Opinión

La intrincada y muchas veces inexplicable realidad político-electoral argentina, donde se suceden gobiernos populistas peronistas y alguna interrupción de propuestas más o menos liberales como la administración fallida de Mauricio Macri –muy embretada en sus posibilidades por los condicionamientos de deuda y déficit heredada de los gobiernos kirchneristas– da poco margen para el optimismo respecto a cómo evolucionará el escenario en el vecino país, pese a sus inmensos recursos naturales.

Un panorama al respecto lo desgrana el economista Javier De Haedo, en el suplemento Economía y Mercado, del diario El País, cuando evalúa que “Argentina insiste en escribir el manual de lo que no debe hacerse. Para colmo, se siguen mandando a imprenta reiteradamente, sus ediciones actualizadas y ampliadas. Y si bien lo que más impacta, por ser lo más difundido, con información al instante, es el caos macroeconómico (precios de sus numerosos tipos de cambio, riesgo país, índices de Bolsa) no le van en zaga los problemas en el ámbito social y en el de la microeconomía”.
Subraya que algunos datos de la macroeconomía bastan para describir “una realidad insostenible y que deja ver un ajuste, cuyo diseño, como tantas veces antes, dependerá de si el gobierno se anticipa a hacerlo o si deja que se imponga la realidad. Y se sabe que la realidad suele imponer uno mucho más doloroso que el que diseñan los gobiernos, por peor que éste resulte”.

Estos datos macroeconómicos son los siguientes: la inflación anual está en el 52 por ciento, la economía crece significativamente tras la depresión por la pandemia –estimado en un 8,3% en el año, tras haber caído un 9,9 el año pasado– en tanto el riesgo país está en 1.750 puntos básicos, las reservas disponibles por el Banco Central de la República Argentina se acercan a cero y la brecha entre el dólar blue y el comercial oficial es del 100 por ciento. Mientras, sigue la impresión de billetes, y la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de unos 43.000 millones de dólares, requiere un acuerdo que Argentina pretende hacer sin ajustar sus cuentas ni reformar la economía, simplemente porque ello determinaría un escenario social que derrumbaría todas las pretensiones electorales del gobierno de Alberto Fernández.
Argentina, por cierto, no es el único país de la región embarcado en los tentadores voluntarismos de repartir lo que no se tiene, que es como pretender tirarse al agua para cruzar el río y salir seco, pero sí el que potencia al máximo las políticas económicas que no se deben llevar a cabo, so pena de pegarse un tiro en el pie para poder salir de la encerrona, como describe el economista De Haedo.

Uno de los grandes problemas tiene que ver con los costos enormes de los “planes sociales”, con los que supuestamente se “combate” la pobreza, que no es otra cosa que asistencia económica con fines electorales, para tener un amplio sector de la población cautivo de la “generosidad” del gobierno kirchnerista, y así seguir pateando la pelota hacia adelante, en una actitud tan irresponsable como suicida, a lo que se agrega un alto grado de corrupción histórico en el peronismo, pero sobre todo en el kirchnerismo.
Según la encuesta permanente de hogares del instituto Indec, las pobreza se ubicó en el 40,6 por ciento de la población en el primer semestre de este año, en tanto la indigencia alcanza al 10,7 por ciento.
Encima, el gobierno de Alberto Fernández insiste con medidas como impuestos desmedidos a las exportaciones, los subsidios a los servicios de energía y otros servicios públicos, los productos con precios topeados, la prohibición temporal de exportar carne, además del cepo al acceso a los dólares para importaciones, entre muchas etcéteras de similar tenor proteccionista y regulador.

En suma, el delirio argentino es un claro ejemplo de lo que no debe hacerse en economía, entre otros aspectos, porque se suman prácticamente todas las medidas que en los países en serio han sido descartadas, por su probada ineficacia y efecto contrario al que supuestamente se busca.
Debe tenerse presente que en una economía, en cualquier país, la transferencia de recursos es un factor clave para el desenvolvimiento, la sensación térmica de la población, de los operadores económicos, de las empresas, del ciudadano común, y por incidencia de una serie de factores, esta transferencia que deriva de un sector a otro puede ser una consecuencia natural del mercado sin la intervención del Estado, con una intervención moderada de éste como redireccionador de recursos o como en el caso de los estados de regímenes de economía colectivizada, con todo dependiendo del Estado, incluso como empleador único.

Pero el tema es que transferir recursos debe tener como punto de partida que existan recursos, o de alguna forma hacer o promover que esta transferencia para avanzar hacia el autosustento de la economía, es decir actuar como agente catalizador para multiplicar recursos y generar un circuito virtuoso.
Lamentablemente, los regímenes populistas que se han dado en todo el mundo pero sobre todo en América Latina, como en la Argentina, suelen poner la carreta delante de los bueyes con el énfasis en la redistribución como un agente mágico que solucionará los problemas de desigualdad y marginación, cuando la cosa es mucho más compleja que el voluntarismo. Es que esta “solución” puede ser en realidad –generalmente lo es– un multiplicador de pobreza, justamente al revés de lo que se pregona. Por tanto no es de extrañar que los índices de pobreza e indigencia se hayan disparado en el vecino país, mientras en Uruguay –que vivió la misma crisis sanitaria– se mantuvo en niveles muy inferiores, del orden del 11,6% de pobreza y 0,4% de indigencia.

“La pobreza es consecuencia de múltiples factores que hay que atacar. No alcanza con las transferencias monetarias, y cuando la economía de un país crece no se arregla dándole dinero a la gente”, expresó al respecto, entre otros conceptos, el director del Centro de Desarrollo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), Dr. Mario Pezzini, a la vez de consignar que “son estos múltiples factores los que hay que atacar”, en lugar de concentrarse en los efectos.
Por supuesto las transferencias directas de recursos como la asistencia estatal no solo no son el remedio para la pobreza, sino que son parte del problema, por cuanto una vez suspendida esta entrega –como es el caso de los planes sociales en Argentina– la familia recae en la franja de pobreza, al subsistir el problema de fondo, que es la marginación, la falta de empleo, carencias en educación, formación y/o valores para tener la voluntad e integrarse al mercado de trabajo, entre otras carencias.

Y en esta dirección deben encaminarse las políticas, apuntando a generar condiciones para la inversión y la creación de empleos genuinos, que es lo único que vale a la hora de generar y distribuir recursos mediante la creación de un círculo virtuoso en la economía.
Mientras tanto entre toda la desgracia que vive el vecino país, de este lado del río hay algo que se puede rescatar: sirve de (mal) ejemplo para poner de manifiesto las consecuencias de aplicar la receta mágica populista, que por cierto tiene muchos adeptos en la izquierda y el Pit Cnt. → Leer más

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) presentó su informe sobre el estado de la educación en Uruguay y analiza el período comprendido entre 2019 y 2020. El documento indica “un panorama marcado por el COVID-19 y la virtualidad”, pero con una fuerte continuidad de las desigualdades ya existentes en tiempos de prepandemia.

Así como en otros indicadores, tales como la pobreza o el desempleo, la contingencia sanitaria complicó situaciones vulnerables y cruzó esa delgada línea de la percepción humana entre lo malo y lo peor.
Las metas venían incumplidas desde 2016 y lo demuestran algunos indicadores bien específicos. En 2019 asistía el 75% de los niños de 3 años a la educación o 6,2 puntos por debajo de la meta inicial. Al año siguiente bajó al 71% y, de acuerdo al contexto del niño, se registró una brecha de 30 puntos porcentuales. Un año antes de la pandemia, un 45% de los niños de 2 años no estaba cubierto por el sistema educativo.

En la adolescencia, entre 15 y 16 años, supera las metas proyectadas con la asistencia del 90%.
Pero las metas bajan en los años siguientes. Al comenzar la pandemia, en 2020, había nueve puntos porcentuales de diferencia entre los adolescentes de hogares más favorables y menos desfavorables. Pero en el 2015 esa brecha era de unos 30 puntos porcentuales.
El rezago se manifiesta en otros tramos etarios, en comparación con los años anteriores a la COVID-19.

Pero, a medida que aumenta la edad, también se incrementa el abandono y el de Uruguay es de los más altos de América Latina.
Uruguay tiene bajos índices de egreso en media básica desde hace varios años y en 2019 se ubicó en 67,7%. Sólo el 37,6% de los jóvenes de 19 años egresó sin rezago de la educación media superior, un año antes de la declaración de emergencia sanitaria.

Las pruebas Aristas también demostraban la complejidad existente en los hogares con mayores dificultades. La mitad de los niños de tercer año escolar mantienen los niveles más bajos de matemática y el 40% le ocurre en lectura. Las distancias siempre son relevantes de acuerdo al contexto. Antes, durante y después de la pandemia.
Incluso la conexión a la virtualidad fue mucho más baja en los sectores más vulnerables. Es decir, el factor económico incidió en la vida de los hogares sin emergencia sanitaria o con ella , porque al menos un 10% de los hogares no accede a Internet.

Es decir, la accesibilidad al dispositivo –ceibalita, tablet o celulares de los padres– no incide en el proceso educativo si no tiene una conexión.
En cualquier caso son problemas estructurales que existen desde antes de 2019 y persisten, sin soluciones a la vista. No obstante, falta una definición clave y clara de lo significa “estructural” para comenzar a atacar el problema de raíz y que los resultados anteriormente analizados en los hogares de menores recursos puedan solucionarse.

Porque no hablamos del futuro cada vez que nos referimos a los niños y adolescentes, sino al presente. Y el presente viene complicado desde hace años. Pero el Ineed, así como otros organismos públicos, presenta sus evaluaciones para sugerir políticas públicas de contexto social. Que se tomen en cuenta es otra historia; de lo contrario, los guarismos hubiesen mejorado en algún momento del período analizado.
Las iniquidades e injusticia en el reparto siguen en rezago, tal como lo manifiestan algunos resultados educativos.

Porque los programas sociales alcanzaron a los sectores más pobres, pero no le aseguraron mejores resultados o accesibilidad.

Por lo tanto, adoptar medidas similares para contextos diferentes arroja estos resultados negativos que sobreviven, conforme pasan las generaciones. Por lo tanto, el cambio también debe ser de estrategia educativa.
Es decir, los informes revelados cada dos años resultan bastante similares. En este último presentado el pasado 25 de noviembre, parece que la única diferencia es que se ubica en el contexto de emergencia sanitaria.
La sensación de déjà vu es, nuevamente, muy fuerte.

Si bien el país quedó a la espera del “cambio de ADN en la educación” anunciado en períodos anteriores, queda claro que los contextos –sobre todo los más desfavorecidos– reclaman que aquella frase se ponga en práctica.
En cuanto a la situación de los docentes, en general, supieron adaptarse a las circunstancias, pero la recarga laboral estuvo marcada por el nuevo escenario de la COVID-19 y así lo señaló el 84%. Claramente la virtualidad debió capacitar sobre la marcha a los maestros y profesores, contra la modalidad tradicional de enseñanza en nuestro país ante el cierre de los centros educativos.
Un poco más de la mitad de los maestros se sintió preparado para adaptar su clase a distancia y el 66% estaba preparado para el uso de las tecnologías.

En general, las autoridades y los técnicos destacan –cada vez que pueden– el esfuerzo de las comunidades educativas por transitar un año lectivo con dificultades sanitarias, económicas y sociales. Pero los resultados sensibles atraviesan a los gobiernos.

Al final del informe, se plantean desafíos muy similares a los documentos presentados por otras autoridades educativas.

Es decir, trayectorias educativas, egresos y desempeños acompañados por una importante inequidad, además del necesario cambio curricular que apuntaría a mejorar resultados. Pero, nuevamente, el rol del Ineed es el de evaluar, tal como lo indica su nombre. → Leer más

Es auspicioso que en las últimas horas se haya concretado la primera reunión del grupo de trabajo “Pro nueva sede de la Udelar Paysandú”, con plena participación de autoridades departamentales, encabezadas por el intendente Nicolás Olivera y una representación pluripartidaria –además de la académica– que indica que hay motivaciones fuertes para que esta cruzada pueda abrazarse sin egoísmos ni protagonismos en aras de que el objetivo pueda alcanzarse en plenitud lo antes posible.

Además, en la oportunidad el intendente transmitió la voluntad del gobierno departamental de ceder el predio que actualmente ocupa el Corralón Municipal para la edificación de una sede única de la Universidad de la República en Paysandú, que es el eje de la inquietud en cuanto a viabilidad y expectativas. La creación de esta comisión surgió a partir de una sesión extraordinaria de la Junta Departamental en la que se recibió a los integrantes del Consejo Directivo del Centro Universitario de Paysandú (Cenur), quienes expusieron sobre la situación de la sede universitaria y las necesidades locativas que ya padece ante el gran crecimiento de la matrícula.
Son innumerables los argumentos para que se trabaje ahincadamente en esta dirección, y sobre todo, para que nos encolumnemos todos los sanduceros, sin distinciones de ninguna clase, porque solo puede haber beneficios para el departamento y los propios sanduceros si, como todos anhelamos, se concreta este objetivo.

Coincidimos en las expresiones vertidas en aquella sesión por el intendente Olivera en que de lo que se trata es de potenciar el “faro de oportunidades” que es la Universidad, y que además “en el departamento no debe haber tema más importante o causa más importante detrás de la cual debamos encolumnarnos los sanduceros”.
Tampoco es un descubrimiento de estos días ni nada que se le parezca, y aunque nos correspondan las generales de la ley, es pertinente traer a colación que EL TELEGRAFO desde siempre ha sido un gran impulsor de la Universidad en Paysandú, enmarcado por un lado en la prédica histórica por la descentralización de la Universidad, pero a su vez impulsando el “Paysandú Universitario”, para crear conciencia de que en Paysandú hay una universidad donde ya en 2006 cientos de estudiantes cursaban materia de alguna carrera (principalmente Agronomía e ISEF, aunque éste se agregó más tarde a la UdelaR). Una primera muestra de que es posible conjuntar esfuerzos y alcanzar metas que en un principio pueden parecer utópicas tiene que ver con la creación del Campus Deportivo en la antigua terminal de ómnibus de Zorrilla de San Martín y Artigas, iniciativa que habíamos propuesto en nuestros editoriales apuntando a establecer allí un potente polo educativo descentralizador, quizás a cambio de alguna propiedad que pudiera ser de interés para la comuna sanducera. Y así se hizo.
Para ello debieron conjuntarse esfuerzos de organismos como la Universidad, Intendencia, ministerios, entre otros, con gran suceso para concretar esta iniciativa para beneficio de la población sanducera y de la región, con la mirada puesta en el porvenir.

Es precisamente con esta perspectiva puesta en el futuro que 15 años después contribuimos a generar esta iniciativa que responde al nunca desmentido “Espíritu de Paysandú”, que nos hiciera grandes hace ya muchas décadas y que fue la génesis del Paysandú industrial pujante de mediados del siglo pasado. Hoy ya no se trata de chimeneas, los tiempos han cambiado, pero sí se trata siempre del conocimiento, del saber hacer, de crear oportunidades para una mejor calidad de vida y tener un futuro auspicioso para ofrecer a nuestros jóvenes.
El presente nos muestra que hoy la UdelaR en Paysandú cuenta con más de 5.000 alumnos, lo que ha sido revulsivo para la ciudad entera, porque este factor se ha traducido en trabajo e ingreso de recursos para la economía del departamento, a la vez que propicia que se radiquen jóvenes que antes no podían cursar estudios universitarios o debían trasladarse principalmente a Montevideo, como única opción posible.

Un elemento clave, sin dudas, es apostar a incrementar la capacidad de la Universidad a través de un Campus Universitario que congregue toda la actividad en uno o más edificios, con la opción de hacerlo donde hoy está el Corralón Municipal, ya que se trata de un espacio céntrico de 16.000 metros cuadrados que está cerca del Hospital –donde se desarrollan las prácticas de la carrera de Medicina– y de la plaza de Deportes, que ha recibido grandes inversiones y donde está la Universidad ocupando parte de la antigua Terminal de Ómnibus.
El anuncio del intendente Olivera en comisión, respecto a la disposición de su administración de ceder el predio para los fines que se solicitan, es el espaldarazo que se necesitaba para allanar obstáculos en aras de alcanzar el objetivo que promueve la comisión.

Hemos señalado ya desde estas páginas que el Corralón Municipal constituye un emplazamiento estratégico de alto valor agregado que aportará sustancialmente al entramado urbano y a la necesaria interacción entre la Universidad, la ciudad y todos los sanduceros, porque como bien se indica en el grupo de trabajo, este espacio está próximo a infraestructuras como el Hospital Escuela del Litoral, la antigua terminal de ómnibus, la Plaza de Deportes, donde hay actividad educativa a nivel terciario, a lo que se agregaría la perspectiva de generar servicios anexos como una residencia estudiantil, entre otras posibilidades.
El momento llama, por lo tanto, a estar a la altura de las circunstancias y asumir que en este emprendimiento debe participar la comunidad toda, además de las autoridades de los organismos correspondientes y actores involucrados, y dejar atrás cualquier protagonismo o mesianismo que pueda llevar a confundir el verdadero objetivo, que no es otro que el de trabajar por lo grande –con grandeza, mejor dicho– y que hay todo para ganar cuando se genera la masa crítica para hacer realidad la obra. Que no va a ser para la gloria de nadie en particular –si hay alguien que así lo crea que desde ya se vaya bajando del tren– sino para beneficio de todos: de Paysandú, de su gente, de la región, de los jóvenes y para construir nuestro futuro sin esperar de brazos cruzados a que nos caiga como un regalo del cielo.

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De acuerdo con los registros del la estación meteorológica automática Metsul de diario EL TELEGRAFO, ubicada en nuestra futura planta de Dr. Roldán y Purificación, en los últimos 11 días hubo 7 con temperaturas máximas superiores a 30ºC. De ellos tres marcaron más de 35ºC, en tanto la mínima osciló entre 11ºC –el 18 de noviembre– y 20ºC.
En este caso, el sensor de temperatura está ubicado en una zona distante del hormigón del centro de la ciudad, al reparo y en un mástil a más de 8 metros de altura sobre el suelo, por lo cual seguramente en el radio céntrico estos guarismos se hayan visto ampliamente superados.

Claramente se trata de temperaturas veraniegas, por lo que no es de extrañar que en estos días centenares de sanduceros se hayan volcado a la costa del paterno a refrescarse en sus ya cálidas aguas, tal como publicamos en nota gráfica que ilustra nuestra portada del pasado martes 23.
Ese mismo día, en página 2 –edición impresa– informábamos en una amplia nota que la ciudad de Colón en Entre Ríos recibió la visita de 170.000 turistas durante el fin de semana, colmando sus instalaciones y dando así por iniciada una temporada turística que promete ser excepcional para nuestros vecinos argentinos. Más allá de los números oficiales que se manejan y que siempre suenan algo exagerados desde esta margen, es indiscutible el impacto turístico que tiene la región colonense en el litoral argentino, que atrae una importante masa de turistas de Buenos Aires y diferentes puntos del país.

Mientras tanto también en la edición del martes 23, en la misma página destacábamos un título local: “Comienza recuperación de capa de arena en Balneario”…
Y aquí es donde los contrastes se hacen evidentes, no tanto por el éxito turístico de una ciudad pequeña ubicada a menos de 20 kilómetros de Paysandú sobre el mismo río, sino por la previsión con que se hacen las cosas a nivel municipal.

Es obvio que para Colón las playas son una fuente de recursos invaluables, así como todo lo que tenga que ver con infraestructura turística, y que les va la vida en el éxito o el fracaso de una temporada, mucho más en estos tiempos en que la economía argentina está sumergida y que el gobierno central del vecino país mantiene cerradas las fronteras, impidiendo la llegada de los tan esperados pesos uruguayos salvadores a través del puente General Artigas. Pero dejando eso de lado, de nuestra parte nos pasamos de imprevisores, y como siempre dejamos para último momento las obras necesarias para la habilitación de las playas, cuando ya la ciudad boquea de calor en cada mediodía.

Por algún motivo que desconocemos, Paysandú mantiene una tradición tomada de la religión católica que es “inaugurar” las playas el 8 de diciembre, día de la Virgen, cuando el Estado uruguayo es laico. Y en general los sanduceros –muy respetuosos de las habilitaciones públicas— no solemos concurrir a la playa hasta que eso ocurre, quizás por aquello de que no cuentan con servicios de guardavidas y que por tanto introducirse en las aguas del río significa asumir un riesgo. Tanto es así que generalmente que al otro día de la clausura de las playas, a principios de marzo, quedan desiertas, aún cuando las temperaturas invitan al chapuzón. En contraste nuevamente, del otro lado del río las playas están desbordantes de gente aún cuando los primeros fríos del otoño marcan claramente el fin de la temporada.
Pero este año, quizás por los calores extremos que estamos viviendo, los sanduceros se han animado al río antes de la fecha “legal” pero se han encontrado con una playa abandonada y sin los servicios básicos funcionando. Y peor aún, ayer las máquinas municipales desplazaron a cualquier bañista sudoroso que quisiese acercarse a la costa, trabajando a toda máquina para acondicionar la arena de cara a la temporada que recién iniciará oficialmente dentro de 11 días.

Es posible que algunos lectores ante esta nota de opinión piensen que Paysandú no es comparable a Colón, y hasta nos tilden de mala fe por manifestar nuestra disconformidad por lo que entendemos es falta de ejecutividad en las obras para la temporada de verano, pero eso está lejos de nuestra intención. De hecho, para ser justos debemos decir que es un mal que se repite año a año sin importar quién esté al frente de la administración municipal ni el partido político al que representa.

Pero además no sólo Colón se nos adelanta sino que en nuestro país se puede asegurar que Paysandú siempre es un rezagado en este aspecto. Por ejemplo en Canelones y Montevideo las playas cuentan con servicio de guardacostas desde el pasado 16 de noviembre, o sea hace 11 días que están habilitadas para baños. Y aunque es cierto que en Rocha eso ocurrirá recién desde el próximo 16 de diciembre, hay que recordar que las temperaturas en el sur son mucho más benévolas que en este tórrido norte del río negro. Se puede decir que lo que en un balneario de Rocha se percibe como calor agobiante de mediodía para un sanducero sería una refrescante brisa característica de un día de otoño. Aunque en menor medida Montevideo también es bastante más fresca que el litoral Oeste, y las aguas del Río de la Plata y el Atlántico suelen estar frías –demasiado para el gusto de muchos— aún en pleno enero, a diferencia de lo que ocurre en el paterno, que ya desde fines de octubre se asemeja más al agua de las termas de Guaviyú que al de las playas rochenses.

Estos argumentos son más que suficientes para de una vez por todas terminar con la anacrónica tradición de esperar al “Día de la Virgen” para habilitar plenamente las playas en Paysandú, o al menos brindar servicios mínimos como el de guardavidas ya desde mediados de noviembre, tal como se hace en el sur del país.
Para eso hay que prever la temporada con más anticipación, no dejar que la temporada se nos venga encima para comenzar a aplicar arena en el balneario, o hacer los llamados a licitación para servicios a los turistas. Y por supuesto mirar más hacia el río, que por ejemplo la Intendencia no se vea sorprendida a último momento con una estructura antiestética y fuera de toda regla nada menos que en el Balneario Municipal, en las narices del “Plan de la Costa” para salir post mortem a ver cómo arreglar el entuerto de un parador que busca darle un giro de 180 grados a su actividad comercial, incompatible con el fin que se pretende para ese espacio municipal. Una prueba contundente de que no se le está dando al río la atención que Paysandú merece. → Leer más

Cuando desde el gobierno se están manejando datos auspiciosos sobre la tendencia de la economía, las noticias que provienen de Europa fundamentalmente, con una cuarta ola de COVID que sigue creciendo, arrojan una sombra de duda sobre como habrá de evolucionar el escenario mundial para un país que depende fundamentalmente de sus exportaciones para sostenerse, a la vez que puede ser condicionado nuevamente desde adentro si la pandemia recobra fuerza.

Así, mientras en los últimos días el presidente Luis Lacalle Pou ha tratado de transmitir una imagen positiva, con apariciones públicas relacionadas con nuevas inversiones e inauguraciones de plantas industriales, o espacios de servicios, por otro lado sus colaboradores en el área sanitaria están monitoreando de cerca la situación que da en Europa, donde han reaparecido los confinamientos y las medidas restrictivas ante el gran número de casos de COVID 19, sobre todo en países como Alemania, Austria y Rusia, dentro de un arco común de preocupación continental y mundial por las características pandémicas de este virus.
Es que cuando en nuestro país –como en prácticamente todo el mundo, al fin de cuentas– todavía no puede afirmarse que se haya superado la pandemia de COVID 19 e ingresado en una etapa endémica, como muchas otras patologías, es pertinente traer a colación que las particulares características de capacidad de mutación y altísimo grado de contagiosidad confieren a este virus un nivel de riesgo muy superior al de otros agentes patógenos, y que por lo tanto, sea verano o invierno, no debe bajarse la guardia ni tomárselo a la ligera.

Según da cuenta el semanario Búsqueda, “en el gobierno ratifican el talante optimista sobre la fase actual de la epidemia de COVID 19 y la progresiva reapertura de la economía”, aunque en el Ministerio de Salud Pública “están atentos” a la situación mundial, pero con cierta “tranquilidad” que da el alto porcentaje de vacunados contra el COVID 19 en la población uruguaya.
Incluso el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Satdjian, dijo al semanario que en esta secretaría de Estado “se evalúan día a día” las noticias que llegan desde Europa sobre el aumento de casos, pero subrayó que los escenarios “no son estrictamente comparables” por los distintos planes y cobertura de vacunación, con una diferencia significativa en cuanto a la tasa de vacunados con tercera dosis que tiene Uruguay.

El punto es que adquiere cada vez mayor importancia el reforzar la vacunación con la tercera dosis, para cubrirse de ulterioridades, y sobre todo ante lo que está ocurriendo en el Viejo Mundo en la antesala del invierno boreal.
Las últimas noticias indican que el Consejo de la Unión Europea allanó el camino para que los países, que son los que tienen la competencia sanitaria en el bloque, apliquen nuevas restricciones para frenar el avance de los contagios de COVID y generalicen la administración de la dosis de refuerzo de la vacuna.
Los contagios avanzan rápidamente, algunos hospitales comienzan a estar bajo presión y los datos del Centro Europeo de Prevención y el Control de Enfermedades (EDC) muestran que los no vacunados tienen un riesgo 10 veces mayor o más de terminar ingresados o muertos en caso de contagio.

Lo que es peor aún, pese a este panorama poco alentador, los datos de vacunación en los países más afectados apenas se han movido en los últimos días y en las instituciones comunitarias crece la preocupación ante la baja tasa de vacunados en la UE, donde desde hace mucho tiempo que hay fármacos suficientes para inmunizar a toda su población pero la tasa con dos dosis está prácticamente estancada en 65,5 por ciento.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre esta situación, y considera que la alta transmisión obedece al dominio de la variante Delta, al levantamiento de las restricciones, a la caída de las temperaturas y el consecuente aumento de reuniones en lugares cerrados, con el agregado de un alto porcentaje de personas que se han negado a vacunarse.

Paralelamente, para evitar males mayores, varios países de la UE han comenzado ya a endurecer las restricciones para tratar de evitar los contagios. Tal es el caso de Austria, que ha confinado a su población, Bélgica, que ha vuelto a hacer obligatorio el teletrabajo y ha restringido los aforos, o Grecia, que impide a los no vacunados entrar a lugares de entretenimiento. Incluso la OMS advirtió que el COVID-19 podría provocar otros 700.00 muertos en Europa.
En nuestro país seguimos felizmente con un rango “controlable” de casos, de un promedio de unos doscientos y con muertes esporádicas, en tanto en la región nuestra vecina Argentina tiene un panorama similar en forma comparativa, con unos 2.300 casos por día y entre 30 y 40 muertes diarias, con la salvedad de que el número de casos están en aumento y el miércoles tuvo lugar el mayor registro en dos meses.

No es para alarmar pero sí para tener en cuenta que con un núcleo que resiste la vacunación y la alta transmisibilidad de esta cepa, hay un piso que no se ha podido bajar y por lo tanto un “reservorio” del virus que no se ha podido erradicar.
Y como todos sabemos, el COVID-19 es mucho más que un tema sanitario, por más doloroso que sea, sino que la pandemia ha tenido el poder de arrasar con la economía global, y ha tenido consecuencias catastróficas en sectores como el turismo y el transporte de pasajeros, entre otros. “Uruguay se encamina a un punto de inflexión en el combate a la pandemia y la economía muestra indicios claros de recuperación de la actividad”, reflexionó la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, Marcela Bensión, en clara alusión al retroceso de un factor que condicionó en forma crucial la instrumentación de la política económica que había previsto aplicar el gobierno de Lacalle Pou cuando irrumpió la pandemia en forma explosiva y hubo que modificar planes y trastrocar prioridades.

Pero, teniendo en cuenta los antecedentes de pocos meses atrás, y el frenazo que sufrió la economía del mundo y la afectación a países como Uruguay, sin espalda financiera, el sentido común llama a cuidarnos las espaldas, precisamente, y actuar previendo siempre como el más posible el peor de los escenarios, desde que la pandemia parece la Hidra de Lerna de la mitología griega, a la que le rebrotan las cabezas en medio de una lucha sin desmayos, en la que por ahora no hay tregua posible.
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En un país demográficamente envejecido como Uruguay urge que los jóvenes se integren en forma efectiva y rápida al mercado laboral. No obstante, la relación entre juventud y trabajo es compleja y frágil donde se registran importantes brechas preexistentes a las afectaciones impuestas por la pandemia de COVID-19.
En resumidas palabras, por diferentes motivos, sigue siendo muy difícil para un o una joven –aún con estudios superiores– encontrar trabajo en Uruguay.
La situación es similar en otros países de América Latina donde actualmente las personas jóvenes se ven enfrentadas a un mundo laboral cambiante y en tensión, que además demanda nuevas habilidades y una gran capacidad de adaptación.

Se trata de un tema que se cruza con otros como las oportunidades de inversión de las familias, la decisión de cuándo se debe ingresar al mundo laboral y la realidad de los sistemas educativos nacionales.
Si la pregunta es si hay que estudiar, la respuesta es decididamente sí. No obstante, ya es más difícil poder contestar a ciencia cierta hacia dónde orientar las vocaciones y cuáles serán los trabajos demandados en los próximos años.
En este sentido, es necesario que los planes de estudio –que son más lentos en sus transformaciones que las dinámicas sociales y del mercado– incorporen la formación de los jóvenes para que puedan enfrentar los desafíos del trabajo futuro. Parece impostergable que las políticas públicas promuevan programas eficaces en relación al desarrollo de habilidades socioemocionales y digitales altamente demandadas en la actualidad y que seguramente se incrementarán en los próximos años.

No solo los países europeos emergentes y los asiáticos en vías de desarrollo, sino también los de América Latina y el Caribe están viviendo procesos en los que la robótica, la automatización y la inteligencia artificial están disminuyendo los costos y aumentando la productividad, con oportunidades para un crecimiento acelerado.
Se trata de la llamada “cuarta revolución industrial” que si bien es un fenómeno global, se prevé que tenga velocidades de impacto variables en las diferentes regiones del mundo dependiendo de cuestiones como del desarrollo económico y tecnológico o las tendencias demográficas.

A su vez, supondrá repercusiones en el empleo y los modos de vida de la población así como en los requerimientos del mercado laboral a la hora de reclutar trabajadores, que seguramente requerirá conocimientos y habilidades diferentes a los que ha venido requiriendo hasta el presente.
Ya antes de la pandemia se identificó que, en general, se observa una caída en el empleo en ocupaciones que más fácilmente pueden reemplazarse por la acción de las máquinas mientras que aumenta el empleo en ocupaciones que son difíciles de automatizar porque en ellas predominan las tareas poco predecibles o codificables.
Según la publicación “El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe” del BID, gran parte de las ocupaciones que más crecen están referidas a la economía digital y los servicios personales. En este sentido, especialidades como la computación o el desarrollo de software así como ocupaciones relacionadas a los servicios de belleza, personal de seguridad y limpieza están teniendo mayor demanda mientras cae el empleo en ocupaciones asociadas con la producción y mantenimiento, como personal de instalación, reparación y mantenimiento.

A su vez, las denominadas ocupaciones del conocimiento –como ingenieros, arquitectos, científicos o programadores– seguirán siendo necesarias en la medida que hacen uso intensivo de la capacidad de razonamiento y difícilmente puedan ser reemplazadas por una inteligencia artificial, pero también hay muchas ocupaciones del sector de los servicios que un automatismo o robot todavía no es capaz de realizar.
Ahora bien, las dificultades para encontrar un trabajo y mantenerlo no afectan exclusivamente a las personas con menor calificación o estudios. Ocurre que si bien entre los años 2000 y 2015 hubo un importante crecimiento en los años de escolaridad de la población en edad de trabajar en América Latina, con fuerte incorporación a los estudios superiores, sucedió que conforme se han ido incorporando trabajadores con estudios superiores al mercado laboral, la competencia ha sido mayor y, por ello, las opciones de ocupación profesional parecen haberse reducido. El incremento de la población con mayor nivel educativo no se ha visto acompañado por un aumento suficiente de los empleos en ocupaciones del conocimiento y por eso muchos de estos nuevos universitarios se han empleado en trabajos manuales.

Esto significa que en la América Latina prepandémica, el mercado laboral para las personas más calificadas no ha tenido el dinamismo necesario para absorber la enorme oleada de profesionales con estudios superiores que se incorporó a la fuerza laboral durante el periodo de 2000 a 2015.
¿Qué ha pasado en Uruguay? Este año un estudio del Instituto Cuesta Duarte, titulado “Los jóvenes y el mundo del trabajo” analizó el contexto y las perspectivas laborales para las personas menores de 29 años, concluyendo que la afectación asociada a la crisis por COVID-19 fue mayor para los jóvenes, que en 2020 representaban aproximadamente 23% del total de ocupados y 59% de los desocupados (siendo el 35% de los inactivos, que son las personas que no están trabajando ni buscando empleo activamente).

La afectación para el sector juvenil fue mayor que en otros segmentos poblacionales ya que el desempleo entre los jóvenes aumentó cerca de 5% en 2020, tratándose de un aumento comparativamente mayor respecto al observado para el resto de la población (1% entre quienes tienen más de 29 años).
El análisis de la demanda y oferta laboral ofrece un patrón similar, agravando la situación de partida desfavorable, ya que históricamente las tasas de empleo y actividad han sido significativamente más bajas para este grupo poblacional.
La vulnerabilidad de los trabajadores jóvenes –cerca de la mitad de los jóvenes que trabajan lo hacen en comercios, restaurantes y hoteles– también es mayor, dado que la informalidad o falta de registro ante la seguridad social llega al 30% de los jóvenes trabajadores (siete puntos porcentuales por encima de los trabajadores mayores de 29 años) mientras que el ingreso medio por ocupación principal de los jóvenes se situó cerca de $ 15.000 por debajo del resto.

Según publicó La Diaria, al realizar un informe sobre el estudio de Cuesta Duarte, “revertir esta situación requiere acciones focalizadas para atender la situación particular de este segmento de la población; la recuperación de la actividad, por sí sola, no será suficiente para lograr mejoras relevantes en este frente”.
La educación ha sido la piedra en el zapato de los últimos gobiernos de este país y algo que amerita un compromiso no solo de los actores educativos sino también los partidos políticos y la sociedad en general hacia el futuro. Actualmente es un tema que se está discutiendo en el marco de un proceso que viene también cargado de complejidades pero en el que las cuestiones antes mencionadas no pueden desconocerse ni dilatarse. → Leer más

Hace algunos meses trascendió que el actual gobierno se ha planteado el objetivo de renovar la marca país Uruguay Natural, por considerar que no es suficientemente abarcativa para el potencial del país, en específico el término “Natural”, es, en función de los argumentos, lo que no termina de convencer.
Pero vayamos por parte: ¿Qué es una marca país y para qué sirve?
Las respuestas a estas preguntas se responden en la página marcapaisuruguay.gub.uy, gestionada por del Instituto Uruguay XXI. Allí explica que “La marca de un país actúa como paraguas, como marco de referencia, como indicador de calidad, no solo de los productos y servicios que ofrece, sino también de sus lugares turísticos y como país de inversión, creando a nivel interno un sentimiento de orgullo nacional. Integrando tanto lo público como lo privado, para transmitir cada ventaja con que se cuenta, beneficiando al país en su conjunto”. En función de esto, el objetivo de Marca País es “fomentar exportaciones, inversiones, turismo y residencia e identificación de la marca con públicos internos”.
De buenas a primeras “Uruguay Natural” parece estar cumpliendo con estas premisas.
Veamos cómo nació esta frase tan concreta, simple y recordable, que este año cumplió sus 20 años acompañando los productos uruguayos por el mundo.
Reseña una publicación de El Observador que “Uruguay Natural” se originó en 2001, durante el gobierno de Jorge Batlle y desde entonces la comenzó a utilizar el Ministerio de Turismo como marca propia. Tomó otro impulso a partir de 2007, ya bajo la presidencia de Tabaré Vázquez, cuando a través de un programa de Naciones Unidas, se elige a Uruguay como el único país de renta media para formar parte del programa “Construyendo capacidades para el desarrollo”. En 2011 se realizó una Auditoría de Imagen del Uruguay bajo el Programa de Apoyo a Gestión de Comercio Exterior del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al año siguiente la Comisión interministerial para asuntos de Comercio Exterior (Ciacex) define los lineamientos de gestión de la marca y se crea un grupo de trabajo de marca país que trabaja con un grupo de consultores financiados por el BID.
En 2013, aplicando una de las recomendaciones de la consultoría de no cambiar la marca, sino agregarle contenidos, se reformula el concepto. En 2014, producto de una nueva consultoría que estudió los formatos de gestión de la marca en distintos países, se decide la creación de la gerencia de la marca país en Uruguay XXI, como una gerencia independiente y con un presupuesto de funcionamiento. Desde entonces más de 1.000 empresas e instituciones han firmado el convenio de uso de marca país Uruguay Natural, entre ellas varias sanduceras.
Por la última Ley de Presupuesto, la gestión de la marca país pasó a depender directamente de presidencia de la República, aunque también la seguirá empleando Uruguay XXI en sus trabajos de promoción del país y sus productos en el extranjero.
El artículo que el citado periódico publicó en agosto pasado refiere a una intención de modificar esta marca país con la idea de que sea más inclusiva, que abarque, por ejemplo, a sectores como el software, que hoy no se autoperciben dentro de la denominación.
Pero no es el único cuestionamiento que Uruguay Natural ha tenido, también han insistido mucho en señalarla como desactualizada grupos que han protestado por amenazas ambientales tales como instalación de emprendimientos fabriles o la utilización de agroquímicos que han ocasionado problemas.
El mismo ministro de Ambiente, Adrián Peña, ha puesto en tela de juicio que el país está hoy día haciendo honor a esa marca y ha planteado que hay cosas que cambiar en la forma en que producimos para volver a alinearnos a la consigna “Uruguay Natural”.
Al respecto cabe plantear algunas reflexiones y la primera tiene que ver justamente con esto que señala Peña. No hace falta profundizar mucho para darse cuenta que estamos enfrentando problemas ambientales derivados de la forma en la que el país produce.
¿Es irreversible? No. Sí se requiere investigación e inversión y tal vez más de controles, pero el país puede (y debe) seguir siendo un modelo de producción de alimentos sin necesidad de afectar ecosistemas.
Cambiar la frase Uruguay Natural no solamente no ayudaría, sino que actuaría incluso en contra, en momentos en los que el mundo (aunque no necesariamente los gobiernos del mundo) están viendo con cada vez mayor preocupación la problemática ambiental y haciendo esfuerzos por mejorar.
Es difícil encontrar un reemplazo para la expresión que tanto tiempo leva impuesta, incluso eliminar la palabra “Natural” y dejar solo Uruguay con el sol y los brazos azules que lo rodean –como usan muchos países– no parece ser una buena idea.
Podemos presumir de una marca país que está allí hace 20 años, desde cuando en el planeta ya se hablaban estas cosas, por supuesto, pero no había ni de lejos el consenso que hay hoy en cuanto a la necesidad de revertir los efectos del calentamiento global.
Uruguay Natural es de alguna forma tener marcado ese rumbo en todos los órdenes, como un objetivo transversal a todas las actividades y que nos pone, una vez más, como un faro para el mundo. Es una visión y una idea con la que podemos salir a vendernos y a vender nuestro trabajo. No parece una buena decisión dejarla de lado para convertirnos en uno más. → Leer más

Sin dudas los próximos meses serán un escenario conflictivo desde el punto de vista político cuando se ingrese de lleno en el debate respecto al plebiscito para la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que es promovido por el Pit Cnt y otras organizaciones de izquierda, con el apoyo del Frente Amplio, pero a la vez hay temas realmente importantes que pueden pasar desapercibidos en este período y que no solo requieren un estudio pormenorizado, con aportes desde todos los actores involucrados, sino que más aún, debería pensarse en general en un gran acuerdo de todos los partidos para poder impulsar una norma de amplio respaldo.

Nos referimos a la reforma de la seguridad social, que tiene como objetivo hacer sustentable el sistema para los desafíos que implica en los próximos años el financiar el sistema con los recursos siempre escasos que se generan en nuestra economía. En este sentido, la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) terminó el 12 de este mes su informe final con recomendaciones de reforma del sistema previsional, para enviarlo al Poder Ejecutivo.
De los 15 integrantes del pleno de la CESS, diez votaron a favor del informe y cinco lo hicieron en contra, en este último caso los tres representantes del Frente Amplio, el delegado del Pit Cnt y el representante de Onajpu, mientras que a favor lo hizo la delegada de los empresarios.

Según da cuenta la CESS, el informe de recomendaciones es presentado en estos días a la Presidencia de la Asamblea General y a la prosecretaría de la Presidencia de la República, respecto a lo que señala que “con esa presentación la CESS cumple con su mandato legal y concluye su trabajo. Los pasos siguientes hacia la reforma son la redacción de un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo y el posterior debate y proceso parlamentario”.
Analiza además el grupo de técnicos que “el trabajo desarrollado ha permitido sistematizar un conjunto de información y estudios a los efectos de considerar y evaluar alternativas de política que por su entidad y características contribuirán en las próximas etapas al necesario proceso de reforma y a la relevancia del tema previsional en la sociedad uruguaya”.

Debe tenerse presente que el CESS está constituido por quince técnicos, de carácter interdisciplinario y de distintas ideologías en procura de llegar a una propuesta de reforma que concite el mayor respaldo posible.
Esta tarea insumió inicialmente una fase de compilación de información para pasar luego al diagnóstico y propuestas con vistas a llevar adelante una reforma que permita por lo menos superar áreas críticas que de acuerdo a la tendencia irán acentuando su impacto con el paso de los años, y donde además del aspecto técnico –fundamental para hacer sustentable la reforma– se deben incluir elementos que deben ser objeto de decisiones políticas que difícilmente pueden dejar satisfechos a todos los actores en esta problemática, y mucho menos cuando se sigue en muchos casos priorizando la mirada ideológica sobre el panorama general del país.
Además, no solo es un tema de difícil dilucidación, sino que conlleva un reto adicional para todo partido político que se tome las cosas seriamente y no piense en la inmediatez de una contienda electoral, y de ahí que se haya mencionado poco y nada en las plataformas electorales.

Entre los cambios propuestos figura establecer un régimen uniforme e igualitario, con la recomendación de que todos los trabajadores que ingresen al mercado de trabajo, cualquiera sea el sector de actividad en que se desempeñen, se incorporen con las mismas reglas (régimen mixto).
Los cambios paramétricos que se recomiendan aplican a todos los regímenes, cualquiera sea la entidad gestora. En tanto, los ajustes sugeridos en cuanto a extensión de la vida laboral, tiempo mínimo de aportación, cómputos fictos por cuidados –tanto los vigentes como los que se proponen– y fórmula de cálculo de los beneficios, aplicarían a todos los regímenes.
Por otro lado se plantea la extensión de la vida laboral mediante estímulos incorporados en la fórmula de cálculo de los beneficios y el cambio de la edad mínima jubilatoria en todos los regímenes. Se propone elevarla a razón de un año por generación. Se plantean dos opciones: iniciar el proceso a partir de las personas nacidas en 1971 o 1975, respectivamente. La opción por un escenario u otro implica diferencia dinámica de contención, y reversión de la trayectoria al alza del nivel de gasto público previsional, según el documento de la CESS.

Por otro lado también se recomienda acotar los retiros obligatorios en el servicio de retiro militar al personal estrictamente castrense y con requisitos de edad mayores a los aprobados en la reforma de 2018.
En los demás parámetros, se sugiere aplicar a estos funcionarios los parámetros del régimen general, conforme las reglas de convergencia indicadas.
Como se descontaba, pese a la ardua y prolongada tarea del comité de expertos, el llegar a un documento que reuniera un apoyo altamente mayoritario era muy difícil, como efectivamente ocurrió, porque además de lo esencialmente técnico, entre los partidos hay visiones no coincidentes y a veces hasta antagónicas, al extremo de que determinados grupos tienen una visión preponderantemente ideológica y se llevan por delante los números.
Prima en ellos la obsesión de imponer su visión voluntarista, despreciando las graves consecuencias de que se genere un desfinanciamiento crónico y que Rentas Generales –que se nutre del aporte de todos los uruguayos– se haga cargo del déficit, como si el Estado fuese capaz de crear riqueza en lugar de extraerla de su propio pueblo para hacer frente a sus obligaciones.

El tema tiene muchas espinas que indefectiblemente implican que deben establecerse correctivos que no van a resultar simpáticos, desde que de una u otra forma habrá que rascar recursos para revertir un proceso de deterioro en el que siempre hay damnificados o por lo menos un ajuste de cinturón que trae consecuencias.
Pero es de esperar que tanto en el Parlamento, como en otros ámbitos, se dé una discusión con altura, como lo exige la enorme importancia del tema, en un debate franco y abierto, con la mirada puesta en el interés general, lejos de las teorías conspirativas y de los eslóganes que han situado tantas discusiones políticas ante la supuesta disyuntiva de elegir entre “oligarquía o pueblo”, para atrapar incautos. → Leer más

La pandemia de coronavirus aceleró, en algunos países, el impulso a iniciativas en favor del medio ambiente. Es el caso de Uruguay, que lleva adelante un proyecto para el desarrollo de hidrógeno verde, iniciativa que presentó el ministro de Industria, Omar Paganini, ante inversores ubicados en países europeos.
Con las aperturas sociales y económicas que deja la contingencia sanitaria, se suman las empresas interesadas en la descarbonización y las posibilidades de exportar energías renovables. De hecho, Europa planificó la importación de hidrógeno desde 2025 con miras a reemplazar el petróleo, con el uso de alternativos tanto en la navegación como en el transporte aéreo.
Uruguay comenzará una experiencia con camiones de carga desde el próximo año y contribuirá al aprendizaje a pequeña escala sobre el uso de esta energía.

Mientras tanto, los europeos se preparan para otras propuestas como las “ciclovías corona” en París, o la reducción del uso de vehículos a través de la prioridad para peatones y ciclistas por las calles de Milán.
Es decir, pandemia y combustibles fósiles –ayudados por la volatilidad del mercado– se conjugaron en los últimos dos años para empujar a los países a resolver sobre viejos dilemas.
Sin embargo, el mundo mira a las dos potencias que presionan por volver a los índices de producción anteriores a la pandemia.
De hecho, las dificultades se volvieron tan evidentes que en la última cumbre climática celebrada en Glasgow, la declaración final no delineó una hoja de ruta para la eliminación de los combustibles fósiles, ni una fecha para empezar a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, o un acuerdo vinculante entre los países.
Y todo fue tan evidente que hasta la ONU acabó por reconocer su insatisfacción ante la falta de acuerdo, a pesar de reconocer que el cambio climático es una realidad provocada por los grandes contaminadores con perjuicios globales.

Por otro lado, en Estados Unidos existen empresas con el ánimo puesto en el rescate estatal y sin otros compromisos ambientales. O el caso del gigante chino que va por más, en tanto impulsó a comienzos de este año una mayor cantidad de empresas que trabajan con carbón, en comparación al año anterior a la pandemia.
Y todo esto, sin dejar de mencionar las inversiones de China en economías emergentes para la producción de energía a partir del uso del carbón.
Como sea, los combustibles fósiles son uno de los aspectos contaminantes que no pudo resolver el mundo pre pandemia, junto a los residuos tóxicos y el manejo de los desechos médicos. En cualquier caso, la contingencia sanitaria se presentó como una oportunidad para cambiar los comportamientos. Porque una vacuna no lo resolverá.
Los fenómenos climáticos extremos pesan sobre las comunidades vulnerables y arrasan con otras especies, como una prueba fehaciente de que la ciencia no lo puede todo. Y, con el descenso de la actividad en general que llevó a la destrucción de puestos de trabajo en las naciones en vías de desarrollo, la crisis económica resultará bastante más acuciante que la pandemia sanitaria.

Porque la pandemia profundizó desigualdades ya existentes y dejó en el planeta un incremento de basura plástica proveniente del mundo pudiente que ya no tiene retorno. Las plantas de reciclaje dejaron de funcionar en épocas de aislamiento y los tapabocas –entre otros materiales– continuaron acumulándose en los cursos de agua.
Este mundo híbrido que impulsa energías renovables por un lado y persiste en sus formas de producción con el uso de fósiles por el otro, tiene un dilema que solo se asienta en la voluntad política. Es el mismo lugar donde conviven siete mil millones de personas, de las cuales 845 millones no tienen acceso básico al agua, mientras las autoridades sanitarias globales enfatizan sobre la higiene. O en Latinoamérica y el Caribe, donde una de cada dos personas vive en situación de pobreza y dos de cada cinco pueden consumir agua segura. En medio de este panorama, los países con menores recursos enfrentan limitaciones fiscales con destino a las políticas sanitarias. Por lo tanto, la pandemia vino a agudizar un panorama ya complejo y a desnudar dificultades estructurales que no avanzaron con las transformaciones digitales.

Como corolario, los aumentos de los costos pesan sobre las inflaciones que, en definitiva, pagamos los consumidores finales de todos los productos y servicios. Por eso, no es posible ver la pandemia con un solo ojo.
La COVID-19 y sus circunstancias enseñan que nadie estuvo a salvo. Incluso ha subido el pulso de los debates sobre asuntos que no estaban en la agendas y en todos los aspectos, interpeló los miedos a la muerte, a las enfermedades, a la pérdida de empleos, a convivir con incertidumbres sobre el futuro de la humanidad y a aprender a proyectar en plazos cada vez más cortos de tiempo.
Generó rupturas en prácticas y costumbres sociales, algunos hábitos perdieron sentido y otros transformaron el quehacer diario. La educación y el trabajo a distancia adquirieron nuevas dimensiones y así como hubo quienes comenzaron rutinas de ejercicios en contexto de encierro, otros perdieron el hábito ante el cierre de gimnasios u otros espacios de socialización.
Cualquier país experimentó nuevas prácticas institucionales, gestionó la emergencia sanitaria de acuerdo a su idiosincracia y aún hoy permanece en el tapete, en tanto Europa atraviesa una nueva ola de casos y fallecidos.

Las familias fortalecieron o profundizaron sus divisiones, porque la convivencia entre cuatro paredes no es la misma para todos. Hay quienes niegan la pandemia y la vacuna, en tanto otros creen fervientemente en su cura a través de la inoculación.
Mientras tanto, los países calculan sus costos y sostienen una postura amigable con aquellos que pueden mover las agujas de sus economías. Aún es pronto para decirlo, pero en unos años la humanidad tendrá un panorama real sobre los resultados del trabajo de su entramado social, las razones que esgrime el mercado para abrirse cada vez más y las heridas que deja este contexto.
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El Banco de Previsión Social (BPS) es, de acuerdo con el artículo 195 de la Constitución Nacional, un ente autónomo creado con el cometido de coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social, ajustándose dentro de la normativa vigente.
El próximo 28 de noviembre los afiliados activos y pasivos, así como las empresas contribuyentes elegirán sus representantes en el Directorio del BPS. Se trata de elecciones en las cuales el voto será secreto, obligatorio y único, exceptuándose la obligatoriedad a los afiliados con 75 años de edad cumplidos a la fecha de la elección y a los que, cualquiera fuere su edad, fueren titulares de prestaciones por incapacidad servidas por el BPS. En el caso de las empresas unipersonales, se exceptúa de la obligatoriedad a los titulares con 75 años de edad cumplidos al día de la elección y a los que, cualquiera fuere su edad, fueren titulares de prestaciones por incapacidad servidas por el BPS.
Sin lugar a dudas en BPS es uno de los organismos públicos más gravitantes en la vida económica y social del país y su propia competencia (la seguridad social) posee un interés político partidario ya que afecta a un importante número de votantes. Tal vez este último punto sea el que determina que las reformas de la seguridad constituyan poco menos que un tema “tabú” por los costos políticos que seguramente conllevan para quienes lo impulsan. A pesar de ello (o tal vez precisamente por ello) el país debería poder discutir libremente sobre la necesidad de que las elecciones sean obligatorias.
De acuerdo con el diario “El País”, “son los comicios en que más uruguayos están convocados (y obligados) a ir a las urnas, solo superados por los sufragios en las elecciones nacionales y departamentales. Pero más de la mitad (54%) de la población en edad de votar desconoce que este mes hay elecciones. Así lo reflejan los resultados de la última encuesta de la consultora Factum a los que accedió El País. La coincidencia de estas elecciones con la disputa en Montevideo de la final de la Copa Libertadores determinó que el Parlamento uruguayo aprobó en estos días por unanimidad y tras un tratamiento ‘grave y urgente’, un proyecto de ley que suspende la veda alcohólica para estos comicios”.
La suspensión de la veda alcohólica ha sido el disparador para que los uruguayos recordemos que la obligatoriedad en el voto podría encontrar un fundamento político tendiente a fortalecer las instituciones públicas y el propio sistema democrático, pero pierde su sentido cuando se trata de un ente autónomo aun cuando se relacione con la seguridad social. Si forzamos esa línea de pensamiento “híper democrático” donde todo requiere la participación directa del cuerpo electoral, también podríamos llegar a sostenes que deberían votarse representantes sociales en los directorios de Antel, UTE o el Banco de la República Oriental del Uruguay (Uruguay). ¿No se trata acaso de organizaciones que regulan aspectos fundamentales de la vida de todos los uruguayos?
De acuerdo con el sitio web de noticias “Montevideo Portal”, en los últimos días el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, manifestó en rueda de prensa que “no le parece sensato” que sean obligatorias las elecciones para elegir autoridades en el Banco de Previsión Social. Mieres agregó además que menos sensato “todavía” le parece que haya “sanciones pecuniarias”, en referencia a las multas que se deben pagar en caso de no ir a votar el próximo domingo 28 de noviembre. El ministro recordó que como senador en el período pasado presentó un proyecto de ley para sacar la obligatoriedad a estas elecciones en particular, pero la iniciativa no prosperó. “No tuve suerte, sigue siendo obligatorio y el que no va a votar tiene que pagar una multa. Se eligieron las autoridades de la Universidad de la República y todos los egresados tuvieron que ir a votar. ¿Qué vinculación tienen con la Universidad? Muy poca o ninguna. Simplemente haber sido exalumnos. No tiene mucho sentido votar para quién va a gobernar esa institución”, ejemplificó y cuestionó el jerarca. En el mismo sentido, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, presentó un proyecto de ley para eliminar la obligatoriedad en las elecciones de BPS, sosteniendo en esa ocasión que “el alto índice de voto en blanco y anulado registrado en las anteriores instancias electorales refleja la prescindencia que los ciudadanos uruguayos tienen respecto a la elección de los representantes sociales”, expresando que los ciudadanos “no sienten que eligen sus representantes”, a quienes “no conocen” y “desconocen” las funciones que estos cumplen. En las redes sociales el ministro Mieres afirmó en las redes sociales que el Partido Independiente avanza con estas iniciativas ya que “no son elecciones de gobiernos, sino de diferentes instituciones en las que debe predominar la libertad de la persona”.
Así las cosas, el voto obligatorio en las elecciones del BPS no solo es una imposición arbitraria que atenta contra la calidad del propio acto electoral en la medida que la mayoría de los “votantes cautivos” tienen información sobre propuestas, candidatos e incluso sobre el propio acto electoral, sino que además representa un intento de los candidatos de obtener representatividad obligando a los votantes a hacer uso de un supuesto “derecho” que más parece ser una obligación cuyo incumplimiento se castiga con multa. Si pensamos que el BPS fue creado por la Constitución de 1967 y que la Ley Orgánica de la Universidad de la República es del año 1958 resulta fácil inferir que el marco normativo de ambas instituciones debería ser revisado a los efectos de actualizarlo y ajustarlo a las realidades sociales y administrativas de nuestros días.
El ejemplo de las acciones internas que los partidos políticos celebran en nuestro país es una muestra de cómo el voto voluntario no afecta la representatividad de los elegidos. En efecto, a nadie se le ocurre sostener que Luis Alberto Lacalle Pou, Daniel Martínez o Ernesto Talvi carecían de esa cualidad por el sólo hecho de no haber sido electos mediante voto obligatorio. Esto no se trata de un dato menor ya que la elección interna es el primer paso de un camino que llevará a la elección de la persona que ocupe el primer cargo político del país. Si en la primera etapa (elecciones internas) el voto es voluntario, ¿porque no puede serlo en el resto del proceso? ¿Por qué los legisladores uruguayos –y por ende los partidos políticos que ellos integran– han adoptado, mantenido y defendido esta dualidad de criterios? ¿Acaso se piensa que las elecciones de la UdelaR o del BPS son más importantes que la elección de quien será la candidata o el candidato presidencial por su respectivo partido?
Ante la iniciativa legislativa presentada por el diputado Iván Posada, el sistema político tiene la palabra y los legisladores (incluyendo los sanduceros) deben ser claros a la hora de apoyar ese proyecto que apunta no sólo a la libertad de los ciudadanos sino también al sentido común. Los legisladores no pueden ni deben seguir “esquivando el bulto” a este tema o echándole la culpa al “Gran Bonete”. Es la hora de asumir responsabilidades en relación con este tema. → Leer más

En reciente edición publicábamos bajo el título “Reclaman por la contaminación, calles destruidas y falta de alumbrado público” una nota sobre lo cual ya hemos escrito bastante desde estas páginas: el pésimo estado de las calles alrededor de las plantas de Ancap en Nuevo Paysandú.
La nota transmite el malestar de la comunidad educativa del Polo Tecnológico Paysandú debido a esta situación, que provoca diversos inconvenientes tanto para el tránsito como para quienes trabajan en los predios linderos, pero a su vez presenta un elemento diferente a la queja habitual en este tipo de situaciones, y es el resultado de un informe elaborado por estudiantes de prevencionismo que por otra parte, son también perjudicados por este estado de las cosas.

De hecho, el informe realizado por quienes justamente estudian para controlar distorsiones en lugares de trabajo que potencialmente pueden perjudicar a los trabajadores asegura que los funcionarios, docentes así como quienes estudian en el Polo Tecnológico Paysandú están expuestos a niveles de contaminación del aire que respiran altamente perjudiciales para la salud, debido al polvo que levanta el tránsito pesado en constante circulación desde y hacia la planta de alcoholes de ALUR. La publicación además asegura que “si bien han estado en contacto con representantes de Ancap, el director de obras y el intendente, además de haber enviado una nota firmada por estudiantes y personal que allí trabaja, aún no han obtenido respuesta”.

Esto ya de por sí es preocupante, porque al estar en conocimiento todas las jerarquías y autoridades que pueden tener y capacidad para tomar medidas para solucionar estos inconvenientes, si en todo este tiempo nadie ha hecho nada, son entonces responsables por los impactos en la salud que eventualmente se presenten en la población afectada. Imaginemos que en una empresa u obra particular cualquiera un prevencionista advirtiera al responsable que tal o cual procedimiento –mal hecho– está afectando la salud de los trabajadores, y que no se tomaran medidas para evitar que ello continúe sucediendo. Sin dudas que la empresa en cuestión sería pasible de graves sanciones por parte del Ministerio de Trabajo, cuando menos. En este caso quienes están en falta con conocimiento de causa son, en primer lugar la Intendencia Departamental, que es la responsable de mantener las calles en buen estado; pero además están Ancap y ALUR, porque las calles se encuentran en ese estado debido a una sobrecarga de tránsito pesado provocado por la propia operativa de esas industrias. Por supuesto, sabido es que en este país el Estado es impune, y por lo tanto tiene “licencia para matar” libremente, algo que a los privados jamás se les toleraría.

Pero hay otros factores “agravantes” en este caso: la calle por la que se reclama es Saladero Santa María, que en un tramo de unos 600 metros es recorrida por los camiones que llevan granos a la planta de bioetanol de ALUR, industria que fuera inaugurada –a medio terminar— con bombos y platillos en octubre de 2014 con la presencia del por entonces presidente de la República, José Mujica. Esta planta costó más del doble del presupuesto original presentado por la Administración Mujica, y la excusa para semejante desvío de dinero en su momento fue que las “obras auxiliares” no estaban contempladas en el presupuesto. Entre esas obras que justificarían decenas de millones de dólares están justamente la caminería interna y de servicios. Al parecer con todo eso no alcanzó para hacer un buen camino de acceso a la planta, una obra imprescindible para el correcto funcionamiento de ésta, puesto que es necesario dar transitabilidad para los camiones en toda situación climática. Y hoy eso no está asegurado. A tal punto que muchos vehículos optan por circular por las fajas naturales fuera de la calle, que ya están desechas también.

Por otra parte, también es bien sabido que la “dueña” de ALUR es Ancap, que a menos de mil metros tiene una fábrica de cemento pórtland desde donde se abastece buena parte del país. Ese material es el principal componente para la construcción de las calles de hormigón, material que debería utilizarse en el caso de Saladero Santa María por ser el de mayor durabilidad y resistencia. Pero a la vista está que Ancap “se lavó las manos” y ni siquiera aportó el material a la Intendencia para facilitar su realización. Es más: la calle paralela a Avenida de las Américas frente a la cementera debe ser reparada constantemente debido a la destrucción provocada por los camiones que entran y salen de la planta, y esa tampoco es de hormigón sino bitumen, que resiste poco a tan pesado tránsito.

A todas luces la empresa del Estado está en el debe con Paysandú, cuando en Montevideo existe un impuesto nacional a los combustibles justamente para “compensar” a la capital por los daños e inconvenientes que Ancap le genera por tener sus plantas de acopio en la ciudad. Paysandú en ese sentido está en una situación similar pero en este caso no solo no tenemos el beneficio de un impuesto nacional que nos compense, sino que la “principal industria del país” –según alardeara el expresidente de Ancap, Raúl Sendic– ni siquiera siente al menos con responsabilidad social como para asegurar la calidad del aire que respiran tanto sus trabajadores en la planta local de ALUR como los estudiantes, docentes y funcionarios del Polo Tecnológico que allí funciona, así como los habitantes de Nuevo Paysandú que también sufren de la polución del aire cuando el viento es del Este. → Leer más

Los gastos inherentes a la construcción del Antel Arena durante la administración del organismo por la actual intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dio lugar hace pocas horas a una instancia de interpelación parlamentaria al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, pero tuvo en esta oportunidad el hecho peculiar de que fue promovida por el oficialismo, al que responde el secretario de Estado, en lugar de la oposición, como ha sido la constante en nuestra historia parlamentaria.
Por regla general, sobre todo desde la reinstauración de la democracia en 1985, las interpelaciones han pasado a ser un ámbito de denuncia, reclamo de información sobre situaciones consideradas reñidas con la ética o con visos de delito, y a veces para requerir más datos sobre episodios o presuntas maniobras que podrían ser cuestionables desde el punto de vista de la ética y/o eventualmente lindar con escenarios marcados por la ilegalidad.
El punto es que también por regla general, las interpelaciones suelen tener resultados por anticipado, cuando hay mayorías regimentadas, y las evidencias y datos que se manejen por los interpelantes suelen ser desechados por el oficialismo, más allá de la contundencia o no de los planteos, porque el Parlamento es un ámbito político y de lo que se trata es de cómo se transmite lo que ha ocurrido en el recinto hacia la opinión pública.
Pero lo ocurrido en la oportunidad que nos ocupa es distinta: la interpelación fue promovida por el oficialismo hacia un ministro de la propia coalición de gobierno, con el objetivo de que éste diera a conocer detalles que se mantuvieron en secreto respecto al proceso de construcción del Antel Arena, un complejo deportivo construido en y para Montevideo por Antel, –en aquel entonces presidido por Carolina Cosse– pero con el dinero de todos los uruguayos, como hemos señalado en más de una oportunidad desde estas páginas.
Este último componente no fue el elemento central en la interpelación desarrollada en la Cámara de Senadores, donde se han volcado argumentos desde todos los ángulos, pero no desde donde miramos fundamentalmente el tema… Desde el Interior: es una obra faraónica más que ha sido promovida y concretada por el centralismo capitalino, en este caso por el Frente Amplio, a costa de postergar inversiones que mucho necesita el Interior en cuanto a una verdadera mejora de servicios del organismo.
Incluso en el ámbito parlamentario el actual presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, recordó en la interpelación que de acuerdo a los términos de la construcción, la obra pasará al dominio de la Intendencia capitalina tras tres décadas desde su construcción, es decir dentro de 27 años.
El argumento central del llamado a sala empero ha sido el de la falta de información sobre todas las instancias del proceso de construcción, habida cuenta de que la obra pasó de los 43 millones de dólares anunciados en su momento por la expresidenta del organismo a los más de 100 que se debieron volcar para poder concretarla, en tanto había todavía una serie de detalles de la construcción que no habían sido revelados por las autoridades anteriores y que resolvieron que no debían revelarse antes de los diez años de haberse concretado el emprendimiento.
Los legisladores del Frente Amplio, en cambio, denunciaron que esta convocatoria no era más que un “circo” político y resolvieron no comparecer en el parlamento para defender la gestión de la intendenta de Montevideo al frente del organismo estatal de las telecomunicaciones, lo que por supuesto es un arma de doble filo, porque más allá de no contar con la mayoría, hubiera sido oportuno escuchar las respuestas y argumentos de la izquierda respecto a la obra y justificar el secretismo que ha rodeado toda información al respecto.
El punto central fue que en espacio de pocas horas, luego de repasar las pérdidas que tuvo la obra –un sobrecosto de U$S 63 millones; un 140% más caro–, las irregularidades en el proceso de inversión y ejecución del emprendimiento encontradas por la auditoría que encargó Antel a la consultora Ecovis, y el dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública –que entre otras cosas definió que hubo “violación a principios y normas de conducta”–, el senador Jorge Gandini acusó al FA directamente de haber cometido “corrupción” y el actual presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, reveló hechos que debilitaron argumentos de peso usados por el FA para defender la legalidad de la construcción del Antel Arena.
La referencia a la ausencia de la oposición fue una constante en las intervenciones del interpelante. En una conferencia de prensa que el FA hizo en paralelo a la sesión de la Cámara Alta, el senador frenteamplista Oscar Andrade comunicó que la decisión de no concurrir a sala se había tomado para expresar su “rechazo a la mala utilización de las instancias legislativas” y a que, en última instancia, “la actividad tiene un solo objetivo que no es la defensa de Antel”, sino directamente “atacar a Carolina Cosse”. Eso había sido en directa referencia a declaraciones de Gandini acerca de que la impulsora principal del Antel Arena durante su gestión al frente de Antel (2010-2015) –actual intendenta de Montevideo– no tenía “quien la defienda”.
Gandini subrayó que “dicen que esto es contra Cosse, (pero) es contra la administración de Carolina Cosse de la que muchos son cómplices”, aludió a la otra auditoría al respecto, que había encargado la última gestión del FA, y que el Partido Comunista había indicado como uno de los elementos ignorados en el fallo de la Jutep sobre este tema, –uno de los motivos, además, por los que le pidió la renuncia a Jorge Castro, el frenteamplista que hasta ese momento estaba en la Junta y puso su firma avalando el fallo–. Pero Gabriel Gurméndez la desacreditó. Aseguró que se la encargó “cuando ya se advierte que va a haber un giro político en la administración de gobierno” y que solo se dedicó a “verificar la integridad de la formación de los procesos de compra”. Y apuntó también contra la funcionaria responsable de ese trabajo al señalar que hoy se encuentra realizando “tareas de confianza en la secretaría general de la Intendencia de Montevideo”.
El otro hecho noticioso referido por Gurméndez es que nunca existió un informe jurídico de la Facultad de Derecho que avalara la constitucionalidad de la inversión, algo que sostuvieron Cosse y el FA en su momento.
Todo esto llevó a Gandini a afirmar en el Senado que fueron “engañados”. Que en definitiva entendía que hubo delitos en todo el proceso y que con la declaración de reserva que hizo la gestión frenteamplista de todos los procedimientos se intentó “proteger a los que desviaron los recursos de Antel”, señalando asimismo que “la suma del secretismo, con todos los desvíos, las adjudicaciones directas y los sobrecostos que se generaron por tres veces lo presupuestado es un hecho de corrupción que ocultó el interés político de una fuerza política para promover la imagen de la presidenta de Antel”. Ante los medios, resumió luego que “la diferencia (del sobrecosto) está en algún lado y la Justicia deberá averiguar a qué bolsillo llegó”.
Pero un aspecto central de la cosa, más allá de estos elementos, tiene que ver con el punto de vista político: según Google, “el Antel Arena es un recinto cerrado multipropósito uruguayo, ubicado en los límites de los barrios Simón Bolívar y Villa Española, Montevideo. Es propiedad de la Intendencia de Montevideo y su explotación comercial está a cargo de Antel, luego de un acuerdo para la cesión del predio por 30 años”. Falta decir, nada menos, que lo pagamos todos los uruguayos, a través de Antel, para los montevideanos. → Leer más

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, lidera una misión oficial en Europa que, entre otros cometidos pretende presentar a Uruguay como destino de proyectos de inversión en el denominado hidrógeno verde.
“Vamos con la expectativa de entablar lazos con empresas privadas e instituciones estatales que ya están trabajando en el desarrollo del hidrógeno y la electromovilidad. La finalidad es dar a conocer las políticas que estamos poniendo en práctica en el marco del programa H2U, tanto a las instituciones gubernamentales europeas que implementan programas de apoyo a este tipo de iniciativas, como a nivel privado, para que luego eso se traduzca en inversiones concretas”, dijo el ministro antes de partir desde Montevideo.

Efectivamente, en las últimas horas Paganini informó que durante la gira antes mencionada participó en reuniones con autoridades de Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y de la Agencia Internacional de Energía (AIE). Asimismo, mantuvo encuentros de índole privada con empresas interesadas en la descarbonización, tema sobre el que sostuvo que el hidrógeno verde jugará un papel importante, por lo que Uruguay podría incorporarse.
¿De qué se trata este movimiento del gobierno uruguayo? El llamado hidrógeno verde no es nada nuevo. Recordemos por ejemplo que el primer motor de combustión funcionó con hidrógeno y también fue utilizado en naves espaciales de misiones de la NASA. En realidad es el elemento químico más abundante en el universo. Tanto las estrellas como el Sol están formadas principalmente de este gas, que también puede tomar estado líquido y tiene el triple de energía que la gasolina pero se trata de energía limpia, es decir, no contamina ya que solo libera agua en forma de vapor, y no produce dióxido de carbono.
En definitiva se trata ni más ni menos que del sueño de una economía verde basada en el hidrógeno como combustible, una forma de descarbonizar, de dejar de generar gases de efecto invernadero –provenientes de combustibles fósiles– y avanzar hacia otra alternativa cien por ciento sostenible para generar energía.

La visita de la misión gubernamental a Europa no es fortuita ya que la demanda de hidrógeno renovable en esa región del mundo será masiva en las próximas décadas. No obstante, el continente tiene espacio limitado y menos disponibilidad de recursos que América Latina para su producción, por lo que algunos organismos internacionales están empezando a señalar la posibilidad de que los países latinoamericanos puedan desarrollar proyectos de producción de hidrógeno renovable como un camino no solo viable sino económicamente redituable dada su gran posibilidad de uso en sectores como la navegación y el transporte aéreo.
En este sentido el ministro Paganini dijo que los volúmenes de exportación pueden llegar a ser muy grandes para el período 2030-2035 y que Uruguay puede generar un rubro de exportación nuevo en el mediano y en el corto plazo, y debe establecer algún proyecto piloto para el uso local del hidrógeno, que también es necesario para descarbonizar nuestra propia matriz.

Asimismo, cabe recordar que a partir del próximo año Uruguay implementará un proyecto piloto orientado a camiones de carga, con uso de hidrógeno a pequeña escala, para contribuir así al aprendizaje sobre el uso de ese tipo de energía. Es un proyecto importante en sí mismo con en el potencial de generar un aprendizaje de los procesos que los sustentarán. La elección del sector es adecuada ya que si bien solo el 4% de la flota uruguaya está compuesta de camiones, éstos generan el 40% de las emisiones.
Esto es relevante, teniendo en cuenta que actualmente el transporte representa los dos tercios del consumo de combustibles fósiles en Uruguay. Estos, a su vez, componen el 37% de la matriz energética total, según la información del gobierno, que considera que el hidrógeno verde será clave en la descarbonización del transporte de carga, así como en la de la industria.
Por otra parte, se apuesta a una participación público-privada de largo aliento que sitúa al hidrógeno verde como clave en la segunda transición energética de Uruguay y para su posicionamiento como proveedor y exportador del mismo y sus derivados.

En principio la propuesta tuvo muy buena recepción a nivel nacional ya que en junio pasado el MIEM informó en el IV Foro Económico “La descarbonización de la economía y el potencial del hidrógeno verde” sobre la existencia de más de 30 interesados privados en participar en una convocatoria pública para llevar adelante la iniciativa de que Uruguay se convierta en productor y exportador de hidrógeno verde. También se han acercado proyectos de más porte por fuera del plan piloto, orientados a la exportación y a aplicaciones como la producción de fertilizantes verdes y de energía para flota pesquera.
Es evidente que nuestro país presenta ventajas y potencialidades para convertirse en productor y exportador de hidrógeno verde. Entre ellas, pueden mencionarse la existencia en abundancia de fuentes de energía renovables.
Por otra parte, Uruguay ya ha realizado su primera transformación, que hoy permite que el 97% de su matriz eléctrica sea renovable, un logro sustentado en el trabajo de varios años anteriores, que nos ubican en una destacada posición en comparación con los países de la región y como referencia internacional en la materia.

Otra ventaja es la complementariedad entre la energía solar y la energía eólica que disponemos, lo que no ocurre en zonas de países como Chile o Argentina.
Según la información proporcionada por el ministro, solo si se toma en cuenta lo que ocurre onshore –en tierra–, nuestro país tiene la capacidad de producir 20 veces más energía eólica, y si le suma lo offshore esta cifra puede superarse. En cuanto a la energía solar, se puede multiplicar hasta por 100. “Es nuestra primera ventaja comparativa”, dijo Paganini, quien añadió que la segunda es nuestra estabilidad jurídica e institucional.
En definitiva, la meta de nuestro país de descarbonizar su matriz nos pone ante la formidable oportunidad de innovar en una línea que atrae la atención internacional y podrían situarnos a la vanguardia de los procesos que ya se están gestando. Al respecto, y por citar un ejemplo, cabe señalar que la Comisión Europea está evaluando la implementación de una serie de políticas para acelerar el desarrollo del hidrógeno y prevé el desarrollo de una estrategia para una “Europa climáticamente neutra” que incluye el compromiso de invertir U$S 430.000 millones en hidrógeno verde hasta 2030.

Desde esta perspectiva, la jugada de salir desde ya a poner en valor las capacidades y posibilidades locales para la producción y exportación de hidrógeno verde en Uruguay es totalmente oportuna dado que se trata como una de las apuestas fuertes del mundo desarrollado hacia una transición energética más compatible con las necesidades de sustentabilidad y disminución del impacto del cambio climático, un problema global de difícil solución que avanza con múltiples afectaciones en diferentes regiones del mundo. → Leer más

Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay acordaron la creación de un grupo de negociación sobre cambio climático. Ese es, textualmente, el título de la publicación en la página del Ministerio de Ambiente de nuestro país. Ahí hay una palabra en particular que hace encender una alerta, y no es otra que “negociación”. Cuando se habla de negociación se hace referencia a una transacción, a hacer algunas concesiones para conseguir el objetivo. Y este anuncio se produce en el contexto de una cumbre a la que se llegó con un montón de alertas previas acerca de la angustiante situación a la que los seres humanos hemos llevado al planeta y lo urgente de tomar las medidas necesarias para evitar catástrofes mayores. Pero no, en el Mercosur parece que no lo entendemos así y pensamos que todavía estamos en situación de llevar adelante negociaciones.

Y es que cuando se profundiza un poco más en la noticia la situación no mejora, porque quedan plenamente en evidencia las intenciones. “Entre las prioridades del grupo se destacó la relevancia de la agricultura para la seguridad alimentaria global”. Indudablemente el punto de partida es cuando menos discutible. Si en un ámbito que tiene por propósito “negociar” sobre el cambio climático, lo primero que se va a considerar es la “relevancia de la agricultura para la seguridad alimentaria global”, queda muy claro por dónde irán las tales negociaciones.

Ojo, entendámonos, no vamos a pretender que se discuta la relevancia de la agricultura para la seguridad alimentaria global. Es claro que sin agricultura no es sostenible pretender alimentar a la población actual del mundo (aunque no podemos desconocer otros problemas como el desperdicio global de alimentos, que, si se pudiese optimizar permitiría reducir el volumen de alimento que hoy se requiere para alimentar a la población), pero lo que sí podemos poner en tela de juicio es que quienes van a hablar del cambio climático tomen desde el vamos el argumento que sostiene un modelo productivo que ocasiona muchos problemas. Problemas que hemos visto una y otra vez en los veranos con la aparición de las floraciones algales que contaminan nuestros ríos, nuestras fuentes de agua y que también amenazan con perjudicar una de nuestras principales fuentes de recursos, como el turismo.

Si la base para empezar a discutir sobre el cambio climático es que no se puede tocar ese modelo productivo, bueno, no podremos esperar grandes cosas de este grupo de negociación.

Se cita en el artículo al ministro Adrián Peña afirmando que “acordamos comenzar a trabajar en conjunto los temas ambientales a través de acciones de cooperación en conjunto y de esta manera posicionarnos como países productores de alimentos que están en camino hacia una responsabilidad ambiental en sus sistemas de producción, de manera de facilitar el acceso de nuestros productos a los mercados”. Y en estas palabras aparece otro elemento que hace pensar que el eje de discusión está cuando menos “corrido”, y es que introduce el concepto de “acceso de nuestros productos a los mercados” como otra de las prioridades de trabajo. Y de nuevo, otra vez los problemas ambientales en segundo plano.

El grupo, se anuncia, tiene un enorme potencial “para enfrentar de manera conjunta los desafíos ante el cambio climático y acceder de esta manera a mejores soluciones financieras para poder implementar la acción climática”. Esta afirmación también tiene implícita cierta ambigüedad, y lógicamente habrá que esperar a que se generen cosas más concretas en este ámbito, pero si para algo se fuera a requerir financiamiento, debería ser para procesar las transformaciones que hagan falta y tender a abandonar un modelo que está poniéndonos contra las cuerdas, aunque cueste admitirlo. Y Peña ha sido de los pocos políticos que han sabido reconocer que hay problemas.

El mismo día que el Ministerio de Ambiente publicó sobre la creación de este grupo de negociación sobre el cambio climático, la agricultura y el acceso a los mercados, también publicó otra nota en la que aludía al Día del Campo Natural bajo el título “Los pastizales, nuestra Amazonía”, como forma de poner en relieve la importancia de este sistema natural que compartimos también con los países vecinos, destacando el Ministerio de Ambiente (MA) “su preocupación y compromiso con la conservación y utilización sostenible de estos ecosistemas”. Ecosistemas que enfrentan la fuerte presión (justamente) de sistemas como la agricultura y la forestación, que han producido significativas modificaciones en el campo uruguayo y de la región.

“Los pastizales, también llamados campo natural, son los ecosistemas predominantes en Uruguay. Se encuentran dominados por gramíneas (pastos) nativas, hierbas, arbustos, y ocasionalmente árboles. Cubren aproximadamente el 60% de la superficie terrestre y forman parte de los pastizales del Río de la Plata, una de las áreas de pastizales más importantes del mundo”.

La publicación destaca aspectos tales como que “la riqueza vegetal de los pastizales representa el 80% de la riqueza de todo el país (2.000 especies), incluyendo 400 especies de gramíneas. A su vez, los pastizales son hábitat para la fauna, destacándose que el 55% de especies de las aves y el 19% de las especies de mamíferos amenazados de nuestro país se habitan en los pastizales”, entre otros datos que hablan de la relevancia de estos ecosistemas.
Damos por sentado que esta información también estará sobre la mesa de discusión cuando se convoque al grupo de negociación de los ministros. → Leer más

Cuando en nuestro país –como en prácticamente todo el mundo, al fin de cuentas– todavía no puede afirmarse que se haya superado la pandemia de la COVID-19 e ingresado en una etapa endémica, como muchas otras patologías, es pertinente traer a colación que las particulares características de capacidad de mutación y altísimo grado de contagio confieren a este virus un nivel de riesgo muy superior al de otros agentes patógenos, y que por lo tanto, sea verano o invierno, no debe bajarse la guardia ni tomárselo a la ligera.
En Europa, que tiene unos seis meses de desfasaje en más respecto a lo que ocurre en esta zona del mundo, las noticias no son precisamente alentadoras al respecto, y la cuarta ola de la COVID-19 en su variante Delta sigue sorprendiendo a los especialistas en salud y epidemiólogos, más precisamente.
Un ejemplo a tener en cuenta es Alemania, nación desarrollada con una amplia capacidad de respuesta y que en los peores momentos de la pandemia presentaba mejores números que la mayoría de sus países vecinos. Resulta que la semana anterior, por primera vez desde el inicio de la pandemia de coronavirus, Alemania registró más de 50.000 casos diarios, pero con una salvedad: se ha transformado en una pandemia de no vacunados y sobre todo, los casos graves y los decesos se registran con contundente preeminencia entre quienes no han querido administrarse las dos dosis.
A modo de ejemplo, de los 18 pacientes en la sala de cuidados intensivos para enfermos COVID-19 en el Hospital Universitario de Leipzig, 14 no estaban vacunados. De acuerdo con el Instituto Robert Koch, la agencia pública de control y prevención de enfermedades, el miércoles en Alemania se confirmaron 50.196 infecciones, lo que lo coloca como el país europeo con mayor número de contagios diarios.
Con casi 250 infecciones por cada 100.000 habitantes, su situación es mucho peor que en Francia (94) o Italia (73), según datos de Statista citados por la agencia AFP.
La fuerza con la que esta cuarta ola de la COVID-19 golpea a ese país ha encendido las alarmas no solamente de los responsables sanitarios, sino también de los políticos y económicos.
Olaf Scholz, el actual vicecanciller y probable sucesor de Angela Merkel, dijo este jueves que Alemania necesita aplicar mayores restricciones para contener el aumento de contagios y así poder “pasar este invierno (boreal)”.
“Incluso si la situación es distinta (del invierno pasado) porque muchas personas se han vacunado, aún no es buena, especialmente porque hasta ahora no ha optado por vacunarse una cantidad suficiente de personas”, agregó.
Y es que la insuficiente vacunación contra la COVID-19 es vista como la principal causa del auge de la enfermedad.
Desde mediados de octubre, los contagios y las muertes por coronavirus vienen aumentando en Alemania, algo que los expertos atribuyen a su relativamente baja tasa de vacunación, pues solamente 67% de su población tiene la pauta completa, de acuerdo con la publicación Our World in Data de la Universidad de Oxford.
Esa cifra le deja por detrás de países como Portugal (88%), España (80%), Irlanda (75%), Bélgica (74%) o Italia (72%), entre otros.
El miércoles, el estado de Sajonia registraba la tasa de contagios más alta del país: unos 459 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa nacional se encuentra en menos de 250. Pero Sajonia también tiene la tasa más baja de vacunación: apenas 57% de su población ha sido vacunada.
El Partido Socialdemócrata, el Partido Verde y el liberal FDP –quienes se encuentran en negociaciones para formar una nueva coalición de gobierno– presentaron en el Parlamento una serie de propuestas para hacer frente a la pandemia.
Entre estas se incluye permitir el acceso a ciertos lugares solamente a los vacunados o a quienes ya se han recuperado de la enfermedad, endurecer las exigencias de pruebas en los lugares de trabajo y reintroducir las pruebas rápidas de antígenos, que se aplicaron durante el verano pasado.
El Reino Unido ha sido el país con más casos diagnosticados de COVID-19 hasta la fecha, con un total de 9.174.153 (con un aumento del 14,60% durante octubre), continuando en este mismo puesto durante la primera quincena de noviembre con un total de 9.608.568 casos diagnosticados. Este mismo país fue también el que tuvo el mayor número de casos confirmados durante setiembre.
Sigue siendo el país con la mayor tasa de casos diagnosticados, seguido de Rusia (11,92%) y Turquía (11,06%) respectivamente. Por otro lado, España es el país con el menor aumento de casos diagnosticados (1%).
Rusia –otro país con bajos niveles de vacunación– se mantiene en primer lugar con el mayor número de muertes por la COVID-19, con un total de 233.063 (un aumento del 13,52% durante el período de tiempo mencionado). En setiembre, su número de muertes fue de 203.549. Mientras tanto en Austria, una orden de confinamiento que afecta exclusivamente a los cerca de 2 millones de ciudadanos mayores de 12 años que no están inmunizados contra el coronavirus, entró en vigencia este lunes.
Luego de que este país de 8,9 millones de habitantes encadenara varios récords absolutos en las cifras de contagios, el Gobierno espera que este plan surta efecto e impulse la vacunación entre el 35 por ciento de la población que aún no está inmunizada.
“La situación es seria. La cuarta ola de la pandemia nos afecta plenamente. Eso se debe a la variante delta del virus, pero también a la baja cuota de vacunación”, dijo el canciller federal, el conservador Alexander Schallenberg, en una rueda de prensa que brindó el domingo para presentar las nuevas decisiones adoptadas.
Las restricciones al movimiento rigen al menos hasta el 24 de noviembre para las personas mayores de 12 años que no tienen un certificado de vacunación válido o que no se han recuperado de una infección de la COVID-19 en los últimos 180 días.
Más allá de las diferencias culturales entre continente y otro, entre quienes se toman las cosas en serio cuando las papas queman y los que en estas latitudes hacemos las cosas con laxitud, deberíamos tomar debida nota y actuar en consecuencia. Tenemos a favor un porcentaje de vacunados del orden del 75 por ciento, superior al promedio de Europa, lo que nos sitúa actualmente en una mejor posición, pero seguimos en un número diario de unos 200 casos, en tanto lamentablemente el aumento de la cobertura parece ya haberse saturado, y quien no se ha vacunado es porque no quiere.
El sentido común indica que más allá de los reparos y reticencias de determinados grupos, incluso los que se afilian a delirios conspiranoicos contra la humanidad, las personas de grupos de riesgo tienen mucho más para ganar que para perder si se vacunan contra la COVID-19, –las estadísticas sobre muertes a nivel global son contundentes en este sentido– pero también está de por medio el factor de riesgo del contagio por aquellos que por su trabajo o actividad profesional, en caso de enfermarse, se convierten en difusores masivos del virus ante el contacto directo con la población.
Argumentos valederos si los hay, que son absolutamente de recibo cuando todavía la epidemia no ha sido derrotada y deben seguirse aplicando los protocolos, los aforos, las restricciones en la circulación entre países, sobre todo cuando se avecina una nueva temporada turística con reapertura de puentes, y debemos seguir cuidándonos entre todos para que la pandemia no recrudezca.
Y si estamos mejor preparados que hace un año para este escenario, es porque la gran mayoría de los uruguayos hemos asumido nuestra responsabilidad, individual y colectiva, para no dejarnos llevar por los agoreros antivacunas, generando una barrera de contención contra la COVID-19, para beneficio de los que se han vacunado pero también para los que se han negado a hacerlo y a reconocer esta realidad que rompe los ojos. Es momento de tomar conciencia. De no hacerlo, la realidad se encargará de poner en su lugar las cosas, como les está sucediendo a los europeos “escépticos”. → Leer más