformas. El observatorio del Plan Ceibal constató que durante el primer año de pandemia, se duplicaron las conexiones con respecto al año anterior –que fue prepandemia– y continuó en ascenso durante el año pasado. Con la particularidad de que algunos colegios privados se sumaron a esa plataforma.
En tiempos de vacaciones, donde antes se colgaban los cuadernos y lápices hasta el retorno a clases, se registraron ingresos a las aulas virtuales de Ceibal, con más de mil accesos una vez finalizado el ciclo escolar a fines de diciembre pasado.
Es decir que los dispositivos informáticos mantienen su atractivo y la pandemia aportó datos relevantes a ser incluidos en las nuevas formas de enseñanza, con la posibilidad de un aumento de la carga horaria en los aprendizajes, sin que implique un incremento en el trabajo docente. La práctica se impuso a la teoría y las nuevas generaciones indicaron el camino hacia el modelo híbrido, a pesar de las enormes dificultades que se registraron en 2020, con sobrecargas y una menor accesibilidad.
En medio de estas cuestiones resuenan los resultados de algunas pruebas, como PISA, que se llevan adelante en más de 60 países por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y que, por la pandemia, en vez de efectuarse en 2021, se postergaron para este año.
Un dato de la realidad indica que en Uruguay bajó la repetición en Primaria, desde 4,7 por ciento en 2020 a 4,4 por ciento en 2021. Sin embargo, cuatro de cada diez estudiantes egresan de la Educación Media Superior. Por tanto, es ineludible conocer dónde se encuentra la barrera que impide el avance y eleva los guarismos de repetición y abandono, en pleno siglo XXI.
La necesaria transformación educativa se demuestra en las comparaciones y Uruguay sigue por debajo del promedio en lectura, ciencia y matemática. Los años siguientes marcarán una tendencia y la brecha puede ampliarse, al compararse con otros países de América Latina. Porque el porcentaje de estudiantes sobresalientes uruguayos es muy inferior al promedio de la OCDE y a su vez, los resultados deficientes son muy superiores a ese mismo promedio.
Es indiscutible la necesidad de atar resultados y trayectorias educativas a la futura fuerza laboral y productiva del país, que repercutirá en nuevos índices de desarrollo económicos y humanos. En los últimos años, el fracaso ha sido bastante más político que del propio sistema educativo, porque el ámbito público atiende a más del 80 por ciento de los estudiantes de Primaria y Secundaria.

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La denuncia presentada en las últimas semanas sobre una situación de una violación en grupo en la ciudad de Montevideo ha despertado lógicas y esperables reacciones en distintos ámbitos de nuestra sociedad. Uno de los primeros en formular declaraciones fue el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para quien se trató de una “asqueante y aberrante situación” para la cual pidió una sanción “ejemplarizante” para estos actos “que no son propios del ser humano, ni son propios en este caso del género masculino”. “Nos debería dar vergüenza y rechazar contundentemente este tipo de situaciones”, añadió en esa línea el mandatario.

Si bien resulta claro que una situación de ese tipo merece la más enérgica condena, tampoco podemos desconocer que todos los habitantes de nuestro país gozan del principio de la presunción de inocencia (toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad) y del derecho al debido proceso legal, ya que “nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal” tal como lo dispone la Constitución Nacional. Por su parte, el artículo 4 del Código de Proceso Penal reza que “ninguna persona a quien se le atribuya un delito debe ser tratada como culpable, mientras no se establezca su responsabilidad por sentencia ejecutoriada” mientras que el artículo 1º de la misma norma dispone que “no se aplicarán penas ni medidas de seguridad sino en cumplimiento de una sentencia ejecutoriada, emanada de tribunal competente en virtud de un proceso tramitado legalmente”.

En medio de la lógica ola de indignación que genera un hecho de estas características el Estado, a través del Poder Judicial, debe proteger los derechos a un juicio justo para las personas que han sido acusadas de un delito determinado, sin importar la gravedad o el rechazo social que genere.

Es claro que en una tormenta de emociones resulta difícil mantener la racionalidad y siempre surgen, de manera más o menos veladas, incitaciones a la justicia por mano propia en sus más diversas versiones. Lo cierto es que la existencia de un Poder Judicial independiente y las propias garantías del debido proceso son fundamentos de vital importancia para un régimen democrático, ya que el derecho es precisamente lo que hace posible la convivencia entre las personas, aún de aquellas que tienen intereses contrapuestos y aún de aquellos que han vulnerado los derechos de los demás. Es precisamente en esa línea que el filósofo italiano Norberto Bobbio define justicia como “el conjunto de los valores, bienes o intereses para cuya protección o incremento los hombres recurren a esa técnica de convivencia a la que sabemos dar el nombre de derecho”.

Formuladas estas apreciaciones, corresponde separar por un lado los hechos que dieron origen a la denuncia de violación grupal (los cuales se encuentran a estudio de la justicia y seguirán el trámite que las leyes vigentes dispongan al respecto) y por otro lado la decisión judicial de allanar el domicilio particular del periodista Ignacio “Nacho” Alvarez y de Azul FM, la radio a través de la cual fueron difundidos audios relativos a la mencionada denuncia. Si el periodista mencionado violó alguna ley vigente, debe ser objeto de los castigos previstos por la misma, pero la decisión de llevar adelante tales allanamientos es “harina de otro costal” y va más allá de la situación particular del periodista y al medio involucrado. Hacer cumplir la ley es una obligación del Poder Judicial, pero perseguir periodistas y allanar medios de comunicación es algo muy diferente.

En efecto, tales allanamientos constituyen un ataque frontal, directo e inequívoco a la libertad de prensa, la cual se encuentra expresamente protegida por la Constitución de nuestro país cuyo artículo 29 establece que “es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren”. No podemos olvidar que la libertad de prensa constituye uno de los pilares de la democracia y por ello resulta de vital importancia que no sea coartada y que los periodistas no sean perseguidos tanto por expresar sus opiniones como por hacer su trabajo. Las medidas dispuestas constituyen una suerte de “apriete” no sólo para el periodista puntualmente involucrado sino para todo el periodismo y para todos los medios de nuestro país, una extralimitación de la Justicia que con o sin intencionalidad, marca claramente un antecedente peligroso para los medios, una medida extrema que no se recuerda desde los años más oscuros de nuestro pasado reciente.

Los allanamientos mencionados dieron lugar a diversas reacciones en las redes sociales. En Twitter, el diputado colorado Ope Pasquet afirmó lo siguiente: “La ley dice que los periodistas tienen derecho a guardar secreto acerca de sus fuentes de información. Ese derecho es una cáscara vacía si se puede incautar el celular, la computadora o los papeles o archivos del periodista. Estimo que en el caso Álvarez, la Justicia se excedió”. Analía Piñeyrúa (integrante de la Corte Electoral) expresó que “el allanamiento a un medio de comunicación y a la casa de un periodista es un hecho muy grave que atenta contra principios básicos de la democracia, la libertad de expresión y, en el caso específico del periodista, la reserva de la fuente. La Fiscalía nos debe una explicación”. Mientras tanto varios periodistas también se manifestaron en contra de los allanamientos. “Esto también es un disparate”, El periodista y presidente de la Asociación Uruguay de la Prensa (APU), Fabián Cardozo afirmó que eran un “disparate” a pesar que la propia APU había emitido un comunicado con discrepancias sobre la actitud de Álvarez por la difusión de los audios. Nicolás Nuñez, periodista de Telenoche, sostuvo que “un periodista ante la Justicia es una imagen negativa pero se asume que puede ser parte del oficio, e incluso, una consecuencia de nuestros actos”.

“Un allanamiento a un medio de comunicación y el secuestro de computadoras es mucho más potente y una pésima e inapropiada señal”. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el artículo 1º de la Ley 16.099 de 3/11/89 respalda claramente el derecho del periodismo a no divulgar su fuente al establecer que “Los periodistas tendrán el derecho a ampararse en el secreto profesional respecto a las fuentes de información de las noticias que difundan en los medios de comunicación”.

En el mes de mayo del presente año la Unesco y la República de Uruguay acogerán la conferencia mundial anual del Día Mundial de la Libertad de Prensa en un formato híbrido en Punta del Este. Ante los sucesos mencionados, podría creerse que tal evento se trata de una broma de mal gusto, pero en realidad sería una “buena oportunidad” para “explicarle” al mundo cómo Uruguay “protege” la libertad de prensa allanando el domicilio de los periodistas y de los medios de comunicación, algo extremadamente preocupante en un país como el nuestro. → Leer más

Des inclusión financiera del pago de salarios. Libertad… para los empresarios
La Ley Nro. 19.889 de 9 de Julio de 2020 (en adelante “la LUC”) introduce entre modificaciones a la Ley Nro. 19.210 de 29 de Abril de 2014 denominada Ley de Inclusión Financiera. Nos interesa específicamente en esta oportunidad relevar solamente el Artículo 215 de la LUC que modifica el Art. 10 de la mencionada ley que establecía que el pago de las remuneraciones de naturaleza salarial debía acreditarse en cuenta bancaria o instrumento de dinero electrónico.

Decía el Art. 10 de la Ley Nro. 19.210 en su redacción original: “El pago de las remuneraciones y toda otra partida en dinero que tengan derecho a percibir los trabajadores en relación de dependencia, cualquiera sea su empleador, deberá efectuarse a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico, en instituciones que ofrezcan este servicio, en las condiciones establecidas en la presente ley y en consonancia con las disposiciones complementarias que se dicten para reglamentarla”.

El Art. 215 de la LUC establece modificando la redacción de aquella norma y dispone: “Sin perjuicio de la modalidad de pago en efectivo, el pago de las remuneraciones y de toda otra partida en dinero que tengan derecho a percibir los trabajadores en relación de dependencia, cualquiera sea su empleador, podrá efectuarse a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico, en instituciones que ofrezcan este servicio, en las condiciones establecidas en la presente ley y de conformidad con las disposiciones complementarias que se dicten para reglamentarla”.

El Art. 215 de la LUC se encuentra dentro de los 135 artículos que se habrán de someter a referéndum el próximo 27 de marzo. Corresponde entonces comentar por qué se convoca a votar por él SI a la derogación de este artículo.
En debate realizado en programa radial “No toquen nada” que se emitió por FM Del SOL el 13 de julio de 2020, el Senador Bergara señalaba como objetivos de la ley de Inclusión Financiera “el mayor acceso a los servicios financieros por parte de la población, sobre todo familias de escasos ingresos, cambio sustancial en la modalidad de pagos impulsando los electrónicos, el impulso al préstamo de viviendas para jóvenes, el pago de remuneraciones salariales, honorarios profesionales lo que aumento la transparencia, formalización y acceso a los servicios financieros”. La bancarización es una tendencia natural a nivel mundial, que podrá tener atenuaciones, pero solo advirtiendo como en los hechos se presenta el avance de los medios informáticos, la seguridad y transparencia que estos brindan puede concluirse que legislar en sentido contrario es notoriamente negativo. Es un retroceso de modo general, y es doblemente retroceso analizado desde una óptica estrictamente laboralista de la cuestión.
La modificación realizada por la LUC, que parte de la base de una supuesta “libertad” del trabajador establece que este pueda optar por el modo de pago de su salario es en realidad perjudicial para sus intereses. La LUC considera que trabajador y empleador se encuentran en igualdad de condiciones para contratar, en una visión civilista totalmente equivocada; y en ese contexto de supuesta igualdad el trabajador puede elegir el modo de pago de su salario. La modificación de la LUC parte de una premisa absolutamente irreal, incoherente, que se contradice con la esencia misma de las relaciones de trabajo. La visión y análisis político que realiza el oficialismo en la defensa de este artículo no se condice con la realidad, es más, es una visión miope de la realidad. Demuestra desconocimiento de cómo funcionan las relaciones laborales, demuestra desconocimiento de la realidad, de las necesidades de quién es la parte vulnerable de la contratación laboral. Demuestra desconocimiento de la realidad del trabajador, de sus condicionamientos, de sus urgencias. Nos preguntamos y planteamos: ¿Qué margen de negociación tiene un trabajador al iniciar una relación de trabajo?

Ninguno. Quien solamente dispone de su fuerza de trabajo para aplicarla a alguna actividad física o intelectual a cambio de una prestación económica que constituye su principal ingreso económico medio de supervivencia suya y de su familia, no tiene la “libertad” que supone la LUC, lo que tiene es necesidad.

Está claro que la real libertad es nada más ni nada menos que del empleador. La Ley de Inclusión Financiera significó sin dudas un avance en los derechos de la parte trabajadora, que implicó además un empuje hacia la formalización de las relaciones laborales. Y la LUC vino para destruir.

Comentando las modificaciones de la LUC decían: “Este cambio de rumbo, que responde a los intereses de algunos sectores empresariales, fue claramente en detrimento de los trabajadores y los sectores históricamente excluidos del sistema financiero; y fue beneficioso para aquellos que prefieren menos control sobre sus actividades”; por Aníbal Peluffo y Soledad Giudice artículo publicado en “El Popular” 21 de abril de 2021.

De todas formas ha trascendido en los medios de prensa que en los diversos sujetos del sistema de intermediación financiera las cuentas sueldo lejos de disminuir han aumentado. En el BROU las cuentas de sueldo aumentaron casi 60% entre enero del año pasado (770.808) y setiembre de 2021, alcanzando 1.208.480.

Este aspecto releva una vez más que la LUC no es una buena Ley, pues más allá de su fundamentación técnica (que puede compartirse o no) en los hechos la realidad se da de bruces con los propósitos de la Ley. La LUC legisla en una dirección y la realidad va en otra dirección. Por ello retomamos los conceptos introducidos en el examen de los artículos de seguridad; decíamos la LUC es la Ley del derecho penal simbólico pues aplica supuestos delitos nuevos que en realidad son repetición de delitos ya existentes.

Este es un plan deliberado por parte del estilo de gobierno: de generar relatos de supuestas transformaciones que en realidad no son tales. Como se examinó para defender la des inclusión del pago de salarios fundamentarlo una supuesta libertad de optar que el trabajador tendría es realmente insostenible y es una grosera exhibición de ignorancia de la realidad. Es insostenible desde todo aspecto, porque quien busca una relación laboral no tiene fuerza suficiente de negociación porque es la parte débil del contrato y esa es la razón de ser de la existencia nada más ni nada menos que del Derecho Laboral. Dr. Sergio Rodríguez Heredia → Leer más

La eventual derogación de la ley en su artículo 357, atentaría contra derechos adquiridos por miles de personas a lo largo y ancho del país.
En mi calidad de escribana estoy indignada de ver las injusticias que se llevaron a cabo con productores pequeños de nuestro país, la mayoría con una economía familiar, que con mucho esfuerzo a lo largo de años y años de trabajo pudieron ahorrar y al fin adquirir sus tierras llegando al título de propiedad, con dos organismos que actuaron como vendedores en ese entonces: la Comisión Asesora de Colonización y la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay. Esta gente, compradores o promitentes compradores, que nada tenían que ver en ese entonces con el Instituto Nacional de Colonización, sufrieron –digo bien, sufrieron–, la dañina equiparación al igualar su régimen de tenencia de la tierra con el instituido por la ley 11.029 del Instituto Nacional de Colonización causándoles graves perjuicios.
Intentaré explicar lo que sucedía antes de la Ley de Urgente Consideración y por qué motivo, a mi parecer, esta ley es muy buena en su solución y debemos bregar para que no se derogue el 27 de marzo del corriente año.

Esa equiparación se dio a nivel normativo por dos leyes: la número 18.187 del 2 de noviembre del año 2007 (artículo 15) y la número 18.756 de fecha 26 de mayo de 2011. ¿Qué significó esta equiparación? Que para enajenar un predio por cualquier título traslativo, si en el proceso dominial aparecía la Comisión Asesora o la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay, tenían, esos pequeños productores, que pedir autorización al Instituto Nacional de Colonización, cuando nunca tuvieron nada que ver con ese organismo y no solo eso, sino que además solo se les concedía la mentada autorización si el que adquiría la fracción de campo era colono. De lo contrario, no se podía vender, hipotecar, ni hacer ningún acto con ese inmueble. Algo absolutamente limitante al derecho de propiedad, a la libre circulación de los bienes, a los derechos adquiridos.
¿Por qué razón digo esto? Porque productores, que antes de darse esa equiparación, podían vender, permutar, arrendar, dar en comodato y en cualquier forma de disfrute su predio, sin tener que pedir autorización al Instituto Nacional de Colonización, ya que nada tenían que ver con ese régimen, por dos leyes se los ingresó en él y se les limitó su derecho, ya que solo podían venderle a un colono, que, como sabemos, no es gente que disponga de dinero para comprar tierras, en la generalidad de los casos.

Eso significó que el valor venal de la propiedad (estamos hablando de fracciones chicas, de productores pequeños, no de grandes latifundistas), que se encontraba en esas condiciones, baje de forma considerable, con el daño que eso causó, por una ley que de interés general, en el aspecto que comento, no tenía nada. Esos chacareros sufrieron perjuicios no solamente al tiempo de enajenar sino al tiempo de sacar un préstamo, ya que esos títulos de propiedad en la generalidad de los casos no eran aceptados ni por los bancos ni por los particulares, por las limitantes que presentaban. Se encontraron que sus chacras, no valían nada. A nivel de todo el país se hicieron sendos recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, atacando las dos leyes mencionadas, saliendo gananciosos, pero como sabemos eso tiene efecto frente al sujeto que se presentó en la acción de inconstitucionalidad, no siendo una solución a nivel general, que solo por ley se puede arbitrar.

La ley de urgente consideración número 19.889, que hoy está vigente y que en marzo será sometida a la decisión de la ciudadanía, llegó para dar solución a estos inconvenientes.
Lo que dice esta ley respecto al tema está consagrado en la Sección VI relativa al “Sector Agropecuario”, Capítulo I, cuando se refiere al Instituto Nacional de Colonización. El artículo 357 declara expresamente desafectadas las parcelas que integran las colonias que hayan sido enajenadas o prometidas en venta por la Comisión Asesora de Colonización o la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay.

Este artículo fue reclamado por muchísimos chacareros a lo largo y ancho del país, pidiendo una respuesta al Gobierno para que se los deje fuera de un régimen al cual nunca pertenecieron, y que conculcó sus derechos de una forma atroz. Cuando decimos “No” a la derogación de la ley de urgente consideración, aspiro a que como uruguayos nos saquemos las banderas políticas partidarias y veamos la solución que se da a los problemas concretos de la gente, decimos que ese No a la derogación, significa ni más ni menos que el respeto a los derechos adquiridos por miles de pequeños productores que, con muchísimo sacrificio se hicieron de esas fracciones de chacra y que hoy se encuentran con que se les respeta la libertad de contratar con quien quieran y en la forma que quieran, sin tener que pedir autorización a ningún organismo del estado; en definitiva el respeto a la libertad de circulación de los bienes y al derecho de propiedad, que en este tan aclamado artículo 357 está consagrada de forma tajante y lo debemos defender, siendo un pilar fundamental de nuestro sistema democrático y republicano, consagrado constitucionalmente en los artículos 7 y 32 de la Constitución de la República. Quien quiera disfrutar de la libertad, debe saber el valor del sacrificio de mantenerla y defenderla y en esa senda, estaremos siempre.
Esc. Sabrina Buono → Leer más

Pensando en las cosas que no se llegan a entender bien pero que sin dudas tienen una explicación oculta y cercana, me vino a la mente la palabra “inconsistencia” y como base la tomo para desarrollar este tema.

Al final de un rápido vuelo por sobre lo cotidiano (que lo tenemos más cerca) veo que como explicación más simple a la existencia de hechos disparatados, su aceptación, su repetibilidad y su casi perpetua permanencia sin discusión, es que como base funcional estos hechos y/o eventos están todos bañados por la inconsistencia impalpable (emocional, filosófica, cultural, religiosa, del pensamiento o de la falta de él….)
¿Qué sería entonces la inconsistencia? ¿Falta de análisis, de responsabilidad, de lectura correcta de los hechos; superficialidad, frivolidad, desajuste en la percepción de lo justo versus injusto, correcto versus incorrecto, bueno versus malo? No tengo formación suficiente para profundizar en este tema así que me valdré de los ejemplos del día a día.

Un día un buen señor recibe el mando del país después de finalizada una elección constitucional y correcta. Junto a él asumen poder y cargos sus compañeros de partido, de coligaciones, de arreglos, etcétera. Resulta que este buen señor tenía un pasado borrascoso, así como también sus compañeros. Era un pasado asentado en la ilegalidad, en la fuerza bruta, en la falta de valores constitucionales y morales y hasta de la vida misma, pues su
movimiento filosófico/revolucionario trajo la muerte a muchas personas, una dictadura por consecuencia y un atraso cultural, de comportamiento y económico de consideración.

¿Y dónde está la inconsistencia?
Un país con “consistencia” en sus valores básicos no permite que se acepte la postulación de individuos de este tipo para gobernantes. ¿Será pedir mucho que los fuera de la ley tengan algunos derechos civiles suspendidos de por vida?
¿Entonces la democracia es un recinto donde trabajadores, estudiosos, criminales, vagos, avivados, obedientes, incapaces, creativos, violadores, secuestradores, todos deben vivir juntos disfrutando de los mismos derechos, obligaciones y tolerancia?
Si así es, tenemos que este sistema es inconsistente y no nos llevará a ninguna parte, en otras palabras, seguiremos andando en círculos, tiempos malos, otros mejores, pero la elevación permanente de estándares, nunca.
Entonces yo, en mi ruda y simplista óptica entiendo que las leyes siempre fueron hechas por bandidos y para bandidos. ¿Salvo excepciones que las hay, por qué la empresa pública y la política son guarida de incapaces, haraganes, prepotentes, mal preparados, inconsecuentes, ladrones, improvisadores y de todo lo que no sirve?

¿No debería ser el empleo público el más honorable? ¿No deberían ocupar los puestos públicos los más preparados, los más trabajadores, los mejores pagos, los más creativos, los más realistas, los más honestos? Entonces si no es así es porque la inconsistencia del sistema está por encima de cualquier virtud.
Bueno, no deberíamos ser tan radicales y volemos un poco en el pensamiento.
Veamos que todo es plástico y moldeable.

¿No hay belleza en defender a un bandido?, ¿no hay una magnitud extradifícil de tocar y única que provoca la embriaguez en el sopor de identificarse con lo malo? ¿No es importante mantener lo malo para despertar todos nuestros sentidos? ¿Acaso defender a los malos no sirve para llevar el pan de cada día a la mesa de su defensor? ¿Acaso el defender a los malos no rinde para poder darle buena educación, bienestar y diversión a los hijos de los defensores?
Parecería que estamos en un equilibrio soberano donde el bien y el mal deben caminar juntos y los dolores ser festejados con sonrisas de aceptación y beneplácito.

Entonces la clave del asunto es sufrir, sufrir todos los días, sufrir todos, hacer de nuestra propia inconsistencia un payaso para que al vernos en él nos riamos todos y en giros de ternura auto tolerante aceptemos nuestras desgracias.
¿Por qué las neurocirugías no pueden ser hechas por podólogos? ¿Por qué de repente nos ponemos en una situación de exigir “consistencia” en el dominio del conocimiento sobre funciones y actos específicos? Parecería que por arte de magia nos cambiamos un chip y ahora somos inteligentes o conscientes y tenemos miedo que algo salga mal.
Pero regresemos al punto donde comienza la discriminación, la falta de libertad y la agresión que haremos contra el individuo aquél que no le permitimos hacer la neurocirugía.
¿Qué será de su mente y su futuro al recibir ese impacto innecesario y discriminatorio de no dejarlo practicar una cirugía para la cual no cuenta con habilitación profesional?
¿Hasta qué punto él no estaría preparado para hacer esa cirugía ?, ¿y si la mano de un Dios estuviera guiando ese acto quirúrgico, por qué impedirlo?
Entonces digo… ¿por qué ser tan intolerantes?
¿No pensamos ni por un minuto siquiera que estaremos también por añadidura maltratando a miles de personas que como él viven en un limbo de desconocimiento e improvisación? Mucha maldad ¿no?
Y así podríamos seguir hilvanando razonamientos hasta el cansancio.
El hecho es que la inconsistencia de nuestros sistemas es descomunal, demasiado abarcativa, demasiado corrosiva, y el principal sujeto de la historia que es el individuo y su individualidad, ha sido puesto en segundo plano, bajo el dominio de los más, de las fábulas de las teorías organizativas de la sociedad.

¿Y ahora qué?

Analizando los hechos tales como pegarle a un maestro, desconocer dictámenes del Contencioso Administrativo, sindicatos entrometiéndose en las normas de una institución, reos con celulares en la celda, barrios con autoridad propia corriendo a la policía, gobernantes estipulando impuestos y fijándose sus salarios, pérdidas negligentes y robos en la administración pública sin puniciones, fijar impuestos inflacionarios y recesivos, cultivar lo políticamente correcto, el tema género, procrear sin preparación ni sentido y miles de otros ejemplos que ocuparían páginas, nos muestra que padecemos de una inconsistencia ya hereditaria, expandida y consolidada en nuestras mentes y sistema comportamental.
Si bien todos en la estructura de nuestra personalidad podemos tener zonas más o menos frágiles, a mi juicio el crecimiento de la inconsistencia de nuestra sociedad no se produjo por obra de magia.

Fue producto de la importación del pensamiento ajeno a nuestro medio y cultura, la nefasta introducción del socialismo/comunismo a los inicios del siglo pasado.
En el Uruguay de sus primordios, las fracciones y/o grupos políticos que definirían el país, lucharon entre sí en humanas contiendas por defender territorios, propiedades, intereses personales, poder y tantos otros motivos.
Pero fue un primitivismo natural de un territorio en gestación.

El socialismo/comunismo es el producto de una mayúscula inconsistencia del pensamiento llevado a la sociedad en forma de novedad y solución filosófica, para orientar los movimientos políticos con fines específicos de dominación a futuro. (Vea ahora el plebiscito).
La inconsistencia es parte de la estructura del hombre pero la diferencia la hace el grado.
Cuando los absurdos crecen la desgracia acampa.

Me agradaría cerrar este escrito con una visión optimista, pero es hasta difícil de creerlo. Conformémonos con los ciclos mejores como aliento para continuar, porque la disminución de la inconsistencia uruguaya si bien es posible, sólo la veremos en un horizonte lejano.
No se desestimule estimado lector, puedo estar equivocado como de aquí a la ínclita Wuhan.
Rodolfo Angel
Beccaría Pesce → Leer más