Opinión

Tras el hidrógeno verde

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, lidera una misión oficial en Europa que, entre otros cometidos pretende presentar a Uruguay como destino de proyectos de inversión en el denominado hidrógeno verde.
“Vamos con la expectativa de entablar lazos con empresas privadas e instituciones estatales que ya están trabajando en el desarrollo del hidrógeno y la electromovilidad. La finalidad es dar a conocer las políticas que estamos poniendo en práctica en el marco del programa H2U, tanto a las instituciones gubernamentales europeas que implementan programas de apoyo a este tipo de iniciativas, como a nivel privado, para que luego eso se traduzca en inversiones concretas”, dijo el ministro antes de partir desde Montevideo.

Efectivamente, en las últimas horas Paganini informó que durante la gira antes mencionada participó en reuniones con autoridades de Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y de la Agencia Internacional de Energía (AIE). Asimismo, mantuvo encuentros de índole privada con empresas interesadas en la descarbonización, tema sobre el que sostuvo que el hidrógeno verde jugará un papel importante, por lo que Uruguay podría incorporarse.
¿De qué se trata este movimiento del gobierno uruguayo? El llamado hidrógeno verde no es nada nuevo. Recordemos por ejemplo que el primer motor de combustión funcionó con hidrógeno y también fue utilizado en naves espaciales de misiones de la NASA. En realidad es el elemento químico más abundante en el universo. Tanto las estrellas como el Sol están formadas principalmente de este gas, que también puede tomar estado líquido y tiene el triple de energía que la gasolina pero se trata de energía limpia, es decir, no contamina ya que solo libera agua en forma de vapor, y no produce dióxido de carbono.
En definitiva se trata ni más ni menos que del sueño de una economía verde basada en el hidrógeno como combustible, una forma de descarbonizar, de dejar de generar gases de efecto invernadero –provenientes de combustibles fósiles– y avanzar hacia otra alternativa cien por ciento sostenible para generar energía.

La visita de la misión gubernamental a Europa no es fortuita ya que la demanda de hidrógeno renovable en esa región del mundo será masiva en las próximas décadas. No obstante, el continente tiene espacio limitado y menos disponibilidad de recursos que América Latina para su producción, por lo que algunos organismos internacionales están empezando a señalar la posibilidad de que los países latinoamericanos puedan desarrollar proyectos de producción de hidrógeno renovable como un camino no solo viable sino económicamente redituable dada su gran posibilidad de uso en sectores como la navegación y el transporte aéreo.
En este sentido el ministro Paganini dijo que los volúmenes de exportación pueden llegar a ser muy grandes para el período 2030-2035 y que Uruguay puede generar un rubro de exportación nuevo en el mediano y en el corto plazo, y debe establecer algún proyecto piloto para el uso local del hidrógeno, que también es necesario para descarbonizar nuestra propia matriz.

Asimismo, cabe recordar que a partir del próximo año Uruguay implementará un proyecto piloto orientado a camiones de carga, con uso de hidrógeno a pequeña escala, para contribuir así al aprendizaje sobre el uso de ese tipo de energía. Es un proyecto importante en sí mismo con en el potencial de generar un aprendizaje de los procesos que los sustentarán. La elección del sector es adecuada ya que si bien solo el 4% de la flota uruguaya está compuesta de camiones, éstos generan el 40% de las emisiones.
Esto es relevante, teniendo en cuenta que actualmente el transporte representa los dos tercios del consumo de combustibles fósiles en Uruguay. Estos, a su vez, componen el 37% de la matriz energética total, según la información del gobierno, que considera que el hidrógeno verde será clave en la descarbonización del transporte de carga, así como en la de la industria.
Por otra parte, se apuesta a una participación público-privada de largo aliento que sitúa al hidrógeno verde como clave en la segunda transición energética de Uruguay y para su posicionamiento como proveedor y exportador del mismo y sus derivados.

En principio la propuesta tuvo muy buena recepción a nivel nacional ya que en junio pasado el MIEM informó en el IV Foro Económico “La descarbonización de la economía y el potencial del hidrógeno verde” sobre la existencia de más de 30 interesados privados en participar en una convocatoria pública para llevar adelante la iniciativa de que Uruguay se convierta en productor y exportador de hidrógeno verde. También se han acercado proyectos de más porte por fuera del plan piloto, orientados a la exportación y a aplicaciones como la producción de fertilizantes verdes y de energía para flota pesquera.
Es evidente que nuestro país presenta ventajas y potencialidades para convertirse en productor y exportador de hidrógeno verde. Entre ellas, pueden mencionarse la existencia en abundancia de fuentes de energía renovables.
Por otra parte, Uruguay ya ha realizado su primera transformación, que hoy permite que el 97% de su matriz eléctrica sea renovable, un logro sustentado en el trabajo de varios años anteriores, que nos ubican en una destacada posición en comparación con los países de la región y como referencia internacional en la materia.

Otra ventaja es la complementariedad entre la energía solar y la energía eólica que disponemos, lo que no ocurre en zonas de países como Chile o Argentina.
Según la información proporcionada por el ministro, solo si se toma en cuenta lo que ocurre onshore –en tierra–, nuestro país tiene la capacidad de producir 20 veces más energía eólica, y si le suma lo offshore esta cifra puede superarse. En cuanto a la energía solar, se puede multiplicar hasta por 100. “Es nuestra primera ventaja comparativa”, dijo Paganini, quien añadió que la segunda es nuestra estabilidad jurídica e institucional.
En definitiva, la meta de nuestro país de descarbonizar su matriz nos pone ante la formidable oportunidad de innovar en una línea que atrae la atención internacional y podrían situarnos a la vanguardia de los procesos que ya se están gestando. Al respecto, y por citar un ejemplo, cabe señalar que la Comisión Europea está evaluando la implementación de una serie de políticas para acelerar el desarrollo del hidrógeno y prevé el desarrollo de una estrategia para una “Europa climáticamente neutra” que incluye el compromiso de invertir U$S 430.000 millones en hidrógeno verde hasta 2030.

Desde esta perspectiva, la jugada de salir desde ya a poner en valor las capacidades y posibilidades locales para la producción y exportación de hidrógeno verde en Uruguay es totalmente oportuna dado que se trata como una de las apuestas fuertes del mundo desarrollado hacia una transición energética más compatible con las necesidades de sustentabilidad y disminución del impacto del cambio climático, un problema global de difícil solución que avanza con múltiples afectaciones en diferentes regiones del mundo. → Leer más

Opinión

Cambio climático (e ainda mais)

Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay acordaron la creación de un grupo de negociación sobre cambio climático. Ese es, textualmente, el título de la publicación en la página del Ministerio de Ambiente de nuestro país. Ahí hay una palabra en particular que hace encender una alerta, y no es otra que “negociación”. Cuando se habla de negociación se hace referencia a una transacción, a hacer algunas concesiones para conseguir el objetivo. Y este anuncio se produce en el contexto de una cumbre a la que se llegó con un montón de alertas previas acerca de la angustiante situación a la que los seres humanos hemos llevado al planeta y lo urgente de tomar las medidas necesarias para evitar catástrofes mayores. Pero no, en el Mercosur parece que no lo entendemos así y pensamos que todavía estamos en situación de llevar adelante negociaciones.

Y es que cuando se profundiza un poco más en la noticia la situación no mejora, porque quedan plenamente en evidencia las intenciones. “Entre las prioridades del grupo se destacó la relevancia de la agricultura para la seguridad alimentaria global”. Indudablemente el punto de partida es cuando menos discutible. Si en un ámbito que tiene por propósito “negociar” sobre el cambio climático, lo primero que se va a considerar es la “relevancia de la agricultura para la seguridad alimentaria global”, queda muy claro por dónde irán las tales negociaciones.

Ojo, entendámonos, no vamos a pretender que se discuta la relevancia de la agricultura para la seguridad alimentaria global. Es claro que sin agricultura no es sostenible pretender alimentar a la población actual del mundo (aunque no podemos desconocer otros problemas como el desperdicio global de alimentos, que, si se pudiese optimizar permitiría reducir el volumen de alimento que hoy se requiere para alimentar a la población), pero lo que sí podemos poner en tela de juicio es que quienes van a hablar del cambio climático tomen desde el vamos el argumento que sostiene un modelo productivo que ocasiona muchos problemas. Problemas que hemos visto una y otra vez en los veranos con la aparición de las floraciones algales que contaminan nuestros ríos, nuestras fuentes de agua y que también amenazan con perjudicar una de nuestras principales fuentes de recursos, como el turismo.

Si la base para empezar a discutir sobre el cambio climático es que no se puede tocar ese modelo productivo, bueno, no podremos esperar grandes cosas de este grupo de negociación.

Se cita en el artículo al ministro Adrián Peña afirmando que “acordamos comenzar a trabajar en conjunto los temas ambientales a través de acciones de cooperación en conjunto y de esta manera posicionarnos como países productores de alimentos que están en camino hacia una responsabilidad ambiental en sus sistemas de producción, de manera de facilitar el acceso de nuestros productos a los mercados”. Y en estas palabras aparece otro elemento que hace pensar que el eje de discusión está cuando menos “corrido”, y es que introduce el concepto de “acceso de nuestros productos a los mercados” como otra de las prioridades de trabajo. Y de nuevo, otra vez los problemas ambientales en segundo plano.

El grupo, se anuncia, tiene un enorme potencial “para enfrentar de manera conjunta los desafíos ante el cambio climático y acceder de esta manera a mejores soluciones financieras para poder implementar la acción climática”. Esta afirmación también tiene implícita cierta ambigüedad, y lógicamente habrá que esperar a que se generen cosas más concretas en este ámbito, pero si para algo se fuera a requerir financiamiento, debería ser para procesar las transformaciones que hagan falta y tender a abandonar un modelo que está poniéndonos contra las cuerdas, aunque cueste admitirlo. Y Peña ha sido de los pocos políticos que han sabido reconocer que hay problemas.

El mismo día que el Ministerio de Ambiente publicó sobre la creación de este grupo de negociación sobre el cambio climático, la agricultura y el acceso a los mercados, también publicó otra nota en la que aludía al Día del Campo Natural bajo el título “Los pastizales, nuestra Amazonía”, como forma de poner en relieve la importancia de este sistema natural que compartimos también con los países vecinos, destacando el Ministerio de Ambiente (MA) “su preocupación y compromiso con la conservación y utilización sostenible de estos ecosistemas”. Ecosistemas que enfrentan la fuerte presión (justamente) de sistemas como la agricultura y la forestación, que han producido significativas modificaciones en el campo uruguayo y de la región.

“Los pastizales, también llamados campo natural, son los ecosistemas predominantes en Uruguay. Se encuentran dominados por gramíneas (pastos) nativas, hierbas, arbustos, y ocasionalmente árboles. Cubren aproximadamente el 60% de la superficie terrestre y forman parte de los pastizales del Río de la Plata, una de las áreas de pastizales más importantes del mundo”.

La publicación destaca aspectos tales como que “la riqueza vegetal de los pastizales representa el 80% de la riqueza de todo el país (2.000 especies), incluyendo 400 especies de gramíneas. A su vez, los pastizales son hábitat para la fauna, destacándose que el 55% de especies de las aves y el 19% de las especies de mamíferos amenazados de nuestro país se habitan en los pastizales”, entre otros datos que hablan de la relevancia de estos ecosistemas.
Damos por sentado que esta información también estará sobre la mesa de discusión cuando se convoque al grupo de negociación de los ministros. → Leer más

Opinión

La epidemia de los no vacunados, con creciente número de casos en Europa

Cuando en nuestro país –como en prácticamente todo el mundo, al fin de cuentas– todavía no puede afirmarse que se haya superado la pandemia de la COVID-19 e ingresado en una etapa endémica, como muchas otras patologías, es pertinente traer a colación que las particulares características de capacidad de mutación y altísimo grado de contagio confieren a este virus un nivel de riesgo muy superior al de otros agentes patógenos, y que por lo tanto, sea verano o invierno, no debe bajarse la guardia ni tomárselo a la ligera.
En Europa, que tiene unos seis meses de desfasaje en más respecto a lo que ocurre en esta zona del mundo, las noticias no son precisamente alentadoras al respecto, y la cuarta ola de la COVID-19 en su variante Delta sigue sorprendiendo a los especialistas en salud y epidemiólogos, más precisamente.
Un ejemplo a tener en cuenta es Alemania, nación desarrollada con una amplia capacidad de respuesta y que en los peores momentos de la pandemia presentaba mejores números que la mayoría de sus países vecinos. Resulta que la semana anterior, por primera vez desde el inicio de la pandemia de coronavirus, Alemania registró más de 50.000 casos diarios, pero con una salvedad: se ha transformado en una pandemia de no vacunados y sobre todo, los casos graves y los decesos se registran con contundente preeminencia entre quienes no han querido administrarse las dos dosis.
A modo de ejemplo, de los 18 pacientes en la sala de cuidados intensivos para enfermos COVID-19 en el Hospital Universitario de Leipzig, 14 no estaban vacunados. De acuerdo con el Instituto Robert Koch, la agencia pública de control y prevención de enfermedades, el miércoles en Alemania se confirmaron 50.196 infecciones, lo que lo coloca como el país europeo con mayor número de contagios diarios.
Con casi 250 infecciones por cada 100.000 habitantes, su situación es mucho peor que en Francia (94) o Italia (73), según datos de Statista citados por la agencia AFP.
La fuerza con la que esta cuarta ola de la COVID-19 golpea a ese país ha encendido las alarmas no solamente de los responsables sanitarios, sino también de los políticos y económicos.
Olaf Scholz, el actual vicecanciller y probable sucesor de Angela Merkel, dijo este jueves que Alemania necesita aplicar mayores restricciones para contener el aumento de contagios y así poder “pasar este invierno (boreal)”.
“Incluso si la situación es distinta (del invierno pasado) porque muchas personas se han vacunado, aún no es buena, especialmente porque hasta ahora no ha optado por vacunarse una cantidad suficiente de personas”, agregó.
Y es que la insuficiente vacunación contra la COVID-19 es vista como la principal causa del auge de la enfermedad.
Desde mediados de octubre, los contagios y las muertes por coronavirus vienen aumentando en Alemania, algo que los expertos atribuyen a su relativamente baja tasa de vacunación, pues solamente 67% de su población tiene la pauta completa, de acuerdo con la publicación Our World in Data de la Universidad de Oxford.
Esa cifra le deja por detrás de países como Portugal (88%), España (80%), Irlanda (75%), Bélgica (74%) o Italia (72%), entre otros.
El miércoles, el estado de Sajonia registraba la tasa de contagios más alta del país: unos 459 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa nacional se encuentra en menos de 250. Pero Sajonia también tiene la tasa más baja de vacunación: apenas 57% de su población ha sido vacunada.
El Partido Socialdemócrata, el Partido Verde y el liberal FDP –quienes se encuentran en negociaciones para formar una nueva coalición de gobierno– presentaron en el Parlamento una serie de propuestas para hacer frente a la pandemia.
Entre estas se incluye permitir el acceso a ciertos lugares solamente a los vacunados o a quienes ya se han recuperado de la enfermedad, endurecer las exigencias de pruebas en los lugares de trabajo y reintroducir las pruebas rápidas de antígenos, que se aplicaron durante el verano pasado.
El Reino Unido ha sido el país con más casos diagnosticados de COVID-19 hasta la fecha, con un total de 9.174.153 (con un aumento del 14,60% durante octubre), continuando en este mismo puesto durante la primera quincena de noviembre con un total de 9.608.568 casos diagnosticados. Este mismo país fue también el que tuvo el mayor número de casos confirmados durante setiembre.
Sigue siendo el país con la mayor tasa de casos diagnosticados, seguido de Rusia (11,92%) y Turquía (11,06%) respectivamente. Por otro lado, España es el país con el menor aumento de casos diagnosticados (1%).
Rusia –otro país con bajos niveles de vacunación– se mantiene en primer lugar con el mayor número de muertes por la COVID-19, con un total de 233.063 (un aumento del 13,52% durante el período de tiempo mencionado). En setiembre, su número de muertes fue de 203.549. Mientras tanto en Austria, una orden de confinamiento que afecta exclusivamente a los cerca de 2 millones de ciudadanos mayores de 12 años que no están inmunizados contra el coronavirus, entró en vigencia este lunes.
Luego de que este país de 8,9 millones de habitantes encadenara varios récords absolutos en las cifras de contagios, el Gobierno espera que este plan surta efecto e impulse la vacunación entre el 35 por ciento de la población que aún no está inmunizada.
“La situación es seria. La cuarta ola de la pandemia nos afecta plenamente. Eso se debe a la variante delta del virus, pero también a la baja cuota de vacunación”, dijo el canciller federal, el conservador Alexander Schallenberg, en una rueda de prensa que brindó el domingo para presentar las nuevas decisiones adoptadas.
Las restricciones al movimiento rigen al menos hasta el 24 de noviembre para las personas mayores de 12 años que no tienen un certificado de vacunación válido o que no se han recuperado de una infección de la COVID-19 en los últimos 180 días.
Más allá de las diferencias culturales entre continente y otro, entre quienes se toman las cosas en serio cuando las papas queman y los que en estas latitudes hacemos las cosas con laxitud, deberíamos tomar debida nota y actuar en consecuencia. Tenemos a favor un porcentaje de vacunados del orden del 75 por ciento, superior al promedio de Europa, lo que nos sitúa actualmente en una mejor posición, pero seguimos en un número diario de unos 200 casos, en tanto lamentablemente el aumento de la cobertura parece ya haberse saturado, y quien no se ha vacunado es porque no quiere.
El sentido común indica que más allá de los reparos y reticencias de determinados grupos, incluso los que se afilian a delirios conspiranoicos contra la humanidad, las personas de grupos de riesgo tienen mucho más para ganar que para perder si se vacunan contra la COVID-19, –las estadísticas sobre muertes a nivel global son contundentes en este sentido– pero también está de por medio el factor de riesgo del contagio por aquellos que por su trabajo o actividad profesional, en caso de enfermarse, se convierten en difusores masivos del virus ante el contacto directo con la población.
Argumentos valederos si los hay, que son absolutamente de recibo cuando todavía la epidemia no ha sido derrotada y deben seguirse aplicando los protocolos, los aforos, las restricciones en la circulación entre países, sobre todo cuando se avecina una nueva temporada turística con reapertura de puentes, y debemos seguir cuidándonos entre todos para que la pandemia no recrudezca.
Y si estamos mejor preparados que hace un año para este escenario, es porque la gran mayoría de los uruguayos hemos asumido nuestra responsabilidad, individual y colectiva, para no dejarnos llevar por los agoreros antivacunas, generando una barrera de contención contra la COVID-19, para beneficio de los que se han vacunado pero también para los que se han negado a hacerlo y a reconocer esta realidad que rompe los ojos. Es momento de tomar conciencia. De no hacerlo, la realidad se encargará de poner en su lugar las cosas, como les está sucediendo a los europeos “escépticos”. → Leer más

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Alimentación en pandemia y una responsabilidad intransferible

El escenario pospandemia reveló la existencia de niños con desnutrición, así como un aumento de la obesidad y el sobrepeso a tempranas edades en Uruguay. Esta realidad resulta novedosa para algunos dirigentes que hoy se muestran con sorpresa e indignación, cuando es un marco que se repite aún antes de la pandemia, incluso desde hace varias generaciones.
Este año se detectaron en la capital del país unos 200 casos de desnutrición en niños y embarazadas. Las policlínicas barriales realizaron su trabajo de captación y, de ese total, surge que el 41% de estas mujeres tienen entre 15 y 20 años.

Las cifras actuales son difíciles de cotejar, en tanto los servicios sanitarios retoman en forma paulatina la atención presencial de los usuarios. Por lo tanto, el contexto de aislamiento junto a las dificultades económicas han vulnerado aún más a los hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
En 2020, al menos el 10 por ciento de los niños menores de dos años nacidos en el sistema nacional de salud, tenía sobrepeso u obesidad y el 3,7 por ciento presentó bajo peso para la edad.
Desde hace años que en Uruguay, la obesidad afecta más que la desnutrición y complica por igual, tanto a un lado u otro de la balanza que no ha logrado la tan mentada equidad.
Y, a nivel global, dos de cada tres niños menores de 2 años –unos 200 millones– están más alimentados, según Unicef. Ya en 2019, el organismo internacional alertaba que el 43 por ciento de los niños en edad escolar tenía sobrepeso.

La pandemia profundizó situaciones complejas pero reveló –y aún revela– que los sistemas alimentarios del mundo no tienen en cuenta las necesidades de los más pequeños. Es más, la alimentación recibida –de más o por menos cantidad– perjudica su desarrollo integral e interfiere en sus aprendizajes, sin aportar a sus sistemas inmunológicos.
De hecho, ayer fue el Día Internacional de la Diabetes y reveló la existencia de mayores complicaciones con esta patología crónica a cualquier edad por falta de controles, pero particularmente en niños y jóvenes. La escasa variación en la alimentación, excesos de sodio y azúcares o grasas provocan en Uruguay este escenario que hoy genera admiración y extrañeza. Algo similar ocurre con la anemia o la deficiencia de hierro –el primer desorden nutricional en el mundo, según la OMS–, cuya falta puede vincularse a la capacidad intelectual de los niños. También es un problema no resuelto desde hace años y que permanece en las realidades familiares. Con o sin pandemia.

Las políticas públicas enfocadas a la primera infancia han servido para captar a tiempo y actuar en consecuencia. Pero si las derivaciones no se efectúan con la rapidez necesaria, estaremos ante una crisis mayor. Y en un país con menores índices de natalidad cada año no es posible dejar pasar siquiera un caso de desnutrición o sobrepeso. De lo contrario, alguien no está haciendo su tarea.
En forma paralela, debe mencionarse el efecto de las redes sociales en trastornos como la bulimia o anorexia, tan comunes en etapas adolescentes y profundizados en contextos de soledad o aislamiento. Y si bien hubo un cambio de hábitos durante la pandemia, en general no fueron similares en todos los casos, sino de acuerdo a los ingresos de las familias.
Ahora las autoridades de ASSE elaboran su propio informe sobre nutrición infantil en la capital del país, en forma coordinada con el Ministerio de Desarrollo Social, cuyo titular Martín Lema fue crítico con la escasa derivación al programa Uruguay Crece Contigo, efectuada desde las policlínicas barriales, a cargo de la Intendencia de Montevideo, que recibe a usuarios del prestador público.

Si la comunicación no ha sido fluida, tal como reclaman las autoridades nacionales, entonces queda claro que la excesiva institucionalidad creada en el país en las últimas décadas, solo ha servido de compartimientos estancos. Porque la primera comunicación debe ir a los servicios establecidos para atender a la infancia vulnerable, en vez de la necesidad de generar un titular de prensa.
Tanto la desnutrición como la obesidad o el sobrepeso, insumen enormes inversiones para la salud, no solo en Uruguay, sino en el mundo. En realidad, tanto en uno como en otro caso, la prevención con hábitos alimenticios saludables y la llegada a tiempo con la atención integral, es el inicio de un camino de mejora de la salud física e intelectual de nuestros niños y jóvenes.

La última Encuesta Nacional de Lactancia, Prácticas de Alimentación y Anemia, publicada el año pasado, y que contiene datos sobre los menores de dos años que asisten al Sistema Nacional Integrado de Salud, posicionó a Uruguay con mejores guarismos en relación a otros países. El 57,4 por ciento de los niños menores de 6 años se alimenta en forma exclusiva pro lactancia materna. Y si bien es mejor que el 50 por ciento que recomienda la OMS, demuestra un descenso de 7,8 puntos porcentuales con respecto a la tasa del año 2011 y un incremento de sustitutos de la leche materna. Por lo tanto, las campañas de orientación y consulta deben enfocarse hacia la primera infancia y particularmente a las madres que amamantan.

Las primeras experiencias en la alimentación son influencias familiares y, en cualquier caso, están por fuera de cualquier especulación o sorpresa política. Es probable, sí, que hagan falta mayores campañas de concientización e información, en tanto las generaciones cambian y transforman hábitos que por siglos marcaron a las generaciones de mujeres.
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Campaña de consignas, medias verdades y mentiras, un desafío para los electores

Aunque todavía no ha terminado el proceso de verificación de firmas por la Corte Electoral, se da prácticamente por seguro que se validarán las adhesiones necesarias para convocar a referéndum sobre la erogación o no de 135 artículos sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC), partir de la iniciativa contra la ley surgida desde la central sindical Pit Cnt y acompañada por su partido –cada vez hay menos dudas al respecto– el Frente Amplio y organizaciones de izquierda.

Precisamente desde los opositores a la norma, ya desde antes de la recolección de firmas se desarrolló la campaña contra la LUC a fin de lograr las adhesiones, lo que continúa ahora para que esta postura sea plasmada en las urnas cuando se convoque al acto electoral, en tanto desde el oficialismo recién desde hace pocos días, primero con poca intensidad pero ahora con mayor énfasis, se inició la campaña de defensa de la ley cuestionada en 135 de sus artículos por la izquierda, aunque varios de ellos fueron votados por los legisladores del Frente Amplio cuando se dio el tratamiento parlamentario de la normativa.
Es pertinente hacer un poco de historia sobre el proceso que dio lugar a la presentación y aprobación de esta ley ómnibus en el Parlamento: tras un proceso prolongado enmarcado en los avatares políticos a que dio lugar la irrupción de la pandemia de COVID-19 tan pronto asumió el nuevo gobierno, cuestionada desde la oposición por cuestiones de “oportunidad” y prioridades se dio el 8 de julio de 2020 la aprobación parlamentaria a la (LUC), a la que el presidente Luis Lacalle Pou considera como “popular, justa y necesaria”.

Por supuesto, cada sector, cada partido, cada ciudadano, puede tener y dar a conocer su opinión sobre una normativa que surge del funcionamiento de la institucionalidad en el país y no de una dictadura. Se trata de un instrumento legal que comprende una serie de temas y que dio lugar a una trabajosa negociación entre los partidos de la coalición de gobierno, a la vez de dejarse fuera del cuerpo normativo varios puntos cuestionados o que deberán dar lugar a una ley por separado.
Pese a las críticas provenientes desde la coalición de izquierdas, tras un año de vigencia no se ha dado ninguna de las “calamidades” que la oposición atribuye a la ley que se pretende derogar parcialmente, por lo que de cara a la convocatoria electoral, es preciso separar la espuma de la sustancia en esta campaña, donde se juega mucho más que la LUC por parte de quienes se oponen, por cuanto tienen la mirada y los intereses puestos en la próxima e lección nacional, sin ninguna duda. Y si además pudiesen forzar un adelanto de éstas de alguna forma, también, como quedó de manifiesto en las expresiones del sindicalista argentino Carlos Díaz, que en el congreso del Pit Cnt dijo que había que iba a apoyar la campaña contra la LUC y tratar de “echar” a Lacalle Pou.

El texto final consta de 259 páginas y 476 artículos y según voceros del Frente Amplio, una de las “debilidades constitucionales” de esta ley es que incluye más de 30 ejes temáticos, por lo que puede interpretarse que son más de 30 leyes las que se votaron, lo que subrayaron que no está permitido por la Constitución.
Lacalle, al defender la LUC consideró que ésta resuelve un serio problema para aquellos que necesitan alquilar su vivienda y no consiguen una garantía; agiliza y facilita el sistema de adopciones, dándole oportunidades a niños sin hogar y a quienes permanecen por años a la espera de una resolución burocrática. Asimismo, elimina la obligación de cobro del sueldo a través del sistema financiero dejando en libertad al trabajador para elegir el medio de pago que más le convenga y permite que el trabajador ejerza libremente su derecho de acceder al lugar de trabajo y su derecho a trabajar, en caso de que exista una conflictividad laboral.

Además, explicó que se “jerarquiza” la figura del policía, al que ya no se podrá agraviar, amenazar o atentar, ya que ello será considerado como delito. Agregó que se “respaldará” a quienes protegen, dando herramientas jurídicas para que los funcionarios policiales no deban actuar en inferioridad de condiciones frente a la delincuencia y con penas más severas para los delitos de narcotráfico.
Otros aspectos mencionados refieren a normas de prevención y represión de la violencia para los espectáculos deportivos, pero también para los de carácter masivo, regulando el derecho de admisión y exclusión, implementando un registro de personas impedidas.

En lo que tiene que ver con las empresas, el presidente destacó que la LUC beneficia a pequeños y micro emprendedores que inicien su actividad económica, con fuertes beneficios y exoneraciones en los aportes jubilatorios patronales y el IVA mínimo en los primeros 12 meses de actividad. Además, se definen controles para que las sociedades anónimas de los entes estatales y servicios descentralizados rindan debida cuenta de sus operaciones y resultados a los contribuyentes, con papel más protagónico de la Ursea y la Ursec, fortaleciendo su autonomía de gestión, otorgándole mayores potestades para la fijación de los criterios técnicos en materia tarifaria.
A la vez “se establecen normas sobre la incorporación de obligaciones de divulgación de estados contables anuales, debidamente auditados, para los entes estatales y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado y sociedades comerciales vinculadas; se crea la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas para contribuir a la obtención de los resultados y objetivos prioritarios en la gestión de Gobierno”.

En cuanto a la educación, Lacalle destacó que la LUC cambia la gobernanza del sistema educativo, fortaleciendo el funcionamiento de los centros. “Jerarquiza la formación docente, dándole al Consejo de Formación en Educación el respaldo legal que no tenía hasta ahora. Crea el Sistema Nacional de Becas de Formación en Educación, que promoverá la continuidad y calidad de los estudios por parte de estudiantes de todo el país que sigan programas universitarios de formación en educación, lo cual redundará en un aumento de la calidad”, señaló el mandatario, en tanto insólitamente quienes cuestionan la norma salieron a la calle con eslóganes de que se promueve la “privatización” de la enseñanza.

El punto central es que la normativa no hace otra cosa que reflejar gran parte de lo que la ciudadanía votó en la consulta popular de octubre y noviembre de 2019, cuando otorgó la responsabilidad de la conducción del país al actual mandatario ya la coalición que lo respalda, por lo que no cuesta poco inferir, tan pronto se rasguña la superficie, que el planteo de derogación de la LUC se basa puramente en cuestionamientos de índole político-ideológicos de quienes pretenden poner el palo en la rueda y entorpecer toda gestión de gobierno.
Ergo, la campaña, tanto de un lado como del otro, ante la imposibilidad material –y en gran medida el desinterés– para el ciudadano común, el no militante, de informarse y discernir entre lo que contienen los respectivos artículos y como lo afectan, se centrará lamentablemente –como ya ha ocurrido en anteriores instancias– en repetir consignas, eslóganes y plantear situaciones extremas, en tratar de obtener adhesiones en base a la ideología del votante y la confianza que puedan despertar los dirigentes políticos y operadores en el electorado.

Es decir, nuevamente las cosas en blanco y negro, en adelantar las disputas electorales cuando es tiempo de gobernar y dejar gobernar a los que obtuvieron legítimamente el respaldo del pueblo uruguayo en las urnas. Nada nuevo bajo el sol. Y lamentablemente no para bien. → Leer más

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Argentina tiene que abrir los puentes ya

Tras más de un año de encierro por la pandemia de COVID-19 el mundo finalmente está volviendo a abrirse, gracias al efecto de las vacunas que han permitido reducir los casos drásticamente y, lo que es más importante, las internaciones en los centros de cuidados intensivos que se requerían en un alto porcentaje, muchas de los cuales terminaban con el fallecimiento del paciente.
Este cambio drástico en la situación de la pandemia posibilita la distensión de la medidas, por cuanto desde un principio quedó claro que el problema con la COVID-19 no era la tasa de mortalidad de la enfermedad, que es menor al 3% –muy baja en comparación con otras enfermedades a las cuales sin embargo no se las considera peligrosas–, sino su alto índice de contagio, por la cual millones de personas enfermaban al mismo tiempo, de las cuales un 19% requerían cuidados especiales y una tercera parte de esas no sobrevivirían. La abrumadora expansión del virus provocó la saturación de los centros de salud, principalmente de las salas de cuidados intensivos, obligando en algunos países –incluso en el primer mundo— a atender pacientes en los pasillos, llegando a extremos en que hubo que decidir quién moría sin atención y quién la recibiría.
Por otra parte, muchos de los pacientes que lograban superaban la enfermedad tras un episodio crítico quedaban con secuelas gravísimas de por vida, con afectaciones a órganos vitales como los pulmones, los riñones o el corazón.

Todo esto cambió drásticamente con la llegada de las vacunas, que en pocos meses revirtieron la situación al punto que se han cerrado los CTI que se habían ampliado para atender la pandemia, y por ejemplo en Uruguay de más de 700 camas ocupadas en plena crisis hoy apenas hay 16 pacientes en estado crítico por COVID-19 en todo el país. En tanto, la cantidad de decesos diarios que se ubicaba en 60 o más por día, ahora son entre cero y 5 pacientes.
Con todo esto, cabe preguntarse hasta cuándo seguiremos con medidas de prevención restrictivas, que de una u otra forma afectan a la sociedad, a nuestra gente. Es cierto que desde hace ya varios meses Uruguay ha venido distendiendo los protocolos y los controles son menos rigurosos, pero aún queda bastante para volver a la normalidad “normal” de antes de la pandemia.

Entre esas medidas de distensión está la apertura de fronteras que Uruguay mantenía cerradas al turismo. Es así que cualquier ciudadano extranjero puede entrar a Uruguay en régimen de visita, ya sea por turismo, trabajo, estudios o lo que sea –dentro de la legalidad, obviamente–, con la única diferencia respecto a los tiempos prepandemia que quienes deseen ingresar deben contar con las vacunas contra el COVID-19, presentar un PCR –con validez por 72 horas– y contar con un seguro de salud que cubra la totalidad de la atención médica y tratamientos en caso contraer COVID-19 y necesitarlo. Lamentablemente Argentina, a la cual estamos unidos por tres puentes, aún no permite libre ingreso de personas por todos los pasos de frontera, y aunque el gobernador entrerriano Gustavo Bordet ha manifestado en diversas ocasiones que ya estaban las condiciones dadas para la inminente apertura, el gobierno de Alberto Fernández sólo liberó parcialmente el puente de Salto Grande por vía terrestre. Por otra parte, para ingresar al vecino país –independientemente de qué paso de frontera o vía se utilice– también se debe contar con las vacunas, el PCR vigente y el seguro de salud COVID-19.

Esta situación provoca gran angustia para muchas familias que quedaron divididas por el cierre de fronteras, por cuanto desde los inicios de nuestras naciones los vínculos binacionales son muy fuertes y no saben de límites políticos. Son muchos los sanduceros que se establecieron del otro lado del río y frecuentaban su familia en Paysandú, y lo mismo pasaba con gente de Colón, Concepción del Uruguay, San José o Villa Elisa que se radicaron en nuestra ciudad, en el marco de la natural integración social y cultural que nos une con Entre Ríos. Pero desde hace un año y medio todos ellos quedaron aislados de su gente que vive en la otra orilla, y en todo este tiempo muchos de ellos no han podido verse las caras, perdiéndose momentos importantes para la vida social, algunos de ellos muy duros como la despedida de un familiar o amigo fallecido y otros no menos trascendentes, como casamientos, divorcios, cumpleaños, nacimientos, etcétera.

Es cierto que unos pocos que contaron con los recursos económicos como para poder hacer el viaje por Buquebus o cruzando por Fray Bentos por ejemplo, no dudaron en hacer el viaje más largo y venir a Uruguay o ir a la Argentina; basta recordar el caso del edil sanducero que intempestivamente apareció en una discoteca de Colón en pleno pico de la pandemia. Eso da la pauta de que con una motivación fuerte siempre se pudo ir y venir, no estuvo cerrado completamente el tránsito internacional, aún en la peor de las situaciones.
De todas formas, la realidad actual dista mucho de lo que fueron los primeros meses de 2021, aunque la pandemia continúa y por ejemplo Europa sufre un nuevo embate el COVID-19. Pero también es cierto que actualmente la mortalidad es 10 veces menor que a principios de año gracias a la vacunación.
Por todos estos motivos es de recibo el reclamo de los “grupos Puente Salto-Concordia y Colón-Paysandú”, como se autodenominan los familiares de ambas orillas que exigen la apertura inmediata de los pasos de frontera con Entre Ríos.

En eso estamos de acuerdo en un 100%: Argentina debe abrir los puentes de inmediato, en primer lugar porque los uruguayos no somos una amenaza para la salud de ese país, porque la situación actual en Uruguay es mejor que en Argentina. Con toda la movilidad interna que tiene el vecino país gracias a la distensión de los protocolos impuestos por el gobierno de los Fernández, no tiene sentido alguno que mantenga cerrada la frontera con Uruguay.
Pero además de la libre circulación, los grupos de familiares también solicitan un par de cosas más: que no sea exija el test de PCR ni el seguro COVID. Y aquí es donde hay matices.
Porque, como decimos, la pandemia continúa y por ejemplo en Inglaterra en este momento se están detectando casi 30.000 casos diarios, con 130 fallecimientos por día. Eso es suficiente argumento para continuar con los cuidados. Y si bien la exigencia del PCR puede ser excesiva, el seguro COVID en cambio parece muy adecuado, por cuanto quienes solicitan que se revierta esta medida justamente argumentan motivos económicos, lo cual pone en evidencia que no estarían en condiciones de enfrentar los gastos en salud si tuviesen la mala suerte de manifestar los síntomas de COVID-19 durante la estadía en nuestro país. Cabe recordar que en el extremo en que se necesite una internación en CTI, los costos ascienden a varios miles de dólares diarios.

Por otra parte, los argumentos de que en la frontera seca con Brasil no se exigen tales medidas no son de recibo, porque las ciudades que se ponen como ejemplo no son exactamente “espejo” sino que en los hechos son binacionales, con una frontera urbana y territorial imposible de controlar, a menos que se pretenda emular el “Muro de Berlín” del COVID. Por eso es que en esos departamentos la frontera real con Uruguay está varios kilómetros dentro de nuestro territorio, donde sí se debe presentar PCR y seguro para pasar.
Corresponde entonces exigir la apertura de los puentes, porque la situación sanitaria de ambos lados de la frontera es buena y está controlada, pero deben mantenerse ciertos controles para evitar volver a caer en desgracias y que quienes viajen se aseguren de contar con el respaldo para afrontar el tratamiento correspondiente ante un eventual caso de enfermedad.

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Opinión

Voluntarismos y mala gestión que mucho nos ha costado a los uruguayos

El uso dispendioso de los recursos del Estado –es decir de todos los uruguayos– es lamentablemente una constante y no la excepción en prácticamente todos los gobiernos, de una forma o de otra, y ello está ligado muchas veces al factor humano –se es más “generoso” manejando el dinero ajeno– pero también hay de por medio concepciones ideológicas y sobre todo, ya en un contexto más general, como se actúa ante estas acciones por los compañeros de partido o de ideología cuando estos hechos quedan al desnudo, sean directamente de índole delictiva o acciones éticamente cuestionables.
Pero sin dudas cuando en el juicio público este proceder genera más atención es cuando se hace la cuenta de la magnitud de los recursos involucrados y además se tiene necesidad de contar con ellos para atender situaciones inesperadas o prioridades que no pueden esperar, cuando evidentemente el escenario económico-social-sanitario que se ha presentado en los últimos dos años por la pandemia, y los recursos que faltan que se podían haber canalizado para atender duras situaciones sociales que han sido consecuencia de la caída de actividad y de medidas para contener la difusión de la enfermedad.

Además, ello encaja en el contexto de que lejos de actuarse con cautela en períodos en que se generan recursos excepcionales, se ha gastado incluso más y asumido compromisos adicionales por encima de los recursos que ingresaban, y por lo tanto se ha trasladado el lastre a los que siguieron, con el concepto ingenuo –por ser benignos con el término– de que la bonanza importada iba a durar para siempre o mucho peor aún, con la idea –muy de la izquierda– de que los recursos van a salir de algún lado y que siempre se puede rascar un poco más, sin importar a quien se perjudique o las consecuencias de terminar irresponsablemente con la gallina de los huevos de oro.
Abundan los ejemplos de malas decisiones políticas, de neto corte cortoplacista, pero también hay muchas de las otras, de gastar alegremente el dinero de todos los uruguayos por intereses personales o político-partidarios, pensando en la siguiente elección en lugar de políticas de largo plazo que redunden en el interés general y atendiendo las verdaderas prioridades.

En estos momentos por ejemplo, está en el tapete la ampliación de la denuncia judicial por el Antel Arena, obra encarada por la anterior administración del organismo encabezada por la actual intendente de Montevideo, Carolina Cosse, caso que ha sido adjudicado a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1er. Turno, al investigarse los sobrecostos de la construcción.
El oficialismo presentó datos del informe de la auditoría ante la Justicia. El documento contiene toda la información jurídica y de las auditorías, e incluye el de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que señala diversos errores en la estimación de costos, menciona un plan de negocios “incompleto” y un control presupuestal “inexistente”.
En este sentido, la diferencia entre el presupuesto previsto inicialmente y lo gastado es de nada menos que de 63 millones 221.147 dólares. El informe de la Jutep apunta, también, a un proceder contrario a Derecho y a las normas y principios de buena administración, a lo que se le suma el cuestionamiento a la ausencia de gestión financiera, la reiteración de actos administrativos.

Mientras tanto, el representante del Frente Amplio en el directorio del ente estatal, Daniel Larrosa, sostuvo en rueda de prensa que aún no tiene los detalles de la denuncia y que está esperando la información para poder evaluar el tema. Sin embargo, precisó que el Antel Arena “es una obra muy necesaria para Uruguay (¿?), que está hecho dentro de las potestades que (la empresa) tiene para hacer obras, y que está dentro del giro de la empresa hacer ese tipo de obras”, aunque acotó que ha encontrado “algunas omisiones y errores graves” en el análisis que se hizo de los números en la auditoría.
Sin embargo, en esta problemática hay tanto aspectos de apariencia delictiva –hay que probarlo, en lo que tiene relación con el proceder que dio lugar a los sobrecostos– pero también políticas, que son las que no van a ser juzgadas en los estrados pero que están muy presentes y que repercuten en la calidad de vida de la gente, en este caso del Interior y sobre todo del interior profundo.

Se trata de la perspectiva capitalina de la forma en que sus dirigentes entienden que debe gobernarse el país y las empresas públicas, en el mismo contexto: lo pone de relieve en forma contundente el mismo director frenteamplista de Antel, Daniel Larrosa, cuando consigna muy suelto de cuerpo que el Antel Arena “es una obra muy necesaria para el Uruguay”, cuando en realidad debió decir “muy necesaria para Montevideo”, por cuanto se trata de un escenario deportivo y para eventos que sustituye al ex Cilindro Municipal que fuera afectado por un incendio y que se decidió no reconstruir por la intendencia capitalina. Cabe preguntarse entonces si el Cilindro Municipal acaso era “importante” para el Uruguay, llegado el caso.
Por lo tanto el complejo Antel Arena debió ser encarado con recursos de la Intendencia de Montevideo o con un préstamo o fideicomiso a cargo de esa administración municipal, y no de todos los uruguayos a través de Antel, cuando además este organismo tiene pendiente fuertes inversiones para mejorar sus servicios en el Interior, lo que se está encarando más o menos gradualmente por la actual administración, como es la instalación de antenas para mejorar las conexiones en localidades del interior profundo, donde sus ciudadanos siguen siendo de segunda en lo que hace a los servicios que proporciona el Estado, y terminar con la sustitución del arcaico cable de cobre por fibra óptica.

Una cosa distinta es el caso de gas Sayago: este fallido proyecto de la era de José Mujica es una demostración de voluntarismo puro e improvisación, con el dinero de todos los uruguayos: no había nada seguro, ni siquiera proyecto de negocios ni planificación, pero se siguió adelante contra viento y marea con las obras y la contratación de jerarcas con sueldos siderales, lo que arroja un saldo de pérdidas muy superior a los 213 millones de dólares estimados hasta ahora, además del reclamo por haberes impagos de la expresidenta de Ancap, Marta Jara.
De acuerdo a información proporcionada por UTE y Ancap, la evaluación es que durante el proceso se violentaron normas éticas vinculadas a la buena administración de los fondos públicos, en virtud de la falta de planificación y las pérdidas ocasionadas al Estado.

Ni qué decir del caso Pluna, que le costó a los uruguayos más de 300 millones de dólares, con el agregado del “enjuague” del remate ficticio con el “caballero de la derecha” incluido y los procesamientos de jerarcas del gobierno involucrados en esta “jopeada” que se intentó hacer a la opinión pública y a los propios organismos de contralor, más las pérdidas de más de 800 millones de dólares de Ancap en la era Sendic.
Por si esto fuera poco, las “velitas prendidas al socialismo”, como la ayuda de dinero del Fondes a empresas como Envidrio, entre otras, proyecto llamado al fracaso ya desde antes de empezar, cuando se mantuvieron ficticiamente 120 puestos de trabajo con recursos del Estado en una empresa que tenía que funcionar con 60, como reconoció recientemente un dirigente sindical. Y por supuesto Funsa, otra máquina de enterrar dinero que nos sigue costando plata mantener.

Bueno, estos elementos de una larga cadena son parte de un legado de entuertos que indican que la improvisación, el cortoplacismo, el centralismo, el mal uso de los recursos que con esfuerzo depositamos los uruguayos en las ventanillas del Estado, y encima la “justificación” en base a la ideología, son causa y efecto de muchos de nuestros problemas, que se intenta disimular con eslóganes de ocasión, tratando de explicar lo inexplicable para quien tenga dos dedos de frente. → Leer más

Opinión

En modo circular

Esta semana el gobierno nacional presentó el Fondo de Investigación e Innovación en Economía Circular, que tiene como objetivo fomentar las capacidades de investigación e innovación, a través de la implementación de los principios de la economía circular, para permitir la reactivación económica y la resiliencia de las empresas.
Se trata de un instrumento gestionado conjuntamente por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), el BID Lab (Laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo), la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde (PAGE, por sus siglas en inglés), el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi).
Para participar del Fondo de Investigación e Innovación en Economía Circular podrán postularse organizaciones y empresas del sector privado radicadas en el país –excepto las instaladas en zonas francas, puerto libre y depósitos aduaneros– y los proyectos seleccionados recibirán un financiamiento no reembolsable de hasta el 70% de su presupuesto, con un límite máximo de hasta 2.200.000 millones de pesos, debiendo ejecutarse en un año.
El fondo busca generar investigación e innovación en cuanto al uso de tecnología 4.0, a través de los principios de fomentar la economía circular: regenerar, compartir, optimizar, recircular, desmaterializar e intercambiar.
Precisamente, por allí van los ejes centrales de la denominada economía circular, algo de lo cual se ha hablado mucho en última década, en especial en relación a sus beneficios para el desarrollo y el medio ambiente.
Se trata de una alternativa al modelo lineal de producir, usar y tirar que, por otra parte, posibilita reinventar el diseño de productos y servicios necesario para la vida cotidiana o la actividad laboral e incluso, el entretenimiento, siguiendo algunas directrices básicas pero de gran impacto tales como la reducción del uso de recursos a la hora de producir, extender la vida útil de los productos, maximizar su uso y asegurar una disposición final adecuada que priorice la recuperación de los materias y –en lo posible– su aprovechamiento.
Además de la reducción de emisiones –que según las estimaciones podrían llegar al 48% si los países apuestan fuertemente a la economía circular– también se estima que el despliegue de un modelo circular en los próximos 30 años podría reducir los costos de movilidad de la población en un 50% y los costos de alimentos entre un 25% y 40%, así como los costos de vivienda en un 25% a 35% aproximadamente, según datos publicados por la consultora de cambio climático del BID Paula Chaves.
Para que esto sea posible se necesita bastante más que dejar de usar los autos para comenzar a desplazarnos en bicicleta, reciclar nuestros propios residuos o realizar compost a nivel domiciliario. Son necesarias políticas públicas y compromisos gubernamentales que muevan no solo las intenciones sino también las decisiones, los procesos y el apuntalamiento financiero hacia la economía circular.
Hacia allí parecería que quiere encaminarse fuertemente Uruguay con la creación del Fondo de Investigación e Innovación en Economía Circular recientemente anunciado.
En este sentido, el ministro en ejercicio de Industria, Energía y Minería Walter Verri, dijo que la iniciativa constituye un paso para que Uruguay no solo sea un líder en economía circular en la región, sino también “un líder en la aplicación de tecnología”. Se trata de “los cambios que el mundo necesita” porque se requiere “dejar atrás aquello de que extraemos, usamos y tiramos sin importar los resultados” o dejando de lado que se trata de “recursos finitos”, dijo el jerarca sanducero enfatizando en que la vieja mentalidad de economía lineal es “bastante egoísta con las generaciones futuras”, sostuvo.
Agregó que resulta fundamental incorporar conceptos de economía circular a la cadena de producción y dejar atrás el concepto de “extraer, usar y tirar” de otros tiempos, para utilizar con mejores resultados los recursos existentes, hacerlos más duraderos, generar menos residuos y producir otros bienes.
Ahora bien ¿cuál es la experiencia internacional respecto a la economía circular en ciudades? Según un interesante artículo publicado por el experto del BID Daniel Stagno, ciudades como Londres, Seúl, Tel Aviv, Ciudad del Cabo o Amsterdam se han enfocado en crear políticas públicas y estrategias de economía circular a nivel de municipios o áreas metropolitanas como su primer paso para encaminarse a modelos de desarrollo sostenible.
Metrópolis como Berlín, París o Toronto han puesto el énfasis en la recuperación de materiales una vez finalizada su vida útil y también planearon y diseñaron infraestructuras verdes que apalancan los recursos naturales de la ciudad y su entorno para potenciar servicios ecosistémicos, regenerar el medio ambiente y reducir el uso de materiales biodegradables.
Otras ciudades se enfocan en promover la circulación de materiales de desecho para su reúso y transformación en bienes de mercado. Este es el caso de la ciudad de Austin, que en 2014 creó la plataforma digital que facilita las transacciones entre empresas con materiales de desecho y empresas que podrían utilizar dichos materiales como insumos en sus procesos productivos.
En tanto, la italiana Milán desarrolló recolecta de manera periódica desechos orgánicos de hogares, escuelas y establecimientos comerciales, y los transporta a una planta de biodigestión donde son transformados en fertilizantes para la agricultura periurbana y biogás, que se inyecta en la red de gas de la ciudad. Además, ha creado “hubs” para la recolección de alimentos excedentarios en buen estado, que posteriormente son entregados a oenegés enfocadas en la alimentación de personas en situación precaria. La ciudad estima que la aplicación de la Política ha contribuido a una reducción del 17% en el desperdicio de alimentos y ha evitado la generación de 9.000 toneladas de CO2 al año.
En América Latina –donde las ciudades generan 160 millones de toneladas de desechos sólidos al año, de los cuales se recicla apenas un 3%– la experiencia está apenas empezando.
Uruguay por sus antecedentes y logros de los últimos años en cuestiones como la reconversión de la matriz energética hacia energías limpias, así como por otras características propias –entre ellas el ser un país pequeño y poco poblado–, tiene una gran posibilidad de avanzar firmemente en materia de economía circular pero para ello se necesitan políticas nacionales que sustenten decisiones de largo plazo, la participación del sector privado y vientos a favor de la innovación. También podría pensarse en sistemas impositivos diferenciados que incentiven el cambio a nivel doméstico o de empresas de economía circular, incluyendo las de reparación de productos y extensión de la vida útil. En definitiva, se trata de producir, usar y gestionar mejor, disminuyendo la huella ambiental priorizando el uso sostenible de los recursos. → Leer más

Opinión

Reforzar la contención

La pandemia de COVID-19 ha ocasionado millones de muertes alrededor del mundo por acción del virus y las secuelas que ocasiona en el organismo humano, lo sabemos porque hay cifras que se actualizan constantemente desde que este mal comenzó a expandirse. Después hay estudios sobre las consecuencias económicas y en el mercado de trabajo que ha ocasionado, y todo tipo de variables muestran otras afectaciones. También se sabe, aunque no se hable tanto del tema masivamente al menos, que esta pandemia y los cambios en la vida de las personas que trajo consigo han tenido impactos en la salud mental de la población.
Queda en evidencia cuando se produce una seguidilla de suicidios, como ha acontecido recientemente, o en caso de autoeliminaciones de personas muy notorias, como el que se conoció en la víspera del árbitro de básquetbol Marcel Ciechanovvechi, que se difundió más porque ocasionó la detención de la actividad en el ámbito profesional del baloncesto, o el largamente comentado caso de Santiago García, así como de otros deportistas o exdeportistas que han tomado la trágica decisión de terminar con sus vidas.

En el caso de Ciechanovvechi han sido sus pares, los árbitros de básquetbol, quienes han salido a difundir el caso como una forma de concientizar sobre los problemas que están ocurriendo. Pero por supuesto que no podemos pensar que esto queda reducido el ámbito del deporte y al largo período de inactividad que afrontaron quienes de una forma u otra están vinculados a las diferentes disciplinas. Si bien en menor medida que en otros países, los uruguayos sufrimos las consecuencias de un distanciamiento que para algunos todavía se mantiene, como lo evidencian los mensajes de quienes se han movilizado en reclamo de la flexibilización de las condiciones de la reapertura del puente internacional para poder encontrarse con sus familiares. Los testimonios recogidos en el lugar dan cuenta de familias separadas, de abuelos que no han podido conocer a sus nietos, de sobrinos e hijos que no han podido despedirse de algún familiar que ha partido, o simplemente de la falta de un abrazo de contención.
O es que acaso no podemos interpretar estos incidentes violentos que estamos viendo fin de semana tras fin de semana en las canchas del fútbol del Interior, como un síntoma de estas alteraciones psicológicas. Líos en el fútbol siempre ha habido, y muy violentos, incluso más que lo que se ha visto ahora, pero llama la atención la seguidilla. Claro que habría que estudiarlo, pero no deberíamos descartar de buenas a primeras que haya una asociación con la necesidad de descargar frustraciones y ansiedades acumuladas por meses y meses.

La asociación entre la pandemia y los trastornos psicológicos han sido abordados en todo el mundo. Seguramente para los investigadores sea esta una ocasión única para evaluar este tipo de cosas, y de allí que haya tanto estudio publicado y en curso en estos momentos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha publicado multiplicidad de materiales al respecto, incluso guías digitales, o material audiovisual que está a disposición tanto del público como de los profesionales de la salud que trabajen en esta materia.

El duelo, el aislamiento y el miedo al contagio con el virus figuran entre los factores que, entiende la OMS, están generando o agravando los trastornos de salud mental. Las personas que han perdido a seres queridos y no han podido despedirse de ellas también se han visto muy afectadas emocionalmente. Por otro lado está también la pérdida de ingresos y la incertidumbre que ello provoca, situaciones que influyen en el bienestar emocional. La pandemia ha provocado, además, que se acrecienten las desigualdades sociales, lo que afecta la salud mental de las personas con mayor riesgo de caer en la pobreza.
También está el caso de las personas que, habiendo superado anteriormente un trastorno de salud mental, han acabado recayendo en estas circunstancias tan particulares.
En Uruguay se han realizado varios estudios. En la publicación número 4 de la Serie Estados de Situación de Risep (Red de investigación en ciencias sociales para enfrentar las secuelas de la pandemia), publicado en abril de este año, se aborda el tema.

En el documento se sintetizan los resultados de investigaciones realizadas en Uruguay en el último año con respecto al impacto de la epidemia de COVID-19 sobre la salud mental de la población. En el trabajo es posible “identificar importantes tendencias y mensajes emergentes” y en él “se presenta una síntesis de los estudios disponibles y sus resultados, con especial atención a las poblaciones más vulnerables”.
Entre las poblaciones más sensibles se enumera en primer término a los adultos mayores, señalados desde el inicio como uno de los principales grupos de riesgo de la enfermedad. “No solamente por el riesgo de morir por causa del virus en sí, sino porque ellos destacan por las comorbilidades, factores relacionados con el sistema inmune, síntomas geriátricos, aspectos nutricionales, etcétera”. También los residenciales, o albergues de larga estadía, se mostraron propensos a la rápida difusión del virus.
Los síntomas relevados con mayor frecuencia son: ansiedad, tristeza, insomnio, inseguridad, desconfianza, irritabilidad, desasosiego, alteraciones de la memoria, ideas de autoeliminación (llegando incluso al suicidio), y adicciones.

Otro grupo especialmente sensible es el de, niños y adolescentes. Estudios internacionales han demostrado que los acontecimientos de crisis tienen un impacto negativo en el bienestar psicológico en la infancia. Ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y del apetito, así como de las interacciones sociales son las manifestaciones más comunes.
En el caso de los adolescentes, la situación también es particular, en virtud del momento biológico, existencial y evolutivo de su desarrollo personal. Los impactos de las medidas de aislamiento repercuten negativamente en tanto inhiben actividades que son claves para su salud emocional y la construcción subjetiva e identitaria. “Los cambios hormonales de la pubertad se unen a la dinámica social de los adolescentes para hacerlos que estén muy atentos al estatus social y a su grupo de pares. Los adolescentes pueden sentirse frustrados, nerviosos, desconectados, nostálgicos y aburridos debido al distanciamiento social durante esta pandemia”, explican.
A todo esto hay que sumarle los casos de personas que, por ejemplo, hayan visto interrumpidos tratamientos médicos, o postergado operaciones programadas, por las medidas preventivas que adoptó el sistema sanitario y que para remediar los efectos adversos no alcanza con ponerse al día.

Por todo esto, no es de extrañar que los prestadores de salud estén recibiendo una demanda importante por atención a la salud mental, a la que es muy importante dar respuesta. Igual, aunque se lograra atender a todos los que demandan, también está el caso de quienes no acuden, quienes no piden ayuda, para quienes hay que tener otro tipo de estrategias. → Leer más

Opinión

“Perforaciones” en el Mercosur, mientras se continúa postergando lo sustancial

Con distintas interpretaciones –por lo menos hacia lo externo– ha sido recibida en los gobiernos de los países del Mercosur la reciente decisión del gobierno de Brasil de rebajar los aranceles de importación sobre el 87% de los bienes y servicios, adelantándose a un movimiento esperado por el bloque comercial sudamericano.
El gobierno de Bolsonaro anunció el viernes una reducción del 10% en los aranceles de importación que durará hasta fines de 2022, según un comunicado conjunto del Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que agregó que fue un movimiento excepcional dentro de las reglas del Mercosur.
Más temprano el viernes, el ministro de Economía, Paulo Guedes, dijo que esperaba que el Mercosur anunciara la misma reducción para el arancel externo común del grupo en los próximos días. La medida preventiva de Brasil puede agregar presión sobre otros miembros de Mercorsur para que sigan su ejemplo.
“Brasil sigue plenamente comprometido con las negociaciones en curso en el Mercosur”, según el comunicado, que agrega que la reducción del 10% “sigue los parámetros ya acordados con algunos de los socios del Mercosur en las negociaciones” en torno al arancel externo común.
Los miembros del Mercosur, –Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– han discutido durante años una reducción arancelaria para ayudar a incrementar el comercio entre los países del bloque y el resto del mundo.
La inflación en Brasil ha subido a dos dígitos este año, impulsada en parte por una moneda más débil que eleva el costo de las importaciones, creando un dolor de cabeza político para el presidente Jair Bolsonaro antes de las elecciones del próximo año. En un comunicado, el gobierno de Brasil dijo que la reducción se había realizado bajo una disposición del Mercosur que permite “la posibilidad de adoptar medidas destinadas a proteger la vida y la salud de las personas”.
El equipo de Bolsonaro entiende que la reducción de 10% en los aranceles a las importaciones será una herramienta eficaz para contener la inflación, pero la medida fue tomada antes de contar con el acuerdo de todos los socios.
El comité ejecutivo de la Cámara de Comercio Exterior (Camex) “redujo en 10% los aranceles del impuesto a la importación en aproximadamente 87% del universo tarifario, sin cubrir las excepciones ya existentes en el Mercosur”, indicaron en comunicado los ministerios de Economía y Relaciones Exteriores.
La medida se aplicará “temporalmente” hasta el 31 de diciembre de 2022 y se basa en el artículo 50 del Tratado de Montevideo del 1980, “que prevé la posibilidad de la adopción de medidas enfocadas a la protección de la vida y la salud de las personas”, indicó la nota.
La decisión “se justifica por la situación de emergencia derivada de la pandemia de la COVID-19 y por la necesidad de poder contar, de forma inmediata, con un instrumento que pueda contribuir para aliviar sus efectos negativos en la vida y salud” de los brasileños, agregó.
Debe tenerse en cuenta que el 8 de octubre, Brasil y Argentina acordaron reducir un 10% el arancel externo común del Mercosur tras meses de tensiones en torno a la flexibilización del bloque, lo que reafirma la tradicional bilateralidad de los dos grandes del Mercosur, y su práctica común de presentar medidas ya “cocinadas” para un tómenlo o déjenlo a los socios menores Uruguay y Paraguay.
La cancillería uruguaya consideró en su cuenta de Twitter que la decisión brasileña “refleja la necesidad de modernizar y sincerar el Mercosur, como forma de lograr una mejor apertura e inserción internacional”.
En los últimos meses, el gobierno brasileño ha impulsado una serie de medidas para contener la inflación, que acumula un aumento a 10,25% en 12 meses hasta setiembre, superando los dos dígitos por primera vez en más de cinco años.
“En un momento como el actual, en que tenemos una presión inflacionaria fuerte en la economía brasileña, nos gustaría dar un choque de oferta, facilitando la entrada de importaciones para moderar los reajustes de precios”, dijo antes del anuncio el ministro de Economía, el liberal Paulo Guedes, citado por el diario O Globo.
Según el diario, la medida se aplica solo a Brasil y a pedido de Argentina se excluyeron rubros considerados “sensibles” por ese país, como automóviles, autopartes, lácteos, textiles, duraznos y juguetes.
La reducción del arancel externo común a importaciones de terceros países ha sido, junto a la posibilidad de negociar individualmente acuerdos comerciales con terceros países, uno de los temas más espinosos del bloque en los últimos años.
La flexibilización del acuerdo regional, impulsada sobre todo por Brasil y Uruguay, en pos de una mayor integración a la economía global, chocó con el inmovilismo de Argentina y ha sido motivo de grandes tensiones entre los miembros, sobre todo entre Argentina y Uruguay, con disímiles posturas ideológicas, además.
Igualmente, la decisión intempestiva de Brasil, en base al “argumento” de su situación interna (¿qué país no la tiene, sobre todo en el Mercosur?) es más que nada un decisión controlada de “patear los tarros”, ante la parálisis del bloque en temas que rompen los ojos, y que Uruguay ha denunciado durante sucesivos gobiernos, con matices.
Con todo, mientras en Paraguay hay una reacción muy superficial, en Uruguay se considera que es un “buena noticia” porque va en la línea de la postura de la flexibilización del Mercosur, mientras en Argentina, si bien su gobierno dice que “no hay sorpresas” la realidad es que con su derrotero errático en política económica, el gobierno kirchnerista sigue afín a su proteccionismo a ultranza y suicida, por lo que está lejos de estar en sintonía con la medida de Brasil.
El tema a dilucidar trasciende en los hechos el acuerdo sobre arancel externo común del bloque, pese a que este es un aspecto importante para quebrar el tinte proteccionista, sino que tiene que ver con la necesidad de apertura del Mercosur al mundo, a suscribir acuerdos con otros bloques y países, lo que hasta ahora ha sido inviable por la cerrada negativa sobre todo de Argentina.
La perspectiva de que Uruguay pueda avanzar en un TLC con China, ha sido incluso planteada por el canciller uruguayo Francisco Bustillo a su par brasileño en el pasado mes de octubre, en la línea de atar la rebaja del arancel externo común a la flexibilización del bloque.
El punto es que las “perforaciones” puntuales solo generan más rispideces e imprevisibilidad al acuerdo regional, donde el gran problema, además de las asimetrías en las economías, es la incapacidad para coincidir en el interés común porque siempre prima el escenario interno, donde funcionan aceitadamente los lobbies sectoriales, los condicionamientos, y se opta por trabar a los que como Uruguay procuran una cosa distinta a los más de 20 años de inamovilidad que ha caracterizado al bloque, mientras el resto del mundo ha seguido avanzando. → Leer más

Opinión

La calidad del agua y el cuidado de las costas

Uruguay se sumó el sábado a la jornada internacional de limpieza de las costas, con actividades en más de cuarenta playas de Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Rocha y San José, donde participaron autoridades nacionales y organizaciones de la sociedad civil.
Estas intervenciones se llevan adelante desde hace más de treinta años en diversos países, con el fin de concientizar sobre el cuidado del ecosistema y la calidad del agua en las áreas costeras. La reiterada presencia de cianobacterias en algunos cursos de agua mantiene –al menos en verano y por la temporada de playas– el titular de la noticia y las alertas encendidas ante la alta presencia de nutrientes.

Es el resultado de la actividad humana y productiva en la tierra que decanta en las cuencas, con las consecuencias visibles sobre la superficie de las aguas, al tornarse verde.
Incluso está documentado en el “Informe del Estado del Ambiente 2020”, emitido al cierre del año pasado por el Poder Ejecutivo. Allí señalaba que las cuencas están comprometidas, en tanto los niveles de fósforo y nitrógeno son las consecuencias evidentes de la pérdida de calidad de las aguas.
Hay niveles “no aceptables” en ríos, arroyos, lagunas y otros cursos, de fósforo y nitrógeno. Los registros más elevados de nitrógeno se encuentran en los ríos Tacuarembó, Yí y Negro, en las cuencas de los ríos San Lucía y San Salvador y al norte en la frontera con Brasil, por el río Cuareim.

Las mediciones relatadas en el informe, efectuadas entre 2016 y 2019, confirman que los embalses siempre tuvieron altos niveles de contaminación. Por lo tanto, delata la poca efectividad de las medidas adoptadas para nivelar los registros elevados de los contaminantes.
El agua, que no debiera ser un problema a solucionar, dada las características de la topografía uruguaya, se ha transformado en un recurso que escasea en algunas comunidades. Mientras que la labor de la academia se ajusta a los tiempos de las investigaciones, las decisiones deben ser esencialmente políticas.
En los próximos días estaba previsto que comenzaran a regir los nuevos valores máximos de arsénico en el agua, luego de un decreto firmado en noviembre de 2011 por el expresidente José Mujica, que hacía lugar a las recomendaciones de organismos internacionales de bajar los niveles de de arsénico en el plazo de una década. OSE ha avanzado en los mecanismos de filtrado del agua, pero no le darán los tiempos para cumplir con lo establecido en la norma UNIT 833-2010 de bajar a 10 microgramos de este químico por cada litro de agua. Es así que el Ministerio de Salud Pública adicionó dos años al proceso para que el ente cumpla con lo resuelto.

Con el avance de las preocupaciones medioambientales y el estado de los cursos de agua –que los académicos y ambientalistas han puesto sobre la mesa– se ha generado una reactivación y preocupación por los niveles contaminantes. Es posible que sea veraz la afirmación que señala que el problema estuvo allí, desde siempre. Sin embargo, no es menos cierto que el incremento de la actividad humana en diversos ámbitos y la utilización de nuevos químicos, motivó a mayores preocupaciones ante lo evidente.
En forma paralela, OSE tiene otro problema con las tuberías que en algunas zonas del país tienen más de cien años. La inversión del ente ronda 10 millones de dólares anuales, para cambiar el uno por ciento del total de las tuberías por cada año.

Es que este escenario, además, provoca inseguridades. Antes de que asumiera el cargo de subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla –que tiene un máster en Derecho Ambiental otorgado por la Universidad de Andalucía–, aseguró que no toma agua de la canilla porque no tiene confianza “en el estado en que ha quedado el río Santa Lucía”, que abastece al 60 por ciento de la población del país.
De hecho aseguró que “para mí sería un logro si el último día de gobierno abrimos la canilla y tomamos agua o me bajo en un arroyo y tomo sin problema”.
A pesar de las sucesivas entrevistas realizadas a las autoridades del ente, que puntualizan sobre la potabilidad del agua, Amarilla refiere a eso, precisamente. “Por más tratamiento y químicos que se le pongan al agua, ya el tema de que tenga mucho tratamiento le quita incentivo a que se tome el agua de la canilla”. Y expone otra realidad: “Por algo la gente no confía mucho y todo el mundo compra filtros”. Y lo dice un jerarca del gobierno y estudioso del asunto desde el punto de vista académico, por lo tanto queda muy poco para agregar.

Más allá de los votos de confianza a la tarea que se lleva adelante desde el organismo, o a las declaraciones realizadas por los referentes, existe un compromiso de cambiar la situación. Sin embargo, no hay transformaciones válidas sin capacidad de liderazgo. Es que el propio ente no ha podido explicar los episodios de turbiedad y de sabor, constatados en diversas zonas del país, algunas más densamente pobladas que otras.
La confidencialidad de algunos resultados, que no se exponen con transparencia, conspiran contra la confianza y hace que las sucesivas autoridades deban transitar un camino cuesta arriba.
Por eso, la cuestión a resolver no es tan fácil. Ni siquiera rápida. Porque nuestro mapa se compone de una producción agropecuaria de ganadería intensiva, entre otros emprendimientos.
Por lares sanduceros, es esperada con gran expectativa la construcción de una planta de efluentes el próximo año, luego de la confirmación de las autoridades del organismo ante una reciente visita al departamento. La necesaria obra pasó por décadas de anuncios fallidos y excesivas explicaciones, que fueron recogidas desde estas páginas. Implica una protección efectiva al río Uruguay ante el impacto ambiental que padece por los vertidos “crudos”, algo que sigue siendo inconcebible en este siglo caracterizado por tantos avances.

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Opinión

Calentamiento global: ¿“la vaca les gana”?

Desde el 31 de octubre y hasta el 12 de noviembre se desarrolla en la ciudad escocesa de Glasgow la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida también como COP26 y de la cual están participando importantes líderes de diferentes países.
En la ceremonia inaugural el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, dijo que “los seis años que han transcurrido desde el Acuerdo de París sobre el Clima han sido los años más calurosos registrados. Nuestra adicción a los combustibles fósiles está empujando a la humanidad hacia el abismo. Tenemos por delante una difícil decisión: o acabamos con ella o ella acaba con nosotros”. (…) “Basta de maltratar la biodiversidad. Basta de matarnos a nosotros mismos con el carbono. Basta de tratar la naturaleza como un retrete. Basta de quemas, perforaciones y minas cada vez más profundas. Estamos cavando nuestra propia tumba”. Para ello deberán tomarse acciones concretas e inmediatas para reducir las emisiones globales en un 45% para 2030; un esfuerzo que debe ser liderado por los países desarrollados. Los países del G20 tienen una responsabilidad especial, dado que representan alrededor del 80% de las emisiones”, sin perjuicio del esfuerzo que deberán hacer las economías emergentes para lograr dicho objetivo.
En el marco de esta conferencia, y de acuerdo con lo informado por el diario El País de Madrid, “103 países se comprometieron a reducir esta década un 30% sus emisiones de metano, el gas responsable del 25% del calentamiento. Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han apadrinado un pacto que busca limitar el incremento de la temperatura mundial. (…) El metano es un potente gas de efecto invernadero que siempre ha quedado a la sombra del dióxido de carbono (CO2), el principal de los precursores del calentamiento, pero en la lucha climática internacional se están intentando impulsar también compromisos concretos contra él. Según el último informe del IPCC –el panel internacional de expertos encargados de sentar las bases científicas sobre el cambio climático–, el metano es responsable del 25% del aumento de la temperatura global registrado en el planeta desde la era preindustrial. Y sus niveles no han parado de aumentar en los últimos dos siglos. Los 103 países que han firmado este acuerdo suponen el 70% de la economía mundial y son responsables de casi la mitad de las emisiones antropogénicas de metano, según ha detallado el Departamento de Estado de EE. UU. Inicialmente, este compromiso del metano fue apoyado por 31 países, que anunciaron en setiembre su intención de sumarse. Según los datos facilitados este martes por la Administración de EE. UU. en estos momentos rondan ya el centenar. Además, de EE. UU. y la UE, también están dentro Brasil, Indonesia, Canadá, Arabia Saudí y el Reino Unido. Aunque entre las ausencias destacan tres de los grandes emisores: China, Rusia y la India”.
El diario español destaca, asimismo que “un reciente estudio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) detallaba que el 40% de las emisiones mundiales de metano provienen de fuentes naturales, principalmente de los humedales. El 60% restante está ligado a las actividades humanas: casi un 25% se corresponde con la agricultura y la ganadería, otro 21% se debe a los combustibles fósiles y casi otro 12% a los residuos.”
Desde la publicación del reporte “La larga sombra de la ganadería” por parte de la FAO (la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en el año 2006, la ganadería ha sido señalada como una actividad que contribuye en gran medida al calentamiento global y, en consecuencia, al cambio climático, además de provocar otras consecuencias no deseadas para la salud del planeta. De acuerdo con este informe, “por la magnitud de su impacto, la ganadería es uno de los dos o tres sectores con repercusiones más graves en los principales problemas medioambientales a todos los niveles, desde el ámbito local hasta el mundial. Los resultados de este informe indican que la consideración de este sector es fundamental a la hora de diseñar políticas encaminadas a la solución de los problemas relacionados con la degradación de las tierras, el cambio climático, la contaminación atmosférica, la escasez y contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad”.
Ante este panorama global, en el cual el ganado vacuno será “sentado” en el banquillo de los acusados por las grandes potencias internacionales (las mismas que nos imponen obligaciones en materia de prevención de lavados de activos que ellos mismos no cumplen), resulta importante que Uruguay tome conciencia de esta nueva tendencia contra la carne vacuna, la cual es atacada en forma incesante a nivel internacional no sólo por motivos medioambientales sino también como supuesta generadora de obesidad, por el cáncer de colon que supuestamente produce, por el maltrato animal y por la aparición de la llamada “carne vegana” (que obviamente no es carne), un gran negocio emergente para empresas multinacionales y que ya se ofrece en diversos supermercados de nuestro país. La carne vacuna ya venía siendo “la mala de la película” pero la Conferencia que se está celebrando en la ciudad de Glasgow claramente acelerará esos ataques.
De acuerdo con lo informado por la página web de la Presidencia de la República, el 25 de octubre la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el ministro de Ambiente, Adrián Peña, den una conferencia de prensa en la residencia de la embajadora británica, Faye O’Connor, para presentar la posición uruguaya en COP26. La ministra Arbeleche recordó que en esta administración se creó el Ministerio de Ambiente y que por primera vez la política económica incorpora esta temática. “No se trata de coordinar entre ministerios, sino de que la política económica internalice que se debe diseñar a partir del tema ambiental”. ¿Qué alcance tienen las palabras de la ministra Arbeleche? ¿Otra vez Uruguay seguirá las reglas que le dictan los países desarrollados sin siquiera hacer escuchar su voz para proteger el ambiente, sin descuidar el trabajo de miles de trabajadores de la carne y sus familias? ¿Cómo piensa la ministra Arbeleche reemplazar las fuentes de trabajo y el movimiento económico que genera la industria frigorífica y las industrias derivadas (por ejemplo las curtiembres) ante este nuevo embate contra la carne?
Nadie puede ni debe dudar la importancia de la protección del ambiente, tarea que debe ser de primera importancia no sólo para la comunidad internacional sino también para Uruguay como integrantes de la misma y para cada uno de sus ciudadanos. Sin perjuicio de ello, nuestro país debe marcar una estrategia clara e inteligente para que ese objetivo no se haga a costa de la desocupación y la pérdida de exportaciones. En un mundo donde las potencias mundiales han elegido a la carne y a la ganadería como “su nuevo enemigo” debemos dar una batalla desigual pero necesaria para que defender la producción ganadera ambientalmente sustentable y económicamente redituable junto con los puestos de trabajos directos e indirectos de miles de uruguayos. Es una tarea compleja pero al final, “la vaca les gana”, como dijo el expresidente de la República, Jorge Batlle, en medio de la crisis financiera del año 2002, en un discurso realizado en el marco de la Expo Prado. → Leer más

Opinión

Una ley pour la galerie

El senador nacionalista Juan Sartori expuso en la cumbre del clima COP26, en Glasgow (Escocia), que tiene en mente presentar un proyecto de ley por el cual se prohíba utilizar motores a combustión en ríos internos y lagunas de Uruguay, como aporte para la reducción de la emisión de carbono a la atmósfera, uno de los principales causantes del calentamiento global y el cambio climático. El objetivo es que las embarcaciones en los cursos de agua dentro del país pasen a ser impulsadas exclusivamente por motores eléctricos en el futuro.

Aunque la propuesta suena muy atractiva para cualquiera con algo de conciencia ecológica, en la práctica roza lo absurdo y si bien se desconocen los detalles, de concretarse podría producir más perjuicios que ventajas reales. Con esto no queremos decir que no sea importante cuidar nuestros recursos hídricos y sus ecosistemas, tan frágiles y a su vez tan maltratados en la actualidad. Por el contrario, creemos que hay que tomar medidas drásticas para evitar que se sigan deteriorando por la deforestación de los bosques ribereños, la eutrofización que aporta a las aguas un exceso de nutrientes de la tierra así como de agroquímicos, los vertidos de aguas negras sin tratar de las ciudades costeras, las explotaciones de ganadería intensiva y los tambos cuyos desechos van a parar a los ríos y arroyos, así como los de las industrias, entre un sinfín de otros motivos por los cuales hoy tenemos muy comprometidos muchos de nuestros cursos de agua.
Podrá decirse que una cosa no quita la otra, y que la propuesta del senador montevideano –que, como tal, piensa con cabeza de citadino desconociendo la realidad del Interior profundo– no debería descartarse. Pero, como decimos, el problema es que no sólo no aporta nada sino que por otro lado genera graves perjuicios y además es impracticable en el marco de nuestra realidad actual. Por ejemplo, la primera que estaría en falta sería ni más ni menos que la Prefectura Nacional Naval, que paradójicamente es la autoridad que debería controlar que la norma se respete. Y más vale que no le siga la corriente a Sartori, porque el problema no es sólo de recursos –por lo cual actualmente ni siquiera tiene capacidad para controlar la pesca con trasmallos, con los que depredan cuanto arroyo y río hay en este país–, sino que existe un problema mayor: la poca autonomía y potencia de los motores eléctricos fuera de borda.

¡No quisiéramos imaginar lo que sería intentar un rescate con una embarcación impulsada por motores eléctricos en un río Queguay algo crecido! Además hay que tener en cuenta que para lograr mayor potencia y autonomía, se necesitan baterías cada vez más grandes y pesadas, que por otra parte no tienen dónde cargarse en las zonas rurales. Los que actualmente se usan para pesca deportiva –generalmente para “trolling”– son motores de muy baja potencia, sólo aptos para mover una pequeña embarcación por distancias cortas, a muy baja velocidad y en espejos de agua sin corrientes.

Por ese mismo motivo, de aplicarse la ley sartorista prácticamente sería imposible imaginar un campamento de pesca –como le gusta hacer a tantos uruguayos– pero también buena parte de la pesca artesanal como sustento para cientos de compatriotas que utilizan pequeños motores fuera de borda para recorrer sus espineles.

Pero además es importante dimensionar las cosas: ¿cuántas embarcaciones a motor se imagina Sartori que hay en un río interior navegando al mismo tiempo? No sabríamos responder, pero a lo sumo serán unas pocas decenas, distanciadas miles de metros entre sí, y cuyo impacto en el agua se limita las cercanías del bote o lancha.

Por supuesto que en el río Negro, la laguna Merín y algún otro lugar específico pueden ver más tráfico, pero aún así la contaminación por motores de embarcaciones es ínfima comparada con otras fuentes que sí contaminan en grande. Por ejemplo, es bien sabido que el río Negro ya tiene niveles de fósforo alarmantes debido a la eutrofización y vertidos urbanos. Sin embargo, en lugar de tratar de mitigarlos se autorizó la construcción de la planta de celulosa más grande del mundo, que por más que cuente con la mejor de las plantas de tratamientos de efluentes, cuando comience a operar aportará decenas de kilos de fósforo diarios al lago de Rincón del Bonete; además de compuestos de azufre, óxidos de nitrógeno y un sinnúmero de químicos altamente nocivos.
Entonces ¿qué se puede hacer para no seguir afectando el agua dulce superficial de nuestro país de la forma en que lo estamos haciendo? Mucho, y debería empezarse ya. En primer lugar, controlar que las normas que ya existen, se cumplan. No puede ser que se deprede nuestra fauna ictícola con total impunidad mientras la Prefectura parece que ni se entera (¿y cómo pensarán controlar que no utilicen motores a combustión en cursos de agua a los que no pueden llegar?).
También, terminar ya con la destrucción de los bosques nativos, que aportan sombra a los arroyos y los ríos y fijan elementos contaminantes a la tierra antes de que lleguen al agua, entre un sinfín de funciones igual de importantes. Por supuesto, sancionar duramente a los productores agropecuarios que infringen las reglamentaciones de uso de agroquímicos, y controlar los vertidos de los tambos y feedlots; medida ésta que funcionó bien en el Santa Lucía, cuando se empezó a controlar porque la fuente de agua dulce de donde se abastece Montevideo estaba comprometida por la contaminación. Mantener los humedales intactos y asegurarse de que todas las poblaciones costeras cuenten con plantas de tratamiento de efluentes, entre un sinfín de otras medidas.

Pero si a Sartori le quitan el sueño los humos de los pequeños motores fuera de borda, hay algo que sí se puede hacer: exigir que los que lleguen a Uruguay cumplan con los estándares de emisiones del Mercado Común Europeo, que cuenta con una norma muy estricta en ese sentido, y prohibir la importación de motores de dos tiempos, que liberan aceite junto con los gases de escape.

Eso significa que los motores deben ser a inyección electrónica en primer lugar, y de cuatro tiempos, que son más económicos, más ecológicos y no tiran aceite al agua. Hoy, la mayoría de los fuera de borda que se usan en nuestro país son de dos tiempos, a carburador y muchos de ellos además de mala calidad, que no serían aceptados en ningún país del primer mundo.
Aún así cabe la pregunta: ¿aportaría algo significativo al medio ambiente un cambio en ese sentido? Pues no, para nada, porque Uruguay no es el Mediterráneo; la náutica aquí está en pañales. Pero al menos podría justificar su inquietud legislativa.

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Opinión

Los conflictos de intereses en medio del debate sobre el cambio climático

La cumbre COP 26 sobre el cambio climático que se desarrolló el pasado fin de semana en Glasgow, Escocia, congregó a representantes de 110 países, incluido Uruguay, y culminó con un acuerdo y declaración que apunta a detener la deforestación en 2030, lo que permitiría mejorar la efectividad de los bosques como sumideros de carbono en la lucha contra el efecto invernadero y sus consecuencias en el clima.
Los estados firmantes representan el 85% del boscaje global, y en su acuerdo se comprometen a detener y revertir la tala de árboles esta década, a cambio de financiación por 19.200 millones de dólares en fondos públicos y privados.

Aunque consideró “positivo” el anuncio, la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales, que representa a 52 países, muchos de ellos latinoamericanos, señaló que este dinero es muy insuficiente para compensar la pérdida de ingresos derivados de la deforestación, de los que dependen estos territorios.
El director de la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales, Kevin Conrad, de Papúa Nueva Guinea, dijo a Efe que “es positivo” que “alguien como Boris Johnson hable de árboles”, pero la realidad es que la financiación ofrecida “es una gota en medio del océano” frente a lo que se necesita para desincentivar la tala de árboles para la agricultura.
Según sus datos, para detener y revertir la deforestación en 2030, de cara a lograr el objetivo de limitar el calentamiento del planeta a 1,5 grados este siglo, se necesitan 100.000 millones de dólares anuales durante diez años que se repartan entre todas las naciones con bosques tropicales.

La coalición también cuestiona que se haga este anuncio cuando ya existe en el Acuerdo de París de 2015 contra el cambio climático un mecanismo para compensar a los estados que contribuyen a la reducción de emisiones mediante la preservación de sus bosques, que apenas se aplica.
En todo evento de estas características, por cierto, la intención de la convocatoria suele ser adornada por declaraciones rimbombantes y compromisos que la experiencia indica suelen perderse y no ser acompañadas por hechos concretos en la mayoría de los casos.

Por ejemplo, al inaugurar el evento “Bosques y Tierra”, el primer ministro británico y anfitrión de la COP26, Boris Johnson, subrayó que “el cambio climático y la biodiversidad son dos caras de la misma moneda”, de modo que mientras se combate una, se debe proteger la otra.
En la misma línea el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que hay que cerrar el paso a la deforestación “con el mismo serio proceso aplicado a descarbonizar la economía”, pues, señaló, “los bosques pueden ayudar a reducir las emisiones en más de un tercio”.

Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), los bosques albergan 60.000 especies diferentes de árboles, el 80% de las especies de anfibios, el 75% de las especies de aves y el 68% de las especies de mamíferos de la Tierra.
Pero durante los últimos 13 años, más de 43 millones de hectáreas de arboledas han sido devastadas en esos ecosistemas, una superficie comparable con el estado estadounidense de California.
Además de la problemática de la deforestación, los integrantes del COP 26 se comprometieron a reducir sustancialmente la emisión de gas metano, llegando en concreto un 30% menos al final de esta década.
Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el metano “es uno de los gases que podemos reducir más rápidamente”, a la vez de hacer hincapié en que este gas es responsable de “cerca del 30%” del calentamiento global acumulado desde la revolución industrial.

Se ha evaluado que el metano (CH4) tiene un efecto invernadero 80 veces más potente que el CO2 y entre sus fuentes están las minas de carbón a cielo abierto y el ganado, que han recibido relativamente poca atención hasta ahora.
Pero, pese al liderazgo de Estados Unidos y la Unión Europea y la inclusión de grandes productores de vacuno como Brasil y Argentina, estos solo representan un 40% de las emisiones mundiales de metano.
El punto, además, es que en este foro ha habido ausencias muy significativas, como las de China, India y Rusia, tres de los cinco mayores emisores del planeta, y especialmente esta última, gigante de la extracción de gas, con un elevado porcentaje de escapes de metano en sus gasoductos de distribución a Europa. Así, el anuncio de la cumbre no alcanza la reducción del 45% que, según la ONU, es necesaria para mantener el calentamiento global por debajo de +1,5ºC, lamentó Murray Worthy, responsable de la oenegé Global Witness, en tanto hay países como Brasil, que sigue adelante con la deforestación de la selva del Amazonas, y México, que continúa con su política de explotación petrolera e instalación de refinerías, en uno y otro caso priorizando sus intereses económicos y perfil a las acciones contra el cambio climático.

Un aspecto este último, además, en el que la opinión del mundo científico no es unánime ni mucho menos: hay académicos que dudan de la gravedad de la situación, ponen en tela de juicio los plazos que se manejan y advierten que mucho antes de que la humanidad contaminara, hubo largos períodos de frío y calor en el mundo que se fueron alternando, sin intervención del hombre.
Tampoco ayuda mucho a la credibilidad la evidente manipulación que se hace de “embajadores” de la cruzada medioambiental, como en el de la joven “ambientalista” sueca Greta Thunberg, evidentemente utilizada como fachada por intereses económicos asociados a las energías alternativas, por más que se comparta el objetivo de ir sustituyendo las fuentes de energía fósiles.

En este conflicto de intereses, de hacer pagar de alguna manera la lucha por el medio ambiente a los países que históricamente han sido los grandes contaminantes –no solo el mundo capitalista, teniendo en cuenta que detrás de la cortina de hierro de la ex URSS hubo enormes desastres medioambientales por explotaciones indebidas– tenemos que mientras los dirigentes mundiales se reunían en la conferencia de las Naciones Unidas en Glasgow, la atención está virando hacia uno de los mayores riesgos relacionados con la descarbonización del planeta: que los costos de la transición a las energías limpias desencadenen una reacción populista negativa.

Estas preocupaciones tienen gran importancia sobre todo en Europa, donde los legisladores están alertando cada vez más sobre las probabilidades de que se presenten disturbios sociales y de que surja un debilitamiento del apoyo de la población si el costo que implica cambiar los combustibles fósiles baratos recae con demasiada fuerza sobre las familias pobres y de ingresos medios.
Por lo tanto, la contundencia de las acciones que se adopten en aras de la defensa medioambiental deben ser acompañadas de decisiones políticas que permitan atenuar impactos sociales, y hacer que en esta convergencia se acompañe el hacer con el convencer, sin perder de vista que es preciso aislar y denunciar a los defensores de oscuros intereses que quieren dejar todo como está, para seguir lucrando al costo que sea.
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Opinión

Burocracia y corporaciones de sindicatos, hacen la “tormenta perfecta” en el Estado

Los expresidentes Tabaré Vázquez y José Mujica, cada uno a su modo, intentaron llevar adelante, con mayor o menor ambición en cuanto a los proyectos, una necesaria reforma del Estado que permitiera superar la inmovilidad y el statu quo que imponen las normas y la burocracia, que entre otras consecuencias conlleva un Estado costoso, que consume cuantiosos recursos, y a que a la vez devuelve muy poco a los ciudadanos y el país, más allá de las evaluaciones de sectores interesados, los que viven del Estado y que tratan de transmitir una imagen distinta a la ciudadanía.
Claro, cuando a lo largo de las décadas se ha dado tanto –y han tomado– poder a las corporaciones dentro del Estado, es muy difícil intentar encontrar la punta del ovillo para ir desenredando esta madeja, y mucho menos si desde adentro funciona la aceitada “máquina de impedir”, que quiere dejar todo como está.
“No me la llevaron”, dijo Mujica cuando pretendió justificar el fracaso de su intento de mejorar algunas de las deficiencias en el Estado, y se encontró que desde los sindicatos públicos y desde la propia izquierda, varios sectores torpedearon cualquier intento por cambiar las cosas.
Anteriormente, Vázquez había intentado llevar adelante la “madre de todas las reformas” del Estado, y por supuesto, su intento naufragó desde el vamos, porque hacer algo contra viento y marea suponía nada menos que chocar con la maquinaria que llevó al Frente Amplio al poder –y lo mantuvo–, como es el caso de los sindicatos de funcionarios públicos y el controlar el Pit Cnt –brazo sindical del partido–, así como oenegés amigas y organizaciones sociales que están en connivencia con organismos del Estado.
Así, ocurre lo que bien sintetizó en su momento el exministro de Relaciones Exteriores de los gobiernos del Frente Amplio, Rodolfo Nin Novoa, cuando en un acto de sinceramiento reconoció que los verdaderos “dueños” de las empresas públicas son los sindicatos, no la gente, y que por lo tanto están al servicio de los funcionarios, en los hechos.
Esto no es gratis, por supuesto, porque más allá de los problemas de gestión, que siempre han existido, los sindicatos torcieron las decisiones para su beneficio, y lo que es aún peor, han intentado –y muchas veces logrado– que buena parte de la población entienda que lo hacen en beneficio del interés general, cuando como todo gremio, solo buscan el propio –con el agregado muchas veces de motivaciones ideológicas–, porque para eso han sido creados los sindicatos.
Vienen a cuento de este análisis expresiones del titular de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Cr. Conrado Ramos, vertidas en un libro sobre la administración pública en América Latina, junto a sus colegas Alejandro Milanessi y Diego Gonnet, en el sentido de que Uruguay “mantiene esquemas de gobernanza, estructura organizacional, gestión financiera y mecanismos de rendición de cuentas típicos de la primera mitad del Siglo XX. Como era de esperar, esto tiende a generar organizaciones orientadas a procesos con serias dificultades para mejorar su desempeño y adaptarse a los nuevos requisitos”.
Precisamente con relación al poder de los empleados estatales y sus sindicatos indican que en Uruguay “se puede decir que la burocracia ejerce su poder político en los ministerios”, principalmente a través de lo que algunos autores definen como “la disponibilidad de medios no impracticables”. Según da cuenta en el semanario Búsqueda, este concepto refiere a la capacidad de los burócratas para “condicionar la visión de los formuladores de políticas sobre la viabilidad y las posibles formas de implementar sus ideas y proyectos”.
Tal poder “radica en su dominio de las rutinas técnicas y administrativas, planteando un caso en el problema de la información asimétrica entre principal y agente, pero con la salvedad de que en nuestro país se ignora el servicio civil ‘meritocrático’”. El punto es que la burocracia establecida, con reglas que protegen sus derechos adquiridos, “ha desarrollado conocimientos y herramientas legales para bloquear la voluntad y gestión de los líderes ejecutivos para desarrollar políticas”, lo que en buen romance significa arrogarse el poder de decidir por encima de la voluntad de la población en las urnas, cuando elige a sus gobernantes y a los que tienen el poder de decisión, directa o indirectamente.
Asimismo, señalan los autores como ejemplo de esa capacidad de promover sus intereses la creación “generalizada de fondos extrapresupuestales obtenidos de tarifas y precios de trámites y servicios a la ciudadanía, compartidos entre el propio personal”, o la exitosa resistencia de los funcionarios a establecer una competencia pública (dentro y fuera del Estado) para ocupar puestos de alta conducción en el propio Estado. Uno de los nudos gordianos en el tema, además, es que esta trabazón se agrava por el hecho de que los legisladores no solo desconfían de la burocracia y a la vez responden politizándola, sino que tampoco institucionalizan formas de gestión para romper la resistencia burocrática, y quedan como rehenes de esta maquinaria.
Con ser este un escenario grave y paralizante para el país, se agrega la presencia dominante de los sindicatos y corporaciones de funcionarios públicos que son rueda de transmisión de la izquierda, junto a organizaciones “sociales” –en realidad, simplemente son políticas y de izquierda– que defienden solo sus intereses, pese que tratan de dorar la píldora en sus reivindicaciones por la “defensa de las empresas públicas” o “contra las privatizaciones”, cuando de lo único que se trata es de proteger sus intereses y/o privilegios.
Por añadidura, “es en las empresas públicas y entidades descentralizadas de ejecución de políticas sociales, caracterizadas por el uso intensivo de mano de obra calificada (médicos, docentes, administradores) donde la burocracia pública alcanza el poder suficiente para determinar la dirección e intensidad de las políticas e incluso reformas, a la vez que los sindicatos de los funcionarios de los entes han jugado un papel central en la creación y apoyo para coaliciones antirreforma más amplias, resistiendo con éxito los intentos de desmonopolización y privatización”, evalúan los académicos.
Una realidad por todos conocida, que lamentablemente está siempre en cartel en nuestro país, y que explica el por qué de la inamovilidad que tan caro nos sale, que agrava los problemas de gestión y que afecta el costo del Estado, la falta de competitividad, genera deficiencia en los servicios y determina que los recursos no vuelven en servicios al ciudadano que los aporta religiosamente con gran esfuerzo.
Mientras tanto, los mismos de siempre nos siguen “vendiendo” alegremente que las empresas son nuestras y que todo lo hacen por el interés general y contra los “vendepatria”, cuando estamos eternamente ante la “tormenta perfecta”, con todos los uruguayos sufriéndola, sin salida a la vista. → Leer más